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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Comisión de la Verdad

Los avances y retrocesos que encontró la Comisión de la Verdad en la implementación del proceso de paz

Foto: Archivo

Tres años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), Colombia enfrenta una encrucijada histórica. Así lo advierte el Cuarto Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), presentado en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del legado de la Comisión de la Verdad.

 

El Comité, encargado de hacer seguimiento a las 220 recomendaciones que dejó el Informe Final encontró avances importantes, pero también retrocesos en la implementación en el periodo entre marzo de 2024 a marzo de 2025. Además, aprovecha este informe para resaltar que las recomendaciones no son una hoja de ruta exclusiva para el Gobierno nacional, sino un compromiso compartido que interpela al Estado, a la sociedad civil, al sector privado, a los medios de comunicación, a las universidades y a la sociedad en general. Su cumplimiento es clave para garantizar la no repetición del conflicto armado y transformar las causas estructurales de la violencia en Colombia.

El informe destaca la necesidad urgente de acciones concretas para garantizar la paz, en un país que enfrenta un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad, con 460 firmantes del Acuerdo asesinados desde 2016, 73 líderes/as sociales asesinados solo en lo corrido de 2025 y un aumento del 60% en el reclutamiento infantil durante 2024. Las regiones más afectadas, como Catatumbo, Antioquia, Cauca, Meta, Arauca y Caquetá, siguen enfrentando un panorama de violencia que pone en riesgo la consolidación de la paz.

A esto se suma el incremento de feminicidios y transfeminicidios que ha aniquilado la vida de muchas lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas LGBTIQ+ y el deterioro del clima político y electoral en el país. La violencia contra líderes, candidatos y figuras públicas atenta contra los principios más básicos de la democracia. Hechos como el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay evidencian el riesgo real que enfrentan quienes participan activamente en la vida política. El Comité recuerda que la Comisión de la Verdad ya había recomendado un Pacto Político Nacional para excluir definitivamente las armas de la política, garantizar elecciones seguras y proteger la pluralidad de ideas como base de la convivencia democrática.

Ante este panorama, el Comité hace un llamado urgente al Gobierno nacional, al Congreso y a todos los actores del sistema político a concretar de inmediato el Pacto Político Nacional que permita frenar la polarización, blindar las recomendaciones de la Comisión como política de Estado y activar reformas clave. Entre ellas, la creación del Ministerio de Paz y Reconciliación, la protección efectiva a excombatientes y líderes sociales, y el fortalecimiento del sistema educativo como base para una cultura de paz.

Avances que dan esperanza

Por otra parte, el Comité destaca, avances relacionados con el legado del Informe Final, con la implementación de instrumentos de la Reforma Rural, con los procesos de reincorporación y el aumento de la inversión para la implementación del Acuerdo de Paz.

Asimismo resalta la que la reforma a la ley de víctimas incluyó el enfoque de soluciones duraderas; así mismo resalta la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda; la continuidad de los actos públicos de reconocimiento de responsabilidades a víctimas en el exilio, iniciativa de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra; la creación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos y el Proyecto de Ley de coordinación interjurisdiccional entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial Indígena.

También se registran como avances: la implementación del servicio social para la paz, la adopción de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Fuerza Pública; la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú como una oportunidad histórica para la democracia ambiental y la construcción del Sistema Educativo Indígena Propio, como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación propia de estos pueblos.

La ruta hacia la implementación

“Este informe no solo documenta hechos. Es una alerta moral al país: estamos a tiempo de elegir la vida sobre la guerra, la dignidad sobre la polarización”, señala el informe. De hecho, estos tres años de seguimiento y monitoreo han llevado al CSM a concluir que la voluntad política sostenida es el ingrediente clave para asegurar una implementación exitosa de las recomendaciones.

Entendiendo la envergadura de los llamados de la CEV, el CSM convoca a la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y el sector privado a asumir un rol activo en la vigilancia, apropiación e impulso de estas recomendaciones. Asimismo, insta a la comunidad internacional a mantener su respaldo, tanto en cooperación técnica como en incidencia política, ante los nuevos desafíos de implementación.

La paz, afirma el Comité, no puede depender únicamente de la voluntad institucional. Requiere del compromiso sostenido de todos los sectores para transformar la verdad revelada en acciones concretas que cierren las brechas históricas de injusticia, desigualdad y exclusión.

“No se trata solo de cumplir recomendaciones. Se trata de impedir que Colombia vuelva a encender el motor de la guerra y para ello es necesario entender que solo podremos sacar la violencia de la política y de la vida de las y los colombianos si avanzamos en un Pacto Político Nacional”, concluye el informe.

Petro hizo un llamado a fortalecer la verdad y la reconciliación

Durante la entrega de los archivos de la Comisión de la Verdad, evento que se cumplió en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, el presidente de la república, Gustavo Petro, hizo un llamado a fortalecer la verdad, la reconciliación y la justicia, para pasar a “una nación donde podamos vivir todas y todos”.

“Hemos apoyado esta institución, que la han querido acabar casi todos los años desde que apareció, precisamente por el miedo a la verdad”.

 

Acto seguido, pidió al Presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal: “Me gustaría que usted fuera nuestro vocero, con el debido respeto de la independencia de poderes, para este mensaje al corazón de la justicia: el tiempo de la burla terminó; no es culpa de la justicia, sabemos lo que ha pasado, cuántas persecuciones ha tenido”.

“Hemos apoyado esta institución, que la han querido acabar casi todos los años desde que apareció, precisamente por el miedo a la verdad”.

Acto seguido, pidió al Presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal: “Me gustaría que usted fuera nuestro vocero, con el debido respeto de la independencia de poderes, para este mensaje al corazón de la justicia: el tiempo de la burla terminó; no es culpa de la justicia, sabemos lo que ha pasado, cuántas persecuciones ha tenido”.

Puntualizó que esta propuesta debe verse como un pacto social orientado a “establecer las bases de una sociedad y un poder político democrático”, lo cual exige todo el compromiso para que las actuales y futuras generaciones puedan vivir una era de paz.

¡No Matarás!

El pasado domingo 2 de octubre conmemoramos el llamado a la No-violencia que lanzó al mundo Mahatma Gandhi para reiterar el valor de la resistencia civil sin armas y la lucha persistente para lograr los propósitos de transformación de las sociedades.  En su maravilloso ensayo   La fuerza de la no violencia, la filósofa Judith Butler propone vincular las luchas actuales por la igualdad y la paz en el mundo, con la ética de la no violencia, porque al reconocernos vinculados, dependientes de otras y otros, humanos, animales, naturaleza, ese vínculo   debería implicar poner el cuidado de las vidas, de todas las vidas en el corazón de las sociedades.  Aspiración que parecería ingenua de cara a las amenazas   de una nueva conflagración a nivel mundial y en nuestro país, donde a pesar del Acuerdo de Paz, la muerte continúa asolando, en especial, los territorios de la Colombia profunda, Pero a pesar de estas circunstancias y de vislumbrar un oscuro panorama para el mandato ético de la no violencia, seguimos insistiendo en que cada vida debe ser vivida y cada muerte debe ser llorada. En un país como el nuestro dónde parecería que la vida no vale nada, resulta osado, por decir lo menos, abrazar la no violencia, ingenuo quizá, pero parafraseando a la profesora Butler “apelo a mi valentía, para exponer mi ingenuidad, mi fantasía “y para soñar con la paz total.

