El salario mínimo en Colombia ya no es un número. Es un campo de batalla, un discurso, una bandera que se agita con emoción, pero que se cae cuando toca aterrizarla en la realidad.

Porque seamos serios: el mínimo no alcanza ni para lo mínimo. Eso lo sabe cualquier ciudadano que paga arriendo, mercado y transporte. Pero lo que pocos quieren decir —por miedo a sonar impopulares— es que un aumento irresponsable tampoco alcanza para construir futuro.

Solo alcanza para incendiar la economía con aplausos.

Hace poco leía que, por culpa del mínimo, cerca de 20 obras estratégicas quedan en riesgo en Bogotá. Hablamos de proyectos que la ciudad necesita con urgencia: las troncales de la 13 y la Cali, la Plaza de Usaquén, infraestructura que no solo mejora movilidad, sino que genera empleo, dinamiza barrios y sostiene productividad.

Pero el IDU ya advierte algo que suena técnico, pero huele a tormenta: posibles reclamaciones por reequilibrio económico contractual. Traducción: los contratistas no alcanzan con los nuevos costos, entonces piden más plata. Y el Distrito, que ya opera con presupuestos ajustados, queda contra la pared.

Las decisiones macroeconómicas no se quedan en Bogotá D.C. como si fueran un debate de escritorio. Golpean la caja. Presionan contratos. Frenan obras. Y cuando se frena la obra pública, se frena el empleo. Menos estabilidad. Menos ciudad. Menos país.

Aquí está el absurdo: millones celebran un aumento porque sienten alivio inmediato, pero si ese alivio detona una cadena de costos, inflación y parálisis institucional, entonces todos terminamos peor. ¿Qué logramos? ¿Un titular bonito o una economía sostenible?

Y como si no bastara, el presidente Petro decide subir la apuesta. Habla del “salario mínimo vital” en $2.155.000. Suena heroico. Suena épico. Suena perfecto para redes sociales. Pero la economía no funciona con épica, funciona con variables.

El 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto que fija un aumento del 23,78% para 2026. Y ordena un nuevo decreto ajustado a criterios técnicos y legales. Ocho días. Ocho. El gobierno queda obligado a justificar inflación, productividad, PIB. No narrativa: evidencia.

Pero Petro insiste. No da el brazo a torcer. Y el pulso apenas empieza.

La pregunta es inevitable: ¿esto es bueno?

Subir el salario mínimo es necesario, sí. Pero hacerlo con un salto de casi 25% es populismo fiscal con consecuencias reales. No se gana dignidad destruyendo el equilibrio económico. No se protege al trabajador poniendo en riesgo el empleo.
Colombia no necesita decretos incendiarios. Necesita gradualidad, responsabilidad y visión.

Amanecerá y veremos, dijo el ciego. Pero aquí, el que no ve… es el que cree que un país se gobierna a punta de aplausos.

Andrés Prieto