El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal.
“Condenar a Diego Javier Cadena Ramírez, como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal, por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda, e imponer la pena principal de 84 meses de prisión y multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señaló el juez.
Cadena hizo parte del grupo de abogados de defensa en el proceso en el que fue condenado el exmandatario por falsos testigos en contra del senador Iván Cepeda. El fallo en su contra no incluye la captura y podrá acudir a una segunda instancia.
El abogado Iván Cancino anunció la apelación de la sentencia, y será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de resolverlo.
Existen dos funciones divinas que El Eterno ha encargado a los hombres, la primera la de sanar, la de tratar la salud y propender por el bienestar del cuerpo, es allí donde los médicos ejercen una función invaluable. La segunda función divina es la de administrar justicia. Cuando Moshe estaba en el desierto conduciendo al pueblo de D-os a la tierra prometida, los israelíes tenían muchas desavenencias por razón de la convivencia, atender a un pueblo itinerante con más de 600.000 hombres mayores de 20 años aptos para el combate, sin contar mujeres, niños y ancianos no debería de ser tarea fácil, todo iban a consultarlo al gran profeta Moshe; quien aconsejado por su suegro, Jetro, nombró jueces de entre los hombres sabios y temerosos de Adonái para resolver los conflictos de su pueblo, siendo origen de un sistema de gobierno de jueces.
Administrar justicia es misión toral que señala el derrotero de las comunidades. Los jueces deben ser sabios y temerosos de El Creador. El problema empieza cuando la justicia se corrompe al perderse el temor de D-os para dejar de lado la objetividad, la imparcialidad, el sentido común y el buen tino. Cuando el que administra justicia en lugar de sentenciar para cada quien lo que se merece se pone del lado del victimario y del cohecho. La justicia suele ser representada como una mujer con los ojos vendados, que sostiene una espada en una mano y en la otra una balanza equilibrada. Esta representación no es apropiada: La justicia no puede ser ciega, debe arrancarse la venda para distinguir con claridad entre lo correcto e incorrecto. La balanza debería estar cargada del lado de lo correcto y, la espada enhiesta para caer sobre quien perturba el derecho ajeno.
Administrar justicia es un acto político porque en últimas, los jueces con sus decisiones, gobiernan, al ser raceros de lo que justo en una comunidad; tampoco son ajenos a devaneos sobre lo moral e inmoral. La probidad a toda costa, debería ser una de las principales virtudes de todo juez. El juez sólo deber ser juez, sin otro oficio diferente. Cuando el juez es también empresario, terrateniente, influenciador, comerciante o inversor produce desconfianza. Donde esté tu corazón allí estará tu tesoro. Cuando la justicia se corrompe no sólo se vuelve avara y venal, también se carga de ideología; jamás un acto judicial debería ser una expresión ideológica. Una cosa es la política y otra la ideología. Cuando los jueces hacen de las sentencias instrumentos ideológicos sacrifican la justicia para priorizar el resentimiento y el odio.
Probablemente la grandeza de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos radique en que, previo a su elección, deben confesar sus convicciones ideológicas, religiosas y políticas, lo que se torna de conocimiento público. Empero, todos los seres humanos son políticos en el sentido aristotélico entendidos como “zoon politikon”, porque forma parte de una comunidad. Lo que se hace inaceptable es que, el juez pignore la objetividad de pensamiento e independencia de criterio para hacer de sus decisiones remedos ideológicos y, de la sentencia ley de citas, en la que se cita por citar cual amanuense académico, por el simple prurito de posar de lúcido.
Cuando la justicia se corrompe amenaza ruina social y yerro moral. Un juez que cree que administrar justicia es cobrar deudas ideológicas es un bellaco con toga, que no ha entendido el sentido de la justicia y se convierte en un peligro para la sociedad. Los jueces no están para cohonestar al gobernante ni al ideólogo. Están para cumplir con una alta misión. No más administradores de justicia con resentimientos frutos de sesgos y taras ideológicas, por favor ¿Es mucho pedir?
Ovidio Guzmán López, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo Guzmán‘, ha abandonado la cárcel tras el acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses para declararse culpable de varios delitos de narcotráfico y resguardado en lugar secreto mientras continúa colaborando.
López, conocido como ‘El Ratón’, ha salido de prisión este lunes 14 de julio, después de declararse culpable el pasado viernes ante un tribunal de Chicago, como parte del acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para enfado de las autoridades mexicanas, que fueron quienes le arrestaron.