Desde el movimiento Defendamos la Paz en Colombia y a nivel internacional quisimos abrazar este mandato y el de octubre nos movilizamos a través de las redes, plantones y rituales con nuestro mensaje: No matarás. De esta manera además de sumarnos a este  manado ético , quisimos ser caja de resonancia   al llamado  que  desde la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad- CEV–  a través de su  presidente el Padre Francisco de Roux y  de los Comisionados que le acompañaron en su ardua tarea  ,  nos envía a  un toda Colombia para que, cómo se dice en el tomo que lleva este nombre, No matarás  este país que por siglos   se ha debatido en una relación compleja entre la guerra , la paz y la reconciliación , cese la guerra, pare la  matanza .

 

Y es que las cifras de la ignominia de esta máquina de victimización que presentan el Centro Nacional de Memoria Histórica y la CEV, son una ratificación de la crueldad de este conflicto armado que hemos padecido y del dolor con el cual han tenido que lidiar los millones de personas víctimas cuyas vidas personales, familiares y comunitarias han sido tocadas por este conflicto que parecería perpetuo. En este informe se afirma que el 80 % de las personas afectadas por este conflicto, hacen parte de la sociedad civil y sólo el 2% de las muertes se dieron en el marco de la confrontación armada. Si se suma el número de personas desaparecidas121.768 los civiles serán el   90 % civiles y 10 % los combatientes.  Los muertes ascienden a 450.664 ; masacres 4237 ; ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “ falsos positivos 6402 durante el período  de 2002 -2008 y 8208 entre el período de 1978 al 2016; asesinatos selectivos de líderes, lideresas, campesinos , políticos 179.076, según Indepaz después del Acuerdo de paz han sido asesinados 1.327;50770 secuestros;   18.238 niñas y niños reclutados de manera forzada ;  8 millones de personas desplazadas y miles de actos  violencia sexual, donde el primer territorio de guerra para las mujeres  fue su cuerpo. .    Una guerra que se ha librado sin límites, en la Colombia olvidada, un conflicto a cuenta gotas, devastador. Donde todos los combatientes: guerrillas, paramilitares, funcionarios, integrantes de la fuerza pública han sido victimarios. Por todo esto hay que parar la violencia en este país cuyos ríos, escuelas, iglesias también han sido tocadas por la tortura ,la esclavitud,  por la  muerte .  Basta ya a este derrame de sangre y de muerte.

La proclama que leímos ese domingo, frente a Los Columbarios en Bogotá en medio de cánticos de duelo y al mismo tiempo de esperanza fue la siguiente:

No matarás

La vida es la esencia de la paz.

Nadie debe morir por lo que hace o por lo que piensa.

Es un mandamiento para los creyentes y un mandato de la sociedad a quienes ordenan o ejecutan la muerte.

No matarás a las mujeres ni a los hombres que defienden los derechos humanos o ejercen liderazgos sociales o ambientales.

No matarás niñas, niños, ni jóvenes que sólo quieren y merecen vivir.

No matarás a los civiles en las zonas de conflicto, ni militares, ni policías, ni guerrilleros, ni excombatientes.

Paren la violencia y la muerte. Colombia merece la paz.

Hoy día internacional de la no violencia convocamos a toda la sociedad.

Reconociendo la diversidad y respetando las diferencias

A defender la vida como condición inmediata para construir la Paz.

¡No matarás!

La proclama recoge nuestro anhelo por la vida y por la paz.

Nota relacionada: Campaña No Matarás

El coraje de la verdad

Nos recuerda Michel Foucault que la parresía es “el coraje de la verdad en quien habla y asume el riesgo de decir, a pesar de todo, toda la verdad, pero es también el coraje del interlocutor que acepta recibir como cierta la verdad ofensiva que escucha “.

Estas afirmaciones de Foucault cobran especial vigencia a propósito del reciente informe entregado por la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad en Colombia , instancia que fue creada en el marco de la negociación del Acuerdo de paz entre  el gobierno colombiano y las Farc , hoy partido de los Comunes, en el cual para darle cumplimiento a la premisa de considerar los derechos humanos de las víctimas de la guerra , cerca de 10 millones de personas ,   puso en  el centro , en  corazón del proceso de paz, las víctimas del conflicto armado .

 

Para cumplir este compromiso se creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y condiciones de No Repetición, sistema del cual hace parte la Comisión de la Verdad.  Durante todos estos años el Padre Francisco de Roux, su presidente y los comisionadas y comisionados se consagraron a viajar por Colombia entera y a visitar a cerca de 12 país para escuchar en el sentido fuerte de la palabra, para escuchar los testimonios de miles de personas víctimas de esta guerra cruel que a veces parecería perpetua.

En el Informe se confirma que en esta guerra no sólo los actores armados estuvieron involucrados, sino que muchos políticos, funcionarios y empresarios participaron para lograr mantenernos por décadas bajo fuego, en especial en los territorios de la Colombia profunda. En el tomo llamado “No matarás “se afirma que esta guerra ha sido una permanente disputa por el poder, la representación y el cambio social y que a pesar de todo lo vivido “no existen leyes que de manera inexorable nos condenen a la guerra “

El Informe acoge el inconmensurable dolor de las, víctimas, pero también reconoce su fuerza y resistencias para seguir adelante, porque han sido las campesinas y campesinos, las poblaciones empobrecidas, las mujeres y los niños, los grupos étnicos y la población LGTBIQ+ donde se ensaño la crueldad, pero también han sido ellas y ellos quienes se convirtieron en la reserva ética para transitar de la guerra a la paz. Han sido las víctimas quienes han exigido verdad, justicia y reparación, pero al mismo tiempo han expresado estar dispuestas a perdonar y a explorar la búsqueda de la reconciliación.

L a publicación del Informe ha despertado múltiples reacciones en nuestro país. La verdad y la memora en un país tan fragmentado y lleno de dolor como el nuestro, son campos de disputa para las explicaciones y comprensiones sobre lo ocurrido. Las expresiones de rechazo y descalificaciones, como era de esperarse, han venido en especial del Centro Democrático.  Nunca han reconocido la legitimidad de la Comisión y han acusados a quienes la conformaron de mentirosos, de comunistas, de presentarle al país una versión sesgada del conflicto y de lo que ha significado la macabra operación de esta máquina de guerra arrasadora de proyectos de vida y de esperanza.

Pero los Comisionados y en especial el Padre Francisco De Roux, su presidente, han asumido una valerosa actitud de mantenerse en el lugar de su mandato ético:  contarle a nuestro país el horror de lo vivido. Con este arduo y doloroso trabajo buscan acercarse a las incesantes y dolorosas preguntas sobre lo que nos ha ocurrido como país.

¿Dónde estábamos, nos interpela el Padre De Roux, cuando se vulneraron las vaginas en Tierra Alta, las cabezas cortadas en el Salado, los hombros despedazados en el Urabá, el estómago reventado en Tumaco, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquía, el alma indígena en el Vaupés?  Esto no puede volver a pasarnos, lo repite una y otra vez, haciendo eco a los miles de testimonios que fueron escuchados a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Por ello corren tiempos para la parresia, para decir la verdad. Para que emerja una actitud cercana a la virtud, que se encarna y se expresa en una voz clara que habla por otras voces, que en ocasiones puede traer peligros, y a pesar de ello se dice la verdad. Pero también son tiempos para aquellos  que se verán  concernidos, interpelados de manera incesante ,   por esa verdad que duele y  que ha sido expresada desde muchas voces . Escuchar esa dura verdad y acogerla también será una actitud cercana a la virtud.

 

Néstor Humberto Martínez arremete contra la Comisión de la Verdad

El exfiscal Néstor Humberto Martínez asegura que jamás fue escuchado por la Comisión de la verdad en el caso del supuesto entrampamiento contra Marlon Marín y Seuxis Pausis Hernández, alías ‘Jesús Santrich’, excabecilla de las disidencias de las Farc.

El exfiscal lamentó que la Comisión efectuara cerca de 30 entrevistas para tratar este asunto donde nunca se tuvo en cuenta su versión de los hechos.

