En la discusión sobre las estrategias de lucha armada y resistencia política, las teorías foquistas, el uso del terrorismo y la financiación de grupos armados a través de negocios ilícitos han sido fuentes permanentes de debate y cuestionamiento. Si bien algunas corrientes ideológicas han defendido estas prácticas como medios válidos para transformar la realidad política, económica y social, la experiencia histórica ha demostrado sus consecuencias devastadoras para la población civil, su incapacidad y los efectos contraproducentes para la izquierda.
Las teorías foquistas, influenciadas por la Revolución Cubana y en figuras como Ernesto «Che» Guevara, sostienen que un pequeño grupo armado, al establecerse en zonas rurales, puede generar las condiciones para un levantamiento popular generalizado; sin embargo, en la práctica, esta estrategia ha demostrado ser ineficaz y poco realista. Movimientos insurgentes que adoptaron el foquismo sin una base social sólida han terminado aislados, enfrentando una represión estatal intensa y sin lograr movilizar a la sociedad que, en muchos casos, sufren las consecuencias del conflicto sin adherirse a la lucha. En contraste, procesos de movilización social y lucha política democrática han logrado conquistas significativas.
Algunos grupos armados han recurrido al terrorismo como una herramienta de presión política, justificándolo como una forma de «guerra de guerrillas urbana» o de «castigo» a los sectores que consideran enemigos de la revolución. Sin embargo, la experiencia demuestra que estas acciones, lejos de fortalecer una causa política, tienden a generar rechazo social, deslegitimación y una mayor criminalización de los movimientos insurgentes.
El asesinato de líderes y lideresas sociales, los atentados indiscriminados, el desplazamiento forzado, los confinamientos y los secuestros han alejado a estos grupos de la posibilidad de representación política legítima mayoritaria. En lugar de debilitar al Estado, estos actos han justificado su respuesta militarista, cerrando los espacios democráticos y generando mayor sufrimiento en las comunidades.
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Un aspecto fundamental de la crisis de los grupos armados es su participación en negocios ilícitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal. En teoría, estos recursos servirían para financiar la lucha política y sostener las estructuras organizativas, pero en la práctica han provocado en sus bases una degeneración de sus principios ideológicos y una relación de dependencia con dinámicas criminales que traicionan sus objetivos originales. La lucha por el control de las rentas ilícitas ha estimulado el enfrentamientos con otros actores armados, desviando la atención de sus supuestos fines revolucionarios.
Sociedades latinoamericanas ha demostrado que los cambios estructurales no se logran mediante la violencia armada, sino a través de la organización popular, la acción política y la construcción de alternativas democráticas. Experiencias como las movilizaciones sociales en Chile, la alianza social y política en Brasil y el auge de nuevos movimientos progresistas en la región han evidenciado que es posible disputar el poder sin recurrir a la guerra.
Los grupos armados que persistan en estrategias obsoletas, sectarias y en alianzas con negocios ilícitos no solo pueden estar condenados a la derrota, sino que también seguirán alimentando los discursos neofascistas y el ciclo de violencia que impide la construcción de sociedades más justas e incluyentes. El verdadero cambio social, político y económico no se encuentra en las balas ni en el dinero del narcotráfico, sino en la capacidad de los pueblos para organizarse, resistir y transformar la realidad.
Luis Emil Sanabria D.
