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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Los 10 mandamientos progresistas

Amarás los avances sociales, esos que van vestidos de cierto progreso y envueltos en un lazo brillante de libertad.

Dios no existe y agarrarte a él es la peor de las bajezas intelectuales. En su lugar ponemos el feminismo, el calentamiento global…

 

Santificarás las fiestas que renombramos como la bienvenida a la comunidad, el matrimonio civil homosexual, o la unión con uno mismo, eso sí, guardarás esa estética de blanco inmaculado para que a tu abuela no le choque que el chico es chique o chico u otra chica como tú.

Honrarás a tus padres hasta que una larga y tediosa enfermedad les llegue y los quieras sedar porque pobrecitos, y pobrecito tu que estás tan cansado de lidiar con esta vida la tuya y la de ellos.

No matarás. Ni a las mujeres ni a los animales; pobre de ti si atropellas un gato o una rata. Pero ¡ay si es un hombre o un niño!, El hombre era en potencia un violador o un tipo que no quería pagar un impuesto a una banda terrorista, en ese caso… el asesino es un héroe de paz, sentado hoy en Parlamentos, decidiendo tu futuro y el de tu heredad. ¿Y qué pasa con el niño? El niño es un estorbo, a la vida alegre y salvaje, a la libertad de elegir qué hago con mi vida, ese minúscula e insignificante que creo que es única e importante, y a la carrera profesional, y es un sentirme juzgada por el que dirán, un agobio eterno económica y social y es la consecuencia biológica de ir de cama en cama sin pensar muy bien donde quiero estar. O tal vez venga mal, y ¡puf, ¡qué mal!

No consentirás pensamientos ni deseos impuros, a no ser que… seas un magnate del porno, un joven incel, una Charo con gato y satisfyer o un presentador de cadena pública, que tiene total libertad para reírse de ti. Presume, presume y reta al mundo con tus apetitos y deseos profundos.

No robarás. Hacienda somos todos, pero tu miserable contribuyente lo eres más. El político, el aprovechado, ese, ese puede robar, malversar, prevaricar y hacer lo que sea con el dinero de todos, que para eso manda y además puede legislar para evitar dar cuentas de cómo gasta tu dinero.

No mentirás, salvo que estés narrando las cosas desde otra perspectiva de la vida y tus sesgos te impidan universalizar el concepto y llegar a la verdad. ¿Te has perdido? Vives en la Pos verdad, asume que no hay verdad universal que valga.

No cometerás actos impuros. Ni putas, ni gígolos, ni abusos, ni piropos, ni nada de mirar a jovencitas, tampoco a jovencitos ¿eh, señora? Y mucho menos alardear de tener un charm de 18 años, como aquellos magnates españoles de los 80.  Que eso es tan feo como meterse el dedo en la nariz y que te vea el de al lado.

No codiciar los bienes ajenos. Eso si. Eso todo lo que quieras, ración doble. Porque codiciar, envidiar y desear lo del vecino eso aún no está penado por ley. Pero… pobre de ti como te de por codiciar y no seas político para robar, pues nunca llegarás a ser aforado.

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Y por último y más importante, todo pensamiento, cultura y estar en el mundo es igual de válido y constructivo como lo tuyo. No quieras ser más por haber nacido en occidente y recuerda los pecados de la historia. Renuncia con contundencia a tus fundamentos morales, filosóficos y jurídicos. Evita decidir y juzgar entre el bien y el mal, porque parecerás arrogante, fanático, tirano, facha, nazi…  busca el consenso, porque en la mayoría, en el borreguismo y en la democracia está la verdad. Esa es la lucha, defender la democracia y que no vengan los otros a señalar qué es justo, qué es orden, qué es lo moral y dónde está y qué es la dignidad.

Almudena González

La bandera de la “guerra a muerte”, un símbolo equivocado

En los principios del siglo XIX, en medio de la contienda por la independencia, Simón Bolívar enarboló una bandera roja y negra que representaba la guerra a muerte contra los realistas. Era un acto político y simbólico de ruptura con la Corona española, una declaración de que no habría cuartel para quienes se opusieran al nacimiento de la República. Bolívar, en su momento, apeló a esta forma de guerra total como respuesta a la brutalidad de los ejércitos coloniales.

Durante la reciente alocución pública, que enmarcó la firma de la nueva ley que modifica normas laborales devolviéndole derechos a los trabajadores y trabajadoras, el presidente Gustavo Petro exaltó nuevamente la bandera roja y negra. Al hacerlo, no solo despertó controversia, sino que introdujo un elemento profundamente inconveniente en el debate público, sobre todo viniendo del jefe de Estado de una nación que aún transita por caminos frágiles de reconciliación y construcción de paz.

 

Rescatar hoy esa bandera y lo que representa es no solo un equívoco, sino también un profundo retroceso. En tiempos en los que la humanidad ha avanzado hacia acuerdos internacionales que colocan la dignidad humana por encima de los intereses militares, ondear la bandera de la guerra a muerte equivale a desconocer los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos que Colombia, como Estado, está obligado a respetar.

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El DIH -consagrado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales-establece límites en los conflictos armados, protege a los civiles, prohíbe los ataques indiscriminados y garantiza el trato digno a los prisioneros de guerra. Rechaza, en esencia, cualquier lógica que niegue la humanidad del adversario. La guerra a muerte, por el contrario, implica eliminar toda forma de distinción entre combatientes y no combatientes, y de paso, posiblemente legitimar la venganza como táctica de combate, y debilitar la posibilidad de reconciliación, de perdón, y de paz.

El presidente, como primera autoridad del país, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y hombre de paz, no puede permitirse ambigüedades discursivas que pongan en duda el compromiso del Estado con DIH. La Colombia actual está obligada no solo legal, sino también moralmente, a actuar conforme a los principios de humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad militar. Cualquier exaltación simbólica que contradiga ese compromiso debilita la legitimidad del Estado ante la comunidad nacional e internacional, y abre la puerta a interpretaciones peligrosas.

En un país donde múltiples actores armados aún están activos, y son responsables de infracciones constantes al DIH y graves violaciones a los Derechos Humanos, donde hay procesos de paz en curso y donde la justicia transicional se esfuerza por garantizar la no repetición, lanzar al aire la imagen de la guerra a muerte puede ser interpretado por unos como permiso, y por otros como amenaza. En ambos casos, se pone en riesgo la estabilidad de un proceso que apenas se ha empezado a consolidar.

No se trata de negar los símbolos de lucha de nuestra historia ni de invisibilizar el carácter rupturista de las independencias. Se trata de comprender que los símbolos, en política, también construyen realidades. Enarbolar una bandera que anuncia muerte es incompatible con un discurso de paz. Lo que la sociedad colombiana necesita es resaltar un nuevo horizonte de justicia con vida, de transición con garantías, de transformación sin violencia.

Necesitamos símbolos de encuentro, pactos de respeto mutuo, lenguajes de cuidado. La bandera que debe ondear hoy es la del Derecho Internacional Humanitario, la del diálogo político, la de los acuerdos sociales, la del compromiso con la vida de todos y todas, sin excepción. Porque la historia nos enseña, con dolor, que ninguna guerra a muerte ha traído justicia duradera.

Luis Emil Sanabria D.

La espada, la sotana y el sombrero

En sus escritos  La investigación en torno a los orígenes de los sublime y lo bello, anotaba Edmund Burke que “todo lo que es capaz de suscitar ideas de dolor y peligro, es decir, todo aquello que es en cierto modo terrible, o que tiene que ver con objetos terribles, o que actúa de manera análoga al terror, es causa de lo sublime”, el tiempo y las transformaciones que inventa la memoria pueden convertir lo terrible en folletín, existe un sentimentalismo  del crimen que es también una manifestación del carácter fetichista. El mórbido coleccionista de objetos relacionados con la violencia y la muerte se vincula a la imagen que tiene de los héroes que usaron esos objetos, ha esto Umberto Eco lo llamó “ideología de la consolación”, en este caso el objeto consuela a su dueño de no ser un superhombre, que es como este imagina a los criminales que se distinguieron por portar esos objetos de culto.

