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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Bogotá

El sicariato está ganando terreno en Bogotá

Bogotá no puede seguir siendo la ciudad del miedo. En la capital del país, la inseguridad nos está paralizando y, sobre todo, condicionando nuestra vida cotidiana. No es aceptable que caminar por las calles, ir a un parque, a la tienda o, simplemente, tomar el transporte público se haya convertido en un acto de valentía.  

Aunque oficialmente se habla de una reducción en las cifras de algunos delitos de alto impacto como extorsiones, delitos sexuales y hurtos, no sucede lo mismo con los homicidios. Asimismo, no podemos perder de vista que el subregistro es elevado y que, la situación no va a ser mejor con un gobierno nacional que continúa anclado a su retórica ideológica de “Paz Total” que no es más que eso, una retórica. 

 

Esa política de Gustavo Petro es un fracaso y solo ha desencadenado impunidad rampante para los delincuentes y abandono para la ciudadanía.

Las cifras corroboran lo que digo. Solo en Bogotá, en los meses de febrero y marzo, se registraron 183 homicidios, de los cuales aproximadamente la mitad habrían sido perpetrados bajo la modalidad de sicariato. 

Los asesinatos por encargo son una forma de violencia que refleja no solo la presencia de estructuras criminales bien organizadas, sino también un gobierno nacional incapaz de contenerlas o de reconocer su crecimiento, endilgando responsabilidades a otros. 

Frente al mismo periodo del año pasado, los homicidios aumentaron, el uso de armas de fuego se incrementó, pasando del 61% al 67% en apenas un mes. 

Además, localidades como Fontibón registraron un alza del 200% en asesinatos. En el parque El Golfito, ubicado en esa misma zona, fue donde ocurrió el intento de magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que debería haber encendido todas las alarmas del Estado, pero no fue así.  

Lo de Petro es vergonzoso. Además de protagonizar semanalmente espectáculos televisados impuestos a la sociedad, culpa a otros de su desastre en materia de seguridad y se declara “preocupado” por el desempeño de varias carteras. Lo insólito es que ya lleva 55 ministros y 127 viceministros; como quien dice: nadie le sirve. Esto solo significa que tiene una real incapacidad para direccionar, incluso, a personas de su propia ideología política. 

Mientras tanto, el tiempo corre y la inseguridad gana terreno porque realmente no existe ni existirá una voluntad de paz por parte de los delincuentes. Todo este caos podría haberse evitado, así como el intento de magnicidio contra Miguel, quien sigue batallando por su vida y ha demostrado ser valiente.  

La política de “Paz Total” no ha traído paz, ha traído caos y esto también se ve reflejado en las ciudades. Y, por si fuera poco, el Ministerio de Justicia, en cabeza de Eduardo Montealegre, tiene listo un anteproyecto que no busca otra cosa distinta que premiar a delincuentes, lo que va a tener serias implicaciones en materia de seguridad. 

La política de seguridad no puede ser una excusa ideológica, ni un plan sin resultados. Si casi la mitad de los homicidios en Bogotá son ahora sicariatos, es porque el crimen ha dejado de temerle al Estado. Y eso es responsabilidad directa del Ejecutivo. 

Andrés Barrios Bernal

Desarticulan organización criminal en Bogotá dedicada al tráfico de estupefacientes

El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, dio a conocer este jueves, 17 de julio, la captura de 31 criminales que pertenecían a dos grupos delictivos organizados, que fueron desarticulados, dedicados al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores la comisión de delitos para la venta de estupefacientes en Bogotá.

“Este es un resultado nuevo e importante en la lucha contra el tráfico de drogas en la ciudad. Con esto llegamos en este año a 4.113 capturas de personas involucradas en el delito de tráfico de estupefacientes. La mayoría de estos casos han sido en flagrancia, pero tenemos cerca de 170 casos con orden judicial”, resaltó el mandatario distrital.

