Gracias a una operación conjunta entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía, con apoyo de las autoridades de EU, fue capturado Alfonso Meléndez Ballesteros, alias ‘Poncho’, un narcotraficante solicitado en extradición por los Estados Unidos.
El detenido fue localizado en el municipio de Acandí, ubicado en el departamento del Chocó y fronterizo con Panamá, luego de una investigación de la DEA y la DIJIN. El delincuente se mostraba como un importante ganadero y apasionado de los caballos de paso fino. Constantemente publicaba fotos de bovinos de gran valor asegurando que su empresa era próspera.
Alias ‘Poncho’ integraba una organización criminal transnacional que envía cocaína en lanchas ‘Go fast’ desde Turbo, en el departamento de Antioquia (noroeste), hacia Centroamérica, para luego ser llevada hacia los Estados Unidos. Esta red tiene nexos con el Clan del Golfo, aseguran las autoridades.
Alfonso Meléndez Ballesteros fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.
Luego de que las Fuerzas Militares desplegaran la Operación Perseo, el objetivo de recuperar la totalidad del control del municipio de El Plateado, en el Cauca, una comisión del Gobierno Nacional viajó al departamento para atender la situación de orden público y dar solución a los problemas sociales del territorio.
En la comitiva viajó la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia; el ministro de Defensa, Iván Velásquez y altos funcionarios del Estado, en representación del presidente de la República, Gustavo Petro, que por motivos de seguridad no se desplazó.
Este grupo de funcionarios dialogarán con las comunidades mientras de manera paralela, el Ejército Nacional y la Policía hacen frente a las amenazas de Iván Mordisco.
Mordisco no es el jefe de las fuerzas del EM del Cauca. Le interesan los negocios de Coltán, oro ilícito y la destruccion de la selva para entregarle la tierra que despejan los campesinos de selva, a los narcoterratenientes”, indicó el presidente Gustavo Petro al ordenar al Ejército perseguirle.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha autorizado bombardear al Estado Mayor Central (EMC) de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por «proporcionalidad» después de que un dron de los insurgentes lanzara una bomba sobre población civil en El Plateado (Cauca) e hiriera a 14 personas.
«El EMC al bombardear población civil nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas. Les envío un mensaje: venzan la codicia y hagan la paz en favor del pueblo colombiano»..
Petro ha anunciado además que viajará a El Plateado con todo su gabinete para «con todos los habitantes del Micay trazar el plan de inversiones inmediato».
«Le solicito a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del Micay dejar de atender órdenes impuestas del MC. La región debe ser gobernada por la población civil misma y no por quienes traquetean con mafias mexicanas y extranjeras», ha planteado.
Petro ha apelado además a que «las organizaciones populares dirigirán el esfuerzo para pasar a las economías lícitas, ganar tranquilidad y bienestar. Es la hora del cambio».
Habitantes de El Plateado, considerado un bastión del EMC, presionaron a los militares para concentrarse en el centro del pueblo, momento que aprovechó la guerrilla para lanzaron un explosivo desde un dron. Tras este incidente, unos 1.400 militares entraron en la localidad y se escucharon disparos y explosiones, según testimonio de los vecinos.
La zona sirve de corredor por el cañón de Micay hacia las costas del Pacífico para sacar cocaína y marihuana que se produce en Cauca y Nariño.
Tropas del Gaula Militar Cundinamarca, de la Brigada 13, en conjunto con el Gaula Élite N.° 2 del Comando General de las Fuerzas Militares, y el CTI de la Fiscalía Seccional Bogotá capturaron a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua en el barrio San Bernandino, sur de Bogotá.
En flagrancia capturaron a dos ciudadanos extranjeros en el momento en que recibían 8 millones de pesos, producto de una extorsión a un comerciante de la localidad de Bosa.
Según las primeras investigaciones, los delincuentes que se identificaban como integrantes del Tren de Aragua contactaban a sus víctimas vía telefónica y mensaje de texto, para amenazarlos con atentar contra sus vidas, si no pagaban sumas de dinero que iban de 1 a 8 millones de pesos.
