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¿Espada de Bolívar o símbolo de Petro?

Escrito por Luis Fernando Ulloa en May 6, 2025. Publicado en Opinión.

El simbolismo traído a la escena política por el mandatario Gustavo Petro en la última marcha laboral del primero de mayo, representado en una de las espadas del libertador Bolívar -que reposa actualmente en la Casa de Nariño-, acompañada de una bandera militar que representó la “Guerra a Muerte” de la capitanía general de Venezuela contra el imperio español en el siglo XIX, nos lleva a un debate inacabado en la actual Colombia, que es precisamente entender la importancia del símbolo y el monumento para una nación.

Generalmente la vanidad del poder lleva a los gobernantes a resistirse al olvido, para lo cual apelan a los símbolos que suelen ser inmortalizados en obras de patrimonio cultural erigidas de “arriba hacia abajo”, es decir que proceden desde lo alto del poder para ser venerados por los gobernados, lo que no es nuevo en nuestro país, ni en los vecinos de la región, puesto que procede desde culturas de tiempos inmemoriales asentadas por todo el planeta.

Al respecto, encontramos en la Filbo el texto “la materialización del pasado” de Sebastián Vargas y Carolina Vanegas (2023) a propósito de la “investigación sobre monumentos conmemorativos en Colombia en tiempos de resignación”, publicado por la Universidad del Rosario, y que nos propone repensar las implicaciones que tiene el derribamiento de monumentos cuando tales acciones hacen parte de una movilización popular, como el “estallido social” colombiano auspiciado por el entonces candidato Petro en el año 2021 (emulado de Chile). Protestas que se materializaron derribando estatuas, pero que sus reclamos contra el gobierno de Iván Duque se basaban en la desigualdad social, la falta de políticas educativas y carencia de puestos laborales para los jóvenes, así como aquellas demandas indígenas en contra del colonialismo, el racismo, maltrato, asignación de más tierras, etc.

El texto nos lleva desde la demolición ordenada por el alcalde Jorge Eliecer Gaitán -el caudillo del pueblo- contra la estatua de Ricaurte en 1936, bajo una lógica «desde arriba» (desde el poder) que contrasta con la actual «desde abajo» (desde el pueblo) como un acto político de contramonumentalidad, hasta el “estallido social” del 16 de septiembre de 2020 cuando el movimiento indígena AISO organizó una movilización multitudinaria que culminó con el “juicio político por genocidio al conquistador y fundador español Sebastián de Belalcázar, seguido del derribamiento de su estatua” erigida para el cuarto centenario de la fundación de Popayán en 1938 sobre el llamado morro de Tulcán, una pirámide funeraria prehispánica, cuya punta fue cercenada para darle base a la estatua. Aunque los desmantelamientos se acompañaron de múltiples símbolos como banderas, colores, himnos y canticos indígenas, la verdadera motivación fue política, como represalia social contra la fallida reforma tributaria de Duque.

A la pregunta sobre ¿qué hacer con las obras derribadas?, Vargas y Vanegas (2023) sugieren que la solución no está en restaurar los monumentos caídos como reliquias intocables ni en borrar su huella, sino en transformarlos en dispositivos críticos de memoria. Las estatuas derribadas durante protestas sociales deben conservarse -con las marcas de su intervención- como testimonios materiales del conflicto, mientras los pedestales vacíos pueden convertirse en espacios de disputa performativa o lugares donde las comunidades decidan periódicamente qué conmemorar, mediante rituales, instalaciones efímeras o debates públicos. Esta aproximación rechaza la lógica binaria (conservar/destruir) y propone una tercera vía basada en que, tanto las ruinas como los basamentos abandonados sean archivos abiertos, donde el pasado se reinterprete colectivamente. Así, un monumento a Belalcázar fracturado -con sus grietas visibles- puede dialogar con un pedestal que acoge temporalmente una minga de memoria indígena o una proyección de demandas juveniles.

En consecuencia, la tensión entre los símbolos bolivarianos empuñados por el actual presidente, como la espada de Bolívar y la bandera de «Guerra a Muerte» apuntando contra el congreso, para legislar sobre una vetusta reforma laboral derivada de la revolución industrial del siglo antepasado, se choca con la contramonumentalidad exigida por las comunidades, mientras el gobierno recurre a iconos independentistas para legitimar su proyecto político desde arriba, los movimientos sociales desde abajo le exigen realizaciones concretas.

Así, frente a la nostalgia revolucionaria oficial, emerge su propia disidencia electoral que no levanta la espada, ni enarbola la bandera, ni pide talla en piedra o bronce, sino que le exigirá resultados de gobierno presidente, como también lo calificará la historia y el paso del tiempo que son caras de una misma moneda.

Luis Fernando Ulloa

Vampiros del FMI

Escrito por Simón Gaviria en May 6, 2025. Publicado en Opinión.

En esta columna hemos advertido que, en los próximos seis meses, Colombia podría enfrentar tres pérdidas significativas: la Línea de Crédito Flexible (LCF) otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la calificación de grado de inversión de la última calificadora Moody’s, y la desertificación de EEUU como aliado en la lucha contra las drogas. De estos instrumentos, el menos conocido es el LCF. No se trata simplemente de un crédito sino de un sello de confianza en nuestras políticas económicas. Perderlo no solo sería un golpe grave a nuestra estabilidad macroeconómica, sino que podría ser el primer dominó de un colapso destructivo.

Desde que Colombia accedió a este instrumento en 2009, el país cuenta con un seguro para enfrentar choques económicos sin que le pongan condiciones. Su valor está en su sola existencia, es muchas que un crédito. Al reducir el riesgo país, el LCF abarata el costo del financiamiento para el Gobierno, las empresas y los hogares. Al generar confianza entre inversionistas, calificadoras de riesgo y organismos multilaterales, se facilita el acceso al crédito en mejores condiciones y promueve la inversión.