 

Los grupos delincuenciales desarticulados son ‘Los Arrayanes’ y ‘Los Firma’, ambos utilizaban menores de edad para vender droga, unos en universidades y sitios turísticos del centro de la ciudad y los otros en Kennedy. La primera banda delincuencial operaba en restaurantes y boliranas del centro de la capital del país, particularmente en el Eje Ambiental, con el fin de ocultar, dosificar y comercializar los estupefacientes a través de menores de edad entre 7 y 14 años.

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“De la primera organización fueron capturados 18 miembros entre ellos dos cabecillas. Lograban rentas criminales a través del tráfico de estupefacientes cercanas a los $ 320 millones”, detalló el Alcalde. Asimismo, la Policía Metropolitana de Bogotá explicó que utilizaban la modalidad de menudeo, aprovechando el comercio y la alta afluencia de ciudadanos nacionales y extranjeros.

La segunda estructura desarticulada, ‘Los firma’, actuaban en entornos escolares y en parques, particularmente, en la localidad de Kennedy. El mandatario de los bogotanos explicó que, en este caso, “fueron capturados 13 miembros de esta organización que se dedicaba al tráfico de estupefacientes”.

Estos delincuentes, por medio de llamadas telefónicas, coordinaban la venta de droga como: marihuana, bazuco y base de cocaína en algunos parques y alrededores de centros educativos. Asimismo, almacenaban y dosificaban los estupefacientes en diferentes inmuebles para evitar ser detectados por las autoridades. De igual manera, para tener mayor dominio e injerencia en estas zonas, amenazaban y golpeaban a los integrantes de otros grupos delincuenciales dedicados a esta actividad ilícita.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que la Línea 2 del Metro será completamente automatizada, contará con 25 trenes y tendrá una capacidad estimada para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora en cada sentido.

Para cumplir con este objetivo el Gobierno Nacional aprobó la solicitud del crédito en el BID con el cual Bogotá podrá financiarlo.

 

El mandatario distrital aclaró que la ciudad cuenta con la capacidad financiera suficiente para asumir el compromiso sin recurrir a nuevos cobros o ajustes fiscales.

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El Grupo Niche se entrega a Bogotá

Grupo Niche, una de las agrupaciones más icónicas de la salsa a nivel mundial, continúa su gira internacional Legacy Tour: 45 años de historia, un recorrido musical que honra el legado del maestro Jairo Varela y celebra la evolución de una banda que ha llevado la bandera de Colombia al mundo entero. El turno ahora es para Bogotá, el próximo 27 de septiembre en el Centro de Eventos Autopista Norte, un show completamente renovado escénicamente, cargado de clásicos de siempre.

Esta celebración global ha tenido momentos memorables como un concierto con entradas agotadas en el emblemático Carnegie Hall de Nueva York, marcando un hito en la trayectoria del grupo en uno de los escenarios más importantes del mundo. A este logro se suman dos presentaciones recientes de alto impacto en Colombia, esta vez organizadas por Festelar: un histórico sold out con Niche Sinfónico en Bogotá el pasado 24 de mayo, y el 16 de mayo en La Macarena de Medellín, también con boletería agotada, que reafirmó la vigencia y el poder de convocatoria del Grupo NIche. Posteriormente, la agrupación se presentará en Bucaramanga el 1 de agosto en el Centro de Eventos CENFER como parte de su recorrido nacional en otro show organizado por Festelar.

 

Como parte de esta conmemoración, la agrupación presenta su más reciente producción discográfica, Clásicos 1.0, un álbum que reinterpreta algunos de los temas más icónicos del maestro Jairo Varela, ofreciendo una nueva mirada sonora sin perder la esencia que ha consolidado a Niche como referente de la salsa a nivel mundial.

