Colombia discute mucho sobre el tamaño del Estado, pero poco sobre su forma y su foco. El problema no es solo cuánto gasta el Estado, sino en qué, cómo y con qué resultados. La columna reciente de Carlos Enrique Moreno basada en discusiones en las que participé, plantea una conversación necesaria sobre la estructura actual del Estado colombiano: es excesivamente compleja, centralista y fragmentada, y esa complejidad se ha convertido en un obstáculo para la ejecución, la eficiencia y la confianza ciudadana.

Esa intuición coincide plenamente con lo que he visto desde distintos frentes. En el Departamento Nacional de Planeación (DNP), durante mi paso como subdirector, fue evidente que buena parte de los problemas de ejecución no se explican por falta de normas o recursos, sino por traslapes institucionales, funciones mal asignadas y ausencia de foco misional. Varias entidades persiguen objetivos similares, con instrumentos distintos, sin coordinación y con incentivos que premian el trámite y no el resultado.

El Informe Nacional de Competitividad, en su capítulo sobre Eficiencia del Estado, lo dice con claridad: Colombia tiene un Estado grande en normas, pero débil en resultados. La multiplicación de agencias, fondos, fiduciarias, bancos públicos y unidades especiales no ha venido acompañada de mejores servicios, sino de mayor burocracia, mayor gasto rígido y menor capacidad de respuesta. El costo no es solo fiscal. Es también social y económico: proyectos que no arrancan, políticas que no llegan a los territorios y ciudadanos que pierden confianza.

Desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) hemos insistido durante años en que la competitividad no se juega solo en carreteras o impuestos, sino en la capacidad del Estado para hacer bien lo básico. Un Estado que no coordina, que duplica funciones y que mide su éxito por insumos y no por impacto termina siendo un freno al desarrollo empresarial, a la inversión y a la movilidad social.

La propuesta de reorganizar el Estado por focos misionales apunta en la dirección correcta. En lugar de clasificar entidades por su tipo jurídico, deberíamos organizarlas por los problemas públicos que buscan resolver. Reducir pobreza, formar capital humano, promover desarrollo productivo, garantizar seguridad y justicia, o proveer infraestructura son misiones claras. Hoy, cada una está repartida entre múltiples entidades que se estorban más de lo que se complementan.

Un ejemplo evidente es la política social. La superación de la pobreza se reparte entre DPS, ICBF, UARIV, sectores de salud, educación, trabajo, vivienda y agricultura, con el DNP intentando coordinar la focalización. El resultado es dispersión y pérdida de impacto. Desde mi experiencia impulsando pagos por resultados y programas de transferencias, aprendí que la efectividad depende de simplificar la cadena de decisiones y alinear incentivos. Una institucionalidad más integrada permitiría mejores resultados con menos recursos.

Esta visión también está en el centro de la propuesta Colombia Progresa 2630 en la que trabajé desde el Consejo Privad de Competitividad, que busca un Estado más simple, con menos capas, más autonomía territorial y mayor participación del sector privado donde este puede ejecutar mejor. Simplificar no es debilitar al Estado. Es fortalecerlo, concentrándolo en lo que realmente importa y dejando de hacer lo que otros pueden hacer mejor.

Reducir el número de ministerios, unificar funciones similares y trasladar responsabilidades a regiones y alianzas público-privadas no es una idea radical. Es una respuesta pragmática a una crisis fiscal y de legitimidad. Con un Estado más enfocado, sería posible reducir gasto ineficiente, mejorar la ejecución y recuperar la confianza de ciudadanos y empresarios.

La discusión no es ideológica. Es técnica y política a la vez. Requiere acuerdos amplios y liderazgo. Pero si no nos atrevemos a repensar la estructura del Estado, seguiremos atrapados en un círculo de más normas, más entidades y peores resultados. Instrumentos como ArCo del DNP, y una movida contundente hacia los presupuestos por resultados, es un punto de partida para el trabajo legislativo de 2026-2030.

Simplificar el Estado no es un fin en sí mismo. Es el medio para que Colombia pueda ejecutar mejor, gastar mejor y servir mejor. Esa es una conversación pendiente que ya no admite más aplazamientos.

Daniel Gómez Gaviria