De esta manera, las tropas de la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, golpean las finanzas ilícitas de las estructuras criminales que delinquen en el centro del país.
Nueve soldados del Ejército de Colombia han resultado heridos en un ataque con bomba perpetrado en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar.
Los militares, adscritos a la Primera División del Ejército, realizaban movimientos tácticos en el corregimiento de San Lucas, para asegurar la zona y garantizar la seguridad de los habitantes, según ha informado la cadena Caracol Radio.
Individuos armados arrojaron entonces un artefacto explosivo contra los militares. Tres de los nueve militares lesionados necesitaron de una intervención médica urgente y fueron por ello trasladados por vía aérea a Barrancabermeja, Santander, ha explicado el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío.
«Se hizo un movimiento táctico para asegurar la zona. El problema de esto es que cuando se hace este tipo de operaciones quedan vulnerables nuestras tropas porque quedan visibles. Esto lo aprovecharon los criminales para arrojarles un artefacto explosivo a nuestros uniformados, tres de los nueve soldados heridos necesitan atención hospitalaria y están siendo evacuados vía aérea hacia el municipio de Barrancabermeja», ha relatado.
En este ataque ha muerto uno de los perros antiexplosivos del Ejército. «Una canina táctica de antiexplosivos falleció, es una labradora de nombre Kathy», ha indicado Berrío.
La zona es escenario de constantes enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo desde hace varias semanas. «Estamos haciendo un movimiento de tropas para reforzar la seguridad en la zona, a los grupos criminales no les gusta que estemos allí, pero vamos a permanecer con la fuerza pública», ha añadido Berrío.Copiar al portapapeles
Las tropas identificaron que el alcaloide había sido prensado en paquetes y almacenado en el contenedor que supuestamente transportaba el gas. Este cargamento que pertenecería a las disidencias Carlos Patiño que delinquen en los municipios de Balboa y Argelia estaba avaluado en más de 2300 millones de pesos, lo que se traduce en una importante afectación a las rentas ilegales de esta organización delictiva.
El vehículo fue abandonado cerca al ingreso a Popayán, por lo que no se produjeron capturas. En otro puesto de control se logró la incautación de 160 kg de pólvora negra que eran trasportados en un vehículo durante su paso por la vereda Quilcacé de Rosas, en el sur del departamento.
Este elemento usado comúnmente para la fabricación de artefactos explosivos improvisados pertenecería a la estructura residual Carlos Patiño. Esta operación de control territorial dejó como resultado la captura del conductor así como la incautación de la sustancia explosiva.
Tropas del Batallón de Infantería N.° 22 Batalla de Ayacucho, junto a la Seccional de Inteligencia Policial, CTI, Corpocaldas, Batallón de Inteligencia Militar, Brigada Contra la Extracción Ilícita de Yacimientos Mineros y el Comando Aéreo de Combate, efectuaron una operación contra el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento de Caldas.
En el municipio de Samaná, en la vereda Cristales, donde está ubicado el afluente hídrico del río Cauca, fue incautado un material que era utilizado para extraer el mineral con métodos ilícitos. En el lugar se encontraron 5 excavadoras, 2 dragas tipo buzo, 3.610 galones de insumos líquidos para efectuar la actividad ilegal, 2 motores cummins, 4 motobombals, 2 talleres de mecánica con herramientas varias, 3 clasificadores de minerales, 5 radios de comunicación, detectores de metales, plantas eléctricas, 16 kilómetros de mangueras de varios calibres, 25 cilindros de gas de 60 libras, 10 poleas, entre otros.
El material incautado e inhabilitado estaría avaluado en 3.000 millones de pesos y les permitía obtener una producción mensual de 15 libras de oro equivalente a 2.200 millones de pesos aproximadamente.
El Comando de Estabilización y Consolidación Júpiter, la Vigésima Séptima Brigada y unidades de la Sexta División del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron desmantelar una organización dedicada al tráfico de camuflados, gorras, cantimploras y otros elementos que serían usados por los Comandos de Frontera.