 

«En algunos medios de comunicación se afirma, a propósito del denominado “Caso Santrich”, que para la Comisión de la Verdad (CV) la captura del ex – negociador de las FARC, fue producto de una operación de “entrampamiento”, ya que-según la propia CV-“la droga fue aportada por la Fiscalía, a través de una entrega controlada”, afirmación que sustenta con base en un artículo de prensa promovido por los abogados del excomandante guerrillero, publicado el 8 de noviembre de 2020, que refuté categóricamente en su oportunidad», dice Martínez en su carta enviada al padre Francisco de Roux.

Martínez reseña que la evidencia lograda por la fiscalía en ese momento, no fue manipulada ni se utilizó como carnada para atrapar al excomandante guerrillero y que jamás se tuvo la intención de golpear al proceso de paz.

El exfiscal  propuso al presidente de la Comisión de la Verdad, conformar un Tribunal de Honor para «con base en las pruebas que le aportemos y el testimonio de los protagonistas del delito en cuestión, hoy extraditados y en juicio en los Estados Unidos, para lo cual estoy seguro podemos contar con el apoyo de las autoridades americanas, se le ofrezca un veredicto definitivo al país, para que se sepa, de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de Santrich, provenía o no de la Fiscalía».

Archivos desclasificados y los “falsos positivos”

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, publicó parte de los archivos de los Estados Unidos desclasificados por el National Security Archive, NSA, organización no gubernamental, ONG estadounidense. Me dejan algunas preguntas y reflexiones.

Primero, como resaltó el periódico El País de España, los documentos ponen en debate si la asistencia militar estadounidense a Colombia incidió en las ejecuciones extrajudiciales de civiles, mal llamadas “falsos positivos”, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Aunque se cita una comunicación de diciembre de 2002 del entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General James T. Hill, que precisó que habían “evitado conscientemente caer en el síndrome del recuento de cadáveres”, se cita también un memorando de julio de 2003 del principal adjunto del Pentágono a cargo de operaciones especiales, Marshall Billingslea, en el que se celebra el aumento de bajas de la guerrilla de las FARC, compara las cifras favorablemente con los dos últimos años del gobierno de Andrés Pastrana, y concluye que “las FARC estaban ganando terreno”.

 

En un tercer documento mencionado, de diciembre de 2003, se compara la campaña de contrainsurgencia del plan Patriota (2003-2006) con la del plan Lazo (1962-1966), que incluyó entrenamiento militar en bases estadounidenses, y destaca el aumento de muertos en combate. Según Michael Evans, analista y director del proyecto de documentación sobre Colombia del NSA, “Con esa acción de asistencia [de los Estados Unidos] había también mucha presión para mostrar éxito, mostrar resultados. Lo más normal durante la Guerra Fría y campañas de contrainsurgencia es mostrar que el conteo de cuerpos está aumentado”.  La CEV en su Informe Final concluyó que esta presión sí “alentó la comisión de crímenes muy graves, como los llamados ‘falsos positivos’.”

Por décadas la política de seguridad de Colombia ha estado bajo la tutela de los Estados Unidos, realidad reconocida en el Informe de la CEV. Los apoyos a las fuerzas armadas se daban en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contrainsurgente, y el resultado fue “la escalada del conflicto y, sobre todo, la victimización de la población civil.”  ¿Hasta qué punto el Estado estadounidense también es responsable de las atrocidades cometidas?

Cuando se cumplía la primera audiencia de reconocimiento de estos crímenes por militares en el Catatumbo, Norte de Santander el 27 de abril 2022, reconocimiento que no toca a los oficiales de alto rango ni a la  cúpula  militar -me pregunto, ¿No debería ir más allá de soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango?-  la embajada de Estados Unidos en Colombia publicó un mensaje elogiando “la valentía de los soldados que reconocen su responsabilidad en falsos positivos y que piden perdón a las víctimas. Al contar lo que saben, ayudan a construir el proceso de justicia y paz”, ¿No faltaría que Estados Unidos también contribuyera a la construcción de justicia y paz compartiendo todo lo que sabe?

El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, sostuvo en un comunicado, de junio de 2022, que “mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam o body counting”. Agregó que “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los ‘falsos positivos’ en el país”. Pero, La Silla Vacía encontró que tres de los cuatro puntos del comunicado se prestaba a engaño. El expresidente Uribe ha reiterado que durante su mandato se tomaron decisiones para frenar estos delitos. Sin embargo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, documentó 6.402 casos de civiles inocentes asesinados durante los gobiernos de Uribe Vélez  (2002 – 2008). Uribe contó con respaldo casi ilimitado de EE.UU.

El análisis publicado en 2013 por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU, red que aglutina a 285 organizaciones sociales y de derechos humanos de la que hace parte el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR,  sostiene que “existe una correlación entre las unidades y los oficiales que recibieron la asistencia y el entrenamiento de Estados Unidos y la comisión de ejecuciones extrajudiciales”.

Hay más de 15.000 documentos desclasificados, sostuvo el comisionado Alejandro Valencia Villa en agosto de 2022.  Dijo que “históricamente estos documentos han sido importantes para esclarecer violaciones de derechos humanos y fueron centrales para el ejercicio de contraste realizado por la Comisión de la Verdad”.

Una de las recomendaciones de la CEV es que el presidente de la República Gustavo Petro,  solicite a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, la desclasificación acelerada de documentos relacionados con el conflicto armado colombiano por su valor para el esclarecimiento de la verdad. Esto es fundamental. Como colombianos, merecemos contar con acceso a toda documentación que permite seguir profundizando en la verdad del conflicto.

Pero no se trata solamente de los Estados Unidos. También merecemos acceso a los documentos de inteligencia que están en manos del Estado colombiano. Desde por lo menos la década de los 90, el movimiento de derechos humanos ha exigido acceso a los archivos de inteligencia que sabemos contiene información falsa que se ha usado para la persecución de defensores de derechos humanos. Nunca se ha logrado.

Ahora, contando con los resultados del trabajo tal valioso del NSA y particularmente de Michael Evans, debemos exigir más. No se puede limitar la exigencia sólo a los archivos de inteligencia. Nosotros necesitamos y merecemos la desclasificación de los documentos en manos del Estado colombiano relacionados a todos los aspectos del conflicto armado tan prolongado y cruel. Mientras se sigue analizando lo desclasificado desde EE.UU, nos falta nuestro propio NSA para Colombia.

 

 

 

 

 

Comienza la socialización el Informe la Comisión de la Verdad en colegios de Bogotá

La alcaldesa mayor, Claudia López, y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dieron apertura a la jornada ‘La Escuela Abraza la Verdad’, un espacio que busca generar con las y los estudiantes una comprensión sobre las causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia, así como una reflexión sobre el Informe Final y el legado de la Comisión de la Verdad.

En el evento también participaron la secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá, y el presidente de la Comisión de la Verdad, sacerdote Francisco de Roux, quienes coincidieron en asegurar que esta jornada abrirá un camino de diálogo y reflexión sobre el valor de la verdad en la convivencia y la historia del país desde los entornos educativos.

 

“Hoy es un día inspirador, en el que empezamos como nación un proceso para reconciliarnos: leer para la vida, y para saber de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos vivir. Ese es el propósito en este día, en que los niños nos acogen con ilusión”, afirmó la Alcaldesa Mayor.

“Cada comunidad educativa toma la decisión de cuándo y cómo reflexionar para nuestra historia. Bogotá se propuso no solo poner la educación en primer lugar, sino ser el epicentro de la paz y la reconciliación de Colombia –un propósito refrendado de manera unánime por el Concejo de la ciudad en el Plan de Desarrollo, en el presupuesto y en los diferentes programas de las entidades–”, agregó la mandataria.

