Aunque Fecode lo celebró como un triunfo, la derecha uribista se salió con la suya. Y no es que la poderosa federación sindical de los maestros no tuviera razón al convocar un paro nacional indefinido hasta que la Ley Estatutaria de Educación tal como llegó a la plenaria del Senado no gozara de feliz sepultura en las postrimerías de la legislatura. Sino que fue la derecha del Congreso, la que desde la radicación del proyecto de Ley por parte del Gobierno Petro en septiembre del 2023, se propuso atravesarse como vaca muerta al reconocimiento pleno, sin esguinces, ni ambigüedades de la educación como un derecho fundamental.

En efecto. Petro quiso cumplir la promesa de la Ley General de Educación (Ley 115 del 94) que desde hace 30 años estableció en su articulo 9 que “el desarrollo del derecho a la educación se regirá por una ley especial de carácter estatutario”. Promesa nacida en el artículo 67 de la Constitución del 91 y reiterada por la Corte Constitucional en diversas sentencias que ordena aclarar y reforzar la naturaleza de la educación como derecho fundamental, que supedite su condición de servicio publico y obligación constitucional del Estado.

Al mismo tiempo el proyecto de Ley del “Gobierno del Cambio” cumplía compromisos internacionales de Colombia como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 26 establece que “toda persona tiene derecho a la educación”, y “que la educación debe ser gratuita…” o el Pacto internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Pero, sobre todo, el Proyecto de Ley Estatutaria recogía luchas históricas de los maestros y maestras y del movimiento estudiantil colombiano que ha reclamado el derecho a la educación desde comienzos del siglo XX. Mas recientemente, dicho reclamo retumbó en las calles de todo el país en el paro nacional del 2019 y en el maravilloso y multicolor estallido social del 2021, que alimentaron la agenda de la bancada alternativa y de oposición a Duque en el periodo anterior del Congreso de la Republica con la presencia del propio Gustavo Petro.

Una inmensa puerta abría la Ley Estatutaria de Educación: la corrección del enorme daño que al derecho a la educación y a la ley general de educación del 94 le hicieron los Actos Legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007 que reformaron el Sistema General de Participaciones en tiempos de Álvaro Uribe Vélez y que le propinaron una traicionera puñalada a la financiación de la educación. En efecto, estas reformas constitucionales han significado recortes al presupuesto de educación del orden de los 172.5 billones de pesos entre los años 2002 y 2018, suma que ya está rondando los 200 billones de pesos. El proyecto de Ley estatutaria, además de la financiación estatal de este derecho desde el grado cero hasta la educación superior, técnica y tecnológica, protegía pilares democráticos como la libertad de catedra y la autonomía escolar y universitaria.

En abril del 2024, el país y sobre todo la juventud, celebró con optimismo la aprobación del proyecto de ley estatutaria de educación en la plenaria de Cámara de Representantes por una aplastante mayoría. El optimismo alcanzaba para pensar que la iniciativa no tendría mayores tropiezos en el Senado. Pero la operación tortuga y el saboteo del Uribismo y Cambio Radical no se hicieron esperar en la Comisión Primera del Senado. Con maniobras de poca monta, la derecha envolvió a una perpleja Ministra de Educación y a una ingenua coalición de gobierno en un acuerdo expresado en una ponencia positiva que fue votada unánimemente por la Comisión. Y ahí fue Troya. Porque el cacareado acuerdo traía el esperpento de incluir en la evaluación docente los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes, elevar a rango constitucional la financiación de la educación privada con recursos públicos y mantener las restricciones que hoy tienen las universidades publicas en la elección de sus rectores. Vaya sorpresa: un acuerdo más regresivo que la ley general de educación de 1994, que destrozaba la columna vertebral de lo que el gobierno y los sectores progresistas habían ganado en Cámara.

En tales circunstancias, con las mayorías de la Cámara en contra, los estudiantes y maestros en las calles pidiendo sepultar el Frankenstein, el proyecto llegó moribundo a la plenaria del Senado. Todos los que hemos luchado por la educación pública tuvimos que pasar el trago amargo de una derecha de plácemes con la coronación de su mezquindad. La celebración de Fecode no tiene el sabor de una victoria. Tiene más bien el sentimiento de resignación de tener que esperar otro año en esta imprescindible batalla por la educación como derecho fundamental. Por ahora, no ganó el país y perdieron nuestros jóvenes.

Antonio Sanguino