En esta operación se identificó una vivienda en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, donde se almacenaba una gran cantidad de material de uso privativo de las Fuerzas Militares. Hasta allí llegaron tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 22, junto a la Policía Nacional, ingresando al predio, donde encontraron a tres personas en posesión de cuatro uniformes camuflados tipo camaleón, tres camuflados patriota, cinco camisetas verdes, 14 chalecos multipropósito, 12 gorras pixeladas, 15 pares de botas de combate vulcanizadas, 39 jarros metálicos, 15 cantimploras, 23 fundas para cantimploras, 28 hamacas, 5 toallas verdes marcadas con el logo del Ejército y 12 cintelas. Estos elementos estaban destinados al Frente 48, conocido como Comandos de Frontera.
El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y servirá como evidencia en el proceso judicial contra los capturados. Este resultado se enmarca dentro de las líneas estratégicas del Ejército Nacional para debilitar las capacidades de las amenazas y proteger a la población civil, tal como lo establece el Plan de Operaciones Ayacucho y la Política de Defensa y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Defensa Nacional.
El Ministerio de Defensa Nacional radicó un proyecto de ley que busca ampliar el acceso a la justicia para los miembros de la Fuerza Pública que han sido declarados víctimas en el marco del conflicto colombiano.
«Con este proyecto de ley, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de quienes arriesgan sus vidas por la seguridad de todos los colombianos», destacó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien además afirmó que se busca fortalecer la legitimidad de la Fuerza Pública, garantizando que sus miembros tengan acceso a una defensa jurídica sólida y efectiva cuando sean víctimas de delitos.
La iniciativa busca la inclusión de la representación legal de las víctimas de la Fuerza Pública en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y la jurisdicción ordinaria y autoriza Fondetec para que brinde servicios de defensa técnica a miembros de la Policía Nacional que ejercen funciones de Policía Judicial en investigaciones por corrupción, cuando sean denunciados por delitos contra la fe pública en el marco de sus actuaciones.
Esta iniciativa busca brindar las herramientas necesarias a militares y policías para defender sus derechos y asegurar que se haga justicia.
En la vereda Llana Baja, municipio de Teorama, Norte de Santander, durante el desarrollo de operaciones militares, un grupo de soldados fueron víctimas de la activación de un campo minado instalado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la explosión del campo minado, el soldado profesional Carlos Solano Miranda fue asesinado y otros cinco militares resultaron heridos, quienes fueron evacuados vía aérea hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica especializada.
Las tropas atacadas se encontraban cumpliendo la misión de asegurar el territorio escoltando la maquinaria destinada a la reparación del Oleoducto Caño Limón – Coveñas afectado por esta guerrilla.
Continúan las dudas por la supuesta presencia de la Segunda Marquetalia en la localidad del Sumapaz, luego de la aparición de grafitis y hechos de alteración atribuidos a la estructura armada ilegal.
Al respecto, el comandante del ejército, general Luis Emilio Cardozo, informó que se están llevando a cabo investigaciones para confirmar la presencia del frente 53 de la Segunda Marquetalia en la región. Dijo además que tanto la inteligencia militar y de Policía se encuentran realizado las respectivas averiguaciones para confirmar la presencia de este grupo armado ilegal o descartarlo si es el caso.
«Ya hay una investigación por parte de las agencias de inteligencia militar para verificar qué estructura de la Segunda Marquetalia es la que tiene presencia en Sumapaz», dijo.
Ante las denuncias, el Ejército Nacional realizó un despliegue de tropas en la región.
En una operación conjunta y simultánea del Ejército Nacional, con el apoyo de la Policía Antinarcóticos, la SIJIN, la Fiscalía General de la Nación y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) se logró desarticular una banda criminal dedicada a la explotación ilícita de recursos naturales en los municipios de San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y en la vereda La Primavera, en Guaviare. Gracias a labores de inteligencia, se desmanteló un centro de acopio ilegal con más de 360 m³ de madera, avaluada en aproximadamente 324 millones de pesos.