Tras permanecer el fin de semana en la cárcel metropolitana de Chicago, el hijo de ‘El Chapo’ ha dejado las instalaciones, según la Agencia Federal de Prisiones (BOP), a una localización que no ha trascendido, según ha informado el diario ‘El Universo’.
Esta salida forma parte del acuerdo de colaboración con Estados Unidos, dentro de un programa de protección de testigos, que en caso de resultar satisfactoria para los fiscales, recomendarán a la jueza del caso, Sharon Johnson Coleman, una reducción de la pena por debajo de la cadena perpetua.
Dicha sentencia será fijada en enero de 2026. Ese es el tiempo que tiene el líder de Los Chapitos –una de las facciones en las que se divide el Cártel de Sinaloa— para ofrecer información adicional que facilite nuevos procesos contra la organización que una vez lideró su padre y sus cómplices.
Ovidio no es el único de los vástagos de ‘El Chapo’ que ha decidido colaborar con la Justicia en búsqueda de cierta indulgencia en sus condenas. Joaquín Guzmán López se entregó el año pasado de manera voluntaria tras aterrizar en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, junto con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, otro capo del cártel, quien afirma haber sido vendido por la familia Guzmán.
El acuerdo de colaboración de ‘El Ratón’ con los fiscales estadounidenses ha provocado el malestar de México, que ha reprochado a la Administración de Donald Trump no haber contado con ellos en el proceso, a pesar de que fueron ellos quienes llevaron el peso de la operación para detenerle.
Con la sanción presidencial de la reforma a la justicia, los tiempos que surten para la decisión de un proceso judicial se verán recortados entre uno y doce meses. Lo anterior, gracias a una serie de beneficios que serían concedidos si el victimario se acoge a los principios de verdad y reparación.
Dichos beneficios no le serán otorgados a procesados por temas relacionados con crímenes de lesa humanidad, ni delitos graves contra niños, niñas y adolescentes.
Los cambios más importantes en materia penal que trae la norma son los siguientes:
Justicia centrada en las víctimas: se refuerzan los mecanismos de reparación integral y se prioriza su participación en el proceso penal.
Fortalecimiento del principio de oportunidad: permitirá a los fiscales aplicar con mayor autonomía esta figura, lo que contribuye a enfocar los recursos del Estado en la investigación de los delitos más graves.
Beneficios por aceptación de cargos: se agilizan los procesos judiciales y se promueve la justicia restaurativa mediante sentencias anticipadas y acuerdos entre las partes.
Uso de pruebas anticipadas: facilitará la recolección oportuna de evidencias y evitará dilaciones en los procesos.
La expresidenta argentina Cristina Fernández ha anunciado que el próximo miércoles, 18 de junio, se presentará ante los tribunales para quedar formalmente detenida, después de que la Corte Suprema de Justicia confirmase una condena de seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua en la denominada ‘Causa Vialidad’.
Fernández, que siempre ha defendido su inocencia bajo el argumento de que todo forma parte de una persecución política, fue condenada por delitos de corrupción vinculados a la gestión obras públicas en la provincia de Santa Cruz y ahora busca «estar a derecho». «Como siempre lo he hecho», ha apostillado en un mensaje en su cuenta de la red social X.
«No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea», ha esgrimido Fernández, que aspira al menos a cambiar su entrada en prisión por una orden de arresto domiciliario.
Fernández ha alegado que este arresto domiciliario no es un «privilegio», sino que «obedece a estrictas razones de seguridad personal», al tiempo que ha recordado que, como antigua presidenta, tiene derecho a una custodia «de por vida» que es «obligatoria» y a la que, según ella, no puede renunciar.
En este sentido, ha recordado que en septiembre de 2022 sobrevivió a un intento de asesinato que fracasó por el fallo de la pistola con el que fue encañonada, señalando que a día de hoy las autoridades no habrían querido avanzar en las investigaciones sobre «los autores intelectuales y los apoyos económicos» y que, por tanto, su vida corre peligro.
Este incidente tuvo lugar en la fase final del «engendro político-electoral» de la ‘Causa Vialidad’ y Fernández ha equiparado «la bala que no salió» en un primer momento con «el fallo que sí salió» esta misma semana en el Supremo, celebrado de manera pública por el actual presidente de Argentina, Javier Milei.