La espada de Bolívar, la sotana de Camilo y el sombrero de Pizarro, tienen como símbolos muchas cosas en común, la primera, es que sus dueños eran elite, social y económica. No eran hombres del pueblo y representaron la brutal arrogancia del clasismo criollo de una forma desmesurada, imposible encontrar personalidades más condescendientes y autocomplacientes, tan absolutamente seguros de estar más allá las limitaciones morales  por privilegio de clase.  Son objetos pre modernos, son el pasado, una naturaleza muerta del siglo diecisiete, como el equipo de guerra de un soldado de la contrarreforma y lo es, porque sus poseedores fueron hombres contrarios a la ilustración, al liberalismo y a la razón, las elites reaccionarias del romanticismo que inventaron todos los crímenes de nuestro tiempo.

 

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Esta colección de fetiches es también un aparato simbólico de la justificación de la violencia. Ya sea, “liberación o muerte”, o la “guerra a muerte”, o “…con las armas al poder”, estas personas creían que el crimen era “el amor eficaz”, la vida humana no era su centro de consideración moral sino un conjunto de abstracciones, un “fin superior”, ni siquiera el pueblo al que no pertenecían y  no representaban. El coleccionista que quiere asumir para si el significado de estas imágenes intenta hacer creer en un relato de libertad, paz y justicia, pero el conjunto de la sociedad no lee su historia y no posee referencias suficientes para identificarse con los héroes de esa narrativa, que demás no le interesan. Estamos entonces frente a una secta, un culto a la sangre y la muerte cuyo significado solo conoce un sacerdote sin feligresía, pero todas iglesias empiezan así.

Entonces, identificarse con elites que justificaron el crimen en nombre de ideales superiores, quienes a su vez murieron violentamente, o casi, como Bolívar, supone para el imitador virtud moral sin límites para ser un vengador virtuoso como el Conde de Montecristo. Cree que ser el heredero del legado de tres héroes lo hace un superhéroe. Sin embargo, otro elemento en común que tienen la espada, la sotana y el sombrero, es el fracaso, político, militar y moral. Ni siquiera los derrotaron sus enemigos sino la realidad.  Cuenta la leyenda que se debió a que eran grandes hombres incomprendidos y nobles rodeados de pequeñajos ruines que los traicionaron, eso no es verdad, solo eran más criminales y más arrogantes. Para ser Cesar hay que conquistar la Galia, por eso en la sede del poder hay un museo vacío, porque es una colección de perdedores, los fetiches de una superchería sangrienta y mediocre.  

Jaime Arango

Obligados a saltar al no sabemos qué

Para nadie medianamente enterado resultará desconocido que el mundo está en una agitación creciente en las últimas décadas, que cada vez se va energizando más, haciéndose más amenazante, y provocándonos más y más incertidumbre.

El mundo hoy se encuentra sumido en una compleja maraña de tensiones geopolíticas, económicas y sociales que se retroalimentan y amplifican entre sí. Las guerras comerciales, especialmente entre Estados Unidos y China, no solo están reconfigurando el comercio internacional, sino que han expuesto fracturas profundas en el orden económico mundial. A esto se suman los conflictos armados, como la guerra en Ucrania que es un ejemplo claro de la creciente competencia por el control de recursos estratégicos y el alineamiento de potencias mundiales. La reciente confrontación entre Irán e Israel, en la cúspide del ajedrez geopolítico, que pone de manifiesto la peligrosidad de lo que las tensiones mundiales pueden desencadenar, y que aparentemente aún resuelven los EE.UU. Mientras tanto, el cambio climático que avanza sin freno, exacerbando las desigualdades sociales y aumentando la presión sobre gobiernos y poblaciones. A la par, la aceleración de la tecnología, en particular la inteligencia artificial, que ya se ve ad-portas de superar la capacidad humana de gestión, creando un panorama de incertidumbre donde los equilibrios del pasado parecen desmoronarse, abriendo la puerta a un futuro impredecible y repleto de desafíos.

 

Probablemente estemos asistiendo a un cambio de turno en la hegemonía de los EE.UU. que irremediablemente confluye en lo financiero. En su libro El Gran Reinicio (2013), Willem Middelkoop predijo un posible cambio estructural en el sistema financiero global, en el que el dólar estadounidense, hasta ahora la moneda de reserva mundial, podría perder su rol central en las transacciones internacionales. Según Middelkoop, la creciente deuda global y particularmente la inmensa deuda interna en EE.UU. junto con su persistente déficit fiscal, las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, en específico la Reserva Federal, y la pérdida de confianza en el dólar, conducirán a un colapso gradual de este sistema, abriendo paso a una reconfiguración del orden financiero mundial, en donde monedas como el yuan o los Derechos Especiales de Giro del FMI podrían tomar el relevo. Este proceso, que ya está en marcha, se refleja en las acciones de países como China y Rusia, que han buscado crear alianzas económicas y monetarias fuera del control del dólar. Iniciativas como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y los acuerdos bilaterales entre estas potencias para realizar transacciones en sus propias monedas, son pruebas claras de que el mundo se está alejando del dólar como moneda dominante, pese a los esfuerzos de los EE.UU. por evitarlo, tanto financieros, comerciales como geopolíticos; esfuerzos que últimamente han parecido torpes para muchos analistas mundiales, porque parecen ayudar al declive en vez de contrarrestarlo. Según datos recientes, gran parte del comercio bilateral entre China y Rusia ya no se realiza en dólares de EE.UU. sino en sus propias monedas o en trueque (Comercio bilateral ruso-chino) (Trueque ruso-chino) (China Track) (Bolsa rusa en yuanes). Al mismo tiempo las reservas en oro de ambos países se han acrecentado para alejarse del dólar como moneda de reserva (Reservas en oro)(Monedas de reserva). Estos movimientos reflejan lo que Middelkoop anticipó como un proceso de desdolarización gradual, un proceso que, de consolidarse, marcaría el fin de la hegemonía estadounidense y una redefinición del poder financiero global. Mientras esto sucede, el poder de influencia de EE.UU. caerá a la par que las capacidades bélicas de China y Rusia se acerquen a las suyas.

Nosotros hemos crecido a la sombra de EE.UU. pero no hemos sido ni sus protegidos ni hemos compartido pactos sólidos que nos garanticen protección. Por eso, nuestra incertidumbre es, de manera natural, mucho mayor. Hemos confiado en su relato, en el que los malos eran quienes les parecían los malos a los EE.UU. sin cuestionar. Ahora empezamos a darnos cuenta de que ese gigante que parecía el bueno podría no serlo tanto, y nos enfrentamos al reto de definir nuestra posición en un mundo que ya no sabemos cómo será. La frase del escritor Mauricio García Villegas «Los jóvenes actuales son la primera generación que no tiene ni idea cómo va a ser el mundo en 40 años» resume con agudeza la brutal la incertidumbre que nos embarga (El País, 2025).

Aquí no solamente están confluyendo las fuerzas financieras, geopolíticas y de tecnología interrelacionadas sino que también entra el juego el cambio climático, cuyas consecuencias más severas están comenzando a manifestarse, producto del desenfrenado uso de los ecosistemas durante el último siglo.

La pregunta que nos debería gravitar en nuestras mentes sería ¿cómo nos tendríamos que irnos posicionando ante los diferentes escenarios, para que al menos tuviésemos la oportunidad de preparar algunas mejores herramientas de adaptación para no ser simplemente arrasados por las tormentas mundiales a las cuales muy probablemente estaremos expuestos en los próximos años? No sabemos qué tan rápido llegarán, pero tenemos la sensación de que no serán legadas a otras generaciones.