Perder esta ancla de credibilidad tendría consecuencias inmediatas: la prima de riesgo de Colombia aumentaría, los bonos soberanos perderían atractivo y el acceso a financiamiento externo sería más costoso. En un contexto global marcado con tasas de interés aún altas y mercados financieros volátiles, la ausencia de la LCF debilitaría la posición internacional de Colombia. El país pasaría de ser percibido como una economía bien gestionada a una vulnerable expuesta a caídas de los precios de materias primas, crisis financieras regionales o recesiones globales. En un momento creciente incertidumbre, contar con un respaldo de esta magnitud es una ventaja que no deberíamos sacrificar.

Algunos han sugerido que el país debe prescindir de la LCF para enviar un mensaje de independencia, incluso el Presidente ha descalificado el instrumento y tilda al FMI como vampiros. Pero esta narrativa confunde soberanía con vulnerabilidad. La verdadera soberanía económica se construye fortaleciendo la capacidad de respuesta ante eventos adversos, no debilitándola. Mantener el acceso a la LCF es un acto de responsabilidad fiscal y de previsión, no de dependencia. Aunque tiene un costo de disponibilidad, este es ínfimo frente al costo potencial de una crisis financiera. Gastar un poco para tener un paraguas disponible antes de la tormenta es infinitamente más inteligente que improvisar en el aguacero.

Internamente, Colombia enfrenta déficits fiscales elevados, deuda pública creciente, un crecimiento económico moderado y desafíos sociales enormes. En este contexto, la LCF es una pieza fundamental de nuestra arquitectura de estabilidad macroeconómica. Por todo esto, preservar la LCF no es una cuestión técnica o burocrática, es un asunto de Estado. Es asegurar que Colombia siga siendo vista como un país confiable, prudente y preparado. La estabilidad, como la reputación, toma años construirla, pero puede perderse en un instante. No debemos jugar con ella, la responsabilidad macroeconómica es una tradición nacional que ningún gobierno ha sacrificado. Hay una promesa de un recorte presupuestal eso seria un buen comienzo.

Simón Gaviria Muñoz

Presidente, haga algo por la Fuerza Pública

Escrito por Iván Santisteban | Opinión en May 5, 2025. Publicado en Opinión.

La impotencia no es solo de ver 27 militares y policías asesinados en manos del narco y la guerrilla desde el inicio del plan pistola; sino que el presidente dijo en la última entrevista al comediante Alejandro Riaño en su personaje “Juampis Gonzales”, que llevábamos el número de muertos más bajo desde hace 7 años… descaró, cuando deberíamos estar no solo con un número inferior, sino con un control territorial mayor que nos lleve ese desarrollo en los territorios prometidos en campaña.

Ahora, a escasos 12 meses de mandato no hay mucho por hacer y si bastante por analizar de su fracasada “Paz Total”, que decir verdades, fue una hazaña bastante improvisada y con un lenguaje de poco aprendizaje en el muy fracturado acuerdo de paz en el año 2016, mediante la presidencia de Juan Manuel Santos.

Por ahora, lo único que hemos visto es una disminución de la violencia quizás, porque no hay quien las confronte y mientras tanto el Clan del Golfo aumentó su expansión a mitad de 2024 en un 55% en comparación con el 2022, el ELN en un 23% y la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, las dos facciones de las FARC, en un 30%, según la organización internacional Human Rights Watch. El presidente se excusa que ahora las muertes son de actores diferentes para justificarse.

Todos los grupos armados financiados por la minería, el narcotráfico, extorción, etc. bajo el argumento de que el gobierno también cobra impuestos, se expanden militarmente y hoy día alcanzan más de la mitad de los 1.103 municipios en el país.

Lo que más me sorprende es que ni los mismos negociadores de paz le creen a su apuesta, lo que pase en adelante solo será una pantalla de humo con fines electorales buscando más la reelección de un proyecto político, que de buscar la paz en cualquiera de sus formas.

Alias Calarcá, en entrevista a la revista Semana, ha mencionado que ve muy difícil un acuerdo de paz con el gobierno, no hay garantías, los pedidos no se han cumplido y adicional, ponen de ejemplo el proceso de paz en el año 2016, donde según él, se vendió más una ilusión internacional y no territorial.

Aún tiene fe que se pueda lograr algo, así se presenten más “Accidentes” como el sucedido en San José del Guaviare que dejo un saldo de 7 policías muertos; también tienen fe en su constante crecimiento, en lograr mas cobertura y en buscar sustento para sus tropas, de 1,5 millones de pesos por persona.

Realmente fue una apuesta o voluntad de palabra que es muy complejo que se logre, nadie va a dejar la gallina de los huevos de oro si no es permanente cueste lo que cueste, les durará mientras se les pague, pero más adelante si no hay cobertura estatal y desarrollo agroindustrial en el que el centralismo empresarial participe, no hay futuro.

Mientras tanto, presidente, busque proteger las fuerzas militares y policías, quizás usted no lo vea en medio de su prepotencia y terquedad, pero sus familias, comunidades y el país lo lamentan todos los días.

Quizás su apuesta política para él próximo año no sea la esperada, por algo que inicio mal y evidentemente terminará mal.

Iván Santisteban

¿Qué será lo siguiente?

Escrito por Almudena González Barreda en May 5, 2025. Publicado en Opinión.

Dicen que el límite entre el orden y el caos, en caso de catástrofe, son 48 horas. Nadie sabe qué habría pasado si el apagón de casi 24 horas que sufrió España hace una semana hubiera durado más. Yo sé que entre los de mi quinta, lejos de romantizar una situación así nos preocupamos por nuestros padres, muchos de ellos ya ancianos, que necesitaban cuidados médicos, por los que tenían intervenciones menores, por los que con EPOC les había pillado el desastre en la calle y tocaba subir a pie tres o cinco pisos de escalera hasta llegar de nuevo a casa…

Los de una generación más joven, tal vez con padres aún jóvenes o sin grandes problemas, sin hijos dependientes o enfermos, el tema del apagón lo celebraron bailando, de cañas, en las vías del tren montando coreografías para tik tok… Hay quien ya en paz por lo vivido se sienta a leer un libro de papel o prepara un bocata a la luz de las velas como cena. No seré yo la que ponga pegas al divertimento de los demás en momentos de drama, pero tampoco seré de las que aplauda lo infantil de algunas conductas, porque el apagón y la desconexión está a un click de la voluntad de cada uno.