La Fiscalía anunció este miércoles que el excabecilla del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, ha sido condenado a 20 años de cárcel por 141 hechos criminales llevados a cabo entre el año 2000 y 2005.
‘Macaco’ también tendrá que pagar una multa «equivalente a 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes», mientras que permanecerá entre rejas después de que la Justicia haya rechazado una petición para que cumpla la pena –a la que ha aceptado someterse de forma anticipada– bajo modalidad domiciliaria.
En concreto, un juez especializado de Bucaramanga, en el departamento de Santander, ha declarado culpable a ‘Macaco’ por delitos de homicidio agravado, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito y deportación, tortura en persona protegida o acceso carnal violento en persona protegida, entre otros.
«Se acreditaron 237 víctimas de un plan sistemático promovido por alias ‘Macaco’ y otros cabecillas de las AUC para asesinar, desaparecer y desplazar a toda persona que se oponían a su actuar delictivo entre 2000 y 2005», ha agregado en un comunicado.
Los delitos fueron cometidos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander. La Fiscalía ha detallado que entre los homicidios por los que ha sido condenado se encuentra el del periodista Eduardo Estrada Gutiérrez, quien murió tiroteado el 16 de julio de 2001 en San Pablo, municipio en el sur de Bolívar.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó en marzo de 2020 una solicitud de ‘Macaco’ –sentenciado también en Estados Unidos a 33 años de prisión por cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo– para someterse a la justicia transicional diseñada en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Concejo de Bogotá aprobó un Acuerdo de Ciudad de iniciativa del concejal del Centro Democrático, Humberto Rafael Amín, donde se pide reforzar la prevención del delito, la cooperación con empresas de seguridad privada, la protección de poblaciones vulnerables y el trabajo con la comunidad, sin embargo, en entrevista para Confidencial Noticias, el cabildante pide al Congreso de la República legislar en favor de la seguridad ciudadana, para que los delincuentes no regresen a la libertad al día siguiente de su captura para volver a hacer de las suyas en calles y avenidas de la capital del país.
Pide usted mayores ajustes y reforzar los temas de seguridad en Bogotá, pero el asunto es que hoy el tema no es de más policía ni de más militares en la ciudad, sino de mayor eficacia en la justicia, ¿Qué decir ahí?
Humberto Rafael Amín: Con este Acuerdo de ciudad buscamos aportarle un granito de arena a la seguridad de los bogotanos porque mal haríamos desde el Concejo no aportando ese granito de arena para tratar de mejorar en algo la seguridad de los bogotanos, que no es un tema fácil.
Aquí vale la pena decirle a toda la ciudadanía que hoy los alcaldes están solos porque no tienen apoyo del gobierno nacional para mejorar la seguridad, porque al presidente poco o nada le interesa y ha dejado a los grupos al margen de la ley fortalecerse. Lo que corresponde a la justicia es algo que le corresponde al Congreso de la República quien está en mora de hacer una reforma al sistema judicial para endurecer mucho más las penas, y que esas personas no regresen a la calle a delinquir de nuevo.
¿Reconoce entonces que para que la seguridad mejore la justicia debe poner su granito de arena?
Humberto Rafael Amín: Aquí necesitamos un Congreso que mejores las normas en materia penal para que se capture vaya a la cárcel. Sabemos que en Bogotá se está construyendo o se va a construir una nueva cárcel, en lo cual estamos en mora para que de verdad todas esas personas que sean judicializadas y no salgan a los dos, tres días a cometer delitos.
Muchas de las personas que se capturan en Bogotá ya tienen antecedentes judiciales y algunos están en prisión domiciliaria, lo que indica que la delincuencia se está burlando de la ciudad porque tiene una boquete dentro de la justicia que parece actuar de manera benevolente con ellos.
Humberto Rafael Amín: No se burlan de Bogotá, se burlan de Colombia. Eso es un tema de ley, no es un tema de la ciudad. Acuérdense que cuando vamos a hablar de los procesos judiciales que se adelantan para capturar a una persona se lo debe hacer en medio de un proceso regulado por una ley y el Concejo no puede entrar a regular eso.
Por lo anterior, le pedimos al Congreso de la República que legisle en esa materia para que todo el que se capture se meta preso y no vuelva a salir hasta tanto no tenga una sentencia.
Eso quiere decir que usted está de acuerdo con quienes opinan que la Policía ha cumplido con su labor, pero la justicia no tanto.
