Colombia lleva más de dos décadas intentando construir una política de desarrollo productivo coherente. En ese camino ha habido avances importantes: se creó un Sistema Nacional de Competitividad e Innovación junto con su brazo privado, el Consejo Privado de Competitividad, se aprobó el Conpes 3866 de Desarrollo Productivo de 2016, se fortaleció la coordinación público-privada, se incorporaron instrumentos de innovación y se empezó a hablar con más seriedad de productividad, encadenamientos y clústeres. Sin embargo, los resultados siguen siendo insuficientes. La productividad crece poco, la sofisticación y diversificación productiva avanza lentamente y el empleo formal no despega al ritmo que el país necesita.

El problema no es la ausencia de políticas, sino su fragmentación y debilidad en la implementación. Colombia ha tendido a confundir desarrollo productivo con listas de sectores “priorizados” o con subsidios dispersos. La evidencia internacional muestra que las políticas que funcionan no son las que eligen ganadores, sino las que corrigen fallas claras del mercado y del Estado: información imperfecta, coordinación entre actores, financiamiento insuficiente, baja adopción tecnológica y debilidad del capital humano.

En los últimos años se dio un paso importante al reconocer que la política de desarrollo productivo debe ser transversal, no sectorial en sentido estrecho. Productividad no depende solo del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. Depende de infraestructura, energía, educación, ciencia y tecnología, regulación, financiamiento y calidad institucional. Pero también se reconoció que la política de desarrollo productivo es intensiva en coordinación y en alineación de esfuerzos público-privados incluida la provisión de bienes públicos sectoriales y no sólo los bienes públicos horizontales en los que insistimos desde los años 90.

De cara a 2026-2030, el país necesita pasar de la formulación a la consolidación. El primer paso es fortalecer la gobernanza de la política de desarrollo productivo. Esto implica roles claros, menos dispersión institucional y una capacidad real de coordinar acciones entre Nación y territorios. El diseño de la herramienta ArCo del DNP que busca mejorar la eficiencia y efectividad de las intervenciones del gobierno en temas productivos y de ciencia, tecnología e innovación, es clave. El fortalecimiento de ArCo en territorios, y la implementación de políticas de aglomeraciones productivas es clave.  Sin liderazgo político y técnico, los clústeres se vuelven reuniones sin decisiones y los planes se quedan en diagnósticos.

El segundo paso es priorizar instrumentos que realmente muevan la aguja. El diseño de pilotos, su seguimiento y  evaluación, y el paso crítico de escalar lo que funciona y descontinuar lo que no funciona, es la única manera de aspirar a tener impacto en resultados. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Programas pequeños, bien evaluados y escalables suelen tener más impacto que grandes anuncios sin seguimiento. La política de desarrollo productivo necesita evaluación y disciplina. No todo funciona, y eso no es un fracaso, es parte del aprendizaje. Lo que sí es un error es sostener programas ineficaces por razones políticas o simbólicas. Evaluar, corregir y cerrar debe ser una práctica normal del Estado, no una excepción.

Un tercer elemento clave es el enfoque territorial. Colombia es un país profundamente diverso y no puede aplicar la misma receta productiva en todas partes. Las regiones tienen vocaciones distintas, niveles de capacidad diferentes y retos específicos. La política de desarrollo productivo debe adaptarse a esa realidad, apoyando apuestas regionales con infraestructura, talento humano y financiamiento alineados. Sin desarrollo regional, no habrá crecimiento sostenido ni cohesión social.

El cuarto desafío es conectar la política productiva con el mercado laboral. No hay transformación productiva sin personas capacitadas. La formación técnica y tecnológica, la formación dual y los ciclos cortos deben ser parte integral de la estrategia. Hoy muchas empresas no crecen porque no encuentran talento; muchos jóvenes no consiguen empleo porque no tienen habilidades pertinentes. Esa desconexión es uno de los mayores frenos a la productividad.

Finalmente, la política de desarrollo productivo tiene que tener un renovado enfoque hacia el exterior. Aprovechar acceso a mercados, lograr una mejor inserción de Colombia en flujos globales de conocimiento y tecnología es la única forma de cerrar brechas de ingresos y bienestar entre Colombia y el resto del mundo. La Misión de Internacionalización, y el Conpes con la política de internacionalización regional, nos invita a profundizar estas estrategias. Entre ellas, el trabajo coordinado público-privado a nivel producto-origen-destino, para movilizar las inversiones y crear las capacidades requeridas para poder realmente transformar la economía.

Colombia tiene una base institucional que otros países de la región no tienen. Tiene experiencia, instrumentos y diagnósticos claros. Lo que falta es consistencia, continuidad y foco en resultados. Entre 2026 y 2030, la política de desarrollo productivo debe dejar de ser un capítulo más de los planes de gobierno y convertirse en una estrategia central de crecimiento, empleo y movilidad social. No hacerlo sería desperdiciar otra década.

Daniel Gómez Gaviria