¿Cómo es posible que, hacia adentro, estemos atrapados en semejantes enredos interminables, sin superar en prácticamente nada la violencia que nos acompaña desde la conquista, ni cosechar una cultura colectiva que nos permitiera mínimamente pensar en reforzamientos como sociedad para cuando se nos vengan esas tormentas?

Vivimos en una maraña asfixiante de corrupción, de malos gobernantes más interesados en sus beneficios personales, mientras sentimos que se nos acerca el precipicio. Sin prepararnos como deberíamos en conocimientos científicos -incluyendo los sociales-, en cerrar la brecha tecnológica, para que nos proteja del mundo hiper tecnificado que va a gran velocidad mientras nosotros sabemos que estamos retrocediendo en general. El mundo real está tomando posiciones y estudiando probabilidades, y nosotros discutiendo los mismos problemas desde el grito de la libertad.

No es posible que nuestra inteligencia no nos alcance (esa de la que tanto nos preciamos entre nosotros o comparándonos con los iguales a nosotros) para hacer un “gran reinicio” político que nos conduzca a recuperar tanto tiempo perdido y cerrar las brechas fundamentales para enfrentar el futuro. Político, porque la política es la ciencia del poder colectivo para el bien colectivo, que nos debe liderar a erigir las defensas para enfrentar las tormentas mundiales de todo orden que se vienen. De lo contrario, vamos a ser simplemente arrasados y subyugados. Hay que reaccionar ante estas realidades superiores; para no confundirnos, la reacción es muchísimo más allá de la politiquería y la polarización actuales que resultan nimiedades frente al reto gigante de salvarnos como pueblo ante lo que nos acecha en forma inminente.

Rafael Fonseca Zarate

El Indigno

Esta historia medieval tuvo ocurrencia en el Electorado de Baviera, bajo Maximiliano I, en tiempos del Sacro Imperio Romano. Los pobladores de una comarca, cansados de los señores de siempre, decidieron hacer una elección en la que resultó electo como Señor comarcal, un agitador popular que además de orate, era sinuoso, entelerido y enclenque; los pobladores creyeron que por tener esas características morales vendrían verdaderos cambios, justicia social y la paz con las comarcas vecinas.

El nuevo Señor de la Comarca era locuaz, divagaba entre lo humano y lo divino, prometió hacer carreteable el río que la bordeaba, ofreció ayuda a los siervos de la gleba, para ello endeudó la comarca con empréstitos que solicitaba al mismísimo Maximiliano I, los que por supuesto, no pudo pagar. El nuevo Señor era lego en manejos del fisco. Jamás un orate ha sido buen administrador. Sólo sabía gastar y derrochar, además de llevar una vida licenciosa. Uno de sus asesores le dijo que si quería pasar a la historia debía buscar la paz con las comarcas vecinas, para ello, empezara por perdonar a los condenados a muerte, que eso le daría muy buenos réditos entre el vulgo.

 

Una mañana de primavera en plena sobredosis de absenta, el nuevo Señor dispuso una verbena en la plaza de la aduana comarcal; ordenó que sacarán del calabozo a los más peligrosos delincuentes condenados a pena de muerte, allí el Verdugo llevo a Douglas, célebre por secuestrar a los ricos bávaros, Thomas, famoso por asaltar los caudales públicos, Schlucht, recordado por armar revueltas contra el Príncipe Elector, Sackleinen, estafador, Albert, subversivo, Krippe, homicida a sueldo, Johannes, abusador de siervos feudales y Der Tiger que hacía todo lo anterior y más. Ese día, el nuevo Señor, pronunció: “Heme aquí rodeado de estos buenos señores en rehabilitación con quienes haré la paz y les concederé el perdón. Que viva el amor copernicano. Baviera el ombligo del mundo”

La comunidad estaba atónita, no podía creer lo que sus miserables ojos veían y sus oídos oían, no sabía si era el exceso de absenta o un mal chiste de aquel entelerido gobernante. Murmuraban, cómo un hombre que repudió a su esposa por otros hombres y no supo educar a sus retoños, puede hablar de paz y perdón, empero no halla tranquilidad en sí mismo menos podrá hilvanar una clara idea tras otra. Entre tanto, el nuevo Señor, hinchado de orgullo (en el fondo era absenta), con un ego sobre el cual solía treparse que, de haberse caído, seguramente se hubiera desnucando, vociferaba sandeces. Bien sabía en el fondo, que no perseguía el bienestar de la comarca, ni acabar la guerra. Buscaba alianzas claves con criminales y forajidos para tener el control del territorio, hacer contrapeso a las tropas de Maximiliano I, y de esta manera, lograr la sumisión de sus electores y la intimidación de sus opositores.

El nuevo Señor hubo demostrado que era indigno no sólo para el cargo, también para ser humano. El Verdugo veía como la justicia se escapaba, entre los criminales estaba el homicida de su padre, que ahora gozaba del amparo del nuevo Señor. Mientras tanto, Maximiliano I, el gran elector de Baviera, fue enterado sobre el pelmazo que gobernaba en su territorio y envió a sus emisarios para deponerlo por indignidad, lo que finalmente logró con el apoyo de la totalidad de los aldeanos que, arrepentidos no soportaban más a tan ruin gobierno.

La moraleja de este cuento medieval, estriba en que el pueblo ignorante elige ignorantes, quien elige a un indigno se hace indigno. Jamás habrá fortaleza en un enclenque, ni verdades de un mitómano, ésto le costaría muchos años de pena y dolor al pueblo bávaro. En suma, si quieres la paz, sé digno de ella, prepárate primero para la guerra.

León SandovalFerreira

Es el tiempo del sol

El pasado 21 de junio fue el solsticio de verano: el primer día de esta estación y el día más largo del año. Es también el Día Internacional del Sol, una fecha en la que se resalta su importancia para la vida en la Tierra. Para las culturas indígenas, especialmente las de la región andina, este día marca el Willka Kuti o Año Nuevo Andino, una celebración con rituales ancestrales que conmemoran el retorno del sol.

El Inti Raymi, en quechua “Fiesta del Sol”, es una ceremonia milenaria de origen incaico que honra al Taita Inti (Padre Sol) y a la Pachamama (Madre Tierra). Esta festividad renueva la energía de la tierra y de nuestras comunidades. Su fecha central, el 21 de junio, marca el momento en que el sol alcanza su punto más cercano a la Tierra en el hemisferio sur, dando lugar al día más corto y la noche más larga del año. Coincide también con el cambio de ciclo agrícola y el inicio de la época seca en la Sierra ecuatoriana.

 

Esta fecha, tan nativa y tan significativa, reúne al pueblo andino y representa el comienzo de una nueva era. Es el llamado de nuevos vientos que invitan a sentipensar distinto: a abrir el corazón y la mente a lo que viene.

¿Y qué viene?

Viene una era de compasión, de mirar con ternura a la humanidad —en la que también están incluidos los animales—. Un despertar de la conciencia que no solo clame por el fin de la guerra, sino que comprenda que los territorios en conflicto son también entornos biodiversos donde la vida, en toda su plenitud, está en peligro.

En cada combate, en cada confrontación armada, encontramos dos tipos de actores: los que participan directamente en la guerra, y los que no. ¿Quiénes son estos últimos? Las niñas y niños, sus cuidadoras, los animales domésticos y silvestres, los árboles, el follaje, el agua. Los ríos, que son seres vivos y sujetos de derechos.