Humberto Rafael Amín: Decir que la Policía no está cumpliendo sería juzgar mal a una Institución que da la vida por los colombianos. Hay que recordar que los gobiernos progresistas le vienen quitando herramientas a la Policía para actuar. Cada día le ponen más frenos y hoy están bloqueados; con la moral mucho más baja y es por esto que debemos fortalecer esas instituciones para que tengan más herramientas, para que se profesionalicen cada día más y puedan dar los resultados que queremos a nivel nacional.
La senadora Paloma Valencia en entrevista para Confidencial Noticias dijo que el gobierno nacional le hace falta mucho dialogar con la rama judicial, ¿Está usted de acuerdo?
Humberto Rafael Amín: Completamente. Es que hoy vemos un gobierno nacional que no escucha a nadie. Vemos a un presidente Petro completamente salido de contexto; desconectado de la realidad; dándole herramientas a los grupos al margen al margen de la ley; peleando con las altas cortes; peleando con el Congreso; todo el tiempo armando escándalos; gobernando bajo un caos. Así no podemos sacar adelante un país.
La Justicia federal de Estados Unidos ha condenado a 87 meses de prisión al excongresista republicano por Nueva York George Santos, involucrado en un caso de suplantación de identidad y fraude derivados de sus actividades fraudulentas durante su campaña electoral de 2022, unos delitos que la magistrada Joanna Seybert ha catalogado como «crímenes sin precedentes».
La jueza Seybert ha accedido a la petición de condena de la Fiscalía, que alertó de que los delitos de Santos iban desde la «creación de una biografía totalmente ficticia», hasta el «cruel robo de dinero a donantes ancianos y discapacitados» para las elecciones de 2022, según informaciones recogidas por la cadena NBC.
«La codicia desenfrenada de Santos y su voraz apetito por la fama le permitieron explotar el mismo sistema mediante el cual seleccionamos a nuestros representante», denunciaron los fiscales en un memorando de sentencia. Ahora la jueza Seybert ha admitido estas acusaciones para dictar la misma.
Según los fiscales, a pesar de que Santos se declaró culpable de dos cargos de fraude grave el pasado mes de agosto, el excongresista es «un mentiroso patológico» que realmente no siente arrepentimiento por lo que hizo. Muestra de esto es, a juicio de la Fiscalía, el podcast que el excongresista ha lanzado recientemente.
Este programa –llamado ‘Pants on Fire with George Santos’, una expresión que alude a cuando se descubre a una persona mintiendo– es, según los fiscales, «una cristalización perfecta de su falta de arrepentimiento genuino y sus esfuerzos sordos por seguir convirtiendo mentiras en dólares».
Santos, expulsado a finales de 2023 de la Cámara de Representantes, se declaró el pasado mes de agosto culpable del delito de robo de identidad agravado y fraude electrónico, lo que le permitió evitar un juicio penal que estaba programado para apenas unas semanas después de aquella declaración.
Antes, en mayo de 2023, se había declarado inocente de trece cargos federales, incluidos siete cargos de fraude electrónico, tres de blanqueo de capitales, uno de robo de fondos públicos y dos por hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Análisis de Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz
Después del triunfo incuestionable del presidente Daniel Noboa en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación, en particular los que más preocupan a los ciudadanos, como es el caso de la seguridad y el empleo, dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar.
Son más de dieciséis meses de gobierno que lleva el presidente Noboa y que son la base para definir unas políticas de Estado en materia de seguridad y justicia para los próximos cuatro y más años, unas políticas de Estado que involucren a todas las instituciones responsables de estos temas.
Hay que partir de los logros alcanzados y de los retrocesos registrados durante este periodo, como es el caso del trabajo en equipo del Bloque de Seguridad (Policía, Fuerzas Militares), las alianzas estratégicas contra el crimen transnacional con distintos países europeos y EE.UU, los logros investigativos de la Fiscalía frente a la corrupción y la violencia homicida que disminuyó el año pasado, pero en lo que va corrido de este año ha aumentado de manera considerable, al igual que la extorsión.
Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia.
Hay que notar que a la Asamblea le corresponde dotar al Estado de las herramientas constitucionales y legales para enfrentar el crimen transnacional del narcotráfico y al terrorismo, como es el caso de la extradición, el lavado de activos, la expropiación de bienes de origen ilegal y la discusión y aprobación sobre nuevos recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, entre otras leyes y normas.
