En esta columna hemos advertido que, en los próximos seis meses, Colombia podría enfrentar tres pérdidas significativas: la Línea de Crédito Flexible (LCF) otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la calificación de grado de inversión de la última calificadora Moody’s, y la desertificación de EEUU como aliado en la lucha contra las drogas. De estos instrumentos, el menos conocido es el LCF.  No se trata simplemente de un crédito sino de un sello de confianza en nuestras políticas económicas. Perderlo no solo sería un golpe grave a nuestra estabilidad macroeconómica, sino que podría ser el primer dominó de un colapso destructivo.

Desde que Colombia accedió a este instrumento en 2009, el país cuenta con un seguro para enfrentar choques económicos sin que le pongan condiciones. Su valor está en su sola existencia, es muchas que un crédito. Al reducir el riesgo país, el LCF abarata el costo del financiamiento para el Gobierno, las empresas y los hogares. Al generar confianza entre inversionistas, calificadoras de riesgo y organismos multilaterales, se facilita el acceso al crédito en mejores condiciones y promueve la inversión.

Perder esta ancla de credibilidad tendría consecuencias inmediatas: la prima de riesgo de Colombia aumentaría, los bonos soberanos perderían atractivo y el acceso a financiamiento externo sería más costoso. En un contexto global marcado con tasas de interés aún altas y mercados financieros volátiles, la ausencia de la LCF debilitaría la posición internacional de Colombia. El país pasaría de ser percibido como una economía bien gestionada a una vulnerable expuesta a caídas de los precios de materias primas, crisis financieras regionales o recesiones globales. En un momento creciente incertidumbre, contar con un respaldo de esta magnitud es una ventaja que no deberíamos sacrificar.

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Algunos han sugerido que el país debe prescindir de la LCF para enviar un mensaje de independencia, incluso el Presidente ha descalificado el instrumento y tilda al FMI como vampiros. Pero esta narrativa confunde soberanía con vulnerabilidad. La verdadera soberanía económica se construye fortaleciendo la capacidad de respuesta ante eventos adversos, no debilitándola. Mantener el acceso a la LCF es un acto de responsabilidad fiscal y de previsión, no de dependencia. Aunque tiene un costo de disponibilidad, este es ínfimo frente al costo potencial de una crisis financiera. Gastar un poco para tener un paraguas disponible antes de la tormenta es infinitamente más inteligente que improvisar en el aguacero.

Internamente, Colombia enfrenta déficits fiscales elevados, deuda pública creciente, un crecimiento económico moderado y desafíos sociales enormes. En este contexto, la LCF es una pieza fundamental de nuestra arquitectura de estabilidad macroeconómica. Por todo esto, preservar la LCF no es una cuestión técnica o burocrática, es un asunto de Estado. Es asegurar que Colombia siga siendo vista como un país confiable, prudente y preparado. La estabilidad, como la reputación, toma años construirla, pero puede perderse en un instante. No debemos jugar con ella, la responsabilidad macroeconómica es una tradición nacional que ningún gobierno ha sacrificado. Hay una promesa de un recorte presupuestal eso seria un buen comienzo.

Simón Gaviria Muñoz