El Consejo de Estado optó por suspender el decreto de salario mínimo vital – SMV. Decisión que repercute inmediatamente en la vida social y laboral de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, en la estabilidad de la economía y la convivencia en el seno de la familia, y en la posibilidad cierta de avanzar hacia un país más igualitario. Por ello, esta decisión debe ser vistaa la luz de la Constitución Política, del contexto económico del país,y dela necesidadhistóricade construirjusticia social como baseparala paz.
La Constitución señala que Colombia es un Estado social de derecho, cuyos fundamentos centrales incluyen la dignidad humana, el trabajo digno, el interés general. En el artículo 1 se determina que el respeto por la dignidad humana es una de las bases del Estado; el artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un trabajo; el artículo 53 determina que el Estado debe asegurar a todos los trabajadores un salario mínimo vital. Estos son, en otras palabras, mandatos concretos para el Estado y para todas sus instituciones, incluidas las altas cortes. La suspensión del decreto del SMV conculca la esencia de los principios que anteriormente hemos enunciado, poniendo por delante, ante el bienestar material de la población trabajadora, cuestiones de forma frente a cuestiones de fondo.
Si bien el control de legalidad es una función legítima de la jurisdicción del contencioso administrativa, este control no puede ejercerse de espaldas a la finalidad social establecida en el derecho ni al precepto constitucional que protege a los sectores más vulnerables. La Corte Constitucional ha dicho en distintas sentencias que la interpretación de las normas debe tener principalmente por objetivo la eficacia de los derechos fundamentales y la realización del Estado social de derecho. Dicho de otro modo, es fundamental que las decisiones en materia de ingreso mínimo vital sean analizadas desde la perspectiva de la progresividad y no de la regresión en materia de derechos sociales.
Desde un ángulo económico la medida resulta más que cuestionable. Y es que Colombia ha venido impulsando su proceso gradual de recuperación macroeconómica con una inflación controlada y con sectores productivos que tienden a estabilizarse. Sin embargo, este proceso se ve presionado por las elevadas tasas de interés que sostiene el Banco de la República y que encarecen el crédito, obstaculizan la inversión productiva y limitan el consumo de los hogares. En este sentido, el aumento del salario mínimo vital se transforma en un mecanismo compensatorio para reanimar la demanda interna, reforzar la capacidad adquisitiva de la gente y ayudar a contrarrestar los efectos contractivos de una política monetaria restrictiva. Varios estudios muestran que mejorar el ingreso de los trabajadores aumenta la demanda, favorece la producción e incentiva la formalización del empleo.
No se puede ignorar el debate sobre el salario mínimo vital en un país marcado por profundas brechas sociales. Colombia continúa registrando uno de los niveles de desigualdad más altos de América Latina, mientras millones de personas sobreviven en condiciones de precariedad laboral, informalidad y pobreza. En este contexto, el salario mínimo se convierte en una herramienta indispensable para garantizar, al menos, condiciones básicas de vida digna. Sin justicia social no puede consolidarse una paz sostenible, pues la equidad no solo constituye un imperativo ético, sino también un requisito esencial para la democracia y la estabilidad. Así lo comprendieron los Constituyentes de 1991 al establecer que el orden económico debe orientarse a mejorar la calidad de vida de la población y a asegurar una distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo, como fundamento de una paz duradera.
A esta decisión del Consejo de Estado se añade la sucesión de fallos, decisiones políticas y administrativas desde diferentes instancias judiciales y de las mayorías tradicionales del congreso que, han terminado en limitaciones o negaciones de las iniciativas de tipo progresista destinadas a ampliar derechos y disminuir desigualdades, que fueron clave para la victoria electoral de Gustavo Petro. Aunque cada caso tiene su particularidad, en conjunto configuran un panorama en el que los poderes judicial y legislativo, aparecen con frecuencia, como un factor de restricción de la gobernabilidad democrática cuando esta se orienta hacia transformaciones sociales profundas.
La independencia de poderes es un soporte de la democracia occidental. No obstante, esta condición no puede descansar sobre una desconexión total o parcial de los mandatos constitucionales relativos a la justicia social, ni ser un obstáculo sistemático para la realización de políticas públicas válidamente desarrolladas por las autoridades elegidas democráticamente, en cumplimiento de sus programas de gobierno y planes de desarrollo. La separación de poderes ha de ser sinónimo de equilibrio, de control, y de cooperación armónica para la realización de los fines del Estado, tal y como dice el artículo 113 de la Constitución.
La paz se construye también garantizando derechos, reduciendo desigualdades, y generando condiciones materiales de dignidad para la población. Cada decisión que limita la capacidad del Estado para hacer realidad la equidad social afecta las bases para la construcción de una paz duradera. En tal sentido, la discusión del salario mínimo trasciende la discusión laboral, e ingresa en el debate todavía más amplio acerca del modelo de país que se quiere construir y que es fundamento central de los acuerdos de paz firmados en la década de los años noventa del siglo pasado.
Es necesario abrir un diálogo democrático y constitucional sobre el alcance de las decisiones judiciales que impactan la política social y económica. Un diálogo que reconozca la importancia del control institucional, pero que también reafirme la centralidad de la justicia social como fundamento de la Constitución y como condición indispensable para la paz. Colombia no puede darse el lujo de retroceder en la protección de los derechos de quienes viven de su trabajo. Defender el salario mínimo vital es, en última instancia, defender la dignidad humana, la equidad y la posibilidad de paz con justicia social.
Luis Emil Sanabria D.