Al Poder Judicial le corresponde la administración pronta y transparente de justicia, disminuir la corrupción, reducir la impunidad, profesionalizar y ampliar el servicio de justicia a poblaciones y ciudadanos que no están siendo atendidos en esta materia y participar de la discusión de reformas y nuevas leyes para mejorar su servicio y eficacia frente a las nuevas y distintas formas de criminalidad que están afectando el bienestar y desarrollo social de los ciudadanos y la seguridad del Estado.
Hoy, después del proceso electoral, se hace necesario que las tres ramas del poder público trabajen en equipo para recuperar la seguridad de los ciudadanos, del Estado y blindar la democracia de los riesgos que plantea el accionar de los grupos criminales organizados, especialmente de la corrupción y cooptación de servidores públicos e instituciones para su servicio.
El trabajo en equipo es el camino.
Comienza un nuevo periodo de gobierno que debe estar marcado por el trabajo integral e interinstitucional del Estado ecuatoriano en tres áreas básicas de seguridad y justicia, las cuales deben contar con el liderazgo y participación de las tres ramas del poder público, en especial del poder ejecutivo en cabeza del presidente Daniel Noboa y de todo su gobierno:
Seguridad y convivencia ciudadana.
Seguridad del Estado y
Política criminal.
En estas tres áreas se requieren políticas de Estado que deben ser elaboradas y ejecutadas en el inmediato plazo (dos años), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años).
Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Es necesario elaborar una política de estado en materia de convivencia y seguridad ciudadana que contemple acciones preventivas, disuasivas y de uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, dando de esta forma un tratamiento integral a los problemas de violencia y delincuencia, devolviéndole al Estado el papel de garante de los derechos y deberes colectivos y restableciendo de esta forma el balance entre las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos; entre las acciones de prevención y las de regulación y entre el control sobre las actividades delictivas y los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad; un plan que vaya de desde preventivo hasta el uso legitimo de la fuerza, como lo muestra el siguiente esquema:
Tanto en la elaboración, como en la ejecución y seguimiento de esta política de Estado, el Gobierno debe contar con la participación de las otras dos ramas del poder público, de los alcaldes, gobernadores y organizaciones de la sociedad civil. Una política pública de Estado que parta del principio constitucional y legal que la seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que debe garantizar el Estado y el especial los gobiernos, sin importar que sean de derecha o de izquierda, y se debe ejecutar en el marco del Estado de derecho, es decir respetando los derechos humanos.
Hoy se abre una buena oportunidad para trabajar en equipo con todos los alcaldes, gobernadores y comunidades, sin importar su filiación política, para recuperar la seguridad de los ciudadanos y garantizar esos derechos ciudadanos; una oportunidad para unir y reconciliar a la nación entera en torno a estos temas que son los que más preocupan a todos los ecuatorianos independientemente de su filiación política.
Política criminal.
En este campo hay que realizar esfuerzos importantes para contar con elementos analíticos en el sector de la justicia y poder contar con una política pública criminal de carácter integral; una política criminal que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza en materia de justicia y que con su ejecución en el mediano y largo plazo contribuya a reducir la demanda de justicia punitiva y por tanto de la utilización de la cárcel como casi único mecanismo de sanción punitiva.
En esta línea, es necesario formular y ejecutar la política de Estado en esta materia con la participación de todas las instituciones de la Rama Judicial y que se oriente a:
Realizar investigaciones socio-jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente o propiciar su reforma.
Mejorar la eficiencia y eficacia de la justicia.
Reducir la impunidad.
Fortalecer la formulación de políticas en la materia y la interlocución ante los organismos nacionales e internacionales en el contexto de una política integral contra el problema mundial de las drogas y otras rentas criminales como la minería ilegal, el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el contrabando, etc-.
Que fortalezca los sistemas de privación de la libertad y de sanción a adultos y de adolescentes que infringen la ley penal y que el Sistema penitenciario y carcelario cumpla con su tarea de resocialización e inserción social de los detenidos bajo el control del Estado y no de los delincuentes.
Ejecutar programas de prevención de violencia y delincuencia juvenil, disminuya los riesgos por armas, consumo de drogas y alcohol, disuada la comisión de contravenciones y delitos con la presencia y accionar de las autoridades y que formule leyes que disuadan comportamientos que afecten la convivencia ciudadana.
Promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos interpersonales Mejorar las asignaciones presupuestales para el funcionamiento de la Rama Judicial.
Fortalecer a la Policía y la Fiscalía en sus labores de investigación criminal y control del delito.