Posteriormente, en representación de sus compañeros, Isabella Novoa, estudiante de cuarto grado de primaria, hizo una explicación de lo que para ellos es la verdad y lo que ellos entienden de este momento trascendental que vive el país.

“¿Qué es la verdad para nosotros? Es, por ejemplo, cuando los niños rompemos algo y nos da miedo contarlo porque pensamos que nos van a regañar, nos van a gritar, a castigar, y por eso escondemos la verdad, pero cuando lo contamos eso nos libera, nos quieta la preocupación, y eso es porque ya no tenemos miedo”, explicó.

Esta iniciativa permitirá que las escuelas de todo el país puedan abrazar el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición, considerándolo como uno de los insumos más reveladores de los últimos tiempos, y que permitirá comprender el pasado de nuestra sociedad y desarrollar el pensamiento y memoria crítica en la escuela.

Tras el evento protocolario, Alejandro Gaviria, ministro de Educación, reportó que 4.332 instituciones educativas del orden nacional ya han decidido comenzar las jornadas de lectura y análisis tanto de manera colectiva como individual.

“Este no es un intento por crear una historia oficial, ni por imponer una verdad única; es un ejercicio para, entre todos, crear un relato plural. Como lo dijo García Márquez en uno de sus escritos: es una historia que recoja un relato completo. Aprender a reconocernos en el espejo de nuestras propias faltas”, sostuvo.

Para las más de 4.300 instituciones educativas del país que se inscribieron de manera voluntaria a la actividad, la Comisión de la Verdad preparó materiales pedagógicos a través del link https://cutt.ly/YZlN85K. El objetivo es que docentes y estudiantes de los colegios fomenten el valor de saber como requisito indispensable para conocer la historia del conflicto armado en Colombia y la urgencia de no repetirlo.

Se espera que las comunidades educativas realicen los cuatro momentos propuestos para esta jornada a partir de  acciones pedagógicas en aula con estudiantes y acudientes; Encuentros amplios de las comunidades educativas; Movilización en las redes socialess y movilización cultural por fuera de la escuela.

La iniciativa, que cuenta con más de 26 organizaciones aliadas, es respetuosa de la autonomía de las instituciones educativas, así como de la metodología que deseen adoptar para el desarrollo de la jornada.

La Secretaría de Educación se sumó como actor organizador y convocante, en línea con el compromiso de la administración distrital con la construcción de memoria histórica, su apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz y el objetivo de hacer de Bogotá un epicentro de paz y reconciliación.

Esto llevó a que, voluntariamente, 357 instituciones educativas oficiales, 112 privadas y 16 en administración, atendieran este llamado. En total, 485 colegios vienen adelantando actividades de planeación a través de jornadas pedagógicas e informativas, y un taller con el profesor Arturo Charria, alrededor del papel de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, a propósito del capítulo “No es un mal menor” del Informe Final.

 

 

La Colombia fuera de Colombia

El maestro Eduardo Umaña Luna, me escribió desde Madrid en una bella postal el 10 de noviembre de 1987: “Dura y fructífera experiencia la de este obligado “paseo” de observación y análisis, al lado de la tarea del Colectivo. Son más las ausencias que las presencias de las gentes afines. Por lo menos, sorprendente ¿Verdad? Ojalá sea 1.988  propicio al anhelado regreso a las patria tan anclada en nuestros corazones”.

Fue mi lectura del informe “COLOMBIA FUERA DE COLOMBIA. Las Verdades del exilio”, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, que me trajo a mi mente sus palabras de la mano con las reflexiones sobre mis propios años de exilio.

 

Me vi obligado a salir del país por primera vez a finales de 1994 hacía Bruselas, Bélgica para defender mi vida e integridad. En Europa le hice frente al desafío de lo que significa habitar fuera de nuestras fronteras trabajando lo internacional. Junto con otras defensoras y defensores de los derechos humanos, abrí camino ante la ONU para que se creara en 1997 la Oficina Permanente en Colombia del Alto Comisionado que supervisa la situación de los derechos humanos en el país, lo que más le dolía y le sigue doliendo al Estado colombiano.

Como se recordará, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993, a la que asistimos unas 7.000 personas de la sociedad civil de distintas partes del mundo, creó la figura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En mi segundo exilio de agosto de 1999 en Washington D.C., me acogió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL,  una buena escuela sobre el formato de litigio de los casos de víctimas de graves violaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos asumidos por el CAJAR. Entre ellos están las masacres de Mapiripán y la Rochela, y el holocausto del Palacio de Justicia; casos que ganamos, y las amenazas y los hostigamientos y persecución contra los integrantes del CAJAR, que se ventila actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Positivo el balance, entonces, pero no es todo el cuento. El informe de la CEV se refiere al colega Hernando Valencia Villa, a quien conocí de cerca debido a nuestro trabajo de defensa y promoción de los Derechos Humanos, DDHH, en Colombia como integrante de la Comisión Colombiana de Juristas y luego en su actividad de procurador de DDHH de la Procuraduría General de la Nación. Siendo procurador, investigaba a los responsables de la desaparición forzada y muerte de Nydia Erika Bautista en 1987, quien militaba en  el Movimiento 19 de abril -M-19- y por tal motivo le tocó salir del país. En el exterior, coincidimos los dos, él como Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir 1998 y yo en representación de las víctimas cuyos casos del CAJAR que   tramitaba en esa instancia.

Gracias al informe de la CEV, conocí el relato en el exilio del exprocurador de DDHH: “La pérdida del hogar y de la patria, impuesta por las circunstancias vitales, elegida por el individuo o resultante de la combinación de ambos factores, es una ruptura sin parangón que altera la existencia de manera irreparable y que cambia por entero la perspectiva que el exiliado tiene de sí mismo, de su mundo y de su tiempo”. Nos muestra  en su testimonio “una realidad invisible, traumática y reveladora. Invisible porque no hay en Colombia un conocimiento en las instituciones ni en la memoria colectiva que recoja las experiencias de esta Colombia fuera de Colombia.

El exilio es traumático porque en palabras de la CEV “supone un profundo desgarro de los vínculos y del proyecto de vida, una violación de derechos humanos que aún necesita ser reconocida. Y reveladora porque constituye una muestra tanto de la desprotección y el olvido de las instituciones del país”. Se pregunta ¿la sociedad colombiana y el Estado serán capaces de mirarse también en esta historia y de reconocerla?

Reflexiona el informe sobre cómo el exilio no fue en vano: salvó vidas, familias, verdades y cómo es invisible por su alto subregistro y por motivos estructurales. Estoy de acuerdo. Lo peor, es que los hechos que motivan el exilio no se reconocen como una violación de derechos humanos. No hay atención, protección y acompañamiento del Estado a los exiliados.

A pesar de que interpusimos las denuncias de lo que nos pasó a tantos, estas no significaron mayor protección. Por el contrario, se incrementó nuestra situación de inseguridad y la impunidad de los casos denunciados hizo parte de la invisibilización, sumado a la desconfianza en las instituciones que brindan protección y que administran justicia. El exilio es casi siempre el último recurso después de otros hechos victimizantes sucesivos de violencia sufridos, como los desplazamientos forzados internos que le tocó vivir a nuestra colega Soraya Gutiérrez, o las amenazas o atentados contra la vida a los compañeros de trabajo Miguel Puerto, Luis Pérez y a mí.

Sí, querido maestro Eduardo Umaña Luna, cofundador del CAJAR, usted tenía toda la razón: “una pequeña muerte en medio de tantas ajenidades”. Durante el exilio predominan “la precariedad y el miedo, la separación, la soledad y el intento de volver a casa, aunque sea mentalmente, al lado de las personas conocidas, de sus familiares y amigos”, como lo dice hoy la CEV, después de 37 años de su exilio forzoso en Europa.