Los seres de la naturaleza migran, se aparean, se reproducen y sobreviven guiados por su sabiduría ancestral. Pero el ser humano, absorbido por un modelo extractivista, suele ser indiferente a estas vidas. Desde el egocentrismo, ignora que proteger la especie humana implica también proteger a todos los seres vivos que la sostienen.

Mientras las abejas polinizan y trabajan por la continuidad de la vida, el ser humano traza las coordenadas de la guerra, arrasando ecosistemas, desplazando comunidades y exterminando lo que apenas comenzaba a recuperarse.

Ojalá este saludo al sol nos recuerde lo sagrada que es la vida. Que elevar los brazos al cielo sea también un gesto de desarme. Que no haya guerra aquí, ni en Irán, ni en ninguna parte. Porque si no, no solo la guerra arrasará: también vendrán por todo. Vendrán por nosotros.

Soñar un mundo como el que imaginó Lennon puede parecer utópico y romántico. Pero hoy, no querer las armas, pensarnos entre iguales, respetar las diferencias, proteger a los seres sintientes, a la naturaleza y al agua, se convierte en un sueño profundamente revolucionario.

El acto de mayor revolución es el que nace desde la conciencia.

Y el Inti Raymi es eso: un canto sagrado a la vida. Elevemos los brazos al sol y pidamos un cambio. Uno que recoja el llamado de la conciencia, y nos permita vivir de manera digna, libre y en paz.

Si deseas, puedo ayudarte a darle un título más impactante, adaptarlo para un medio específico (prensa escrita, digital, cultural, ambiental), o convertirlo en un post para redes sociales. ¿Quieres que te lo formatee para publicación?

Marcela Clavijo

El ¨presidentico¨ mentiroso

Al presidente de la República, cada día es más difícil encontrarle una verdad; lo que indica que cada vez es más fácil encontrarle una mentira. Su capacidad de hacerlo realmente asombra: lo hace sin temor hacer descubierto, pero esto se hace más cruel, cuando se trata de la población más pobre que tiene Colombia, mi amada tierra del Chocó.

Esta semana en su aburridora trasmisión de televisión, lanzó otra mentira. Reclamó de manera hipócritamente enérgica, y comparándose con Duque, por la inversión realizada en mi departamento, mostrando una preocupación aparente, y que irónicamente aparece cuando faltan escasos 10 meses para elegir su reemplazo; una demostración que este señor utilizará, toda las artimañas conocidas y no conocidas para timar y embaucar.

 

Pero en su mentira el presidente, por alguna razón no se imagina que sus datos son fáciles de cotejar. Así que me hice a la tarea de buscar la verdad de las inversiones de este gobierno en el Chocó, en los tres años que lleva. Fue así como me fui a Planeación Nacional y conseguí las siguientes cifras.

En este gobierno se han comprometido 2,6 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (Única Bolsa Nacional), distribuidos de la siguiente manera:

De los anteriores datos llama la atención la gran diferencia que hay entre lo aprobado y lo ejecutado, si hacemos un cálculo matemático simple, nos damos de cuenta que el índice de eficiencia es del 48%, es decir el índice de ineficiencia es del 52%.

Por otro lado y de acuerdo a los datos que arroja el Departamento Nacional de Planeación, durante los 8 años del presidente Santos, la inversión en el Chocó llegó a un monto de 4.0 billones de Pesos, en los cuatro años de Duque fue de 4,6 billones de pesos, y en lo que va de este desgobierno, a duras penas sobre pasa la mitad de la inversión del gobierno pasado (2,6 Billones).

A esta cifra de 2,6 billones hay que hacerle la siguiente aclaración, esta representa el total de lo aprobado, no, de lo ejecutado.

En el gobierno Santos la ejecución de lo aprobado llegó al 75%, en el gobierno Duque al 92%, en lo que va corrido de este gobierno 48%.

En una cosa si dice la verdad el Sr. Petro, el Pacífico votó mayoritariamente por él, casi el 80% de los votos contados; lo que convierte a este gobierno en el mayor burlador y timador de los sueños de los habitantes de esa región. Solo para tenerlo en cuenta: en el gobierno de Duque se invirtieron 44.1 billones en toda la región, cifra récord en todos los gobiernos de Colombia.

Presidente: Es bueno estudiar, los datos no mienten y provienen de su mismo gobierno, evite tratar de engañar, siempre habrá alguien que lo haga quedar en ridículo.

Jefferson Mena Sánchez

Fútbol sin sistema

Colombia ha sido, históricamente, una cantera inagotable de talento futbolístico. De James Rodríguez a Linda Caicedo, de Lucho Díaz a Yoreli Rincón, las historias de superación individual brillan en medio de una estructura que sigue anclada en el pasado. El problema no es la falta de jugadores, es la falta de sistema. El fútbol colombiano necesita una transformación urgente si quiere ser competitivo a nivel internacional, rentable como industria, y sostenible como motor social. Tiene que dejar ser meramente una expresión deportiva para ser mas bien un motor de desarrollo.

Según la FIFA, Colombia ocupa el puesto 15 en exportación de futbolistas a nivel mundial. En 2023, más de 420 jugadores colombianos militaban en ligas extranjeras. Sin embargo, ese éxito individual contrasta con el estancamiento del fútbol local. La liga masculina no figura entre las 10 más valiosas de América (según Transfermarkt), y la asistencia promedio a los estadios cayó un 28% entre 2015 y 2023. En la liga femenina, la situación es más preocupante: apenas dura cinco meses al año, sin continuidad ni garantías contractuales mínimas.

 

La industria futbolística colombiana opera bajo un modelo semiamateur: solo 6 de los 36 clubes profesionales en 2023 generaron utilidades. La mayoría depende de la venta ocasional de jugadores o del patrocinio político. En contraste, clubes como Palmeiras o Monterrey cuentan con departamentos de innovación, tecnología aplicada al rendimiento, y gestión financiera profesional. El fútbol ya no es solo táctico, es big data también.

El futuro del fútbol colombiano exige una nueva gobernanza. Hoy, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol funcionan como estructuras cerradas, con poca transparencia, y baja modernización. Mientras países como Argentina, México o Ecuador reformaron sus ligas, Colombia mantiene un torneo arcaico, sin incentivos reales al juego ofensivo ni a la formación de canteras. Se mantiene una mentalidad ganadera de comprar barato y vender caro.

El futuro es el mercadeo, los contratos de televisión/streaming, y las redes sociales. Urge una reforma de fondo: Una liga profesional femenina con inversión privada; un estatuto del futbolista que garantice seguridad social, pensiones y derechos laborales; un sistema de licenciamiento de clubes que promueva infraestructura y divisiones menores incluyendo una categoría C; un plan nacional de formación de entrenadores, con foco en pedagogía, psicología deportiva y análisis de datos; inversión en centros de alto rendimiento regionales, conectados con ligas escolares. Hay mucho por hacer.

En vez de celebrar una hazaña cada cuatro años, debemos construir un ecosistema que produzca resultados sostenibles. Países con menor población como Uruguay o Ecuador han logrado modelos exportables. La clave ha sido unificar talento, ciencia y estructura. Colombia tiene 12 millones de jóvenes entre 5 y 17 años.  El talento ya lo tenemos, lo que falta es dirección. Si no reformamos hoy, seguiremos viendo cómo nuestros mejores jugadores triunfan en Europa mientras nuestros estadios se vacían y nuestros clubes se endeudan. El futuro del fútbol colombiano no depende del próximo técnico de la selección. Depende de que entendamos que el fútbol es industria, movilidad social, cultura, y oportunidad de país.

Simón Gaviria Muñoz

La octava papeleta

El pasado 17 de junio de 2025, se constituyó como un icónico martes negro para el país, por todos los hechos relevantes que acontecieron como la devolución de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional al congreso para subsanar el último debate de aprobación en la Cámara de Representantes, o la negativa del Registrador Nacional para continuar con la convocatoria de la consulta popular por “decretazo” hasta que se pronunciaran las cortes pese a las amenazas del Minjusticia sobre un prevaricato.

