Las escenas que hemos visto en las últimas semanas en Europa son atemporales, protestas de agricultores frente a las edificaciones representativas del poder político en cada uno de los países y de la Unión Europea, podrían leerse en una novela de Alejandro Dumas, en una crónica de la revolución industrial o en un artículo de The Economist de febrero de 2024.

Buena parte de sus motivaciones son similares en todas las épocas, viabilidad económica del sector primario de la economía, competencia desleal entre los países (Francia mira España, España mira a Marruecos, Europa mira a Ucrania… parece un Adivina quién), y reformas normativas que sienten perjudiciales para el sector.

Ahora bien, lo que encontramos detrás de estas manifestaciones es diferente en esta oportunidad, en buena parte de los pliegos de peticiones se ve reflejada de una u otra manera la modificación que realizó el Parlamento Europeo a la Política Agraria Común (PAC), tratando de ajustarla a sus lineamientos sobre cambio climático y sostenibilidad.

Antes de entrar en detalles, un poco de contexto, la PAC es una política que se estableció en la Unión Europea en 1962 buscando aumentar la productividad agrícola, asegurando un nivel de vida equitativo para la población agrícola, garantizando la disponibilidad de alimentos y asegurando que los alimentos lleguen a los consumidores a precios razonables.

Esta política es relevante desde el punto de vista presupuestario porque de acuerdo con los datos del parlamento europeo, la PAC representa el 31% del presupuesto total de la Unión Europea, y entre un 20 y un 30% de las rentas que reciben los agricultores europeos según información suministrada por el Gobierno Español.

De 1962 a la fecha, la política ha tenido varias reformas para adaptarse a los cambios en la agricultura y en la sociedad, la más reciente entró en vigor hace poco más de un año y, en principio, estará vigente hasta el 2027. En su estructura cuenta con dos pilares fundamentales: las ayudas directas y las subvenciones a las exportaciones.

Este último pilar es el que centra una parte del malestar de los agricultores, la adaptación que están solicitando en las técnicas agrícolas para que se encuentren a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y mantener las subvenciones de la UE, exige tener un porcentaje de las tierras en barbecho, modificar el tamaño de los gallineros o reducir el uso de fertilizantes y pesticidas (protagonistas de la “revolución verde” de las décadas de los 60 a los 80).

Todo esto, de acuerdo con lo agricultores, mientras Bruselas firma acuerdos comerciales que permiten importar alimentos de otros países con menos reparos medioambientales. Entre tanto, los costes de la energía y de los fertilizantes continúan aumentando como consecuencia de la guerra en Ucrania. Adicionalmente, el sector continúa su tendencia hacía una población rural que envejece (un tercio de los jefes de explotación tiene más de 65 años) y con pequeños cultivos que no superan las cinco hectáreas de producción en su gran mayoría (66%).

El tema se va a mantener encabezando la agenda pública, al menos hasta junio del presente año cuando lleguen las elecciones del Parlamento Europeo y los partidos políticos intentarán sacar el mejor provecho de las movilizaciones. Aquí, el tal paro sí existe y las personas que buscan beneficiarse de él, también.

Pero no debemos olvidar que la agricultura y el uso de las tierras de cultivo es responsable de más del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo del 70 % de agua a nivel mundial según reportes de la FAO, y mientras la temperatura siga aumentando, y nos enfrentemos a períodos de sequía más largos, los cultivos van a enfrentar condiciones más adversas para su crecimiento.

El desafío tiene varias aristas y se debe abordar de una manera comprehensiva, retirar o flexibilizar las medidas impuestas por el Parlamento Europeo puede ser un paño de agua tibia de muy corto plazo, que puede tener redito políticamente, pero efectos perversos frente a la sostenibilidad ambiental y de la producción de alimentos.

Las solicitudes de los agricultores pueden tener sustento, pero las nuevas normativas también. Estamos en una coyuntura donde todos los países debemos empezar a hablar e implementar estrategias de agricultura sostenible, que no solo sean respetuosas con el medio ambiente, rentables, con condiciones laborales dignas y externalidades sociales positivas, con esto veremos crecimientos significativos tanto en la productividad, como en la biodiversidad.

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