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Incautan más de 5.000 medicamentos ilegales en operativos en Bogotá

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en coordinación con la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) y la Fiscalía, realizaron tres diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, dirigidas a un inmueble y dos establecimientos de comercio tipo droguería. Como resultado, se logró la incautación de 5.311 unidades de medicamentos, de los cuales 3.547 eran de uso institucional —prohibidos para la venta al público— y 738 estaban vencidos. El valor comercial de los productos decomisados asciende a aproximadamente 180 millones de pesos.

Durante los operativos, se evidenció que los medicamentos eran almacenados sin ningún tipo de control sanitario, en cajas comunes y bolsas, incumpliendo las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). Esta situación compromete seriamente la eficacia de los productos y representa un riesgo grave para la salud de quienes pudieran consumirlos. Además, se comprobó que la manipulación de los medicamentos era realizada por personas no autorizadas.

 

Peritos del INVIMA y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, presentes en las diligencias, calificaron los hallazgos como alarmantes. Entre los medicamentos incautados se encontraron presentaciones vencidas, productos de uso exclusivo en instituciones de salud pública, y fármacos que estaban siendo distribuidos ilegalmente en las droguerías intervenidas, engañando a los consumidores.

Este operativo pone en evidencia una preocupante red de comercialización ilegal de medicamentos que atenta contra la salud pública en Bogotá. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para adquirir productos únicamente en lugares autorizados y exigir siempre la legalidad y trazabilidad de los mismos, con el fin de evitar riesgos sanitarios y apoyar los esfuerzos contra el comercio irregular de medicamentos.

Habrá baños públicos en el espacio público de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Defensoría del Espacio Público instalará baños públicos en algunos puntos de la capital del país con la idea de mejorar la higiene y salubridad en los lugares donde serán ubicados.

El primero de estos modernos sanitarios estará ubicado en el centro de Bogotá, en el sector contiguo al edificio Murillo Toro, una zona de alto tránsito peatonal, además de turístico.

 

De acuerdo con la Defensoría del Espacio Público, «Bogotá atraviesa una crisis de limpieza y salud pública provocada, en parte, por falta de cultura ciudadana, alimentada por el déficit histórico de baños públicos. Esta problemática afecta de manera directa tanto a residentes de zonas críticas, como a trabajadores informales, turistas y ciudadanos en general, así como a habitantes de calle. La insuficiencia de espacios sanitarios, ha contribuido a la proliferación de focos de insalubridad en zonas clave de la ciudad, especialmente en el centro, agravando la situación estética y ambiental».

La estrategia contempla además la instalación de unidades portátiles en puntos neurálgicos como el centro de la ciudad, bajo puentes, plazas y zonas de alta concurrencia. Estos nuevos baños estilo europeo cuentan con tecnología moderna, lo que garantiza su funcionamiento óptimo y condiciones dignas para el uso de todos los ciudadanos.

Bodegas de mensajería en Bogotá servían de escondedero de armas ilegales

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá logró la incautación de 20 proveedores de fusil durante operativos de registro y control realizados en bodegas de envíos terrestres. El hallazgo se produjo gracias a la intervención oportuna de los caninos Rocco y Milán, entrenados en la detección de explosivos y narcóticos, quienes emitieron señales de alerta durante la inspección rutinaria.

La encomienda, que provenía del municipio de Ocaña, Norte de Santander, y tenía como destino final el municipio de Cartago, Valle del Cauca, fue interceptada por los uniformados tras el aviso de los caninos. Durante la verificación del paquete, los agentes hallaron el material bélico oculto, lo que evidencia las estrategias empleadas por estructuras delincuenciales para mover armamento de manera encubierta a través de servicios de mensajería.

 

Este resultado hace parte de una serie de acciones preventivas y operativas que adelanta la Policía Nacional en terminales, bodegas de carga y centros de distribución, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas, municiones, estupefacientes y otros elementos prohibidos que amenazan la seguridad ciudadana.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad del país y destacaron la importancia del uso de tecnología y unidades caninas especializadas para fortalecer los controles y detectar este tipo de cargamentos, que muchas veces intentan pasar desapercibidos entre mercancía legal.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a las empresas de mensajería y a la ciudadanía en general para que colaboren con la identificación de movimientos sospechosos y denuncien cualquier actividad irregular, contribuyendo así a una mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado.

