Lucha contra la corrupción empieza a tener eco
Hace unos 11 años publiqué un artículo que se titulaba ¿Es la corrupción la causa raíz de todos nuestros males?. Curiosamente no tuvo buen recibo porque resultaba una exageración para quienes lo leían. Desde luego no era ni una exageración en ese momento, como tampoco lo es ahora. Pero me temo que aún no podamos tener consenso entre los colombianos, ya que pareciera que a una parte ni siquiera les inquieta y que, los corruptos exitosos siguen siendo unos héroes envidiables, dada la escala de valores inversa en nuestra cultura reinante y como consecuencia de la oportunidad de impunidad que brinda nuestro desvencijado sistema de justicia.
Desde hace más o menos el mismo tiempo, ha habido un luchador solitario contra la corrupción en la contratación estatal, referente a proyectos de ingeniería al que le dediqué un artículo para destacar esa misión quijotesca (Fonseca, 2020). Pero ha pasado el tiempo y ya son célebres los trinos del ingeniero Rodrigo Fernández, con su léxico especial que inventó (el amarre, el ungido, los contrataderos…), muy coloquial y perfectamente adaptado a nuestro léxico común, y que ya se entiende fácil en los medios periodísticos y los de ingeniería. Su trabajo está empezando a tener eco para esperanza de todos. Sigue La W, La Voz del Galeras de Pasto, Vanguardia de Bucaramanga, Paola Herrera de Cambio, Últimas noticias Radio Melodía de Bucaramanga, Caracol Bucaramanga, Radio Nacional de Colombia de Bucaramanga, El Pilón de Valledupar, Contacto Noticias de Violeta estéreo de Yopal, le consultan habitualmente como experto en contratación pública y luchador contra la corrupción.
Recientemente, tanto en el Congreso Nacional de Ingeniería como en el Foro sobre la corrupción en el Estado, ambos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, presentó el resultado de su última investigación en la que estudió las 200 licitaciones de más de 1000 millones de pesos sobre infraestructura física, desde mayo de 2023 a mayo de 2024, que sumaban poco menos de 1 billón de pesos según sus presupuestos oficiales. Mostró la participación de proponentes: en promedio solo recibieron 2.02 propuestas por proceso de las cuales solo quedaron habilitadas 1.55; es decir, bajísima pluralidad de oferentes, lo que es el principal indicativo de que pueda haber un acuerdo previo para que gane un ungido, o sea, corrupción.
Es el resultado de lo que él llama los contrataderos mediante los cuales las entidades del Estado se saltan la Ley 80 de 1993, que es nuestro marco legal para contratación pública, encomendándole su contratación de obras y compras públicas a una entidad que sea Empresa Industrial y Comercial del Estado o Sociedad de Economía Mixta, que son de régimen privado, y por lo cual puede aplicar su propio manual de contratación sin tener que controlar el uso e inversión de los recursos públicos que establece la ley para estos casos. Esta figura emergió a expensas de la Ley 1150 de 2007, que estableció en su artículo 14 una excepción a la contratación de este tipo de empresas que permite usar el régimen que les aplique según su naturaleza jurídica. Es decir, régimen privado para recursos públicos, sin aplicación de los controles para los recursos públicos.
Y claro, resultó muy conveniente para que los políticos al mando de municipios y gobernaciones crearan entidades con este régimen y aplicaran sus propios manuales de contratación (régimen privado) a los programas financiados con recursos del Gobierno Nacional, previamente concertados con los Congresistas interesados e impulsores de las aprobaciones centrales, que a su vez, resultaban fichas necesarias para que el Gobierno pudiera impulsar sus iniciativas en el Congreso (sus votos en los proyectos de Ley de iniciativa gubernamental).
El experto mostró la lista de contrataderos, que han crecido como espuma desde su creación, pudiendo llegar a unos 100 ya, por medio de los cuales se pueden estar contratando entre 2 y 3 billones de pesos anuales. De eso, un porcentaje se va para corrupción.
El modus operandi es similar en todos los contrataderos. Se invitan a unos pocos oferentes, no más de cinco generalmente; así, limita de inmediato la participación abierta de quienes hubieran podido ser unos buenos contratistas del Estado. Con los contrataderos es fácil porque no tienen que promover de la competencia, y se puede direccionar la contratación al ungido de manera más expedita. El ingeniero Fernández describió cómo se presentaban tres o cuatro proponentes atendiendo a una invitación, pero a uno se le olvidaba la póliza, otro no atendía un llamado a subsanar algo, el tercero perdía intencionalmente algunos puntos y así, dejaban solo al ungido. Así, simulan un proceso competitivo pero ineficaz. Una franca configuración del delito de colusión eso sí, que es penal y administrativo y que alcanza tanto a los funcionarios como a los contratistas, tanto el ungido como los que se prestan para esta burda burla en detrimento del Estado y de los principios de libre competencia y transparencia.
No hay varios proponentes como debería haber en una licitación, y por tanto no hay competencia, lo cual implica que no hay puja por un precio mas bajo, y se pierde una de las condiciones de los objetivos de contratación para lograr ahorros para el Estado. Cuando el ungido ya sabe que no tendrá competencia, propone cerca al presupuesto oficial, con lo cual el Estado no obtiene los ahorros que en forma lógica se esperarían si hubiera competencia. Tan solo en esta muestra, al Estado le habrían costado estos contratos unos 50,000 millones de pesos menos, según el estimativo del ingeniero Fernández, lo cual se constituiría en el delito de detrimento patrimonial (pérdida de recursos públicos) perpetuado por los funcionarios y el contratista participantes, que tiene también tanto efectos administrativos como penales.
Lo más grave es que esto sucede todos los días en frente de todos los colombianos. Realmente los organismos de control no hacen mayor cosa para combatirla, por no decir nada, frente a semejante tamaño del monstruo. Por eso, no es buena noticia que, por ejemplo, para elegir al próximo Procurador General de la República, se vaya a escoger de una terna de conocidos políticos que salen del seno de la politiquería, dos de ellos de uno de los partidos más tildados de corrupto y el otro del seno del Senado, amigo de todos. Obviamente ninguno haría nada para arreglar el más grave cáncer que tiene nuestra nación. Tal cual, como acusa hoy a la Procuraduría el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, por guardar silencio frente a la corrupción (Vanguardia, 2024 edición impresa página 11, septiembre 25).
Hay una forma de mejorar la situación que podría cercenar el mal. Basta una decisión política del Gobierno para condicionar el uso de recursos de programas nacionales para ejecución directa por parte de las entidades territoriales, estrictamente ceñidas al marco de la Ley 80. Esto es apenas lógico: que los recursos públicos se cuiden como se debe. De hecho, el valiente Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, ya lo logró en un proceso que comentamos recientemente (Fonseca, 2024); el Gobierno tiene que exigir esta vía en todos los programas si quiere demostrar que realmente tenía compromiso con la lucha contra la corrupción.
Si esto sucediera en forma generalizada, las entidades volverían a hacer sus procesos de contratación, como es lo debido, y los contrataderos se extinguirían solos porque ya no tendrían como llevar a cabo el oficio para los cuales fueron acomodados: la corrupción masiva.
