Juan Luis Castro
Cada 12 de octubre desde 1915 en Colombia se celebra/conmemora la diversidad étnica y cultural. No obstante, 105 años no han sido suficientes para que esta festividad nacional deje de ser un paupérrimo ‘saludo a la bandera’, bandera que se queda corta cuando de abrazar la diversidad se trata.
El Colombia la ciudadanía convive con un solapado racismo presente en todas las regiones del país y todos los sectores de la sociedad. Tan es así, que con el paso de los años en la cotidianidad de los colombianos y colombianas se han naturalizado un sinfín de desigualdades, las cuales sostienen un sistema de empobrecimiento selectivo.
No es gratuito que nuestras comunidades enfrenten ‘errores’ como el del Censo en 2018 en el cual la población afro colombiana quedó sub representada.
Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) las comunidades afro colombianas representaban aproximadamente 10 millones de habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional, con sus asentamientos más fuertes en el litoral pacífico y el Caribe.
Si seguimos la revisión de las cifras insuficientes del DANE, en los 100 municipios con mayor presencia afro el 48% de los hogares son pobres, el 59% no logra acceder a educación de calidad, el 37% no tiene acceso a fuentes limpias de agua, y el 20% tiene al menos una persona que no sabe ni leer ni escribir. (Ver: https://semanarural.com/web/articulo/y-con-el-racismo-en-colombia-que/1486)
Por otra parte, de los cerca de 9.1 millones de víctimas del conflicto armado que reconoce el Registro Único de Víctimas (RUV), cerca de 1.2 millones son población afro, palenquera y raizal.
Estas cifras ponen en evidencia que algunas de las comunidades que componen la diversidad del país viven en una Colombia en la que no existen garantías de acceso a servicios públicos y en general garantía de los derechos humanos.
Las cifras que ya han leído contemplan únicamente la omisión del Estado cuando de cumplir sus obligaciones se trata, pero y que pasa cuando son las mismas autoridades las que cometen los atropellos.
Según información de la ONG Temblores, el 73% de los abusos policiales son en contra de personas negras y 26,5% de los asesinatos a manos del ESMAD son campesinos e indígenas respectivamente. Sin embargo, como los datos anteriores lo han esclarecido, la violencia institucional no es solo física.
Como lo manifesté en otra de estas columnas, pese a que la constitución dicta que todos los ciudadanos de esta nación somos entendidos como iguales, los representantes del Estado colombiano aún no reconocen la multiculturalidad de la que goza el país. Las comunidades son tratadas de manera diferente por la policía, el ejército, el ejecutivo y las instituciones en general, en función de lo que representan para sus intereses económicos. Aparentemente, no son una prioridad.
No es gratuito el hecho de que las poblaciones afro, indígenas y campesinas sean de las más vulnerables en Colombia, no es gratuito que estén ubicadas en zonas de muy difícil acceso a servicios públicos, atención en salud y educación de calidad, no es gratuito que no se destine dinero suficiente en el presupuesto general de la nación para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar la calidad de vida y tampoco es gratuito que sean las que más muertos ponen en nuestra disputa por la tierra y el uso de ella.
Colombia sufre un arraigado problema de segregación en función de la etnia, la clase y el género, cada 12 de octubre conmemora la importancia de repensar la relación que colombianos tenemos con nuestra historia y con nuestros pares, esto con el fin de construir una sociedad que abrace las diversas formas de ser y sentirse colombiano.
En Colombia se le rinde tributo a esclavistas y exterminadores sin un verdadero análisis de los efectos que estas personas ocasionaron en las comunidades que, valientes, hoy re evalúan de manera crítica los referentes de lo que reconocemos como Colombia.
No hace falta la legitimación internacional de la lucha contra estas desigualdades para alzar la voz y proponer un cambio, como por muchos años lo han hecho los líderes afro e indígenas, pero parece ser que los atropellos de los que pudo ser víctima George Floyd tocan más la sensibilidad de la opinión pública que aquellos de los que fue víctima Anderson Arboleda.
Deseo profundamente que llegue el día que esta afirmación sea falsa: “no produce el mismo escozor, el mismo interés un muerto cuando se dice que fue en una masacre que en un homicidio múltiple, y no se le da el mismo empeño a un muerto afro que a uno blanco o mestizo”.
Solapadamente el Estado le ha abierto la puerta a la intensificación de la fractura entre las instituciones y los diferentes sectores de la sociedad civil. No reconocer las heridas que tiene nuestro contrato social es tan inútil como querer tapar el sol con los dedos.
Quiero invitar a todos y todas quienes leen esta columna a ver en la fiesta nacional del 12 de octubre un recordatorio para evaluar su participación en esta nación mestiza por antonomasia, y que hagamos los ajustes, siempre desde la tolerancia y el respeto, para construir y preservar una diversidad con justicia y equidad.