Posteriormente el Senado negó la consulta popular 2.0, después de aprobar la reforma laboral y pasarla a conciliación. Todo precedido de la cláusula de escape de la regla fiscal para aumentar el nivel de endeudamiento nacional. Continuamos con el Desafío a la separación de poderes, y en la noche el presidente televisa otro consejo de ministros  donde los culpa por su mal desempeño después de sentirse “traicionado”; y como si fuera poco, el país conoció de boca del Minjusticia  Montealegre el llamado a la Asamblea Popular Constituyente mediante una “octava papeleta”, una iniciativa para consultar a la ciudadanía sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Este movimiento, inspirado en el simbolismo de la «séptima papeleta» de 1990, busca legitimar cambios profundos en el modelo económico y político del país. Sin embargo, a diferencia del proceso del 91 –surgido desde la sociedad civil–, esta nueva propuesta nace desde el Ejecutivo, generando cuestionamientos sobre su legalidad, legitimidad y posibles riesgos para la democracia constitucional.

 

Como consecuencia apenas previsible, el miércoles 18 de junio se desarrolló un titánico debate nacional entre los juristas Mauricio Gaona y el Minjusticia Montealegre a propósito de la consulta popular por decretazo y el llamado del gobierno a la Asamblea Popular Constituyente (distinto a la Asamblea  Nacional Constituyente), donde Gaona le recordó que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia, y que viene el año más difícil de nuestra historia republicana cuando el gobierno intente poner en marcha dicha asamblea  desde lo popular sin una convocatoria nacional –distinto a la del 91 que fue promovida por la ciudadanía y no por el gobierno– en el entendido que dicha figura ha sido utilizada por varios líderes autoritarios populistas en el mundo: en África, Asia, Centroamérica, y recientemente por nuestro vecino Venezuela.

En la argumentación para una constituyente estará en  juego el modelo económico del país (hoy mixto entre público y privado) cuestionando los sistemas de salud, laboral, financiero, fiscal, de servicios públicos, minero-energético, medio ambiente, etc. Pero lo que no ha podido explicarnos el gobierno es para qué quiere cambiar la constitución de 1991 por otra que haga cumplir la misma constitución del 91, que Petro tanto celebra y defiende. Podemos comprender que el presidente no ha podido materializar los mandatos socioambientales y económicos en el marco del Estado Social de Derecho de la constitución, lo que lo ahoga en su propio laberinto discursivo,  en este sentido debe alinear el gobierno en ser más propositivo sin enrostrar su propia incapacidad a los otros poderes públicos que en democracia deben ejercer los contrapesos para contener los desbordamientos dictatoriales –que no son bloqueos institucionales como se quiere dar a entender– y que sí son llamados universalmente garantías de oposición en la teoría del Estado Constitucional Moderno.  

En los cálculos del gobierno debería estar que cuando se abra la puerta de una constituyente se puede filtrar cualquier otro proyecto de Estado que no sabemos cómo quedará, sumado a que la derecha goza de un amplio favoritismo político en estos momentos. Recordemos que el pueblo colombiano se compone de segmentos petristas, derecha uribista, los de centro e indecisos o abstencionistas que puede moverse por cualquier margen del espectro político.   La octava papeleta nos debe preocupar en la medida que no es promovida desde la ciudadanía sino desde el gobierno, quien no está exento de seguir el patrón de líderes populistas que han usado Asambleas Populares Constituyentes para concentrar poder, como en Venezuela y otras experiencias autoritarias.

Este debate jurídico señala que modificar la Constitución de 1991 exige un riguroso proceso institucional, no un acto simplista como «meter una papeleta». Es decir que se requiere aprobar una ley en Senado y Cámara, definiendo integración, elección y alcance de la asamblea constituyente, seguida de un control de constitucionalidad por la Corte; no un «decretazo» o una consulta plebiscitaria. Este diseño actúa como contrapeso esencial para evitar cambios impulsivos, garantizando estabilidad democrática y apego al Estado de derecho. Pareciera que la «octava papeleta» está diseñada para recoger 8 millones de firmas (20% del censo electoral según la Ley 1757/15) y así presionar al Legislativo, pero académicos señalan que esto constituye un «populismo plebiscitario», donde se instrumentaliza la participación ciudadana para saltarse los controles institucionales. El riesgo es doble: por un lado, se debilita el equilibrio de poderes; por otro, se abre la puerta a un rediseño constitucional impredecible, especialmente en un escenario donde la derecha podría tener ventaja electoral.

Según lo anterior, esta iniciativa parece más una estrategia política que una ruta jurídica viable, aunque busca capitalizar el descontento social y movilizar a la base petrista, carece de sustento legal y enfrenta un rechazo transversal desde la academia, la justicia y el Congreso. El mayor riesgo sería sentar un precedente peligrosista al usar mecanismos participativos para socavar los contrapesos democráticos. Como antídoto para esta asfixia podemos pensar en que ahora mismo se requiere, más que nunca, gobernar en diversos campos que se están represando, tenemos crisis sin resolver en seguridad, desempleo, salud, energía y tarifas, migrantes, tierras, consultas previas y licenciamiento ambiental. En lugar de profundizar la polarización con un choque de poderes, o entre los diversos segmentos que conforman el “pueblo” en las calles, el gobierno debería priorizar la reconciliación y una adecuada gestión interinstitucional, en lugar de atajos plebiscitarios.

Luis Fernando Ulloa

¿El fin de las ciclorrutas?

Bogotá sueña con ser la ciudad en la que queremos vivir, y no es un capricho solo mío: está escrito en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2024-2027. Su objetivo estratégico 4, con nombre casi poético —“Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”—, incluye como meta que en un día hábil entre semana se realicen 9.200.000 viajes en modos sostenibles. Bicicletas, peatones, transporte público. Hasta ahí, todo bien.

La ciudad ya cuenta con 661 kilómetros de ciclorrutas y se proyectan 754 km nuevos entre 2021 y 2035: 452 km del POT y 302 km de Proyectos Integrales de Proximidad (PIP) de las UPL. Además, como meta puntual del actual PDD, quedó ampliar la red de ciclorrutas en 87 km adicionales. Pero no se trata de sumar kilómetros por sumar: queremos kilómetros seguros, con ciclorrutas segregadas y en calzada.

 

Y es que la bicicleta —junto al peatón— es protagonista. Según la Secretaría de Movilidad, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) ya se beneficia de la integración de la bici al sistema: 7.351 cupos de parqueo para bicicletas en estaciones y portales. Pero mientras tanto, en la calle, muchos ciclomotores a combustión y eléctricos —o más bien “motos” hechizas y “motos” eléctricas— se están tomando los andenes y las ciclorrutas como si fueran de ellos.

Según el artículo 2° del Código de Tránsito, los andenes son para peatones y las ciclorrutas exclusivas para bicicletas,y estas son vehículos no motorizados que se impulsan con pedales. Por su parte, la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte define las bicicletas con pedaleo asistido y los ciclomotores a combustión y eléctricos, obliga a que estos últimos tengan matrícula, licencia y SOAT, y prohíbe su circulación por andenes y ciclorrutas. Punto.

Pero la realidad es otra: muchos ciclomotores circulan a más de 30 km/h, invadiendo andenes y ciclorrutas, sin matrícula, licencia y SOAT, y muchos con chasis que, más que ciclomotores eléctricos, parecen vehículos blindados. En el caso de los ciclomotores eléctricos, dicen ser bicicletas eléctricas, pero no requieren pedaleo asistido: se impulsan solos. Son, en realidad, “motos” eléctricas camufladas.