El hurto de celulares tiene con los nervios de punta a los bogotanos

Aunque las cifras muestran una leve disminución frente al año anterior, el hurto de celulares continúa siendo uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos en Bogotá. Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2025 se registraron 7.556 casos de robo de teléfonos móviles en la capital, según datos presentados por el concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios.

El informe, basado en cifras oficiales, indica que en promedio se presentaron 2.519 hurtos mensuales durante el segundo trimestre del año. De estos, solo 1.166 celulares fueron recuperados por la Policía Nacional. Las localidades con mayor incidencia delictiva fueron Chapinero (840 casos), Suba (787) y Engativá (680).

 

“Estos datos evidencian que la ciudadanía sigue estando insegura en las calles, en los parques y en el espacio público en general”, afirmó el concejal Barrios, quien también alertó sobre las modalidades más frecuentes: 6.609 de los robos se cometieron a pie y 441 desde motocicletas.

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Respecto a los mecanismos utilizados por los delincuentes, el informe señala que 4.812 hurtos se realizaron sin armas, mientras que 1.874 involucraron armas blancas o cortopunzantes, y 596, armas de fuego.

Barrios también se refirió a las franjas horarias más peligrosas. La noche sigue siendo el momento más crítico del día, con 2.185 casos registrados en ese periodo, seguida por la mañana (1.900), la tarde (1.849) y la madrugada (1.622).

El cabildante aprovechó el reporte para insistir en la necesidad de implementar el Acuerdo 960 de 2024, de su autoría, el cual establece una ruta de atención integral a las víctimas de hurto en Bogotá. “Este protocolo contempla acompañamiento jurídico, psicosocial y un mayor acceso a la oferta institucional. Es hora de ponerlo en marcha y ayudar a quienes enfrentan situaciones violentas durante un robo”, declaró.

A pesar de que el número de casos disminuyó en comparación con el mismo periodo de 2024 —cuando se reportaron 8.333 hurtos—, persiste la preocupación por la baja tasa de denuncias. Una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá reveló que solo el 51,1% de las víctimas denunció el hecho ante las autoridades.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha identificado al menos 20 grupos delincuenciales dedicados al hurto de personas en la ciudad, teniendo como uno de sus principales objetivos los teléfonos móviles.

Con este panorama, el concejal Barrios reiteró el llamado al Distrito para reforzar las estrategias de seguridad, mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar condiciones más seguras para todos los bogotanos.

A la cárcel mujer señalada de estafa a través de remates judiciales

Adriana Patricia Lizarazo Cordero fue enviada a prisión por supuestos temas de estafa a, al menos, ocho
ciudadanos en Bogotá que estarían buscando invertir sus ahorros y perdieron sus recursos.

Lizarazo Cordero durante 2016 y 2024, se habría hecho pasar como funcionaria de diferentes entidades públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la DIAN, entre otras, para ganarse la confianza de las víctimas y que de esta manera le consignaran altas sumas de dinero.

 

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Las evidencias dan cuenta de que Lizarazo Cordero inicialmente les enviaban letras de cambios, contratos comerciales entre otros documentos que daban apariencia de legalidad a la negociación. Posteriormente, eran inducidos a transferir el dinero para la supuesta compra de unos pines que les permitirían participar en los remates, pero finalmente no recibían ni los bienes, ni los recursos entregados.

La Fiscalía ha asociado ocho denuncias en las que se acreditan pérdidas superiores a los 450.000.000 de pesos. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá la imputó en contumacia, por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza.