Seguridad de Estado.
Seguridad de Estado, hoy se entremezcla con las anteriores políticas, en la medida que muchos problemas de seguridad ciudadana y de justicia terminan afectando la seguridad de Estado, como es el caso del narcotráfico que además de afectar la seguridad de los ciudadanos y comunidades, atenta con la estabilidad democrática del país cuando las organizaciones criminales, para beneficio de sus economías ilegales, terminan controlando territorios y ejerciendo gobernanza criminal en los mismos o involucrándose, a través de la corrupción, en los distintos procesos electorales para ejercer presión política y lograr apoyos para su actividad criminal.
Hoy el narcotráfico y otras rentas criminales como la minería ilegal, asociados a grandes mafias del crimen transnacional, son los principales problemas de seguridad nacional y deben ser asumidos y enfrentados por el Estado y la sociedad en su conjunto con una política de Estado que se sustente en la cooperación internacional de seguridad y justicia, en alianzas estratégicas con los países de la región, especialmente con Colombia y Perú, principales productores de la cocaína, con EE. UU. y distintos países de Europa y de otros continentes.
La justicia condenó a 6 años de prisión a 11 médicos que obtuvieron irregularmente títulos profesionales de una universidad de Brasil, que los acredita como especialistas en cirugía plástica y estética.
El juez penal del Circuito de Bogotá los encontró responsables de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
La investigación de la Fiscalía demostró que estas personas aportaron documentación falsa para acceder a la convalidación de sus títulos ante el Ministerio de Educación Nacional. Aportaron certificados de estudios, el histórico escolar que reportaba 2.616 horas cursadas y el texto que relacionaba el cumplimiento de horas de prácticas en hospitales, entre otros.
En el curso de la investigación se estableció que los médicos no cumplieron con el requisito de cuatro años de presencialidad que exigía la universidad, y estuvieron en ese país por cortos periodos, de 51 y 95 días máximo.
Los condenados Víctor Manuel Jaramillo Torres, Javier Locano Botero y Rodolfo Albeiro López Zapata fueron sentenciados a 6 años y 6 meses de prisión, y al pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por su parte, Giovanni Cortés Montealegre, Marco Antonio Vergara Calero, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez Figueroa, María Mónica Martínez Martínez, Rubén Darío Arciniegas Martínez, Juan Fernando Abadía Silva y Henry Diego Fernando Ortiz Silva fueron condenados a 7 años de prisión. Todos fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas por 5 años.
El fiscal federal argentino Eduardo Taiano ha decidido finalmente iniciar una investigación contra el presidente Javier Milei y un grupo de empresarios por el escándalo de la criptomoneda Libra, que creció de forma exponencial después de que el mandatario la mencionara en redes sociales y a continuación quebró, generando una posible estafa.
De acuerdo con el fiscal, se investigan posibles delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La Justicia ha solicitado información al Banco Central argentino y a empresas como Google, y tratará de determinar el origen de la criptomoneda y el rol de Milei y otros cinco empresarios en su auge y caída, según ‘La Nación’.
Taiano ha ordenado a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia que colabore en la preservación y recuperación de evidencias. Según el citado medio, la investigación podría incluso solicitar un registro de visitas a la Casa Rosada y la Quinta de los Olivos –sede del Ejecutivo y residencia oficial del presidente, respectivamente– por si hubiera registros de los investigados.
Milei acumuló más de un centenar de denuncias en su contra después de que promocionara un criptomoneda que poco después quebró, provocando enormes pérdidas económicas en los inversores. Los demandantes aludieron a las declaraciones de uno de los socios de Libra, el empresario Hayden Mark Davies, en las que reconocía haber sido asesor de Milei, que «respaldó y promovió» el proyecto.
La Fiscalía General de Brasil ha denunciado este martes al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a otra treintena de personas por intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022, en la que ha sido la primera denuncia contra un exjefe de Estado del país iberoamericano por intentar atentar contra el Estado de derecho.
El procurador general, Paulo Gonet, ha acusado a un total de 34 personas por «incentivar y ejecutar actos contra los Tres Poderes y contra el Estado democrático de derecho», en referencia al asalto de enero de 2023 por parte de una turba de seguidores del expresidente que protestaban por el resultado electoral.
En particular, los denunciados han sido acusados de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado con violencia y amenaza grave contra bienes y con perjuicio considerable de la víctima, y deterioro del patrimonio.