Ahora bien, ¿por dónde deberían circular? Aquí viene el nudo: la Resolución 137609 de 2023 de la Secretaría de Movilidad les prohíbe transitar por vías troncales y carriles preferenciales del transporte público. No pueden estar ni en las ciclorrutas, ni en las vías principales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los devolvemos a las ciclorrutas y los andenes?

Además no tenemos información que nos permita tomar decisiones correctas en materia de seguridad vial. Según la Encuesta de Movilidad 2023, ese año hubo 13.481 ciclomotores en Bogotá, de los cuales 83% (11.122) eran eléctricos y 17% (2.359) a gasolina. Sin embargo, solo 367 están registrados en el Registro Distrital Automotor de la ciudad. ¿Qué pasa con el resto?

En los reportes de accidentes —técnicamente conocidos como Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT) —, ni siquiera se distingue si hubo un ciclomotor involucrado, salvo que la autoridad de tránsito lo deje en las observaciones. Así, no hay política pública que funcione.

Mientras seguimos esperando una reforma normativa por parte del Ministerio de Transporte, es claro que la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito deben actuar ya. Porque si bien no hay claridad jurídica completa, sí hay algo que sabemos: los ciclomotores NO PUEDEN ir por ciclorrutas ni andenes, sino que aquellos que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad deben ir por carriles mixtos.

Pero ahora el problema se agrava y, particularmente, en el caso de los ciclomotores eléctricos. El texto conciliado del Proyecto de Ley 111/23 en Senado y 219/24 en Cámara, autoría del hermano del ñoño Elias, el senador Julio Elías Vidal, que fue aprobado a pupitrazo este miércoles, incluye varias perlas:

  • Define los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, dentro de los cuales estarían los ciclomotores eléctricos, como aquellos que pueden circular por la ciclo-infraestructura y que tienen una potencia hasta de 1000W (esto es, 40 Km/h).
  • Establece que la velocidad máxima de estos vehículos eléctricos por las ciclorrutas será de 25 km/h y 40 km/h en vías permitidas.
  • Elimina la obligación que tienen los ciclomotores eléctricos de tener registro, licencia y SOAT, pues permite que vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana de hasta 1000W (esto es, 40 Km/h) o que no pesen más de 60kg o, teniendo un peso superior, no superen 40km/h, puedan transitar sin cumplir estos requisitos.
    Si estos vehículos pueden andar hasta 40 km/h, ¿la mayoría de los conductores lo harán hasta 25km/h en ciclorrutas? ¿Cómo las autoridades asegurarán este límite de velocidad, si hoy no hemos logrado controlar ni siquiera los mal parqueados? ¿Usaremos radares, policías o reductores de velocidad para controlar este límite? ¿Acaso no es grave un accidente con un ciclomotor a 40 km/h? ¿Cómo se identificarán estos vehículos sin matrícula? ¿En caso de un accidente quién responderá?

No podemos permitir que estás perlas prosperen y hagan parte de una ley de la República. Si seguimos cruzados de brazos, los peatones y ciclistas pagarán las consecuencias. Y lo que comenzó como una oportunidad para la movilidad eléctrica, puede terminar en el fin de las ciclorrutas, caos vial y, en riesgo, la vida e integridad de los actores viales.

En la ciudad que queremos vivir, se respetan las normas de tránsito y se protege al más vulnerable. Para eso necesitamos claridad legal, vigilancia y control. Y sobre todo, buena voluntad política. Porque de normas estamos llenos. De buena voluntad, no tanto.

Juan David Quintero

Desatar un proceso Constituyente para la Paz, la Justicia y la Vida

Colombia se encuentra ante una encrucijada histórica. A pesar de los esfuerzos por construir paz y justicia, la estructura del Estado sigue marcada por las profundas grietas de un modelo económico y político agotado. El neoliberalismo impuesto desde la década de 1990 ha erosionado los derechos sociales, debilitado lo público y ampliado la brecha entre los privilegios de unos pocos y las carencias de las mayorías. El país necesita un nuevo pacto fundacional que abra las puertas a una transformación profunda, democrática y sostenible. Un proceso constituyente que renueve el contrato social y político de la nación.

Este proceso no debe reducirse a una simple convocatoria electoral para elegir unos dignatarios encargados de redactar una nueva carta magna. Estamos muy afectados como proyecto de país para creer que con la elección de unas cuantas personas que se reunirán con sus asesores a puerta cerrada, imponiendo mayorías, saldremos de la crisis de violencias, inseguridad y pérdida de legitimidad del Estado. De allí la importancia de prepararnos con seriedad y compromiso para desatar un proceso con tiempos holgados, metodologías novedosas y una amplia participación ciudadana.

 

Un proceso de carácter político y pedagógico que parta desde los territorios, con un esfuerzo comunicativo generoso que le hable a todos los sectores sociales, que escuche y conecte con sus realidades, dolores y esperanzas. Debe ser un proceso participativo que fortalezca la descentralización, el poder de decisión de la ciudadanía, el reconocimiento de la diversidad y la soberanía territorial. Un camino que permita redefinir el ordenamiento del país alrededor del agua, como elemento vital y estructurador de un nuevo modelo de desarrollo y convivencia.

No se trata de una varita mágica que automáticamente nos conduzca al país de las maravillas. Ningún proceso constituyente es una solución instantánea. Pero sí puede abrir un nuevo escenario de acuerdo nacional para hacer posible la vida con dignidad, justicia y seguridad para todos y todas. Un escenario donde las decisiones fundamentales sean dictadas por el bienestar colectivo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.

Un nuevo proceso constituyente, democrático y popular, debe desembocar en una Asamblea Nacional capaz de generar un gran pacto de paz que no se limite al silenciamiento de los fusiles, sino que se extienda a la transformación de las causas estructurales de la violencia. La justicia debe ocupar un lugar central en esta transformación. La paz y la convivencia se garantizan con el acceso a la justicia para las víctimas, la independencia judicial, el castigo efectivo a los corruptos, y un sistema de justicia al servicio de la equidad y la verdad.

La seguridad también debe repensarse. No como una doctrina de control social o represión, sino como una seguridad para la vida, basada en la protección de las comunidades, el respeto a los derechos humanos, la prevención de violencias y la emergencia del Estado integral y civil en los territorios. La vida debe ser sagrada, no solo protegida por las leyes, sino garantizada en las condiciones materiales que permitan vivir sin miedo, sin hambre y sin despojo.

La superación del modelo neoliberal es una condición ineludible. Debemos poner fin a la mercantilización de los derechos, recuperar lo público, revalorizar el trabajo y garantizar una economía al servicio de la vida y no del lucro. Esto implica construir un sistema económico mixto y solidario, con soberanía alimentaria, justicia tributaria, distribución de la tierra y fortalecimiento del Estado social de derecho.

Asimismo, el Proceso Constituyente debe condenar explícitamente al narcotráfico y al lavado de activos, como compromisos vinculantes para desmontar los engranajes financieros, políticos y militares que han hecho del crimen organizado un actor con poder real en los territorios. La legalización y regulación de las drogas debe ser parte del debate, en sintonía con la evidencia internacional que demuestra el fracaso de la guerra contra las drogas.

Igualmente urgente es avanzar hacia una economía post-extractivista. La dependencia de los hidrocarburos y la minería a gran escala ha causado despojo, desplazamiento, contaminación y destrucción ambiental irreversible. En un contexto de crisis climática global, Colombia debe apostar por una transición energética justa, diversificada, basada en energías limpias y en la protección de los ecosistemas estratégicos.

El Proceso Constituyente no es una aventura populista ni un salto al vacío. Es una necesidad histórica que debe surgir del clamor de los pueblos, de las organizaciones sociales, de las víctimas de la guerra y de una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. ¿Se imaginan un proceso nacido de Asambleas Municipales de Constituyentes Primarios, que recoja el sentir local y lo haga llegar a escenarios regionales, para desembocar en un gran escenario de deliberación y concertación constituyente nacional?