“En una acción conjunta y coordinada entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía Nacional se dio con la captura de estas personas que estaban talando la selva amazónica para después comercializarla de manera ilegal. Este resultado es parte de la articulación que se ha logrado a través del Conaldef y que demuestra el compromiso que tenemos como Gobierno para contener la deforestación en zonas estratégicas del país”, comentó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.
La operación fue liderada por tropas de los batallones de infantería 19 y 24. Se capturaron siete individuos acusados de delitos como aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, promoción y financiación de la deforestación, y concierto para delinquir. Además, se incautó un centro de acopio destinado a la comercialización ilegal de madera, desarticulando así un peligroso grupo criminal que amenazaba la Amazonía Colombiana.
“Gracias a las labores de inteligencia militar y tras varios meses de seguimiento, se logró desarticular el grupo criminal denominado Los Taladores, responsables del comercio ilegal de madera y de la deforestación de áreas ecológicamente sensibles, cercanas al Parque Natural Nacional Nukak. Este grupo ha destruido más de 800 hectáreas de selva”, comentó el Brigadier General Jaime Eduardo Torres Ramírez, comandante de la Brigada de Selva No. 22 en Guaviare.
Torres agregó que “entre los capturados se encuentran alias Serafín y alias Dora, cabecillas de esta estructura criminal. También se detuvo a alias Yamit, responsable de financiar y falsificar los salvoconductos para el transporte ilegal de la madera, y a alias Omar, encargado de la logística y contratación del personal para la tala ilegal”.
Los siete capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha perpetrado este sábado un nuevo atentado con bomba contra efectivos del Ejército colombiano, esta vez sin víctimas, en un ataque que pone en cuestión el proceso de paz abierto con el Gobierno.
Uno de los vehículos blindados del Grupo de Caballería N.°18 Reveiz Pizarro fue atacado con una carga explosiva en la carretera Tame-Betoyes, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
Los guerrilleros atravesaron un autobús de servicio público en la carretera para impedir el paso y detonaron la bomba al llegar el vehículo militar. Ningún soldado ha resultado lesionado tras la detonación por tratarse de un vehículo blindado.
El pasado martes murieron tres militares en un ataque del ELN contra una base militar en Puerto Jordán, también en el estado de Arauca.
Dos soldados del Ejército Nacional se negaron a recibir un soborno en el municipio de Valparaíso, Caquetá. El hecho se presentó en una de las vías principales que conducen hacia el municipio del Valparaíso, en el departamento del Caquetá, en un puesto de control, bajo el mando de un suboficial del Ejército Nacional, quien junto a las tropas hizo señal de «pare» a un conductor de una moto, en que se movilizaba una persona, quien al ver el puesto de control y la intención de los soldados de verificarlo, se devolvió y emprendió la huida, pero metros más adelante lo lograron detener
El sujeto abordó a los soldados para hablar de un soborno con el objetivo de que lo dejaran continuar su trayecto, e indicándoles que podían coger 40 millones de pesos.
Los militares rechazaron la oferta, capturando al hombre para luego dejarlo a disposición de las autoridades competentes junto con el dinero incautado para su respectiva judicialización.
Uniformados del Ejército Nacional fueron atacados en la base militar de Puerto Jordán, Arauca, por integrantes de una columna armada de un grupo ilegal por identificar quienes llegaron al lugar lanzando tatucos.
Al cierre de esta nota se reportó un total de 16 militares heridos, quienes reciben atención por el personal de la salud de la base. Las autoridades trabajan por determinar quiénes fueron los responsables.
Se presume que podría tratarse del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que tiene una fuerte presencia en Arauca y que se disputa el territorio con disidencias de las Farc.
El comandante del Ejército, general, Luis Emilio Cardozo Santamaría, rechazó el ataque y anunció que se dirige al lugar para colocarse al frente de la situación de orden público.
