Hemos visto a varios líderes de la región utilizar mecanismos democráticos para acabar con la democracia. En la oposición, defienden derechos que, una vez en el gobierno, encuentran inconvenientes. Así ocurre con el ordenamiento del territorio, ahora el Min Ambiente quiere imponer su voluntad en Cundinamarca y Bogotá declarando reserva agrícola toda la sabana rural por la puerta de atrás. Basándose en un documento con sesgo ideológico y sin rigor técnico, pretende imponer la tesis del decrecimiento económico. Esperamos que la nueva Min Ambiente corrija este error, que este atropello, no sea más que una maniobra fallida para fortalecer la aspiración de la saliente ministra a la alcaldía de Bogotá.

Efectivamente, la Ley 388 establece que al ordenar el territorio se debe tener en cuenta variables determinantes de interés nacional como infraestructura, servicios públicos, conservación ambiental, y el riesgo no mitigable. En el reciente Plan Nacional de Desarrollo se añadieron nuevos criterios, como el patrimonio cultural, vías ferroviarias y seguridad alimentaria. Bajo este pretexto, el Min Ambiente se tomo atribuciones propias de Min Agricultura y Min Vivienda, argumentando inseguridad alimentaria en Bogotá para indirectamente reglamentar los POTs y licencias ambientales en Cundinamarca/Bogotá.

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Más allá de regular sobre temas ampliamente ya consensuados, este documento presenta serios vacíos técnicos y espíritu activista. Por ejemplo, al decretar la protección de humedales, no distingue los de mayor importancia. Adicionalmente, emplea una escala cartográfica de 1:100000, lo que puede generar errores de delimitación de hasta un kilómetro. Para un ordenamiento territorial preciso, la escala adecuada es 1:2000. En el caso de Bogotá, esto podría afectar el humedal Juan Amarillo, ubicado entre Suba y Engativá, dos localidades cuya población equivale a la de Cali.

El borrador de resolución elimina el concepto de mitigación de la política de riesgos. En este caso, utilizando la escala de 1:25000 determina que todas las zonas de amenaza, aun sin estudios de detalle quedan restringidas. Lo que ocurre usualmente es que la zona de riesgo se delimita a 1:2000 y solo si no se puede mitigar, se declara de protección por el riesgo. Con esta lógica en un país de cordilleras ni Medellín, ni Pereira, ni Manizales serian viables como asentamientos.

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Lo mas extraño de esta nueva regulación es la determinación que toda la ruralidad de La Sabana de Bogotá debe ser una reserva agrícola. En esta locura se inhabilita la posibilidad de nuevas zonas de expansión o vivienda rural, las edificaciones como colegios o puestos de salud en la ruralidad, la construcción de vías terciarias, entre muchas. Esto lo logra modificando el Decreto 3600 para darle jerarquía no solo a las zonas con alto potencial agrícola sino cualquier terreno que pueda sostener agricultura.

 Esta medida desconoce que Bogotá lleva más de un siglo “importando” alimentos de otros departamentos y que la verdadera clave para la seguridad alimentaria del país no está en solo ampliar tierras de cultivo, sino en fortalecer el almacenamiento, transporte, y cadena de frio. Sería más útil mejorar la vía al llano que forzar este desastre regulatorio. Si a Bogotá pueden imponerle la tesis de decrecimiento, cualquier región del país es vulnerable.

Simón Gaviria Muñoz