Desatar este proceso es apostar por una paz duradera, una democracia real, y una Colombia distinta. Ha llegado la hora de construir un nuevo horizonte de país, donde la vida, la justicia, la seguridad y la dignidad estén en el centro del poder. No hacerlo sería seguir administrando la catástrofe. El momento de avanzar es ahora.

Luis Emil Sanabria D.

La conciliación y la reconciliación

La manida frase, atribuida a Otto Von Bismarck, el célebre estadista prusiano del siglo XIX, de que la política es el arte de lo posible tiene mucho de cierto y asertivo. La traigo a colación a propósito del desenlace final de la puja en el Congreso de la República en torno al tortuoso trámite y aprobación del proyecto de ley que reforma el Código laboral, a iniciativa del ejecutivo. Inicialmente había sido aprobado en la Cámara de representantes en sus dos primeros debates reglamentarios, pero posteriormente se truncó en la Comisión 7ª del Senado de la República, en donde se aprobó una ponencia de archivo, siendo apelada esta decisión ante la plenaria de esta corporación, tal y como lo prevé la Ley 5ª de 1992 que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República. 

No obstante, la lectura que le dio el ejecutivo al “hundimiento” del proyecto, fue la misma reacción frente a otros proyectos tan controvertidos como el de la reforma a la salud, calificándolo como un “bloqueo institucional”. Aunque, como le recordó al recién posesionado ministro de Justicia Eduardo Montealegre  el destacado jurista Mauricio Gaona, “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llama oposición y la oposición es el precio a pagar por la democracia”. Se trata, nada menos ni nada más que de la vigencia del sistema de los frenos y contrapesos (Checks and Balances), inspirado en la obra cumbre del Barón de Montesquieu El espíritu de las leyes (1748), en la cual hizo tanto énfasis en la importancia de que el poder debe ser controlado por el poder, para así evitar el autoritarismo.

 

Nota recomendada: A propósito del informe de la ANH

La respuesta del Presidente de la República Gustavo Petro fue tirar por la calle del medio, decretando la convocatoria de una Consulta popular para el 7 de agosto, para que fuera el voto ciudadano el que dijera la última palabra sobre la suerte de la reforma laboral. Como lo dispone la Constitución Política, dicha convocatoria tenía que pasar por el cedazo del Senado de la República para su visto bueno, negándolo por un estrecho margen en la votación de la misma, cuyo resultado fue cuestionado por el ejecutivo, al punto de convocar dicha Consulta recurriendo al que denominó el hoy ministro de Justicia como el “decretazo” (0639 de 2025). A este le llovieron como rayos y centellas múltiples demandas tanto ante la Corte Constitucional como ante el Consejo de Estado. Este último suspendió el Decreto de marras, dejándolo sin efecto.

Concomitantemente con este pulso entre la oposición y el Gobierno, que este último llevó a las calles, el proyecto de ley de la reforma laboral siguió su curso, siendo aprobado en primera instancia en la Comisión IV constitucional y posteriormente en la plenaria del Senado de la República. Empero, en el transcurso de su debate el Gobierno, particularmente sus ministros del Interior y del trabajo Armando Benedetti y Antonio Sanguino, respectivamente, oscilaban entre su apoyo y su aversión al texto de la ponencia y se la pasaron deshojando margaritas.

Entre tanto el Presidente Petro trinaba que el Decreto de la convocatoria de la Consulta popular “sólo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, lo cual fue interpretado como una presión indebida por parte del ejecutivo al Congreso de la República, ignorando la separación y el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución Política.

Mucho temió el inmolado en el holocausto del Palacio de Justicia el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, padre de Mauricio, que la Constitución llegara a convertirse en una “Carta a la carta”. A este respecto, bueno es recordar que el gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Y ello es lo que está en juego, la institucionalidad y la legitimidad en el ejercicio del poder.

El Presidente Petro fue más lejos y llegó a plantear que “si el Senado avanza en lo ya aprobado por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la Ley de reforma laboral y se levantará la consulta popular”, pasando por alto el reciente fallo de la Corte Constitucional devolviéndole al Congreso de la República la Ley 2381 de 2024, que reforma el régimen pensional, para que retome su trámite en la Cámara, en la que en su momento se aprobó a pupitrazos sin que mediara el debate de rigor del proyecto, al acogerse en la plenaria, sin discusión, el texto que venía del Senado de la República y aprobarlo en volandas.

Este novelón tuvo un final feliz, la Cámara de Representantes y el Senado de la República se pusieron de acuerdo, conciliaron el texto que fue aprobado en la Cámara alta y le impartieron su aprobación el mismo día en el que se clausuraban las sesiones de la penúltima legislatura de este Congreso y pasa a sanción presidencial, luego de lo cual el Presidente Petro, por sustracción de materia, derogó el Decreto que convocaba la Consulta popular. Así se pasó de la conciliación a la reconciliación y unos y otros, tirios y troyanos reclaman el triunfo de la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral. Bien dijo el Libertador Simón Bolívar en carta dirigida a Rafael Urdaneta, el 16 de noviembre de 1830, un mes antes de su partida, que, ciertamente “construir un buen acuerdo es mejor que ganar mil discusiones”!

Según el presidente Petro, la Consulta popular “ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”. Pero, como en el verso de La Perrilla de Marroquín, en más de una ocasión sale lo que no se espera. En efecto, el presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta popular!

Amylkar Acosta

De la Constitución del 91 a la Constitución de la Picota

El objetivo es convertir a las organizaciones criminales en vanguardia política y a su retaguardia social en “poder constituyente”. Una mezcla de Iván Mordisco y Antoni Negri, con espada, sotana y sombrero. ¿Semejante proyecto es posible?  Sabemos que cuando el estado se debilita la delincuencia organizada aparece como un sustitutivo en la provisión de servicios, sin embargo este fenómeno ha sido siempre una dinámica de confrontación entre el estado mismo y fuerzas externas, pero lo que está sucediendo en Colombia es que desde el gobierno se está promoviendo un escenario para que la sociedad civil sea expulsada de la vida política y sustituida por   el crimen organizado con el propósito de imponer un nuevo orden social.

En este caso no estamos frente al crimen organizado como una amenaza independiente a la democracia, sino frente a un grupo político en el poder, aliado con sectores de intereses especiales, que busca asociarse con los criminales para fundar algún tipo indeterminado de hegemonía política que sustituya el sistema liberal y la sociedad abierta mediante la degradación de la democracia hasta llevarla a un estado crisis que haga irreversible su abolición.

 

En esta estrategia el estado ya no es el defensor de la sociedad. Los operadores políticos gubernamentales implementan tácticas de cobertura para impulsar a sus aliados del crimen organizado en la ocupación de territorios, control de la población y legalización de activos, estas acciones pueden llevarse a cabo bajo la etiqueta de “acuerdos de paz”, “cese al fuego”, “acuerdos humanitarios”, debilitamiento de la fuerza pública y corrupción de las autoridades regionales. Juan Linz, en su libro La quiebra de las democracias, afirma que “la calidad de la democracia depende de la calidad del estado” y este caso estamos frente a un estado que propende por convertir en legal lo ilegal, con cual pone a los ciudadanos fuera de la ley y cuestiona la legitimidad del estado de derecho.

Cuando se habla de gobernanza criminal siempre surge como referencia Venezuela, porque de hecho es un estado hibrido controlado por una constelación de organizaciones criminales bajo una dirección política, pero cuando el chavismo cooptó la criminalidad lo hizo para extender rápidamente su control social y cuando ya era la pandilla más grande del barrio. No es el caso de Colombia. El Pacto Histórico no es la organización más fuerte, ni militar, ni políticamente. En realidad, no es ningún pacto diferente del “Pacto de la Picota” y no cuenta con la fuerza suficiente para reemplazar la Constitución de 1991. Pero lo intenta porque es su estrategia de conquista, uso y mantenimiento del poder.