«Las acusaciones se basan en documentos, archivos digitales e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Y describen con todo detalle el complot conspiranoico montado y ejecutado contra las instituciones democráticas. La organización tenía como líderes al presidente y su candidato a vicepresidente», reza un comunicado.
El Ministerio Público ha subrayado que Bolsonaro, «junto a otras personas, tanto civiles como militares, intentaron impedir, de forma coordinada, que se cumpliera el resultado de las elecciones presidenciales de 2022». No obstante, ha precisado que «el plan comenzó en 2021».
Según la denuncia, durante el mandato del ultraderechista, este «adoptó un tono creciente de ruptura con la normalidad institucional en sus reiteradas declaraciones públicas, en las que expresó su descontento con decisiones de tribunales superiores y con el sistema electoral electrónico vigente».
«Esa escalada ganó un mayor impulso cuando (…) Lula, visto como el contendiente más fuerte en la carrera electoral, se volvió elegible, debido a la anulación de sus condenas penales», reza el documento.
Además, en julio de 2022, Bolsonaro se reunió con representantes diplomáticos acreditados en el país «para verbalizar las conocidas y negadas acusaciones de fraude en las máquinas de votación electrónica». Durante la segunda vuelta electoral, se movilizaron agencias de seguridad «para evitar que los electores votaran por el candidato de la oposición».
Asimismo, ha señalado que «los involucrados mantuvieron su retórica de fraude y mantuvieron su activismo con campamentos instalados frente a cuarteles del Ejército en varias capitales del país», mientras que «la organización criminal presionó» a altos cargos del Ejército, «escribiendo cartas y agitando a compañeros a favor de acciones de fuerza en el escenario político para impedir que el presidente electo asumiera el cargo».
Gonet ha declarado que Bolsonaro «aprobó» un plan organizado para ejecutar el golpe, en el que «incluso se admitió la muerte» por envenenamiento del presidente electo (Lula)», de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el uso de «armas de guerra» contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes».
«La violencia del 8 de enero (de 2023) fue el último intento. La organización incentivó la movilización del grupo de personas frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, que pidió intervención militar en la política. Los participantes realizaron el recorrido acompañados y escoltados por policías militares del Distrito Federal, invadiendo y vandalizando la sede de los Tres Poderes. El episodio generó pérdidas de más de 20 millones de reales brasileños (3,4 millones de euros)», ha agregado.
Defensa de Bolsonaro se molesta con las acusaciones
El equipo legal del expresidente ha dicho estar «conmocionado e indignado por las acusaciones hechas por la Fiscalía», puesto que, según ha aseverado, Bolsonaro «nunca ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado democrático de derecho o las instituciones que lo habilitan».
En un comunicado publicado por el abogado Paulo Cunha, la defensa ha aseverado que «a pesar de dos años de investigaciones -periodo en el que fue objeto de exhaustivos esfuerzos investigativos, apoyados en gran medida por medidas cautelares invasivas, incluida la prisión preventiva de partidarios cercanos- no se encontró ningún elemento que vinculara siquiera remotamente» a Bolsonaro «con la narrativa construida en la denuncia».
«No hay ningún mensaje del (entonces) presidente que sustente la acusación, a pesar de una búsqueda realizada en sus teléfonos personales. La inepta acusación llega hasta el punto de atribuirle participación en planes contradictorios y basados en un único acuerdo de culpabilidad, alterado varias veces, por un informante que cuestiona su propia voluntariedad», ha manifestado.
Por ello, ha considerado que «no es casualidad que cambiara su versión innumerables veces para construir una narrativa fantástica». «Bolsonaro confía en la Justicia y, por eso, cree que esta denuncia no prosperará por su precariedad, incoherencia y falta de hechos veraces que la sustenten ante el Poder Judicial», ha concluido.
En el caso de que el Supremo admita la denuncia, el exmandatario pasará a ser imputado y enfrentará un proceso penal en los tribunales.
Un juez penal de conocimiento condenó a 4 años, 10 meses y 21 días de prisión al exalcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez Ramírez por las anomalías en la contratación de obras y adecuaciones de escenarios con ocasión de los XX Juegos Deportivos Nacionales 2015.
El exmandatario local fue sentenciado por la suscripción de dos convenios suscritos el 5 de diciembre de 2014, entre Coldeportes, la Gobernación de Tolima, la Alcaldía de Ibagué y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), para la remodelación del coliseo menor y de las piscinas de la Unidad Deportiva de la ciudad.