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Estructuras temporales, riesgos latentes: alerta preventiva al alcalde de Bogotá

En un predio propiedad de la Gobernación de Cundinamarca, bajo jurisdicción del Distrito Capital, se levanta por estos días una enorme estructura metálica prefabricada con capacidad para recibir hasta 40.000 personas (Wikipedia, 2025)(ViveClaro, 2025); el proyecto completo tiene una inversión de 22 millones de dólares (Pulzo, 2025). Se trata de un centro de eventos con unas estructuras clasificadas como “no convencionales, modulares, temporales e itinerantes”, una categoría que, según la interpretación normativa vigente de algunos, permite su instalación sin requerir licencia de construcción. A primera vista, el tema podría parecer un simple trámite administrativo, pero en el fondo encierra un conjunto de vacíos técnicos, jurídicos y éticos que merecen una revisión urgente por parte del Alcalde de Bogotá y su equipo.

La clasificación como “temporal” ha permitido omitir procedimientos que, en cualquier otra edificación con capacidad masiva, serían de obligatorio cumplimiento: revisión estructural, evaluación sísmica, análisis de cargas dinámicas, rutas de evacuación, medidas contra incendio, accesos controlados, protocolos de seguridad. La ausencia de verificación de estos requisitos no significa ausencia de riesgo; por el contrario, puede ser el inicio de una tragedia que nadie quiere enfrentar.

 

Lo preocupante no es solo la magnitud de la estructura ni el número potencial de asistentes, sino que la combinación de estos factores -estructura liviana, masividad, euforia colectiva- aumenta de forma exponencial el riesgo si se presenta una emergencia. ¿Qué pasaría si, en medio de un concierto con graderías repletas, ocurre un sismo o un ventarrón, leves pero suficientes para generar pánico? ¿O si se inicia un incendio sin que existan rutas verificadas de evacuación? ¿Qué harían las autoridades si se desata una estampida por fallas en la logística o en el sonido?

La norma colombiana de sismo-resistencia (NSR-10) no contempla estructuras temporales como esta, ni establece protocolos claros para su análisis bajo escenarios extremos. Tampoco existe un régimen robusto para evaluar estos proyectos en términos de seguridad humana. En este caso particular, se suma una aparente omisión en el frente ambiental, pues el terreno forma parte del sistema de humedales de la Sabana de Bogotá, sin que haya constancia pública de licencias o autorizaciones ambientales, sumado a los derechos de los vecinos por el impacto de ruido.

En una región donde ya hemos vivido tragedias evitables -desde los incendios en discotecas como la de Bogotá (RCNRadio, 2025)[1] o colapsos como la de Santo Domingo (Wikipedia, 2025)[2] en 2025 hasta los colapsos de graderías en ferias regionales como la del Espinal en 2022 (BBC, 2022)[3] o la de México[4] en 2025 (GrupoHoy, 2025)-, resulta inaceptable que una estructura diseñada para recibir decenas de miles de personas se instale sin que el Estado ejerza control efectivo. No basta con alegar que todo es legal si la legalidad no garantiza la seguridad.

El predio es público, pero la responsabilidad preventiva es del Distrito. Por eso, señor Alcalde, este artículo no busca señalar culpables ni oponerse al entretenimiento o al desarrollo económico. Todo lo contrario: es un llamado respetuoso, pero firme, a ejercer el principio de precaución. Usted tiene la autoridad —y la obligación moral— de verificar si se han tomado todas las medidas necesarias para evitar una tragedia.

La ciudad necesita saber si alguien idóneo ha revisado los cálculos estructurales, si existen planes de evacuación, si hay cobertura frente a incendios, si la estructura cumple con criterios básicos de ingeniería. ¿Quién respondería si ocurre una desgracia? ¿Dirán que “todo estaba en regla”, aunque nadie lo haya evaluado? ¿Dirán que fue una “fatalidad” cuando era evidente que la improvisación estaba al acecho?