 No sabemos exactamente que contenido pueda tener el proyecto de Constitución de la Picota, pero hemos visto como mediante un ejercicio constante de “constitucionalismo abusivo” se ha desnaturalizado la ley y se empobrecido la actividad legislativa. A los suscriptores del Pacto de la Picota no les interesa la derogación de la ley sino su manipulación y mantener una constante simulación de legalidad, moviéndose en zonas grises, en un ámbito impreciso, en medio de un relato deliberadamente confuso que favorece los intereses de las oligarquías partidarias y protege los actores del crimen organizado, bajo la presunción de que podrán convertir un pacto criminal en un pacto político que tenga legitimidad.

En teoría esto es posible. Georg Jellinek  expone que hay reformas constitucionales y hay mutaciones constitucionales, esto último es que la constitución adquiere un sentido nuevo sin pasar por una reforma, sino vía interpretación, un cambio no formal, no cambia el texto pero se le asigna un significado diferente y es por esta vía  que se está imponiendo un orden nuevo, apenas percibido, en que va tomando forma un sistema autoritario de gobernanza criminal.  

Sin embargo, los acuerdos en la ilegalidad y con ilegales tienden a ser muy inestables y esto se traduce en una atmosfera social confusa e impredecible en la cual prospera la violencia con fines políticos con el objetivo de eliminar, intimidar, o aislar socialmente a quienes se oponen al proyecto de captura del poder, o pueden sustituirlo. Por eso es vital para los actores del pacto controlar el proceso electoral, y si no, debitarlo, hacerlo ilegitimo, o no llevarlo a cabo hasta no tener la certeza de que podrán ganar y continuar en el ejercicio del poder.

Estamos frente una realidad compleja en que el crimen organizado es nuevo partido y es de hecho el partido de gobierno y no pueden, por fuerza, perder las elecciones y necesitan un nuevo acuerdo social que garantice el uso impune de su poder. La consecuencia directa del Pacto de la Picota es que produzca la nueva Constitución de la Picota.

Jaime Arango

¡Marica, yaaa!

Presidente Petro, basta ya de tantos globos.

Ahora, una vez más, vuelve a lanzar otro de sus fuegos artificiales mediáticos: la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Otro anuncio ruidoso, distractor, sin hoja de ruta ni sustento jurídico claro, que solo demuestra lo que ya es evidente para todo el país: usted no quiere gobernar, quiere reescribir las reglas del juego para tener unas que se sirvan a su proyecto político.

 

Y mientras el país se cae a pedazos —con más inseguridad, más pobreza, más polarización, más muertos violentos por año, más desempleo y un sistema de salud en cuidados intensivos— usted sigue jugando a encender a Colombia cada semana. Parece más interesado en perpetuar el caos que en ofrecer soluciones. Tres años en la Presidencia y aún no asume que el poder Ejecutivo es para ejecutar, no para quejarse ni improvisar.

En lugar de entregar resultados, se la pasa en Twitter peleando con tuiteros, periodistas, expresidentes, medios y hasta caricaturistas. Como si le sobrara tiempo. Como si gobernar el país fuera una función secundaria frente a su ego o su show digital.

Y ahora, como si nada de esto fuera suficiente, pretende abrir la puerta a una constituyente en un país que lo que necesita con urgencia es estabilidad, acuerdos básicos, y que quienes gobiernan se pongan a trabajar. Esa propuesta no es una solución: es gasolina sobre la hoguera. ¿No le basta con haber debilitado instituciones, perseguido contradictores y sembrado desconfianza en la justicia?

No sé si sus asesores le están escondiendo la realidad, o si usted está tan encerrado en su burbuja de aplausos que ya no escucha. Pero debe saberlo: su gobierno ha sido un desastre. Puede que las encuestas todavía lo sostengan entre ciertos sectores, pero el país real, ese que madruga, que produce, que paga impuestos, ese ya está agotado.

Usted pasará a la historia como el presidente que se dedicó a pelear, a dividir y a nombrar a sus amigos y seguidores en cargos para los cuales no estaban preparados, un presidente que quiso cambiar la Constitución porque no fue capaz de cumplir la que ya existía.

Termino con la frase que dice la popular Karol G en una de sus canciones —y que, ojalá, el lector pueda interpretar con esa mezcla de frustración, ironía y desahogo que sale desde lo más profundo del alma—:

¡Marica, yaaa!

Ricardo Ferro

Lo que Uribe quitó, Petro lo devolvió

La aprobación de la reforma laboral representa una oportunidad histórica para dignificar a los trabajadores colombianos y fortalecer nuestra economía. Esta reforma no es solo una corrección técnica al mercado laboral; es una apuesta por una sociedad más justa, con mayor estabilidad para quienes construyen el país día a día.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, con una mejora real del ingreso promedio cercano al 3 %, se proyecta una creación de 91.000 nuevos empleos y un crecimiento económico adicional de 0,37 % frente al escenario habitual. El incremento en el ingreso salarial impulsa el consumo, que podría crecer aproximadamente un 0,63 %, dinamizando así sectores clave como agricultura, comercio, industria y recreación.

 

En concreto, la reforma eleva los recargos por trabajo nocturno y festivo, fortaleciendo el ingreso de quienes laboran en condiciones más exigentes. Además, otorga estabilidad a los aprendices del SENA, asegurando que durante el primer año reciban el 75 % del salario mínimo y el segundo año, el salario completo, garantizando ingresos dignos para jóvenes en formación.

Nota recomendada: Federico Gutiérrez llama dictadura a la voz del pueblo

Pero esta reforma va más allá de cifras: busca dignificar el trabajo. La formalización ya no es solo un objetivo económico, sino también social. Los trabajadores ganan seguridad, protección y reconocimiento. Actores vulnerables como las trabajadoras domésticas, los repartidores de plataformas digitales, campesinos, personas con discapacidad, artistas y jóvenes encuentran en esta reforma un respaldo concreto.

Críticos advierten posibles efectos sobre la informalidad o los costos de las empresas. Estimados independientes sugieren que los costos laborales podrían aumentar entre 19 % y 35 %, y que la informalidad podría crecer hasta en 12 puntos porcentuales. No obstante, estos análisis se basan en versiones preliminares de la reforma. La versión finalmente aprobada incluye equilibrio: fortaleza de derechos laborales sin desconocer la necesidad de acompañar al sector productivo.

Respondiendo a esas inquietudes, el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo han diseñado un esquema que reconoce el incremento de costos mientras promueve la productividad y la formalización a través de incentivos grupales, subsidios y mayor acceso a pensiones rurales .

El verdadero impacto de esta reforma no está en las frías estadísticas: está en la dignidad recuperada por millones de trabajadores. En los hogares que pueden contar con horas extras remuneradas de manera justa. En jóvenes que adquieren experiencia con condiciones salariales reales. En trabajadores que encuentran en lo formal no solo obligación, sino derecho.

Para avanzar, es vital acompañar esta reforma de políticas complementarias. Debemos simplificar cargas para microempresas, articular incentivos sectoriales, robustecer la inspección laboral y promover la formalización productiva en el campo y en plataformas digitales.

Como presidente de la Comisión Segunda, estoy convencido de que esta reforma sienta bases estructurales para una economía más inclusiva y sostenible. No puede ser una anécdota legislativa: debe ser el primer paso de un cambio profundo y duradero. Hagámosla realidad con visión, equilibrio y compromiso con cada colombiano que trabaja día a día por el progreso.

Alejandro Toro