Nota recomendada: Adolescencia

Lo ocurrido el lunes es más propio de un país en vías de desarrollo que de un país desarrollado, de un país que en lugar de invertir donde debe, tapa agujeros y favores y se encuentra con problemas que lejos de asumir y responsabilizarse, es decir tomar las riendas de la situación y poner las medidas para que no vuelva a ocurrir, busca culpables inmovilizándose ahí dentro, en la culpa.

Y esa, señores, es la dinámica que sigue y mueve al gobierno actual de España, ese mismo gobierno que tiene prisionero a su gente, pues sigue sin poder aprobar presupuestos y solucionar problemas, sin convocar elecciones, sin responsabilizarse en tanto “hecho histórico” de estos años 20 del siglo XXI. Y así, con este gobierno de culpables, que tienen en el bulo un escudo a su gestión siguen sin recibir ayudas los damnificados del volcán de la Palma, los enfermos de ELA, los valencianos a los que arrasó la DANA, y ahora también los que por quedarse a oscuras perdieron más que ganaban, y no me refiero sólo a los negocios.

Pero nada de eso parece importar a los que bailan y celebran, ni a nadie del gobierno progresista y trasparente de la historia – nótese la ironía- y tan solo les diré un dato; pronto querrán dejar de imprimir dinero de papel, se apuesta desde Estrasburgo por el euro digital…, las cuentas del banco son números con más o menos ceros, que pueden desaparecer en cualquier fallo informático o próximo apagón, sí nos falta una película para esta trama, y entonces, como dicen los conspiranoicos, nadie podrá pagar la caña en el bar y el trabajo que toque sea demostrar lo que uno tenía, porque aunque haya un registro al ciudadano siempre le toca demostrar su derecho frente al poderoso Estado y entonces no haga tanta gracia el drama como apagar la luz de dos naciones un día.

Almudena González

La democracia directa, la paz y el Primero de Mayo

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en May 4, 2025. Publicado en Opinión.

Las marchas del pasado Primero de Mayo no solo conmemoraron el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, sino que también se consolidaron como una masiva expresión de respaldo a las reformas sociales, a la profundización de la democracia participativa y a la construcción de paz. Desde las principales ciudades hasta los rincones más apartados del país, miles de colombianos y colombianas salieron a las calles no solo para exigir mejores condiciones laborales, sino también para reclamar una democracia más viva, descentralizada, directa y comprometida con la paz.

Los manifestantes no marcharon únicamente por derechos laborales como el trabajo digno, la jornada justa y las garantías sindicales. También alzaron la voz a favor de reformas que reconozcan el papel protagónico del pueblo en la toma de decisiones. La propuesta presidencial de convocar una consulta popular para desbloquear reformas sociales frenadas por el Congreso puso de relieve una verdad más profunda; la necesidad de entregarle a la ciudadanía el poder de decidir, de manera directa, sobre los asuntos públicos. Esa posibilidad de decisión y protagonismo también es una apuesta por la paz, entendida como una transformación estructural de las relaciones de poder en favor de la justicia social.

Este Primero de Mayo debe entenderse también como un llamado colectivo a profundizar la democracia directa en los municipios y departamentos. Esto implica ir más allá de la participación simbólica o consultiva para construir espacios reales de poder ciudadano. Estas manifestaciones masivas crean las condiciones para que se reconozcan e institucionalicen formas organizativas y de soberanía del pueblo, como el Gobierno Propio de los pueblos étnicos o las asambleas ciudadanas territoriales constituyentes, donde se reúnen y complementan todas las demás formas de participación contempladas en la Constitución y la ley. En esas formas de autogobierno y planeación colectiva también se siembran las bases de una paz territorial, sostenible y democrática.

Una de las mayores oportunidades para avanzar en ese camino es el Acto Legislativo 03 de 2024, por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios. Sin embargo, esta transformación participativa requiere completarse con la urgente aprobación de la Ley de Competencias, que distribuya clara y equitativamente las responsabilidades, los recursos y las capacidades entre la Nación y los entes territoriales. Sin esta ley, los municipios y departamentos seguirán atados a un modelo centralista y asfixiante, que impide la autonomía real, la participación efectiva y una paz construida desde abajo.

Fortalecer la participación ciudadana y el poder de decisión del pueblo no es una consigna vacía, es una necesidad concreta para la democracia y para la paz. La elaboración de Planes Prospectivos de Vida municipales, regionales o departamentales a dieciséis o veinte años, así como de Planes de Desarrollo y Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT y EOT), debe contar con una participación amplia, incidente y vinculante de las comunidades. De lo contrario, seguirán siendo planes técnicos, dispersos, elaborados desde escritorios centralizados, sin anclaje en las realidades, los dolores y las esperanzas de los territorios que han vivido el conflicto armado.

La presupuestación participativa es otro pilar de esta transformación. Permitir que la ciudadanía decida en qué invertir los recursos públicos, priorizando necesidades locales, no solo fortalece la democracia, sino que mejora la eficacia y la transparencia de la gestión pública. También contribuye a reducir tensiones sociales y territoriales que, cuando no son atendidas, alimentan escenarios de conflicto. En tal sentido, se requiere el fortalecimiento y respaldo del control social y de la veeduría ciudadana autónoma y transparente.

No se trata solo de reformar leyes o cambiar normas, se trata de redistribuir el poder. Las movilizaciones del Primero de Mayo son una clara señal de que la ciudadanía está dispuesta a asumir ese rol. La democracia directa, la movilización social, la planeación participativa, la descentralización efectiva y el control social constituyen un ecosistema político que empodera al pueblo y aporta significativamente a la construcción de paz en los niveles local, regional y nacional, lo cual requiere garantías y apoyo decidido del Estado.

Colombia está en una encrucijada histórica. O profundiza su democracia con participación real y poder popular desde abajo, o sigue atrapada en un modelo centralista, corrupto, clientelista y excluyente. El Primero de Mayo nos recuerda que el camino hacia un país más justo y pacífico solo puede construirse con el protagonismo activo del pueblo, desde los barrios, veredas y comunas, hasta los departamentos y la Nación.

