El Concejo de la ciudad está adportas de discutir -en segundo debate – la propuesta de presupuesto para el año 2026 para Bogotá. La propuesta que el alcalde Galán ha hecho le da continuidad a una ruta de presión que condiciona la vida cotidiana de la gente al pago desaforado de rentabilidades entorno a las grandes obras, mientras se sacrifican aspectos claves como la vida juvenil barrial, la recreacion y el deporte, el arte y la cultura, el mejoramiento de viviendas y de hábitat, la gestion del riesgo, la vida de las mujeres y el sistema de cuidado, el fortalecimeinto de las economías populares y la participación. Si bien, en el primer debate se buscó ajustar la situación en parte de estos asuntos, el problema es estructural. En mi condición de coordinadora ponente de este proyecto di ponencia NEGATIVA y aquí les cuento parte de las razones.
El presupuesto total será de 40,4 billones de pesos, pero más de la mitad de éste (21,3 billones) está reservado para el desarrollo de Transmilenio y el Metro. Sin duda, son obras que la ciudad requiere, pero ¿a qué costo y con qué esquema? La manera en la que se han realizado las concesiones a traves de las que se ejecutan estas obras ha sido objeto de debate hace más de una década en la ciudad, pues las ganancias de los operadores del “servicio” son muy altas, mientras que el distrito debe asumir los grandes costos de mantenimiento, renovación y logística de base. Esto es desequilibrado con lo público. Además, la permanencia en el tiempo de este modelo genera un déficit insostenible que en el caso de Bogotá es el Fondo de Estabilización Tarifaria, cuyo monto ya supera los 3,2 billones de pesos y sigue alimentando una lógica de endeudamiento mayor, cada vez que Bogotá requiere ampliar y/o mejorar el transporte público; condicionando las decisiones de ciudad de próximas administraciones y generaciones. Adicionalmente, a pesar de la narrativa de “estamos avanzando” que la administración ha intentado posicionar entre selfies y anuncios, la verdad es que en el año 2025 no se avanzó en la preparación de la 2ª línea del Metro, a pesar de que se contaba con cuantiosos recursos para ello; esta es una decision política, no solamente un descuido administrativo, e implica que no se hará un esfuerzo de fondo para el mejoramiento de la movilidad pública a través del Metro, sino que se perpetuará la dependencia de Transmilenio que ya ha mostrado sus límites y su incapacidad de ser columna vertebral del transporte. Decisiones cuyos costos estamos pagando todas las personas que tributamos, vivimos y trabajamos aquí.
La negativa a la propuesta de Galán no solamente obedece a esta arbitrariedad, tambien a otros rasgos que la propuesta de presupuesto tiene. Por una parte, impulsa una solapada reforma del funcionamiento institucional de la ciudad: fortalece el nivel central de los sectores (las Secretarías) con 391 mil millones de pesos que ellas apropian, mientras se asfixian a las entidades descentralizadas, que suelen ser las que están presentes en la vida cotidiana de la ciudadanía de a pie, se les quitan 280 mil millones de pesos que son vitales para su misionalidad con la gente.
Esta administración tiene una tendencia al incumplimiento de procesos de ciudad que vienen de antes pero también de los que ella misma ha propuesto y prometido. En cuanto a lo primero, basta dar una mirada al sistema de políticas públicas de Bogotá, 15 de ellas tienen reportes negativos de avance, entre ellas: Salud Mental, Migrantes, Familias, Acción Comunal, Bogotá territorio inteligente, Actividades Sexuales Pagas, Economía Cultural, Seguridad, Economía Circular, Comunicación Comunitaria, Movilidad, Hábitat, Raizal, Afro, Indígenas. El Plan Distrital de Desarrollo se concreta a través de 1537 actividades, de estas una quinta parte (277/ 18%) están en menos de 50% de ejecución, aproximadamente 4,7 billones de pesos se han dejado de ejecutar por ello.
En cuanto a lo segundo, es importante revisar el caso de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, una entidad que está al centro de la promesa de Galán de “Bogotá camina segura”, sin embargo, es de las que tiene peores resultados en ejecución (apenas 65% a 23 de Noviembre/25). A pesar de ser una entidad incapaz de ejecutar lo que se le otorgó en 2025, se le otorga mayor presupuesto para el 2026, mientras se castiga a entidades que lo han hecho bien. Es una lógica inconsistente con la ciudad. Cosas como estas le han significado a Bogotá bajar su lugar en el Índice de Desempeño Fiscal IDF del Departamento Nacional de Planeación (2025).
Finalmente, hay una serie de factores macro que también cuestionan el modelo de finanzas de la ciudad, una discusión que la administracion de Galán no permite dar: parte de los síntomas muy preocupantes son el deterioro fiscal a corto plazo, el aumento del servicio de la deuda (49%) que restringe otros gastos y la volatilidad en ingresos y sectores clave – caída en los recursos de capital, menor dinamismo en el recaudo del ICA, entre otros. Son asuntos a los que haremos seguimiento para impulsar los cambios necesarios en el manejo económico de la ciudad.
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Estas criticas no solo se dirigen desde la oposición política que ejercemos, el gobierno de Galán está en crisis en la opinión pública. La más reciente encuesta de “Bogotá Cómo Vamos” muestra que solo el 26% de los bogotanos aprueba la gestión del Alcalde, mientras la sensación de corrupción e inseguridad llega a su mayor nivel desde 2012 y 2008 respectivamente. Bogotá no camina segura, ni camina bien, es urgente un cambio.
Donka Atanassova
Concejala de Bogotá
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