Fernando Mendoza
No tengo claro si en algún país se firman pólizas para ejercer el derecho a protestar sobre alguna política pública que no esté beneficiando a su población, sino más bien, le esté causando males. Si existe, me gustaría saber cuál es y la razón por la que es necesaria y las condiciones que se establecen.
Lo anterior, porque supongo que la insistencia del Gobierno Nacional para establecer una póliza en el protocolo para ejercer el derecho a la protesta en Colombia, se hace siguiendo algún modelo. Me cuesta creer que es una idea que salió de la cabeza de algún funcionario de la Casa de Nariño, sin previo análisis.
Si el presidente Iván Duque y su equipo de Gobierno quieren evitar a toda costa que se retome las marchas que quedaron en estado de suspensión con el inicio del aislamiento por la Covid19, deberían hablar claro y no pretender instalar una especie de prohibición, de manera solapada, por la puerta de atrás.
En el caso de que sea FECODE quien marche, ¿Quién sería el encargado de firmar la póliza?, ¿el presidente del sindicato Nelson Alarcón o cada maestro que asista a la manifestación? Suponiendo que se presenten desmanes y actos vandálicos durante la protesta, ¿Quién asumiría los daños?
Dudo que FECODE quiera asumir los costos de los vidrios y paredes que se destruyan, al fin de cuentas no son los maestros quienes causan los destrozos, sino uno que otro desadaptado que piensa que la mejor manera de hacerse sentir y llamar la atención, es destruyendo todo lo que encuentra a su paso.
También es bueno saber, en el caso de que los marchantes deban firmar una póliza, si existe en Colombia una aseguradora que cuente con el suficiente número de agentes que puedan asistir a una protesta para hacerles firmar la garantía a cada persona que se encuentre en el lugar y si tiene como hacerlas efectiva y sobre todo, cómo hará para establecer quien fue el que rompió los vidrios, rayó las paredes y tiro piedras, porque si el sindicato o asociación convocante no tiene que ver con los hechos, bien puede demandar y establecer un pleito que se iría para largo y que muy seguramente sería El Estado quien perdería al no tener como demostrar la culpabilidad.
Me pregunto si al interior del Gobierno analizarían esta idea, antes de presentarla en la mesa de trabajo, porque es claro que con propuestas como estas, solo hace el ridículo.
