En tiempos de alta tensión política, parece que la vida pública se ha reducido a una consigna: o estás conmigo o estás contra mí. La polarización entre izquierda y derecha se convirtió no solo en un lenguaje, sino en una identidad; una especie de uniforme emocional que muchos se ponen para sobrevivir en el debate público. Lo grave no es que existan diferencias ideológicas —eso es natural y hasta necesario en una democracia—. Lo grave es que, en medio del ruido, estamos dejando de ver lo esencial: la dignidad humana.

Porque mientras discutimos quién tiene “la razón histórica”, se normalizan cosas que deberían escandalizarnos siempre. Se repiten episodios hegemónicos, repudiables, que parecen tener licencia social para existir: actos de discriminación, discursos de odio, burlas normalizadas, desprecio de clase, estigmatización territorial, racismo maquillado de “opinión”, y una segregación cada vez más aceptada como si fuera parte del paisaje.

Hay una violencia silenciosa que se mueve entre los extremos y se disfraza de sentido común: la idea de que unas vidas valen más que otras.

No importa si viene envuelta en el lenguaje de la “meritocracia” o en el de “la defensa de la tradición”. No importa si se justifica con “es que esa gente…” o con “ellos se lo buscaron”. El resultado siempre es el mismo: se expulsa simbólicamente a una parte de la sociedad de la categoría de ciudadanos plenos. Se les reduce a estereotipos: los pobres, los vagos, los ignorantes, los resentidos, los mantenidos, los privilegiados, los parásitos, los violentos, los invasores. Cada bando tiene su diccionario para deshumanizar.

Y deshumanizar es el primer paso para justificarlo todo.

Lo más inquietante es que este tipo de prácticas no son nuevas: son herencias de una historia donde la hegemonía no solo se sostuvo por las instituciones, sino por los imaginarios. Por quiénes tenían derecho a hablar. Por quiénes eran considerados “gente bien” y quiénes simplemente “gente”. Por quiénes podían habitar la ciudad sin ser sospechosos. Por quiénes eran escuchados en un debate sin que su voz fuera automáticamente ridiculizada.

La discriminación y el clasismo operan así: no siempre se gritan; muchas veces se susurran con humor, con ironía, con “comentarios inocentes”, con la supuesta superioridad moral de quien cree estar del lado correcto de la historia o del orden.

Y esto atraviesa a la izquierda y a la derecha.

Porque sería ingenuo pensar que el clasismo y la segregación son patrimonio exclusivo de un sector político. Hay clasismo conservador y clasismo progresista. Hay elitismo económico y elitismo intelectual. Hay discriminación abierta y discriminación sofisticada. Hay segregación por riqueza, por apellido, por acento, por barrio, por cuerpo, por color de piel, por orientación sexual, por experiencia de vida.

Y si algo caracteriza a los tiempos de polarización es que cada bando se convence de que el problema es siempre “el otro”, nunca uno mismo.

Mientras tanto, la vida cotidiana de millones de personas sigue marcada por fronteras invisibles: las que determinan quién puede estudiar con tranquilidad, quién puede caminar sin miedo, quién puede acceder a salud sin humillación, quién puede conseguir empleo sin esconder de dónde viene, quién puede hablar sin ser juzgado, quién puede amar sin recibir agresiones.

Esas fronteras no las crea una ideología particular. Las crea una cultura política y social que ha tolerado la exclusión como norma.

Por eso, quizá el ejercicio más urgente hoy no sea gritar más duro dentro del mismo ring, sino romper el ring.

Salir de la trampa emocional de la polarización no significa abandonar las posturas políticas ni renunciar a las convicciones. Significa algo mucho más profundo: comprender que una democracia no se mide por cuántas opiniones caben en el debate, sino por cuántas vidas caben en la dignidad.

Y ahí está el punto.

Podemos debatir modelos económicos, reformas institucionales, formas de Estado, políticas públicas. Eso es legítimo. Pero hay cosas que no pueden estar en disputa: el derecho a existir sin ser humillado, el derecho a no ser segregado, el derecho a vivir sin miedo a ser discriminado por “no encajar” en la idea dominante de normalidad.

Si en medio de la polarización dejamos de repudiar la discriminación, entonces perdimos más que una discusión política: perdimos el sentido de sociedad.

Y no se trata solo de “ser buenos”. Se trata de comprender que el clasismo y la segregación son profundamente funcionales: sirven para que la desigualdad parezca natural. Sirven para mantener jerarquías sin necesidad de explicarlas. Sirven para que el privilegio se vea como mérito, y la pobreza como fracaso individual. Sirven para que el dolor del otro sea paisaje, no urgencia.

Por eso mirar más allá de izquierda y derecha no es un llamado ingenuo a la tibieza. Es, al contrario, un llamado radical a una ética común: reconocer que ningún proyecto político vale la pena si necesita despreciar a una parte de la sociedad para justificarse.

El país no se va a sanar cuando “gane” un bando.

El país empieza a sanar cuando dejamos de aceptar que la dignidad sea negociable, cuando repudiamos sin matices todo acto de discriminación, y cuando entendemos que la democracia no es una pelea por quién grita más fuerte, sino una construcción diaria para que nadie tenga que vivir pidiendo permiso para existir.

Quizá el primer paso, el más incómodo y el más poderoso, es este: atrevernos a ver al otro como persona antes que como etiqueta.

En un mundo obsesionado con bandos, ese gesto simple puede ser revolucionario.

Marcela Clavijo