De acuerdo al fallo, Rodríguez Ramírez permitió que el gerente del IMDRI abriera cuentas de ahorros para administrar los dineros que iban a depositar las demás entidades comprometidas, una obligación que no le correspondía y desconocía lo acordado. Esto generó que Coldeportes detuviera la ejecución de los proyectos hasta que fuera subsanada la irregularidad.
En el curso de la investigación se acreditó que un asesor del entonces mandatario, en asocio con otros funcionarios y particulares, direccionó la contratación a favor de un oferente específico, situación que evitó la participación de otros proponentes y vulneró los principios de legalidad, planeación, economía y responsabilidad.
El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a cuatro años y seis meses de prisión a Humberto Ágredo Espitia, por facilitar el traslado de armas de Bulgaria a Colombia para abastecer a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 1999 al 2000.
Ágredo Espitia participó en la importación ilegal de aproximadamente 11.000 fusiles AK-47 desde territorio europeo, los cuales ingresaron irregularmente al país camuflados entre maquinaria y sacos de fertilizante por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y el Golfo de Urabá, y terminaron en manos de estructuras a cargo de los hermanos Castaño Gil.
De acuerdo con la Fiscalía, este sujeto para concretar este propósito ilegal mantuvo reuniones con cabecillas del entonces Bloque Bananero de las AUC, como Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, con quien se encontró en un hotel de Bogotá en 1999. Asimismo, auspició la falsificación de documentos oficiales del Ejército Nacional y desvió armamento que tenía como destino una exposición militar en Corferias, en Bogotá.
La Fiscalía destacó que estas actividades de tráfico de armas no fueron incidentales o aisladas, sino que constituyeron un esfuerzo coordinado y sistemático para promover y fortalecer el poder armado de los paramilitares, que utilizaron los AK-47 traídos de Bulgaria para cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha asegurado sentirse víctima de una persecución después de que la Policía Federal le haya colocado a la cabeza de una trama golpista –en la que incluso se urdió el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva– y no ha descartado buscar refugio en una embajada.
«Por lo que he visto en la historia del mundo, quien se ve perseguido puede ir a una embajada», ha deslizado Bolsonaro, quien ya pasó dos noches en febrero dentro de la sede de la legación húngara cuando se le retiró el pasaporte, en el marco de esta investigación por su supuesta implicación en un golpe de Estado en 2022.
Bolsonaro se ha defendido alegando que si hubiera tenido algo que esconder, no habría vuelto de Estados Unidos en 2023, después de que hubiera viajado hasta allí para pasar la Navidad en vísperas de la toma de posesión de Lula.
«No habría vuelto», ha dicho Bolsonaro en una entrevista para el portal UOL. «Ahora no puedo ir a dormir sin preocuparme que la Policía va a entrar en mi casa pronto por la mañana (…) Estoy corriendo riesgos sin deber nada», ha protestado.
Bolsonaro ha negado tener ningún tipo de relación con la investigación que ha realizado la Policía, a la que ha acusado de «hacer todo aquello que desea» el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien se encarga del caso y otro de los objetivos de esta trama golpista.
«¿Pero qué plan es ese? ¿Dar un golpe con un general en la reserva, tres o cuatro oficiales y un agente de la Policía Federal? ¿Qué locura es esa?», ha cuestionado, en referencia a los sospechosos detenidos por tramar el asesinato de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y De Moraes.
Bolsonaro ha reconocido que se reunió con altos mandos de las Fuerzas Armadas para «hablar» sobre ciertos artículos de la Constitución para «discutir de nuevo el proceso electoral», al considerar que el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) en ese momento, el juez De Moraes, estaba siendo «arbitrario».
«Esto se discutió con varias personas y no fue una discusión muy acalorada, porque rápidamente, ‘mire, olvídese, lo correcto es presentar una petición al TSE’. Pero la arbitrariedad estaba presente en el presidente del TSE», ha relatado.
Por último, Bolsonaro ha persistido en su idea de ser candidato para 2026, a pesar de su inhabilitación por parte del TSE por abuso de poder político y económico, así como por uso indebido de los medios de comunicación del Estado para atacar sin pruebas la credibilidad del sistema electoral brasileño.
«Lo voy a ser, soy un ciudadano. Soy un reo sin crimen. He sido condenado sin haber cometido ningún crimen», ha protestado.
