El 2020, sin duda, por donde se le mire fue un año totalmente atípico, trajo graves afectaciones mundiales en el tema de salud, en la economía de las naciones y por supuesto afectó la productividad y por consiguiente la empleabilidad. Colombia, no fue la excepción.
Nuestro país vive una grave crisis económica y la pandemia la agudizó, de tal manera que alcanzó históricas tasas de desempleo, la última cifra dada por el DANE refleja un 14,7% de desocupación para el mes de octubre. Algo enormemente preocupante.
Bajo ese oscuro panorama, es necesario entre todos aunar esfuerzos que permitan subsanar gradualmente la crisis y retornar a la normalidad a medida que la amenaza de la covid 19 vaya minimizándose, tarea para nada fácil.
Este año, nos obligó literal, a cambiar todas nuestras rutinas laborales y de cotidianidad, nos llevó a explorar facetas antes desconocidas por muchos y apelar a la tecnología, para a través de la virtualidad desarrollar nuestras actividades diarias, de trabajo y demás. El Congreso de la República, también tuvo que acogerse a este nuevo mecanismo, que, aunque dispendioso también para muchos, en últimas permitió adelantar las funciones del legislativo en materia de elaboración de leyes y convocar al debate de control político.
En el caso nuestro, tengo que, primero, agradecer la solidaridad de todos mis colegas de la Comisión Quinta del Senado, que el pasado 22 de julio por unanimidad me eligieron como el presidente de una de las células legislativas más importantes que tiene el Congreso.
Dicho esto, empezamos a diseñar un trabajo juicioso, disciplinado y sobre todo responsable pensando en los más altos intereses del país. Y aunque en la Comisión Quinta, todas las sesiones se han hecho de manera virtual, ese no ha sido impedimento para haber sacado adelante importantes proyectos que hacen su curso para convertirse en leyes de la República.
Dentro del balance legislativo de este semestre, podemos indicar que, desarrollamos un total de 29 sesiones, de las cuales 15 para trámite y debate de proyectos y 14 para adelantar debates de control político. Realizamos también un total de ocho audiencias públicas sobre sensibles temas nacionales, sobre todo en aspectos agropecuarios, ambientales y sociales.
Pusimos al descubierto a varios operadores de servicios públicos que estaban abusando en el cobro de las tarifas a sus usuarios y convocamos el debate para brindar soluciones definitivas y fue así como se logro una baja sustancial en el precio de las tarifas.
Asimismo, como defensor de lo público, emprendimos una cruzada conjunta, para evitar la enajenación de valiosos activos del país como ECOPETROL y CENIT, que estaban en serias amenazas por cuenta del Decreto 811 de 2020. Fue así, como en audiencia pública del pasado 20 de agosto se alertó al país y a la opinión pública, y semanas después, la Corte Constitucional, tumbó dicho Decreto, el 23 de septiembre de 2020 y con ello quedaron a salvo. También el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, estaba bajo amenaza de que varios de sus servicios fueran tercerizados, tal como lo establecía el Acuerdo 002 de 2020, al final del debate, el Ministro de Agricultura, cabeza de la junta directiva del ICA, anunció su derogación.
Frente a la grave crisis que viven las 350 mil familias paneleras del país, adelantamos un debate de control político para visibilizar todos los factores que tienen hoy en serias dificultades a este renglón de la economía y analizamos también el fantasma de una posible patente que ronda y que amenaza al gremio productor. Por unanimidad, la Comisión Quinta mostró su desacuerdo con la patente y pidió respetuosamente a la Superintendencia de Industria y Comercio negar dicha solicitud. De igual manera, se abogó por el mejoramiento de la red vial terciaria, vital para que los campesinos saquen a tiempo sus productos y sean competitivos en los mercados.
La crisis de los papicultores y productores de yuca también fue abordada mediante audiencia pública con la participación de diversos actores, entre ellos los ministros de Agricultura y Comercio, gremios, productores y congresistas. Se habló de la imperiosa necesidad de aumentar el presupuesto para el agro, el cual, inicialmente estaba en $1,7 billones y con el aporte de la Comisión Quinta y los debates en el Congreso, el rubro fue fortalecido y ahora el campo colombiano contará para la vigencia 2021 con un total de $2,2 billones, una cifra que no es muy alta, pero que sí ayudara a impactar favorablemente muchas de las preocupaciones que hoy tienen los 12 millones de hombres y mujeres que habitan la gran ruralidad colombiana.
Presentamos también varios proyectos de ley de nuestra autoría, entre los cuales podemos destacar el que prohíbe el uso del glifosato y sus derivados como mecanismo en la lucha antidrogas, de igual manera el proyecto “Por medio de la cual se otorga el Reconocimiento Jurídico Diferencial a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado en Colombia y se dictan otras disposiciones” y el Proyecto de Ley 306 de 2020 “Por medio del cual se declara el 2021 como el año nacional de los Océanos y se ordena la conmemoración del día de los Océanos el 8 de junio de cada año”.
Adicional a ello somos coautores de una serie de iniciativas de gran importancia para el país como el proyecto que pretende prohibir el fracking en Colombia, el de solicitar licencia ambiental para la exploración minera, y un sin número de proyectos más.
En nuestra condición de ponentes realizamos un trabajo serio en dos proyectos que hoy son leyes de la República, la ley 2046 de Compras Públicas Locales y la ley 2056 de 2020 que establece el nuevo Sistema General de Regalías. La primera, trae enormes bondades a los pequeños y medianos productores y también a las asociaciones de campesinos, la segunda ley, trae grandes beneficios para las regiones y los municipios más pobres, pero también para el medio ambiente. Esta ley puede llegar a percibir cerca de un billón de pesos al año, lo que equivale a un 142% más de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para el 2020 solo para el componente ambiental.
Como pueden ver, es un balance legislativo amplio, serio, direccionado a atender las mas grandes problemáticas nacionales, esperamos que el próximo año retornemos con nuevas propuestas y proyectos que redunden en beneficio de todos los colombianos.