Luis Emil Sanabria D.

La alcaldía de Fico le da la espalda a los ediles?

Escrito por Alejandro Toro en May 4, 2025. Publicado en Opinión.

Desde hace varias semanas he recibido con profunda preocupación los reiterados reclamos de varios ediles de Medellín que hoy se sienten abandonados por la actual administración municipal. ¿La razón? La Alcaldía no ha gestionado ni entregado, como corresponde, el bono mensual de transporte que históricamente ha sido un apoyo fundamental para el ejercicio de sus funciones.

Este bono no es un regalo. Es un reconocimiento básico a la labor comunitaria, territorial y cívica de los ediles, quienes recorren veredas, barrios y comunas para acercar el Estado a las necesidades reales de la gente. Su trabajo no tiene horarios ni garantías, pero sí un profundo compromiso con la ciudadanía.

Negarles este recurso es, en la práctica, ponerles trabas a su labor, dificultar la representación y
cercenar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Y es importante que la ciudadanía entienda qué hacen los ediles. Muchos los ven solo como figuras menores de la política, cuando en realidad son fundamentales en la construcción de ciudad desde lo más local. Los 146 ediles son elegidos popularmente para conformar las Juntas Administradoras Locales (JAL) en cada una de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. Ellos no legislan, pero sí planean, proponen, vigilan y representan.

Son quienes conocen de primera mano los problemas de su comunidad, quienes reciben las quejas sobre el mal estado de una vía, la falta de iluminación, el abandono de un parque, o la necesidad de un programa social. Son ellos quienes dialogan con la comunidad y canalizan esas demandas a la Alcaldía, quienes evalúan y proponen ajustes a los Planes de Desarrollo Locales de las comunas, quienes promueven la participación de las comunidades en las priorizaciones del presupuesto participativo, quienes ejercen control político sobre los recursos públicos invertidos en sus territorios.

En pocas palabras: sin ediles no hay democracia barrial. No hay interlocución real entre la ciudadanía y el gobierno municipal. Por eso su debilitamiento —a través del recorte o el incumplimiento en apoyos básicos como el bono de transporte— es también un debilitamiento de la participación ciudadana.

Medellín fue pionera en dignificar este rol. En la administración anterior, bajo el liderazgo del exalcalde Daniel Quintero, se dio un paso histórico: nuestra ciudad se convirtió en la primera capital del país en reconocer honorarios mensuales a los ediles, gracias al Acuerdo 053 de 2021. Además, se fortalecieron sus capacidades con procesos de formación política, entrega de herramientas tecnológicas como un computador por edil, espacios de participación activa, entre otros.

Cuando la Alcaldía anterior encontró dificultades para el pago del bono de combustible no fue por falta de voluntad política, fue por el ahogo de las cuentas de la ciudad que hicieron quienes hoy ostentan el poder al imposibilitar a la administración la recuperación de los recursos de UNE disminuyendo así el monto de transferencia de EPM a la administración. Hoy, con la mayoría de las fuerzas políticas cumpliendo cada capricho de Fico no hay justificación válida para negar el apoyo a los ediles.

La Alcaldía actual no solo ha descuidado el pago del bono, sino que tampoco ha explicado con claridad por qué se suspendió ni cuándo se restablecerá. Esta omisión es inaceptable y atenta contra el funcionamiento mismo de la democracia local. Quienes están en el poder no pueden hablar de participación ciudadana mientras castigan, por acción u omisión, a quienes la hacen posible todos los días.}

Hago un llamado público al alcalde de Medellín para que rectifique con urgencia. Que entienda que respetar a los ediles no es un favor político, sino una obligación legal y ética. Y a los ediles, mi respaldo y admiración. No están solos. Desde el Congreso seguiremos denunciando estos atropellos y trabajando por restituir lo que en justicia les corresponde.

Porque cuando se debilita la voz de los ediles, se debilita la voz del pueblo.

Alejandro Toro

La destorcida de los precios del crudo

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 4, 2025. Publicado en Opinión.

Duro revés para Colombia la caída libre de los precios del petróleo. Hoy se cotiza a US $61.67 el barril, más de US $10 por debajo del precio esperado según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el precio – base con el que ECOPETROL proyectó sus inversiones (US $73) para el año 2025. Y por cada dólar que baja el precio se dejan de recibir $300 mil millones, en total $3 billones! Además, por cada dólar que baja el precio le dejan de ingresar al país US $16 millones el ingresos de divisas o sea US $160 millones, lo cual presionará aún más la devaluación del peso y de contera encarecerá aún más la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB!

Desde luego el impacto de la estruendosa caída de los precios del crudo trasciende a ECOPETROL, pues tiene un efecto nocivo en el ritmo de crecimiento de la economía, en las finanzas públicas y en la economía misma dada la importancia del oro negro en su dinámica, restándole fuerza e impulso. Se calcula que por cada US $10 que baja el precio del crudo se afecta el crecimiento del PIB en -0.4 puntos porcentuales. Y recordemos que, según el DANE, el sector que tuvo el peor desempeño el año anterior, al punto que experimentó una contracción en su actividad y producción, con un decrecimiento de – 5%, en rojo!

La preocupación mayor estriba en el impacto de la descolgada de los precios del petróleo en la ya de por sí crítica situación de las finanzas públicas, muy particularmente las de la Nación, que exhibe un descuadre descomunal. Venimos de un déficit fiscal el año pasado de 6.8% del PIB, el más alto en 20 años, muy por encima del 5.6% que había estimado el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP). Y se prevé por parte de JP Morgan que este año a lo sumo bajará hasta el 6.1%, superior en todo caso a la previsión del MFMP del 5.1%. Y lo que es peor, el endeudamiento público está disparado, el año pasado registró el 61.3% del PIB 8!!). De manera que estamos ante un escenario que compromete seriamente la sostenibilidad fiscal.

Desafortunadamente los precios siguen a la baja, debido al fantasma de la recesión a consecuencia de la guerra arancelaria decretada por Trump y la mayor oferta de 400 mil barriles. por parte de la OPEP. Como se recordará, las utilidades de ECOPETROL cayeron el 21.7% entre 2023 y 2024, al pasar de $19.1 billones a 14.9 billones, con precios promedio de US $82.5 y US $81 el barril, respectivamente. Y todo indica que esta tendencia de los precios se va a mantener por un largo rato.