La propuesta concreta es sencilla: que su despacho convoque, con carácter preventivo y técnico, un comité de revisión que analice la situación del centro de eventos en construcción. No para detenerlo, sino para garantizar que lo que hoy se llama “temporal” no se convierta en una tragedia permanente. Además, como dice el refrán popular: “no hay nada más permanente que algo temporal” (noapto, 2024); solo basta mirar la lista de eventos ya programados (ViveClaro, 2025).

Porque la vida de miles de personas no puede quedar a merced de un vacío normativo ni de una interpretación laxa de la ley. Gobernar también es prevenir. Y prevenir, en este caso, puede ser el mayor acto de responsabilidad de una administración que prometió cuidar a su gente.


[1] https://www.rcnradio.com/bogota/explosion-en-discoteca-del-sur-de-bogota-deja-seis-heridos-y-causa-panico

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Colapso_del_techo_de_la_discoteca_Jet_Set

[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61940770

[4] https://grupohoymexico.com/2025/04/25/tragedia-en-concierto-de-quevedo-grada-colapsa-y-deja-3-lesionados-en-cdmx/

Rafael Fonseca

En operativo en el Parque Santander de Bogotá incautan armas blancas, taser y gas pimienta

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la incautación de 23 prendas de uso exclusivo militar, cinco estuches para revólver, 29 armas blancas, nueve tasers, seis cilindros de gas pimienta y más de una docena de dosis de alucinógenos.

El operativo tuvo lugar en el Parque Santander y hace parte de la estrategia de la Alcaldía de Bogotá para recuperar el espacio público en la Carrera Séptima entre la Calle 22 y la Calle 11.

 

Una persona fue capturada en flagrancia por el delito de posesión y venta de estupefacientes. Durante la intervención la Policía inspeccionó minuciosamente las carretas, los tubos de las sombrillas, costales, neveras de icopor y cada rincón de las ventas informales donde se encontraron todos estos elementos.

“Todos estos objetos hoy se encuentran bajo la custodia de las autoridades competentes. No vamos a parar de hacer operativos de seguridad en el corredor de la Carrera Séptima. Con la denuncia ciudadana y la intervención de las autoridades vamos a lograr que este emblemático sector de la ciudad sea más seguro y ordenado”, aseguró César Restrepo, secretario distrital de Seguridad.

En el marco de la estrategia Sépti+, liderada por la Secretaría General, previo al operativo, se realizaron varias jornadas de sensibilización con los vendedores informales en el que se les indicó que la comercialización de armas blancas y armas contundentes estaban prohibidas según la Ley 1801, entre otros temas.

El disgusto de los residentes de Ciudad Salitre por la eventual llegada de emberas a su barrio

Habitantes del sector de Ciudad Salitre en Bogotá manifestaron su incomodidad por la decisión de ubicar a la comunidad Embera que se encuentra en el Parque Nacional a las instalaciones del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) en cercanías del terminal de transporte del Salitre.

“Tras el análisis, se identificó que la sede principal del IDPAC es una alternativa viable, por lo que se adelantó una visita técnica ayer junto a la Secretaría General de Bogotá y la Consejería de Paz. De adoptarse esta opción, se establecerán los diálogos necesarios con los actores de la zona. Y, por supuesto, se dispondrían de nuevos y óptimos espacios para el personal de esta entidad”, dijo Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

 

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Los residentes del sector piden al gobierno distrital reconsiderar su decisión porque temen que con la llegada de los emberas se deteriore la zona.

Para concretar la llegada de esta comunidad indígena el distrito deberá adecuar las instalaciones de la entidad.

Bogotá no puede seguir siendo una ciudad sin control urbanístico

Desde mi labor control político en el Concejo de Bogotá he tenido la oportunidad de alertar por la crisis en el sistema de control urbanístico en la ciudad. Esto lo he realizado a través de seis hallazgos, en los que evidencio las fallas en el proceso, lo que impide respuesta eficientes y oportunas frente a construcciones que no cumplen con los requisitos legalmente establecidos.

