Frente al cerco institucional del CNE, unidad, alianzas y proyecto de país
La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida no puede entenderse como un hecho aislado ni meramente administrativo. Se trata de una determinación que golpea el derecho a la participación política, desconoce el respaldo ciudadano de una candidatura con reconocimiento nacional y envía un mensaje preocupante sobre las garantías democráticas en el país. Cuando se restringe la posibilidad de que sectores con legitimidad social concurran en igualdad de condiciones a escenarios de consulta, se debilita la confianza en las reglas del juego y se erosiona el pluralismo que caracteriza a una democracia sólida.
Lo ocurrido era, sin embargo, una situación previsible. Desde hace tiempo distintos sectores han advertido sobre el control que fuerzas políticas tradicionales ejercen sobre instancias decisorias clave, generando incertidumbre frente a los procesos de participación de las fuerzas progresistas y democráticas. No se trata de desconocer la institucionalidad, sino de reconocer tensiones reales que obligan a actuar con serenidad, inteligencia política y sentido estratégico.
La respuesta no puede ser la fragmentación ni las acusaciones mutuas. Este momento exige de todas las fuerzas progresistas una evaluación colectiva y responsable de la coyuntura. La exclusión de la candidatura del Pacto Histórico debe convertirse en oportunidad para fortalecer la unidad, revisar mecanismos de convergencia y preparar la construcción de la más amplia articulación política y social posible. Después del 8 de marzo será imprescindible abrir un proceso serio de diálogo y concertación que permita consolidar una convergencia incluyente y duradera.
Ese esfuerzo unitario exige deponer posturas sectarias, triunfalistas o excluyentes. También obliga a superar cálculos estrechos y prácticas que erosionan la confianza entre aliados naturales. La unidad no se construye negando diferencias, sino sobre acuerdos claros y respetuosos que permitan tramitarlas sin romper el proyecto común. La madurez política consiste en reconocer la diversidad interna y convertirla en fortaleza deliberativa.
Las candidaturas presidenciales y sus colectividades del campo progresista tienen la obligación de presentar un programa político capaz de convocar a la sociedad, reducir la abstención y ampliar su reconocimiento. Pero esa tarea no será suficiente si no se acompaña de la construcción de alianzas con otros sectores democráticos y sociales que permitan cerrarle el paso a las pretensiones de corruptos, narcotraficantes, neoliberales y neofascistas de retomar el control del Estado. Ese objetivo solo se alcanzará mediante la implementación de una política de convergencias amplias, responsables y generosas.
Colocar en el centro las transformaciones sociales es la tarea principal. La lucha contra la corrupción, el narcotráfico y las economías ilegales debe ser un eje común, así como la defensa de los derechos humanos, la protección de la vida y el compromiso frente al cambio climático. La superación de la violencia armada exige políticas integrales que articulen seguridad, justicia social y presencia institucional efectiva. Estos desafíos no pertenecen a una sola organización ni a un liderazgo particular. Son compromisos históricos de todo el campo democrático.
En ese horizonte, la seguridad humana debe convertirse en un elemento sustancial del proyecto político. No se trata únicamente de fortalecer capacidades coercitivas del Estado, sino de hacer que el Estado se consolide allí donde históricamente ha estado ausente. En las zonas dominadas por la violencia y la exclusión, la presencia estatal debe expresarse en derechos, servicios públicos, oportunidades productivas, educación, salud, justicia, participación y control territorial. Sin esa transformación territorial profunda, cualquier discurso democrático corre el riesgo de quedarse en la superficie.
La coyuntura actual revela la urgencia de preparar una profunda reforma política que recupere la confianza ciudadana y garantice reglas democráticas transparentes, equitativas y estables. El país necesita un gran acuerdo nacional que modernice el sistema político, asegure la independencia de las autoridades electorales, combata la corrupción y abra realmente el sistema a la participación de las mayorías. Esa reforma deberá construirse mediante un amplio proceso de deliberación democrática con participación de partidos, movimientos sociales, sectores productivos, academia y ciudadanía.
Si las condiciones institucionales no permiten tramitar las transformaciones de fondo que Colombia requiere, deberá evaluarse con serenidad la posibilidad de acordar dicha reforma en una Asamblea Nacional Constituyente-ANC que represente a todos los sectores de la sociedad. Una constituyente concebida como escenario de renovación democrática y construcción de un nuevo pacto político y social que fortalezca la democracia, garantice derechos y consolide la paz territorial. Una ANC que se proponga superar la polarización y en donde participen todas las expresiones políticas y sociales.
La democracia colombiana atraviesa un momento decisivo. Las fuerzas progresistas y democráticas tienen la responsabilidad histórica de construir convergencias amplias y duraderas, con claridad programática y visión de país. La división solo abre el camino al retorno de proyectos autoritarios y excluyentes que profundizan la desigualdad y debilitan las instituciones. La ciudadanía espera grandeza política y sentido de país. Es tiempo de actuar en consecuencia.