De manera que si se mantiene la tendencia de la caída de los precios del crudo el resultado para el 2025 serían el de un empeoramiento del desempeño de la empresa en lo tocante primeramente de sus utilidades, con el agravante de que debido al desplome de los precios ECOPETROL se ha visto precisado a cerrar campos que estaban en operación, dado que los mismos estarían por debajo del “umbral del dolor”, que se entiende como el punto de equilibrio entre costo de “levantamiento” del barril de crudo y su precio. Ello se traduce, como es obvio, en una menor producción, de lo cual se sigue que su impacto se daría por partida doble, por la baja cotización del precio del crudo y la reducción de los volúmenes extraídos y comercializados.

Por fortuna, la Junta directiva de ECOPETROL desoyó los cantos de sirena del Presidente Petro cuando manifestó que “yo quiero que se venda esa operación (el PERMIAN) para invertirlo en energía”. En efecto, en abril pasado ECOPETROL y la OXY extendieron su asociación del Plan de desarrollo del Midland en dicha cuenca. De otro modo ECOPETROL se hubiera dado un tiro en el pie y los resultados esperados serían peores, habida cuenta de que se estaría privando a ECOPETROL de un 15% de su producción, afectando de paso la relación reservas – producción (R/P) de la empresa. De haberse dado este paso en falso por parte de la Junta directiva de ECOPETROL se le hubiera infligido un detrimento a la empresa en momentos en los que su entorno no es el más auspicioso.

Aquí cabe advertir que la frustración del proyecto KOMODO es una oportunidad perdida, con su aplazamiento indefinido a consecuencia de la suspensión de la Licencia ambiental y su posterior expedición de manera tardía y extemporánea, con el agravante de establecer en la misma unas condiciones que a juicio de ECOPETROL Y ANADARCO, su socio, tornan inviable el proyecto. Este impasse se viene a añadir al del proyecto OSLO, ubicado en la misma cuenca del PERMIAN en el que ECOPETROL venía avanzando en las negociaciones para la adquisición de una participación en la empresa CrownRock, de propiedad de su socio, la OXY, proceso este que se truncó, en palabras del entonces Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia…El petróleo sigue adelante, pero no con fracking”.

Definitivamente la mayor apuesta de ECOPETROL y del país, en asociación con PETROBRAS, está en SIRIUS, cuyas reservas de gas se calculan en 6 TPC, equivalentes a más del doble de las reservas remanentes de gas con las que aún se cuenta, el cual está llamado a recobrar la seguridad y la soberanía energética del país, en este momento en grave predicamento. Pero su comercialidad tarda por lo menos hasta el año 2027. De manera que en el entretanto, para evitar un desabastecimiento, se tendrán que seguir importando volúmenes crecientes de gas natural, lo cual obligará a expandir, con urgencia, la capacidad regasificadora con que cuenta actualmente el país.

Amylkar Acosta

La “Ming-Licia” indígena se tomó Bogotá

Escrito por Andrés Barrios en May 4, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras el país enfrenta alarmante inseguridad, crisis en el sistema de salud, debilitamiento institucional, entre otros grandes problemas, el presidente Gustavo Petro se concentra en profundizar la confrontación y la división. Lo anterior, quedó demostrado, una vez más, el pasado 1 de mayo.

Al discurso desafiante lanzado por el mandatario, que debe causar preocupación, se le suma el despliegue político disfrazado de reivindicación étnica con la llegada de la minga indígena a la capital del país los días anteriores a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Lo que se vivió en las últimas semanas en Bogotá no fue una expresión genuina de protesta por parte de pueblos ancestrales, fue una movilización orquestada, promovida, financiada y aplaudida desde la Casa de Nariño con fines propagandísticos. De hecho, quedó en evidencia que las dos organizaciones más visibles de la minga, la ONIC y el CRIC, han recibido más de 405 mil millones de pesos en contratos por parte de este gobierno.

El espectáculo en Bogotá fue cuidadosamente planeado para generar impacto y presión. Miles de indígenas que fueron movilizados desde diferentes regiones ocasionaron bloqueos en vías principales, actos de violencia, intimidaciones a ciudadanos, e incluso, un cerco al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Superintendencia de Notariado y Registro. Cientos de personas quedaron atrapadas, sin poder salir de sus lugares de trabajo, debido a los abruptos bloqueos en los accesos a las oficinas.

No fueron simples protestas, ni intentos de la comunidad indígena por ir a dialogar como manifestó el DNP en un comunicado. Se trató de actos de coacción directa. La minga indígena se comportó como una milicia, una gran tropa incentivada por el petrismo. Una Ming-Licia. Sin duda, tener este tipo de grupos para intimidar es algo que nos recuerda al régimen chavista.

La minga, en este contexto, fue instrumentalizada para mostrar fuerza y fidelidad. Pero ¿Qué solución concreta a sus problemas estructurales surgieron de su visita a Bogotá? Ninguna. Sin embargo, sí quedó el mensaje claro: el que se opone al gobierno, será presionado.

Lo paradójico es que mientras un día la minga reclamaba al Estado por sus derechos, al otro acudía en multitud a la Plaza de Bolívar en férreo apoyo a Petro y a su consulta popular. Llama la atención que, en videos que circulan por redes sociales, en los cuales se les preguntaba a los indígenas por los puntos más importantes de dicha consulta, decían desconocerlos. Admitían que ni siquiera la habían leído.

En definitiva, lo que estamos viviendo es un cálculo electoral, un teatro politiquero y una manipulación. A más de un año de las presidenciales el gobierno petrista elige entrar en campaña, jugándosela por una consulta popular que no es más que populismo, pues lo que se pretende es que incautos confíen en que ahora sí se van a cumplir tantas promesas incumplidas.

Andrés Barrios Bernal

La estrategia de los inocentes

Escrito por Columnista en May 4, 2025. Publicado en Opinión.

