En Usme se produce buena parte de la papa que consumen más de nueve millones de bogotanos, junto con hortalizas, arveja, habas y otros alimentos esenciales, lo que indica que es una localidad rural y campesina en pleno siglo XXI, aunque la ciudad (y su dirigencia) no haya asumido esa verdad. Bogotá presume ser una ciudad moderna que mira al futuro, pero basta recorrer Usme para descubrir que buena parte de ese futuro se sostiene sobre un territorio profundamente olvidado, especialmente cuando se habla de una localidad que es la puerta de entrada al páramo de Sumapaz, el ecosistema de alta montaña más grande del mundo, y a la vez un territorio habitado por casi 415.000 personas, según datos distritales recientes  del 2024. Esta cifra hace que Usme tenga más población que capitales de departamento como Popayán, Tunja, Florencia, Neiva, Riohacha, Yopal o Quibdó, lo que significa que estamos frente a un territorio cuya dimensión demográfica supera ampliamente la de ciudades que sí reciben inversión nacional, infraestructura y fuerte representación política.

La paradoja es abrupta, pues Usme pertenece a Bogotá, pero Bogotá no interpreta  realmente a Usme y parece que tampoco le interesa conectarla al distrito, pues sus habitantes son ciudadanos de la capital, pero viven en condiciones que se asemejan más a zonas rurales apartadas que a una localidad de la ciudad más rica del país. Mientras las demás localidades enfrentan problemas típicos de un entorno urbano, los “campesinos urbanos” de Usme con sus minifundios (pequeñas parcelas familiares que podrían ser motores de desarrollo agrícola) permanecen atrapados en un círculo de pobreza por falta de crédito, ausencia de infraestructura y nulo acompañamiento técnico. Cargan con desafíos completamente diferentes, desde barrizales intransitables, inundaciones de basura,  hasta la ausencia de sistemas de transporte adecuados para sacar los alimentos que sostienen la seguridad alimentaria de la capital.

A esta realidad se suma un drama cotidiano que rara vez aparece en la agenda pública cuando miles de habitantes de Usme deben recorrer grandes distancias, durante horas, a través de un sistema de transporte precario, para llegar al centro de Bogotá en busca de salud, educación, trámites o servicios distritales. Aunque viven dentro del perímetro urbano, funcionan como ciudadanos aislados, obligados a desplazarse como si habitaran en otro municipio y no en una localidad cuya población supera la de varias capitales departamentales. Es una radiografía  de la inequidad colombiana: quienes producen la comida de la ciudad viajan más y sufren el triple para recibir lo mínimo que Bogotá debería garantizar.

Esta desconexión no es coyuntural, sino estructural, pues  Usme se ha convertido en el espejo más incómodo del modelo de desarrollo bogotano, un modelo que se concentró en el norte y en los corredores económicos, pero que dejó en segundo plano a la ruralidad del sur. Usme es hoy un territorio que le quedó grande al Distrito, que no fue incorporado estratégicamente en la visión de Ciudad-Región con Cundinamarca, y que tampoco ha sido prioridad para el Gobierno Nacional. Esta triple omisión es grave, cuando  no se puede hablar de seguridad alimentaria, planificación territorial ni equidad social sin integrar a la ruralidad capitalina en el proyecto de ciudad.

Por eso, el debate sobre Usme no es un asunto local, sino que es un asunto político de escala metropolitana y nacional. Si Bogotá quiere combatir la pobreza campesina y aprovechar su enorme potencial agrícola, debe integrar plenamente a Usme con la ciudad y con el país, implicando sistemas de crédito rural accesible, vías agrícolas dignas, transporte moderno de alimentos, conectividad digital avanzada, centros de acopio, apoyo técnico y políticas diferenciales para la ruralidad urbana. Usme no necesita asistencialismo: necesita voluntad política para la inversión, la planeación, la infraestructura y mucha presencia institucional que reconozca su importancia estratégica. Una localidad con más habitantes que Popayán o Neiva no puede seguir tratada como un apéndice rural sin derechos.

Y aquí aparece la pregunta crucial: ¿quién está representando a Usme en el Congreso? La respuesta es incómoda: nadie. Los 18 representantes a la Cámara por Bogotá no han incorporado la ruralidad capitalina en sus agendas legislativas, no piensan en el territorio y no han asumido el deber político de vocería para las localidades campesinas de la ciudad. Por eso, de cara al 2026, la discusión es inevitable: Bogotá necesita representantes que entiendan que la ruralidad también es Bogotá; que Usme necesita voz en el Congreso, en el Distrito y en la Ciudad-Región; y que ningún proyecto de desarrollo será sostenible si sigue ignorando al territorio que alimenta a la capital.

Usme produce, Bogotá consume, pero el Estado no conecta. Esa ecuación debe romperse ya. Si la ciudad quiere ser moderna, justa y sostenible, debe integrar de manera plena a su localidad más rural y una de las más pobladas, cuando  Usme no puede seguir siendo la despensa agrícola que alimenta millones de hogares mientras permanece desconectada del Estado y de la política. Esta debe ser una prioridad central de la agenda política del 2026, dando voz a los territorios olvidados y garantizar que Usme (con su tamaño, su población y su potencial) tenga representación real, inversión efectiva e integración total con la ciudad y con el país.

Luis Fernando Ulloa