 

‘Frente al espejo’ llega a su fin tras ‘Informe final’ de la Comisión de la Verdad

Después de la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad, que busca indagar qué fue lo que sucedió en el conflicto armado desde 1958, llega la última temporada de Frente al espejo, programa conducido por Santiago Alarcón, que sirve de apoyo para comprender de manera paralela el documento que se entregó hace unas semanas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Los ocho capítulos que contiene esta entrega se basan en los siguientes cuestionamientos: ¿Qué les pasó a los niños, niñas y adolescentes en la guerra?, ¿por qué hubo casi un millón de colombianos exiliados por amenazas a su vida y a su integridad?, ¿Cómo se vieron impactados los pueblos étnicos?, ¿Qué situaciones afrontaron las mujeres durante este periodo y cómo resistieron a los actores armados?

 

«Esta nueva temporada demandó mayor precisión en la terminología y en los datos para lograr que hubiera una correspondencia con el informe final de la Comisión de la Verdad. El proceso fue retador pero al mismo tiempo muy interesante», señaló Carol Ann Figueroa, libretista de Frente al espejo.

Por su parte, fue arduo la construcción del personaje por Santiago Alarcón para apropiarse de la información que se recolectó durante el último lustro de trabajo de la Comisión de la Verdad. «En esta oportunidad, ‘Frente al espejo’ desmenuza el informe final para que la gente pueda conocerlo de una forma coloquial y clara. Es un documento que nos debe interesar a todos porque habla de lo que somos. Para mí fue difícil enterarme de muchas cosas», señala el actor.

A través de esta producción los espectadores podrán conocer de primera mano los testimonios de las víctimas y victimarios durante el último puñado de décadas en Colombia.

Programación

  • Capital Sistema de Comunicación Pública: todos los domingos del 24 de julio al 4 de septiembre a las 8:30 p.m. con repetición los lunes a las 9:00 p.m.
  • Telepacífico: todos los martes del 19 de julio al 13 de septiembre a las 6:30 p.m.
  • Telecaribe: todos los jueves del 21 de julio al 15 de septiembre a las 10:00 p.m.
  • Teleantioquia: todos los martes del 19 de julio al 13 de septiembre a las 10:00 p.m.

*Con información de Capital, Sistema de Comunicación Pública.

*Foto: Cortesía

La Justicia en el centro de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Con los hallazgos y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad se encuentran muchos arreglos requeridos a nuestro sistema de Justicia. Mientras siga habiendo impunidad no podrá haber paz, se colige de sus líneas. Más allá, podemos extender este clamor: mientras siga habiendo impunidad no habrá un buen futuro para los colombianos en su conjunto, porque impunidad implica que no hay justicia y sin justicia no hay democracia, y sin democracia la prosperidad solo seguirá siendo para unos pocos.

Para enterarse del informe final de la Comisión de la Verdad se pueden sugerir unas buenas síntesis que han hecho El País, El Espectador y El Tiempo, y cuando se requiera, ir directamente al informe final. Este documento es quizás el más importante que recientemente hemos tenido en Colombia dada nuestra particular y tenebrosa historia de violencia, por lo que es necesario que lo conozcamos todos los colombianos.

 

En un artículo anterior hice un recuento de las 8 reformas que requerimos con urgencia para mejorar nuestro Estado para que genere un mejor país para los colombianos. Entre ellas, desde luego, se encontraba la Reforma a la Justicia, muy interrelacionada con la Reforma Política necesaria.  En este artículo complemento con algunas recomendaciones de la Comisión de la Verdad al respecto.

Es comprensible que aquellos que se pueden ver afectados por las conclusiones del informe final (aunque no sea vinculante para ningún proceso judicial) denigren de este documento; “no hay verdad que no haya sido perseguida al nacer” (Voltaire). Se ataca la verdad porque es una verdad terrible y es muy amenazante para los grupos de victimarios, aunque no se señalen personas. Dicen que es una verdad inventada pero está basada en 27,000 testimonios. Dicen que no oyeron la versión de los señalados de victimarios pero es difícil encontrar esa supuesta selectividad ya que las múltiples fuentes de información incluyen testimonios de personas que participaron como miembros de esos victimarios. Además, en forma simultánea, se han sabido aplastantes confesiones en la JEP al respecto. Así las cosas, todo aquel que esté en desacuerdo con el relato de la verdad, deberá hacer un esfuerzo titánico al exponer su caso para hacerlo de una forma creíble y superar el enorme del trabajo de la Comisión de la Verdad.

Señalaba en ese anterior artículo que el sector Justicia enfrenta problemas mayores con síntomas como: corrupción de funcionarios judiciales, falta de credibilidad, inoportuna respuesta e ineficacia en sus decisiones, morosidad en la resolución de los litigios así como en la investigación y acusación de las conductas punibles, generados por múltiples causas como falta de recursos físicos y humanos para atender la demanda de los usuarios (deficiencia del número de jueces), escasez de recursos financieros para atender eficientemente la función jurisdiccional, ausencia  de una política pública de mediano y largo plazo para el sector. Que ese reto enorme de reformarla va desde el nombramiento de magistrados en las altas cortes sin el riesgo de politización existente, hasta la profundización en la utilización de métodos de procesos modernos incluyendo tecnologías informáticas de última frontera.

Ahora con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la tarea de mejorar nuestra justicia para la no repetición de los horrores vividos y para por fin emprender un camino próspero para todos los colombianos, se ve aumentada con sus recomendaciones, todas de la mayor importancia. A continuación, algunas de ellas tomadas de las fuentes citadas (textual en letra inclinada):

  • Recomendaciones para proteger a la Fiscalía.
    • Reformar el mecanismo de elección del fiscal general, para garantizar su independencia “sobre la base de los criterios de mérito y reconocimiento de la trayectoria profesional, igualdad de género, publicidad y transparencia”. Lo cual implica cambiar el procedimiento con la que hoy se elige al fiscal (el Presidente presenta una terna de candidatos para que la Corte Suprema de Justicia elija a uno). Debería revisarse en conjunto con los demás procedimientos de selección de los altos cargos de la Justicia.
    • Debe existir una Comisión Independiente que evalúe los riesgos de la cooptación de funcionarios y del funcionamiento de la corrupción al interior de la Fiscalía. Que proponga reformas sobre el fortalecimiento de la carrera, la vinculación, desvinculación y remoción de funcionarios, y sobre controles a la intervención de agentes de inteligencia militar y policial en la realización de actos de investigación.
  • Recomendaciones para proteger a las Fuerzas militares y a la Policía.
    • Que la Fiscalía asuma la competencia de conductas punibles de la Policía y Ejército, “con excepción de las típicamente militares”. Es decir, que la Justicia Militar no investigue ni juzgue en ningún caso las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
    • Fortalecer controles preventivos y disciplinarios para supervisar a las Fuerzas Militares y la Policía, y que las autoridades garanticen de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva a partir de la fecha de recolección.
    • Ubicar a la Policía en otro Ministerio, o en uno nuevo, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil, sin doctrina militar y no en la mentalidad del enemigo interno.
    • Que la Policía y el Ejército sean dirigidas y lideradas por civiles.
    • No permitir ascensos de militares con denuncias creíbles o procesos abiertos en su contra —por acción o por omisión— en casos de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, o en casos de vinculación y connivencia con grupos armados ilegales y delincuencia organizada.
  • Recomendaciones para prevenir el paramilitarismo y terceros involucrados.
    • Hacer un control efectivo de los departamentos de vigilancia y de seguridad privada para evitar “que se involucren en acciones ilegales”; y robustecer la legislación y los procedimientos de control y comercio de armas de fuego autorizadas legalmente en el país, así como su porte y tenencia.
    • A las instituciones del gobierno “garantizar la priorización de la investigación contra terceros civiles (por ejemplo, empresarios) y agentes del Estado”.
      • La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para enfrentar las violaciones a los derechos humanos y los quebrantos al DIH, esta “solo tiene competencia por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, y se enfrenta al obstáculo de carecer de facultades para investigar y sancionar a actores no combatientes (terceros civiles) que no se sometan a su jurisdicción de manera voluntaria”.
      • “La falta de investigación de la participación de este tipo de actores impide esclarecer los entramados de criminalidad que causan y se benefician de las violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH y la corrupción”.
      • Para poder investigar dicho tipo de criminalidad se requiere contar con órganos independientes que implementen metodologías de investigación dirigidas a develar la sistematicidad y los patrones criminales.
    • Al Congreso que, en un mediano plazo, adopte medidas para garantizar que sean debidamente investigados los aforados constitucionales que participaron o se vieron beneficiados (presuntamente) de violaciones de derechos humanos o infracciones del DIH.
  • Recomendaciones para la solución de fondo del problema del narcotráfico.
    • Abordar el tema del consumo desde una perspectiva de salud pública.
    • Promover “una gran conferencia internacional para hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender”.
  • Recomendaciones para proteger a la sociedad de contaminarse de narcotráfico.
    • Sancionar a quienes sean aliados del narcotráfico. Implica un enorme trabajo.
    • En caso de que haya un pedido de extradición a algún actor armado o civil, le dé prioridad primero a “la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia”, antes de aprobar la extradición.
  • Recomendaciones para garantizar los derechos de quienes viven el campo.
    • Llevar a cabo el catastro multipropósito.