Se trata de convertir las cuestiones de derecho en cuestiones fuerza. Por eso piensan que gobernar no es lo mismo que tener el poder, porque el gobierno es el derecho, el poder es la fuerza. Se puede llegar al gobierno mediante el derecho, pero es necesario eliminar el derecho para obtener el poder y sobre todo, para mantenerlo. ¿Pero cómo justificar el poder, cuál sería la fuente de su legitimidad?.

La respuesta, es el pueblo, no importa que el pueblo ni siquiera exista, pero desde que unos abogados franceses ejecutaron a su rey, el pueblo es la nueva gracia y la forma política del pueblo se llama elecciones. Pero para este nuevo tipo de dictadores las elecciones no se pueden perder. A este modelo de táctica política para eliminar las democracias Steven Levitzki y Luncan Way lo denominaron Autoritarismo Competitivo.

La Rusia de Putin, la Turquía de Erdogan, la Venezuela de Maduro, son autoritarismos competitivos, conservan todas las formas de la democracia liberal, realizan elecciones, cuentan con partidos y parlamentos y hasta tienen oposición, pero controlan el sistema de tal forma que nunca pierden el poder, por eso los teóricos políticos de Putin llaman a este modelo, Democracia Controlada, o Erzatz, la estrategia de sustitución de la sociedad civil que creó Vladislav Surkov.

Pero, ¿Cómo una democracia entra en una dinámica de extinción y se trasforma en una sociedad cerrada bajo el modelo de un autoritarismo competitivo?. El proceso se inicia cuando la moral se transfiere de la sociedad al estado. Cuando se culpabiliza a la sociedad el gobernante puede acusar a sus gobernados y establecer un juicio permanente para criminalizar a sus opositores y establecer una nueva legitimidad basada en la superioridad moral del líder y sus seguidores y no en actos de gobierno, o eficacia administrativa.

Este liderazgo trasforma la política en una cruzada y al gobierno en una guerra en la cual el poder es conquistado por los “buenos”, con lo que se inicia el cierre de la democracia porque los “malos” simplemente no pueden ser elegibles. Para llevar adelante esta estrategia es necesario radicalizar el lenguaje. Observaba Pierre Reverdy que “la imagen no nace de la comparación sino del acercamiento de dos realidades. La imagen será tanto más fuerte y eficaz cuanto más alejados entre sí se encuentren los objetos”.

Por eso llamar Nazi a un amable académico liberal, o esclavista a un modesto patrón de tienda, o codicia sanguinaria al normal discurrir de los mercados, es una forma muy eficiente de crear imágenes memorables siguiendo la lógica de Reverdy de la distancia entre los objetos, es la forma de llevar adelante el juicio moral en tono de predicador. Con el líder transformado en acusador, el juicio solo puede llevar a una condena y es que los acusados nunca jamás tendrán el poder, porque el “mal” no puede gobernar, es por esto que permitir la culpabilización de la sociedad es el comienzo del fin de la democracia.

La dictaduras modernas, o autoritarismos competitivos, o democracias controladas, o como quiera que se les pueda llamar, son un lugar en donde todos son culpables, un entorno dominado por una magia sin redención, porque para permanecer en el poder el líder tiene que acusar constantemente a todos, incluso a sus seguidores, incluso a su círculo más cercano.

El juicio permanente erradica la verdad de la vida política y la razón se queda sin representación, por eso una sociedad como la nuestra a la que se culpó de la guerra para imponer la impunidad del terrorismo y que ahora, cada día, está sometida a escuchar las más graves acusaciones contra sus expectativas y su vida cotidiana, a escuchar la justificación de la violencia y el caos y los castigos que le sobrevendrán si insiste recuperar el derecho y la libertad, una sociedad así está casi lista para vivir un largo periodo de un autoritarismo, a no ser que reivindique su inocencia y con ello su derecho moral a gobernar.

Necesitamos un estrategia de los inocentes.

Jaime Arango

No abuse señora canciller

Escrito por Oscar Sevillano en May 1, 2025. Publicado en Opinión.

No dudo que la canciller Laura Sarabia tiene todo el derecho de ejercer su legítimo derecho a la defensa en su enfrentamiento con el señor ministro del interior, Armando Benedetti, más no por esto debe abusar de su cargo dentro del Estado para hacer uso de las herramientas que puede utilizar únicamente para sus funciones como ministra de Relaciones Exteriores.

Hablo de las declaraciones que dio desde el Palacio de San Carlos en uso de sus funciones como canciller para referirse a un tema que es exclusivamente personal.

Laura Sarabia ya debería saber que un cargo del Estado por más poderoso que sea, tiene sus límites y no se puede ni se debe pasar esas líneas rojas.

Me da la impresión que la canciller en ese pulso de fuerzas en el que está llevada por la emoción y la pasión que le provoca su enfrentamiento con Armando Benedetti, ha perdido las luces y al igual que sucedió con su niñera Marelbys, está cometiendo excesos.

Es aquí donde se requiere el llamado preventivo de la Procuraduría porque no es posible que una pelea de tipo personal entre dos funcionarios se convierta en un tema de Estado por cuenta de la inexperiencia de una de sus protagonistas que no ha entendido que cada cosa tiene su momento y que no debe abusar del lugar que ostenta.

Fuentes en el alto Gobierno comentan de los constantes abusos de Laura Sarabia, que van desde la falta de respeto a los ministros hasta pasar por alto los límites de las funciones que le corresponden, y es por esto que no me extrañaría que sea cierto que la orden del polígrafo a Marelbys Mesa haya salido de su cabeza.

En todo esta comedia que la canciller ha convertido su enfrentamiento personal con Armando Benedetti debe actuar la Procuraduría General de la Nación, quien debe dejarle a claro a Laura Sarabia que en ningún momento se puede hacer declaraciones desde los zapatos de canciller para un tema que nada tiene que ver con sus funciones.

Oscar Sevillano

María Cano: La Flor del Trabajo y Voz Femenina del Proletariado en Colombia

Escrito por Marcela Clavijo en May 1, 2025. Publicado en Opinión.

En la historia de Colombia, pocas figuras han dejado una huella tan profunda como María Cano, nacida en Medellín en 1887 bajo el nombre de María de los Ángeles Cano Márquez. Conocida como La Flor del Trabajo, fue pensadora, escritora y activista política, una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos de los trabajadores y las mujeres.