En Bogotá, construir legalmente exige más de 120 requisitos, que se pueden demorar hasta 5 años, mientras que existen infracciones urbanísticas en algunos casos, de edificaciones de hasta cinco pisos sin licencia, sin supervisión y lo peor sin consecuencias.

 

El modelo actual favorece la informalidad, castiga al constructor legal y empuja a miles de familias a habitar viviendas que no les garantizan condiciones mínimas de seguridad física, al no cumplir requisitos técnicos. Además, estas familias están expuestas a una inseguridad en la tenencia, que les impide consolidar su patrimonio”.

Los seis hallazgos son los siguientes:

  1. Las alcaldías locales aplican un procedimiento derogado: El procedimiento interno se basa en la aplicación del Decreto 01 de 1984, que fue derogado por el CPACA.
  2. Un sistema colapsado:  los procesos tardan en promedio 830 días en resolverse. Pero es aún más grave: en localidades como Barrios Unidos tiene en promedio 1109 días, Ciudad Bolívar asciende a 1.024 días, en Chapinero a 1.020 días, y en Usaquén a 935 días.
  3. Déficit de inspectores de policía y funcionarios: Solo hay 81 inspectores de Policía para más de 8 millones de habitantes, y un 20% de ellos trabaja desde casa, a pesar de tener funciones territoriales. Esto significa que tenemos un inspector por cada 98.766 ciudadanos.
  4. Descoordinación institucional: Las entidades usan plataformas diferentes y no integradas, lo que impide una gestión articulada de los casos de urbanismo ilegal.
  5. Muchos expedientes sin respuesta efectiva: En los últimos cinco años, la Secretaría de Gobierno ha recibido 55.417 querellas por infracciones urbanísticas. De estas, 39.164 siguen abiertas y solo 16.253 han sido cerradas.

 El análisis de los casos cerrados revela una gestión ineficaz:

  • En el 61% no se impuso ninguna medida.
  • En el 37% no se tomó una decisión.
  • En total, el 98% de los casos cerrados no resultaron en ninguna acción efectiva.
  • Congestión en localidades vulnerables: En zonas como Ciudad Bolívar o Bosa hay miles de expedientes y muy pocos funcionarios asignados, con cargas de hasta 13.000 hogares por inspector.

 El Top 6 de la Congestión en las Localidades:

● Ciudad Bolívar: Con 3 inspectores asignados y 6.125 expedientes abiertos. De estos 5.337 en reparto.

● Suba: Con 7 inspectores y 4.993 expedientes abiertos (De estos 3390 en reparto)

● Bosa: Con 4 Inspectores y 3.642 expedientes abiertos (1222 para reanudar audiencia y 947 en reparto)

● Usme: Con 4 inspectores y 3.269 expedientes abiertos (1997 en reparto)

● Kennedy: Con 7 inspectores y 2.546 expedientes abiertos (1308 en reparto)

● Usaquén: Con 5 inspectores y 2.414 expedientes abiertos (982 en reparto)

Hago un llamado al Distrito a tomar medidas urgentes para hacer un ajuste estructural a un problema estructural.

El control urbanístico está colapsado. Bogotá necesita procesos eficientes y eficaces, tiempos razonables y funcionarios capaces para dar oportuna respuesta a los bogotanos que acuden para la protección de sus derechos”.

Sandra Forero

Procuraduría investiga porque no se han instalado todas cámaras de seguridad contratadas en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por presuntas irregularidades en el contrato SCJ-1904-2023, cuyo objeto es la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR, por un valor cercano a $14.339 millones.

De acuerdo con el Ministerio Público, solo se han instalado 50, lo que representa apenas el 25 % del componente principal del proyecto.