Recomendaciones que hay que desarrollar y volver realidades.

El dominio del terror y del silencio por el terror han empezado a ceder. Son buenas noticias para Colombia; no obstante ya sepamos, por todos estos pasos dados, que el camino hacia la paz es extremadamente difícil, también hemos aprendido que están volviéndose inexorables. Con el perdón de lo “imperdonable” que ha empezado a fluir, solo falta que el reconocimiento completo del horror por parte de sus causantes termine siendo nuestra página final de la violencia y el surgimiento de una nueva cultura en la cual logremos ser prósperos sin pasar por encima de nuestro prójimo.

 

* @refonsecaz

El drama que provoca el exilio

“Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir el negacionismo”. Así dijo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, CEV, en la presentación de las recomendaciones del informe final “HAY FUTURO si hay verdad”, el 28 de junio de 2022.

Aprovecharé la coyuntura del informe de la CEV, para abordar el drama humano, el ambiente de destierro y temor que provocó el exilio de varios de los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, un eje importante del caso que se ventila actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La abogada Soraya Gutiérrez, los abogados Miguel Puerto, Luis Guillermo Pérez y yo, fuimos gravemente afectados por nuestro exilio forzoso. Nos motivó la situación grave de riesgo que enfrentábamos por las amenazas y hostigamientos en nuestra contra, los cuales se extendieron a nuestros núcleos familiares que también sufrieron violaciones de sus derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

El abogado Alirio Uribe Muñoz en su testimonio ante la Corte manifestó que a comienzos de los 90 Eduardo Umaña Mendoza estaba amenazado, y que había hostigamientos y persecución contra mí, indicando que me tocó salir del país en 1994 para preservar mi vida. Otros me siguieron: a Luis Guillermo Pérez le tocó salir en 1994 y a Miguel Puerto en 1997. Regresaron pero luego les tocó de nuevo. Volví a salir en 1999 hacia Estados Unidos, Miguel Puerto en 2000 hacia Reino Unido y Luis Guillermo Pérez en 2001 hacia Bélgica, todos por un largo periodo.

Por su parte Luis Guillermo Pérez le dijo a la Corte que en septiembre de 2005 se produjo la sentencia contra el Estado colombiano por la masacre de Mapiripán.  En noviembre de ese año le hacen una llamada a la casa de su madre y le dicen que “todos íbamos a pagar. (…) La familia entró en pánico, abandonaron el apartamento, (…) y finalmente les tuve que sacar del país con el apoyo de la embajada belga y los albergué en mi casa”. Añadió que “a finales de diciembre de ese año, mientras dormíamos a las 5:00 a.m., mi casa fue incendiada. En principio pensé con ingenuidad que pudo tratarse de un corto circuito, perdí muchos documentos con el incendio, mi computadora y archivos”.

En relación con la familia de Luis Guillermo Pérez, el peritaje psicosocial del Centro de Atención Psicosocial, CAPS, da cuenta de los estragos en la integridad de los hijos que el exilio y los hechos del caso han causado: Estas vivencias de miedo constante, precariedad y ruptura de lazos familiares y proyecto vital de uso al exilio han tenido consecuencias en sus tres hijos en forma de trastornos de ansiedad y depresión e ideación-tentativas de suicidio y falta de esperanza vital. Los tres hijos se encuentran en tratamiento psicológico o psiquiátrico, y el trauma ha alcanzado la siguiente generación (…)”.

El abogado Miguel Puerto le manifestó a la Corte que, en un viaje a Arauca por el caso de Santo Domingo, lo declararon objetivo militar. Llamaron a un sindicato que trabajaba con nosotros y dijeron: «dígale al abogado Miguel Puerto que fue declarado objetivo militar aquí en Arauca para que no vuelva. Yo sí volví, pero con mis precauciones y en su momento se interpuso la respectiva denuncia allá en Arauca, pero no investigaron nada (…) las organizaciones sociales me dijeron que no volviera a la ciudad”.

Se preguntó Miguel Puerto en el caso de los abogados que nos vimos obligados a vivir años y años en el exilio, “¿Quién nos repara o cómo se reparan esos largos años de exilio? Ese sufrimiento es casi imposible repararlo, yo era una persona de temperamento alegre, que me gustaba conversar y pasarla bien con mi familia y mis amigos, y buena parte de esa forma de vida la he perdido y se perdió durante ese largo exilio. Elizabeth mi esposa, me decía con frecuencia: Miguel, ¿dónde está tu sonrisa? (…) Todo esto se debe a la forma de vida que me ha tocado vivir, verme obligado a vivir en otro país, en otra cultura, otra lengua, esto cambió mi personalidad. La tristeza, el sufrimiento, la angustia, el dolor se volvieron lo cotidiano”.

A la perita Ángela María Buitrago, le quedó claro lo grave de los hechos contra Soraya Gutiérrez y su hija, frente a las cuales el Estado tiene un deber especial de garantía. Los “mensajes” y los “fetiches” que se enviaron como parte de la agresión al entregarle “una muñeca descuartizada generando toda clase de aflicción respecto de lo que significaba con respecto a su hija menor y a su condición de mujer”, involucraban actos excesivamente fuertes que no se investigaron y quedaron impunes.

Sobre la impunidad de los hechos que perpetuaron el exilio, quien escribe le dijo a la Corte: “Con las denuncias que interpuse y que presentó el Colectivo no pasó absolutamente nada. Ni en las investigaciones por las amenazas que llevaron a mis dos exilios, ni las anotaciones de inteligencia, ni los robos de información en mi vivienda, ni el secuestro de mi hija, nada absolutamente nada.”

A los interrogantes formulados por el padre Francisco en las recomendaciones de la CEV, ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad?, ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?, esperamos que la Corte les de parte de la respuesta en su sentencia en el caso CAJAR.