Proveniente de una familia liberal antioqueña, hija del maestro Rodolfo Cano y de Amelia Márquez, creció entre libros, arte y humanismo. Era la menor de cinco hermanos, y desde joven desarrolló una profunda sensibilidad social e intelectual que la llevó a involucrarse activamente en la vida política del país en tiempos de intensas tensiones sociales.

Su amor por la literatura y la justicia la condujo al movimiento obrero de Medellín, ciudad que entonces vivía los albores de la industrialización. Allí, María Cano emergió como una de las principales líderes sindicales y participó en la fundación del Partido Socialista Revolucionario, desde donde promovió ideas de igualdad, justicia y dignidad para los trabajadores.

Sus discursos y escritos despertaron la conciencia de miles, especialmente de mujeres obreras, que veían en ella una guía y una esperanza. No solo alzaba la voz en nombre de los trabajadores: marchaba con ellos, organizaba huelgas, denunciaba abusos y exigía condiciones laborales dignas. Abogaba por el salario justo, la jornada limitada y la seguridad en el trabajo.

En una sociedad profundamente patriarcal, también defendió con firmeza los derechos civiles y políticos de las mujeres. Fue pionera del feminismo en Colombia y abrió caminos que hoy recorren muchas. En mayo de 1925 fue bautizada como La Flor del Trabajo, un apodo que simboliza su ternura y firmeza, su compromiso con la causa obrera y su capacidad de resistencia en tiempos de represión.

María Cano falleció en Medellín el 26 de abril de 1967, a los 79 años. Murió en la austeridad que eligió vivir, con lo básico, en coherencia con su lucha por una vida digna para todos. Su sepelio, en el cementerio de San Pedro, fue sencillo, como su vida.

Aunque fue marginada y silenciada por los poderes políticos de su época, su legado ha sido reivindicado por colectivos académicos, feministas y estudiantiles. Hoy es recordada como símbolo de lucha, dignidad y justicia social en América Latina.

Su vida sigue inspirando a activistas, jóvenes, estudiantes, mujeres y trabajadores que aún hoy sueñan con un mundo más justo. En tiempos donde los derechos sociales vuelven a estar en disputa, la historia de María Cano nos recuerda que el cambio comienza con una voz valiente que se niega a guardar silencio.

Hoy quiero traer una de sus frases: “Una voz de mujer les grita: es construir. Construir es deber de toda legislación”. Y eso es lo que hacemos: construir una nueva nación que nos represente. Hay problemas, sí, pero no podemos afligirnos ni aflojar. Como dice el dicho: el que se aflige, afloja. Y no estamos para retroceder.

Debemos sumar fuerzas, hacer pedagogía y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Nuestro trabajo no es solo por nosotros, sino por los millones que aún viven en la pobreza, que madrugan cada día sin salario digno, haciendo ricos a unos pocos. Por las mujeres que encienden la luz y el fogón cada mañana para enviar a sus hijos al colegio, realizando un trabajo no pago que también debe ser reconocido como un derecho.

María Cano nos enseñó a alzar la voz por los que no la tienen. Por eso la invocamos, la honramos y seguimos su ejemplo. Luchamos, y lucharemos cuantas veces sea necesario por causas justas. Queremos trabajo digno, salario justo, horas extras reguladas y contratos estables.

Estoy segura de que, si viviera, María Cano marcharía por el “Sí” en la consulta popular y caminaría a nuestro lado este 1º de mayo, vestida con dignidad, como tantas mujeres que hoy hacen historia.

Marcela Clavijo

Las claves digitales

Escrito por León Ferreira en May 1, 2025. Publicado en Opinión.

Desde la antigüedad cuando surgió el concepto de propiedad privada, ésto es, la exclusión de todo aquel que no tuviese la facultad para disponer de la cosa, cualesquiera fuese la naturaleza de ésta, apareció el concepto de seguridad para repeler a quien desconociese el derecho sobre la cosa. Para ello se estableció que alguien del clan vigilara la cosa, o mediante el empleo de puertas con seguros, lo que fueron los primeros pasos en una industria muy pujante. Bien fuere por medios rudimentarios o muy elaborados, la mecánica se colocó al servicio de la seguridad para proteger los bienes que un individuo tiene dentro de su patrimonio.

La industria de la seguridad evolucionó, lo que inicialmente fueron sogas, maderos, sellos lacrados y piedras, fueron sustituidos por elaborados mecanismos como candados, cerraduras, claves, contra claves, cajas fuertes y dispositivos electrónicos de última generación cuyo límite es la imaginación humana. Con la llegada de los medios digitales, las tradicionales cerraduras fueron reemplazadas por códigos alfanuméricos, luego por información biométrica, donde la huella digital, el iris o el rostro terminaron por convertirse en códigos de acceso a las diferentes plataformas digitales.

A finales del siglo pasado se popularizaron las contraseñas alfanuméricas con la aparición de los correos electrónicos de los hoy veteranos Yahoo y Hotmail que exigían una clave de acceso. Lo que se convirtió en una necesidad que se masificó, hoy se requieren claves alfanuméricas para acceder además del correo electrónico, para todo tipo de actividad digital, entre ellos, EPS, pensiones, ARL, productos bancarios y financieros, Instagram, Tiktok, Mercado Libre, DIAN, Intranet empresarial, procesos de instituciones educativas de todos los niveles, para cien mil procesos más, cada dispositivo electrónico que facilite un acceso requiere de una contraseña. En otras palabras, una persona adulta promedio puede fácilmente tener más de 15 claves para cada proceso diferente.

Como si fuese poco, tampoco hay uniformidad sobre la conformación de las contraseñas, en algunos eventos son cuatro caracteres, en otros seis u ocho, con sólo números, en otros, combinaciones compuestas por números, letras, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas, aunado al hecho de que cada tres meses deben cambiarse sin que se pueda repetir la que previamente se tenía. Se ha convertido en asunto inmanejable. Maremágnum de claves que no se deben llevar en el bolsillo pero agotan libretas. Cuando se olvida una clave, llega el dolor de cabeza porque el sistema se bloquea y difícilmente se recupera con facilidad.

