Mientras el mundo aprieta las medidas para controlar el aumento de la temperatura global (el cambio climático) para que no llegue a niveles en los que se pueden desatar reacciones en cadena incontrolables que afectaría la vida de los humanos y demás seres vivientes sobre la tierra, Colombia se da el lujo de tomarle el pelo a la ratificación del Acuerdo de Escazú (buenas síntesis en: Escazú para jóvenes, El Espectador, El Colombiano). Y aunque el presidente Duque fue y expuso en la asamblea 75 de la ONU recientemente su trabajo para enfrentar el cambio climático y hasta recibió un reconocimiento sobre este liderazgo, que dicho sea de paso, desde la perspectiva interna carece de fundamento, el rechazo a la ratificación del Acuerdo es una afrenta a su propia intervención.
En plenas manifestaciones en 2019 el presidente Duque anunció la firma de adherencia al Acuerdo, lo que posteriormente, al no tramitarse su ratificación en el Congreso a finales de 2020 y sin observar el trámite normal que se le dan a los “mensajes de urgencia” del Gobierno, fue calificado más como una táctica populista para ayudar a acallar los ánimos. Lo que pasó el año pasado estará nuevamente vigente este octubre de 2021 al iniciarse de nuevo el trámite que pareciera no tener urgencia alguna del gobernante ni respaldo de los partidos mayoritarios que lo apoyan. Esto obedece principalmente a que hay gremios económicos poderosos que no quieren esta ratificación.
Los gremios en contra (Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-, el Fondo Nacional Avícola, la Andi, Fedepetróleo, Fedearroz, Fedegán, Asocaña, Federación de Cafeteros y Naturgas, entre otros) consideran que Colombia ya tiene los instrumentos de ley necesarios para resolver sus asuntos ambientales (El Colombiano, 2020) y tienen la característica común que sus asociados explotan el suelo y usan los recursos naturales para su negocio. Por supuesto, si no quieren que ninguna regulación avance en este sentido es que no han comprendido el lío mayor en que nos encontramos los humanos, o se hacen los tontos para privilegiar sus utilidades en detrimento del resto de la humanidad, como ha sido hasta ahora la costumbre.
Los políticos que se opusieron, del Centro Democrático, de Cambio Radical (siguiendo su estrategia de radicalización a la derecha, seguramente pensando en que esto reencaucharía al exvicepresidente Vargas Lleras para el 2022) y el partido Conservador, al igual que los gremios, plagiaron con rapidez las reacciones chilenas y peruanas de hace un año (BBC, 2020), y cuya posición en contra se ha basado en la acusar al clausulado del Acuerdo de lo mismo que contiene su propia pseudo argumentación: vaguedad.
La desinformación y la manipulación de la información son las herramientas preferidas en estos casos, en que la misión que les asignaron es la de cerrar filas en contra de lo que les represente amenaza a los que los pusieron allí, sin mayores razones y desoyendo permanentemente las argumentaciones que sí pretendían ayudar a aclarar las dudas.
Las razones en contra se pueden sintetizar en tres, que rápidamente fueron contestadas por expertos como Lina Muñoz, directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario y negociadora del Acuerdo por Colombia (citada en mutante.org y fuente del resumen a continuación):
- Cesión de la soberanía nacional: la experta explicó que esto quedó debidamente establecido en los principios del Acuerdo: “el respeto de la soberanía es la base de la interpretación del tratado”. Ningún país quería que este principio se vulnerara y por ello lo dejaron explícito dentro del texto de la negociación: “el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los Estados guiarán su implementación”.
- Inseguridad jurídica: el senador Gómez, presidente de la Comisión Segunda (conservador, a quien achacan la dilación del trámite “urgente” del Acuerdo en el congreso) sostiene que “ninguna empresa en el país aguanta una restricción ambiental más” y al igual que la senadora Cabal (Centro Democrático, precandidata) y opositores del Acuerdo basan su posición en la inseguridad jurídica para las empresas. Igual mensaje había llegado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (2018 septiembre), aduciendo que, de hacerlo, el país aumentaría su exposición a ser demandado internacionalmente.