El alto tribunal internacional debe reafirmar, consolidar y desarrollar su jurisprudencia sobre las obligaciones de los Estados, de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar los derechos de las personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad por su trabajo. Se debe reforzar la obligación de facilitar los medios necesarios para la protección de las personas defensoras cuando son objeto de amenazas y generar las condiciones para la erradicación de las violaciones por parte de agentes estatales o de particulares. Se debe insistir que el Estado se abstenga de imponer obstáculos que dificulten su labor. Que la publicación del informe de la CEV ayude para que por fin el Estado haga caso. #ParaQueNoSeRepita

 

“Hay futuro si hay verdad”, Fuerza Pública y modelo de seguridad

Esta semana, la Comisión de la Verdad le entregó al país su informe sobre lo ocurrido durante tantos años de conflicto armado. “Hay futuro si hay verdad” fue la premisa del evento de presentación, el cual, valga decirlo, fue una celebración por el gran paso que damos en la construcción de la sociedad más justa. Ahora sigue que, conociendo esa verdad histórica, construyamos un futuro mejor. Para ello, es ineludible reformar el modelo de seguridad y la Fuerza Pública.

El diagnóstico de la Comisión es contundente en mostrar las atrocidades cometidas por los distintos actores del conflicto y en los móviles detrás de estas. El modelo de seguridad del Estado, dice la Comisión de la Verdad, se basó en la premisa de la existencia de un enemigo interno al que había que destruir y, a partir de esta, se fundamentaron múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por la Fuerza Pública. La militarización de los territorios y la precaria presencia de otras instituciones del Estado; la inteligencia militar usada al servicio de la persecución de voces disidentes; y las relaciones con el paramilitarismo fueron algunas estrategias que, guiadas por la premisa del enemigo interno, han caracterizado al modelo de seguridad.

 

A pesar de que la Constitución Política, en su artículo 218, le encarga a la Policía Nacional asegurar las condiciones necesarias para que “los habitantes de Colombia convivan en paz”, este fue un victimario más en el conflicto. Claramente, el informe de la Comisión de la Verdad reconoce que miles de policías y sus familiares fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos; sin embargo, también recuerda varios episodios en los que la Policía defraudó el mandato constitucional.

Siguiendo la clave de ver la verdad para construir un mejor futuro, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son la base para reformar el modelo de seguridad y a la Fuerza Pública. En primer lugar, el enfoque de seguridad humana, “centrado en la protección de la vida de las personas y las comunidades sobre la base del respeto del principio de pluralismo democrático y del principio de la dignidad humana” debe remover la vetusta visión del enemigo interno. Esto implica la necesidad de transformar culturalmente a la Fuerza Pública, imprimirle valores de paz y derechos humanos, y garantizar la supremacía del mando civil sobre el militar. Para que la transformación del sector de seguridad sea una realidad, la Comisión de la Verdad recomienda separar a la Policía del Ministerio de Defensa y fortalecer las capacidades de las autoridades territoriales y étnicas en materia de seguridad. De igual forma, para mantener la vigencia material del mandato constitucional y de la nueva visión de la seguridad, la Comisión advirtió de la necesidad fortalecer los controles (político y civil), establecer rendición de cuentas y ajustar el fuero penal militar y policial para que solamente funcione ante delitos típicamente militar y que no constituyan violaciones a los derechos humanos.

Estas ambiciosas, pero reflexivas recomendaciones son fundamentales para que el nuevo Congreso y el nuevo presidente horren la esperanza depositada en ellos. La Comisión de la Verdad, a través de sus equipos y funcionarios valerosos, sembró el impulso del cambio.

“Hay futuro si hay verdad”. Como dijo el presidente Gustavo Petro, parafraseando a Gabriel García Márquez, las estirpes condenadas a cien años de soledad tiene por fin una segunda oportunidad sobre la tierra.

Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para que se garantice la no repetición de los hechos

La Comisión de la Verdad hizo la primera entrega de la primera entrega del documento final donde recopila los hechos violentos ocurridos en los últimos 50 años vividos en Colombia.

El acto celebrado en frente de miles de ciudadanos contó con la presencia del presidente electo, Gustavo Petro, a quien le fue entregado las recomendaciones finales que hace la Comisión a los gobiernos venideros y al mismo Estado para que se garantice la no repetición de los hechos.

 

Como primera recomendación, el Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, pidió a los colombianos rechazar cada muerte violenta que se presente en nuestro país, para que logremos poner la vida de los humanos y de la naturaleza en el centro y por delante de todo interés particular. Que ningún colombiano tenga que huir al exilio para proteger su vida.