 

Dice además el órgano de control disciplinario que, a la fecha, se reporta un avance físico del 68,5 %, con una ejecución presupuestal del 50 %, pero de las 200 cámaras contratadas. Las actuaciones que investiga la Procuraduría tienen que ver con planeación deficiente y fallas técnicas no previstas; tres prórrogas y tres suspensiones sin soporte presupuestal; controversias contractuales por más de $2.000 millones y sustitución de la interventoría, por supervisión interna de la misma secretaría, sin respaldo técnico.

Se ordenó la práctica de pruebas para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades del caso.

¿Quién sí y quién no en las ciclorrutas?

Serán algunos comerciantes los que ganen, pero todos los ciudadanos los que perderemos.

Bogotá soñó con una ciudad más limpia, con menos ruido y sin humo. La promesa de la movilidad eléctrica sedujo a todos, incluyéndome. Celebramos las bicicletas con pedaleo asistido, incluso las patinetas eléctricas con baja potencia. Todo lo que ayudara a movernos mejor, sin contaminar ni poner en riesgo la vida.

 

Pero en esa ola también se colaron otros. No todos los vehículos eléctricos livianos son iguales. No todo lo que suena limpio es seguro. Y ahí comenzó la trampa.

Aclaro algo importante: yo no estoy en contra de la movilidad eléctrica liviana. Estoy en contra de que se aprovechen de ella para legalizar el caos y que algunos hagan negocio a partir del engaño.

Nota relacionada: ¿Por qué la discusión entre el concejal Juan David Quintero y el senador Julio Elías Vidal?

Desde 2017, con la Resolución 160 del Ministerio de Transporte, se dio un avance en la reglamentación de los vehículos eléctricos livianos, pero se cometió un error: llamar ciclomotor eléctrico a todo vehículo con dos ruedas y con un motor eléctrico con potencia nominal no superior a 4.000W. Esa definición ha permitido que bajo una misma denominación, se incluyan vehículos muy diferentes, generando desorden y confusión. Y así lo técnico se volvió político. Y lo político, negocio.

Hoy, las ciclorrutas están llenas de motos disfrazadas. Vehículos que andan a más de 40 km/h, sin matrícula, licencia y SOAT, y circulan por vías que fueron diseñadas para un tránsito lento y seguro. Y mientras tanto, quienes sí deberían estar ahí —ciclistas, personas en patinetas con baja potencia o en bicis con pedaleo asistido— tienen que esquivar el riesgo cada día.

¿Quién gana con esto?

Muchos importadores que introducen al país motos eléctricas como si fueran bicis eléctricas.

Muchos negocios que engañan a sus clientes desprevenidos y les venden motos eléctricas como si fueran bicis eléctricas.

Los que aprovechan el desorden y la confusión para evitar cualquier control.

¿Y quién pierde?

Todos los ciudadanos.

Bogotá y todo el país.

Y nuestra seguridad vial.

Ahora, en vez de arreglar la confusión y el desorden, quieren legalizarlo. El Proyecto de Ley 111 de 2023, autoría del senador Julio Elías Vidal, ya aprobado en el Congreso, permitiría que cualquier vehículo eléctrico “liviano” —de hasta 1.000W— circule por ciclorrutas. Además, autorizaría que estos vehículos potentes y veloces, que pueden andar a más de 40 km/h, transiten por ciclorrutas y demás vías sin matrícula, licencia y SOAT.

Eso no es movilidad eléctrica. Eso es legalizar el desorden.

Por eso hablo. Para que no se distorsione el debate. Esto no es un ataque a la movilidad eléctrica liviana ni a sus usuarios. Es una defensa al sentido común y a la vida. No se puede legalizar el riesgo solo porque viene con batería.

Presidente Gustavo Petro: objetar este Proyecto de Ley no es bloquear el progreso, es defender el verdadero espíritu de la movilidad sostenible y segura. Si este Proyecto de Ley se sanciona, las ciclorrutas como las conocemos desaparecerán. Y con ellas, un pacto de país que nos ha tomado décadas construir: garantizar la vida en las vías y trabajar por una movilidad sostenible, coherente y segura.

Juan David Quintero