El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha convocado este viernes una consulta popular sobre la creación de una Asamblea Constituyente para renovar la Carta Magna, una de las promesas más repetidas durante su campaña, y lo ha hecho sin contar con el Tribunal Constitucional, apenas un día después de anunciar su pretensión de incluir una pregunta a este respecto en el referéndum que tiene previsto realizar a finales de año.
«Ecuador enfrenta problemas estructurales y coyunturales que requieren ser abordados de manera urgente y que no pueden ser tratados de manera adecuada a través de los mecanismos ordinarios de reforma constitucional previstos actualmente. En consecuencia, se plantea la necesidad de una convocatoria a consulta popular (…), mediante la conformación de una Asamblea Constituyente, como la única vía legítima y eficaz para redefinir el pacto social y reestructurar el Estado ante la crisis actual», reza un decreto ejecutivo firmado por Noboa.
El presidente ecuatoriano se ha acogido al artículo 444 de la Constitución para argumentar que «la asamblea constituyente solo puede ser convocada a través de consulta popular» y que el presidente es competente para hacerlo. Esta norma, ha señalado el mandatario, «es clara, concreta y especial dentro del orden constitucional» y «prevalece sobre cualquier disposición de carácter general o pronunciamiento (en) contrario».
De acuerdo con el mandatario, la Asamblea Constituyente estaría integrada por 80 personas –a saber, 52 representantes provinciales, 22 nacionales y seis en el exterior– y su período de vigencia sería inicialmente de seis meses, con la posibilidad de una prórroga de dos meses más.
Nota relacionada: Daniel Noboa propone cambiar la Constitución de Ecuador
Si bien la Constitución, «norma suprema» del país, establece que toda consulta popular ha de ser convocada tras la emisión por parte de la Corte Constitucional de un dictamen favorable sobre la viabilidad de las preguntas, Noboa no ha remitido a la sala las preguntas que figurarán en la consulta, justificándose con el ya mencionado artículo 444 de la Carta Magna ecuatoriana.
El razonamiento subyacente, ha señalado, es que «la ciudadanía demanda mayor participación directa, transparencia y control social en la vida pública» y que todas estas demandas «deben reflejarse en un diseño constitucional que profundice en una democracia participativa, con mecanismos efectivos que complementen la representación política tradicional».
El decreto presidencial contempla, en primer lugar, convocar una consulta popular «para que el electorado se pronuncie afirmativa o negativamente» sobre la siguiente pregunta: «¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?».
Asimismo, prevé notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) «para que continúe con el proceso previsto en la Constitución» y solicitar al mismo organismo electoral que «consten en la papeleta electoral» tanto la forma de elección de los representantes como las reglas del proceso electoral, adjuntas al citado decreto.
En decretos paralelos, el presidente ecuatoriano ha manifestado su intención de someter también a consulta la eventual eliminación de la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país sudamericano, así como la concesión –o no– de recursos públicos a la financiación de partidos y movimientos políticos. Estas cuestiones, que fueron ya aprobadas por la Asamblea Nacional, están ahora en manos de la corte.
Aparecen las primeras demandas
El decreto de Noboa convocando un referéndum se ha visto seguido inmediatamente por la presentación de cinco demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador, que ha decidido admitirlas todas a trámite y aceptar la solicitud de medidas cautelares, suspendiendo de forma provisional el citado decreto.
«Estas medidas cautelares son provisionales y una muestra del compromiso de asegurar que cualquier propuesta de reforma o cambio constitucional siga los procedimientos que la Norma Suprema establece, de manera que la voluntad popular se exprese de forma libre, informada y dentro de la ley», ha dicho el Constitucional en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.
«Este proceso se puede subsanar respetando el procedimiento previsto en la Constitución», ha dicho, tras recordar que el decreto emitido por la Presidencia «dispone la convocatoria de una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin previo control constitucional».
Así, la Corte Constitucional ha incidido en que su decisión ha sido adoptada «en estricto respeto a la Constitución y la ley, con el único propósito de prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de todas y todos los ecuatorianos».
«Respetar la Constitución no significa un bloqueo entre instituciones ni una confrontación política, tampoco se busca el limitar el pronunciamiento ciudadano sobre una posible modificación de la Constitución», ha dicho, antes de insistir en que el tribunal «no es enemigo del pueblo». «Nada más alejado de la realidad», ha subrayado.
«Es guardiana de sus derechos y nuestro compromiso es con la Constitución, con la democracia y con los derechos de cada persona que habita en Ecuador», ha manifestado, antes de reseñar que «continuará el análisis de las acciones de inconstitucionalidad con la independencia, celeridad y transparencia que exige la función» de cara a emitir una «decisión definitiva, escuchando a todas las partes y garantizando el derecho a la defensa».
Amenaza de bomba
El Constitucional ha denunciado además en su comunicado que durante el proceso de admisión de las demandas, el tribunal registró «una amenaza de bomba» que obligó a la Policía a evacuar de forma preventiva el edificio.
«Este incidente, además de reprochable, evidencia la importancia de defender las instituciones y rechazar cualquier intento de intimidación que busque alterar el curso de la justicia y la democracia», ha manifestado el tribunal, que ha dicho «lamentar profundamente» esta amenaza.
«Hoy reiteramos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que respetar la Constitución es defender la democracia, es proteger el derecho de cada ciudadano a vivir en un país donde las reglas sean claras y se respeten los límites que nos hemos dado como sociedad. La Corte demanda condiciones necesarias para ejercer su misión institucional», ha zanjado.
Por su parte, el subdirector para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, ha mostrado su «gran preocupación por la situación en Ecuador», antes de afirmar que el país sudamericano «está al borde de un quiebre del orden constitucional».
«La Corte ha sido obligada a desalojar el edificio por una supuesta amenaza de bomba cuando sesionaba sobre la asamblea constituyente impulsada por Noboa», ha dicho. «Exigimos que se respete la independencia de la Corte Constitucional y la seguridad de sus jueces», ha agregado.
«Cualquier proceso de reforma constitucional debe seguir los canales establecidos en la ley y la constitución. Ecuador no debe volver a un proceso autoritario», ha remachado Pappier a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