  • A todo el pueblo colombiano, reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias; reconocer la injusticia de lo vivido y el trauma colectivo que compartimos como sociedad, y comprometernos con la reparación integral y transformadora de los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado interno.
  • Mirar críticamente la historia desde una perspectiva que le dé un lugar a la presencia constante de la memoria para la construcción de paz y la no repetición, de forma que comprometa al Estado y a la sociedad en su conjunto y aporte al fortalecimiento de valores democráticos.
  • A los jóvenes, encarar la verdad de las causas y los horrores del conflicto armado y construir la nación nueva que está en sus manos, porque ustedes son el futuro. Les pedimos no colaborar en nada que profundice la muerte, el odio y la desesperanza y ser los líderes en la puesta en marcha de las recomendaciones que entrega la Comisión. Convocatoria a la paz grande.
  • A la sociedad y el Estado, implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz y avanzar hacia el consenso sobre las transformaciones necesarias para superar los factores que han facilitado la reproducción de los ciclos de violencia. Y hacerlo partiendo de la convivencia en los territorios a través de la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos entre sí mismos y con las instituciones, y siempre en la perspectiva nacional de la paz grande.
  • Al Estado, partir de la verdad de que cada día de guerra aleja la posibilidad de la convivencia y la gobernabilidad; tomar la iniciativa para la paz con el Eln y otros grupos armados, y buscar con los demás grupos ilegales diálogo para la negociación o el sometimiento a la justicia.
  • A las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, así como al Eln, las disidencias y los demás grupos insurgentes que continúan en la guerra, escuchar el clamor del pueblo que pide «parar la guerra ya desde todos los lados» y ponerse en la ruta del diálogo hasta llegar a la paz, dentro de la diversidad de metodologías y situaciones regionales.
  • A todos los estamentos sociales y políticos, profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario venerable de lo público y poner en marcha una reforma que abra espacios para sectores y grupos excluidos, en una democracia representativa que refleje la pluralidad territorial y étnica del país y que tenga en el centro el diálogo deliberativo, con la participación ciudadana directa y la movilización como herramientas Algunos elementos del contexto explicativo fundamentales para garantizar los derechos, el restablecimiento del tejido social, la construcción de confianza institucional y el rechazo definitivo a la violencia contra quienes piensan distinto.
  • A los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado y garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento; proteger a los funcionarios judiciales, a las víctimas y a quienes participen en los procesos, y esclarecer la criminalidad organizada y sancionar a los responsables.
  • Al Gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía y la forma como la guerra contra las drogas configura uno de los principales factores de la persistencia del conflicto. Les pedimos desarrollar mecanismos de investigación que permitan enfrentar con verdadera eficacia tanto el sistema de alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico como la judicialización de los aparatos políticos, financieros y armados que lo hacen posible, así como cambiar la política hacia el campesinado y los eslabones más débiles de la cadena para superar problemas estructurales de pobreza, exclusión y estigmatización.
  • Al Estado y la sociedad, establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz como bien público centrado en las personas, en la cual la protección de todos los seres humanos y de la naturaleza sea lo primero; una visión en la que la seguridad deje de estar restringida a lo militar y se construya desde la confianza colectiva, con el apoyo de todas las instancias del Estado a las formas en que las comunidades, las etnias y los territorios construyen convivencia, sobre la base de diálogos entre los ciudadanos y las instituciones, para hacer las transformaciones necesarias en el Estado, las Fuerzas Militares, la Policía y las organizaciones de la sociedad civil, como un elemento fundamental para la paz.
  • A la burocracia estatal y los administradores públicos y privados, rechazar y acabar la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complicidades y actuar con determinación en el control ciudadano y la sanción eficaz de las leyes para detenerla.
  • Al Estado, la sociedad y, particularmente, al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros, dar prioridad a la garantía de las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades, sin exclusiones, desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra. Y que la inversión estatal, empresarial y financiera se incorporen a la creatividad y la pasión de la juventud popular y del campo, que exige ser parte de la producción de la vida querida por todos los colombianos. Algunos elementos del contexto explicativo
  • A todos los colombianos, dar a los campesinos el reconocimiento inmenso que tienen para la vida de Colombia, asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo, el catastro multimodal, las condiciones para la producción sostenible, el acceso a bienes y servicios públicos –incluida la educación de alta calidad pertinente para la ruralidad, la seguridad y la justicia– y las condiciones que necesitan para el cuidado de los ecosistemas, del agua, de la tierra y de las especies nativas.
  • A toda la nación, superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha infligido a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos rrom, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y hacer de sus culturas y tradiciones parte sustantiva indispensable de la identidad de todos nosotros y nosotras como colombianos. Condición sine qua non para vivir en tranquilidad, justicia y paz.
  • A todas y todos, respetar las diferencias en igualdad de dignidad de mujeres, personas LGBTIQ+, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad o diversidad funcional y de la tercera edad, a quienes el conflicto armado causó impactos particularmente brutales.
  • A las naciones amigas de Colombia –a quienes reconocemos y agradecemos el acompañamiento a las víctimas en los territorios, la ayuda humanitaria y en derechos humanos y su contribución a la paz–, les pedimos dar este paso: ayudar a que Colombia sea un ejemplo de reconciliación en el mundo Convocatoria a la paz grande y dejar de vernos como un país que sobrevive en «modo guerra» y que necesita apoyos militares que perpetúan el conflicto. Hemos sufrido 60 años de victimización violenta y pedimos que no nos den nada para la guerra. No la queremos. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Apóyennos en todo lo que hace florecer la vida y la naturaleza, la confianza ciudadana y la economía, en armonía con la riqueza natural de esta tierra; apóyennos en la amistad de las naciones que respeta las diferencias en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta.
  • A la sociedad en su conjunto, asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron a la incapacidad de reconocer al Otro y a la Otra como seres humanos de igual dignidad; construir en el diálogo, desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de vida, una ética pública en la que nos reconozcamos simplemente como personas, ciudadanas y ciudadanos, en un nosotros colectivo de nación, y emprendamos las transformaciones en lo institucional, lo normativo y, particularmente, lo personal y cotidiano; y desinstalar las narrativas de odio, discriminación y estigmatización, para instaurar a cambio la confianza y la pasión por un futuro de esperanzas compartidas y vida plena que les debemos a las generaciones futuras de Colombia.
  • A los líderes religiosos, reflexionar ante el vacío y la perplejidad espirituales de un pueblo de tradiciones de fe, sumido en una crisis humanitaria de odios, desconfianzas y muerte y atrapado en los Algunos elementos del contexto explicativo 59 comportamientos de la guerra, y tomar con valor la misión de reconciliación de la Iglesia católica con las demás iglesias y con los sabios y ancianos –hombres y mujeres– de las tradiciones indígenas y afrocolombianas.
  • Al hacer referencia al episodio de los Falsos Positivos, de Roux dijo: “Si hubieran sido 10 “falsos positivos” sería gravísimo, si hubieran sido cientos sería motivo para pedir un cambio de ejército. El sentido de esos soldados era hacer lo que la institución quería; vender con publicidad a la muerte y defender a los perpetradores”.

El acto se celebró en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá. El gran ausente fue el presidente de la república, Iván Duque, quien se encuentra de gira internacional.

 

Víctimas y victimarios se dieron un abrazo

Foto: El Heraldo.co

Víctimas del conflicto armado de los Montes de María, ex comandantes de las antiguas Farc, y excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  se dieron un abrazos en medio de un acto convocado por la Comisión de la Verdad en Cartagena.

 

Para la coordinadora en el Caribe de la Comisión de la Verdad, Ana María Ferrer, fue un encuentro “histórico”, que servirá como abrebocas para un diálogo constante entre los actores que participaron en el evento.

“Fue un bonito ejemplo de lo que puede hacer un grupo de hombres que el pasado integró diferentes grupos armados, ex miembros de diferentes guerrillas y de las Autodefensas Unidas de Colombia, para mirarse a los ojos con sus víctimas y, desde la humanidad, reconocerse como seres humanos que viven en un mismo territorio y reconocer que lo ocurrido fue muy grave y así iniciar un camino juntos para evitar que esto se repita”, aseguró Ferrer.

La Comisión de la Verdad hará entrega al país de su informe final el próximo 28 de junio, cuando termina su  mandato.

“No tenemos nada que ver con la campaña política”: Presidente de la Comisión de la Verdad

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le salió al paso este miércoles a las críticas que ha recibido la entidad por parte del Mayor Carlos Ospina quien hasta hace 48 horas fungió como comisionado, y salió lanzando críticas contra el trabajo de la entidad argumentando que el informe final que se está construyendo “está parcializado y posiblemente permeado por la campaña electoral”.

Desde el Hotel Tequendama en Bogotá donde se realiza el foro “El periodismo frente al informe final de la Comisión de la Verdad”, el padre De Roux fue enfático en señalar que ni la Comisión, ni el informe final que será presentado al país el próximo 28 de junio, tienen tinte político, ni busca favorecer a ningún candidato presidencial como lo dio entender el Mayor Ospina en varios medios de comunicación.

 

“La Comisión de la Verdad mira las cosas con una perspectiva muy de fondo y muy desafiante. Quiero ser muy claro, nosotros no tenemos nada que ver con la campaña política. Nosotros no estamos metidos en eso y lo hacemos para mantener la seriedad de la tarea”, indicó el padre De Roux.

Acto seguido, el padre De Roux volvió a insistir en el reto que tiene por delante la Comisión y enfatizó que el informe final no tiene sesgos ni intereses políticos.

“Por nada ni por nadie nos dejaremos meter en la campaña política, porque la responsabilidad de la Comisión es muy grande. No estamos en campaña”, indicó.

«Entregaremos el informe al que quede de presidente, sea Petro, sea ‘Fico’ o sea el que sea”, añadió.

Así mismo, el presidente de la Comisión de la Verdad reiteró que ni él ni los demás miembros de la entidad tienen filiación política alguna, al tiempo que recordó que los diez comisionados que quedan a la fecha tienen orígenes en campos como el periodismo, la academia, la defensa de los Derecho Humanos y la defensa de la Paz.

“No pertenecemos a ningún partido político. No estamos en campaña y no nos dejaremos meter en la campaña”, enfatizó De Roux.

Cabe señalar que la Comisión de la Verdad es una de las entidades creadas por el Acuerdo de Paz y hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y tiene como mandato constitucional construir el informe final sobre el relato histórico del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años.

Dicho informe será revelado al país el próximo 28 de junio, fecha determinada por la sentencia C-337 de la Corte Constitucional que a finales de 2021 autorizó extender el plazo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad en el entendido que, durante la pandemia del COVID-19 la Comisión de pausó su trabajo en los territorios donde se recolectaron la gran mayoría de relatos que fueron insumo primario para construir el informe.

Como se ha conocido hasta el momento, en el informe final de la Comisión de la Verdad se expondrán hallazgos, reflexiones y conclusiones sobre lo que pasó durante más de 50 años de conflicto y un conjunto de recomendaciones para que esa historia de guerra y horror no se repita.