La experta Muñoz rebate este y el anterior argumento con algo elemental: “la Corte Internacional de Justicia solo puede dirimir conflictos entre Estados que reconozcan su competencia, y como Colombia no la reconoce, ningún otro Estado podría llevarnos ante esa corte” (!!). Las disposiciones del Acuerdo se cimentan sobre la legislación nacional de cada país. Los derechos aludidos por quienes se oponen “se garantizarían en el marco del ordenamiento jurídico colombiano y, además, quien quiera llevar una denuncia así a instancias internacionales, antes tendría que agotar todas las nacionales” (artículo 8, numeral 2).
Bueno recordar lo que el mismo Viceministro Galarza (de Ambiente) aseguró: “Si nosotros no estuviéramos convencidos de que el acuerdo respeta el Estado de Derecho colombiano y la Constitución, nunca lo hubiera puesto a consideración del Congreso”. No hay mucha coherencia dentro del Gobierno entonces.
Lo que sí hace el Acuerdo, según el profesor Devia (profesor asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, citado por Pesquisa Javeriana, 2020), es “dar más garantías al acceso a la justicia ambiental porque pondría bajo la mirada internacional todo lo que sucede en términos ambientales en Colombia”. Esto puede ser parte del escozor.
- Existencia de una normativa ambiental suficiente en Colombia y que no hay necesidad de garantizar en el Acuerdo lo que ya garantiza el ordenamiento jurídico interno. En esto hay acuerdo de todos, opositores y promotores, pero estos últimos señalan la ineficacia de las normas a la luz de los datos que arroja nuestra la realidad al respecto y que todos conocemos (¿o no?).
Si lo que hay funciona bien como argumentan todos, ¿por qué Colombia es el país con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo? (pregunta lógica del senador Sanguino, ponente de la ratificación) ¿por qué es el sexto país con más conflictos ambientales, después de India, Brasil, Estados Unidos, México y China (todos mucho más grandes que el nuestro)(Pesquisa Javeriana)? Claramente hay una enorme incoherencia aquí.
Al frente de esta reacción han estado los gremios que están interesados en que las reglas sean mínimas o inexistentes en la práctica. Con miopía absoluta en el caso de la SAC, que parecieran ignorar que las crecientes exigencias de los mercados internacionales, especialmente Europa, dificultará tarde o temprano las exportaciones de productos del campo si no hay juego limpio con el planeta y socialmente. O que con una inmensa ingenuidad piensan que al no enseriarnos con este tratado (que será uno de varios con exigencias crecientes en lo sucesivo), no tendrán que cumplir con la protección básica de la naturaleza en el territorio nacional.
Materializada por políticos que hacen parte del juego del poder económico, a quien le deben su elección o del cual hacen parte, que primero no tienen el bien general como la prioridad, y segundo, porque también ingenuamente creen que el mundo no se endurecerá con los países que le ponen “conejo” a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional -NDC- (ONU, Acuerdo de París) y que no cumplan con su parte. Es que la costumbre de hacer todo en forma torcida pesa mucho y es parte de nuestro subdesarrollo mental y político.
Todos haciendo oídos sordos al clamor para que el Gobierno se mueva a proteger la vida de los llamados líderes ambientales, cuya función no es sino la de ser dolientes por la naturaleza, que por nuestras latitudes pocos defensores reales tiene. En los 5 años anteriores fueron asesinadas 611 personas por ser defensores ambientales (Indepaz.org), violencia gravísima que se volvió costumbre y por lo tanto “parte del paisaje” como se le dice coloquialmente. Quienes matan a los líderes lo hacen porque se oponen a la explotación del suelo y uso de recursos naturales sin mayor control, en forma irrazonable y no compensada, incluyendo a los que arrasan el monte para explotar ganadería intensiva o para sembrar coca.
Y respaldada con la complicidad tácita de una sociedad indolente y complaciente con la impunidad, predominantemente conservadora, liderada por sus clases adineradas y dirigentes, que acostumbradamente ha tildado a los líderes ambientales, al igual que a los sociales, como comunistas, porque amenazan el statu quo y puedan surgir nuevas reglas a cumplir que les representan perder algunos de sus privilegios alcanzados. Y muy lamentablemente, presentándose al menos, alineada del mismo lado del círculo de influencia del narcotráfico.
Tristemente y muy deshonrosamente, frente a esta terrible situación, le cabe al Gobierno una frase que dejó Leonardo da Vinci hace 500 años: “Aquel que no castiga la maldad, ordena que se haga“.
@refonseca – Ingeniero, Consultor en Competitividad