Debería haber un sistema que facilitara el acceso a las plataformas, así como una clave única para cada individuo como lo es único el número de registro civil o del documento de identidad para otros, y además debería haber un estándar unificado de claves, ya sea cuatro dígitos u ocho, siguiendo las mismas características de composición. Ni hablar de los bancos que para cada servicio exigen una clave diferente que debe ser cambiada periódicamente.

Las claves se justifican por seguridad. Sufrido aquel que en el día bloquea y desbloquea hasta mil veces su celular o quien en los laberintos de la memoria las olvida o las confunde, probablemente en el futuro habrá una aplicación digital para recordar claves, que con toda seguridad requerirá también de una contraseña de acceso. En suma, las contraseñas son el resultado de la descomposición moral; si no hubiera gente que quiere sacar provecho en detrimento de los demás jamás se hubiese requerido de candados y cerraduras, menos de contraseñas digitales. El mundo digital supuestamente está para facilitar la vida humana, resulta paradójico porque al mismo tiempo la complique. Por favor, no vayan a olvidar la clave para acceder al dispositivo que les permite leer esta columna, gracias.

León SandovalFerreira

¿Marcha laboral o mini reelección?

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Abr 29, 2025. Publicado en Opinión.

Las marchas del primero de mayo llegan cargadas de paradojas. Mientras el gobierno convoca a una gran movilización para defender su reforma laboral, las declaraciones de su ministro del interior Benedetti sobre una supuesta «mini reelección» encienden las alarmas. Esta “inocente” coincidencia nos revela que el oficialismo pretende capitalizar el descontento social para fines que van más allá de las reivindicaciones obreras.

El gobierno, al no poder construir mayorías concertadas en el Congreso, recurre a la estrategia de la calle como atajo institucional, usando la consulta popular como salvavidas a la naufragada reforma laboral. Lo que no concuerda con la declaración de Benedetti sobre la «mini reelección», que claramente no fue una mini metida de patas, sino un cálculo político, con el que el oficialismo deja entrever su verdadero objetivo de utilizar el mecanismo de participación popular para burlar los contrapesos del sistema de división de poderes y no para fortalecer la democracia.

Así mismo, los sindicatos -y los miles de indígenas- que saldrán a marchar deberían preguntarse si no están siendo instrumentalizados en un juego político de doble vía. Recuerden que todos perdemos cuando los mecanismos de participación se convierten en herramientas para eludir el debate democrático, más aún cuando las marchas obreras se transforman en escenarios de proselitismo político.

La protesta social merece respeto y no manipulación por parte del gobierno, quien deberá asumir un costo político muy alto al emplear esta estrategia devastadora para la institucionalidad. Los colombianos no caerán en estas trampas semánticas porque saben distinguir perfectamente entre una genuina defensa de los derechos laborales y una operación política disfrazada de participación ciudadana.

Si el gobierno insiste en este doble discurso, terminará por dilapidar su capital político, que hoy necesita más que nunca, de cara a la campaña electoral que hábilmente está adelantando. Aunque el presidente Petro tiene ante sí una oportunidad histórica de despejar dudas, le basta con que desautorice públicamente el concepto de «mini reelección», y se comprometa a respetar los límites temporales del mandato presidencial.

Su persistente silencio, sin embargo, sugiere complicidad con esta peligrosa ambigüedad. El verdadero significado de esta consulta no está en lo que dice, sino en lo que calla, y ese silencio -cada vez más ensordecedor- le está advirtiendo a toda Colombia sobre los riesgos que corre nuestra democracia cuando los instrumentos populares se ponen al servicio de ambiciones personales, cual libertador solitario que añora desenvainar su espada para vanagloriarse de sí mismo.

En conclusión, cuando el poder presidencial confunde la lucha legítima con su propia ambición política, no solo traiciona a quienes dice representar, sino que envenena los cimientos de la democracia. Colombia merece gobernantes que transformen realidades, no realismo mágico que convierta las necesidades del pueblo en trucos para perpetuarse en el poder.

Presidente, recuérde que la verdadera justicia social no se construye con atajos institucionales ni con marchas instrumentalizadas, sino con transparencia, respeto a las reglas del juego y voluntad auténtica de servir… no de servirse.

Luis Fernando Ulloa

El precio en bolsa sigue cediendo

Escrito por Iván Santisteban | Opinión en Abr 28, 2025. Publicado en Opinión.

El precio para el mes de febrero cerró en $437,91/kWh, buen indicador, y aún aguardábamos el comportamiento del tiempo donde las lluvias lleguen y el aumento del nivel de los embalses generan su efecto sobre nuestra dependencia a hidroeléctricas, impactando no solo el suministro energético, sino también la distribución del agua que nos llevó a racionamiento hasta el primer trimestre de este año en la capital del país.

Para el mes de marzo, luego de ver el cierre del racionamiento, lluvias prolongadas y un mejor nivel hidroeléctrico, el precio de bolsa tuvo un mejor desempeño para el mercado, que de acuerdo a XM se ubicó en un promedio ponderado de $236,37 kilovatio hora (kWh).

Es una gran noticia, porque ha generando una reducción anual del de 62,01% respecto a marzo de 2024 que fue de $622,11 kWh, y que, al recordar, en marzo de 2024 era una incertidumbre total, varios comercializadores tuvieron un alza prolongada y el usuario final debió sortearse la carga para superar la que, hasta ese momento, el impacto fenómeno del niño golpeaba sin latencia amenazando con un apagón.

Recordemos que el precio en bolsa está relacionado con las ofertas que cada generador en su día a día realizan, permitiéndoles competir en la subasta del operador del mercado XM, y, teniendo para los comercializadores un 13,5% en promedio su exposición para este mes.

Esto, indudablemente juega un papel importante, al comprarse en bolsa a precios asequibles mejora notablemente el comportamiento financiero de los comercializadores que se ubicaron en $884,13 GWh por un valor de $220.8 mil millones.

Dicho de otra manera, la energía que usted consume en su hogar, empresa o indutria es adquirida por comercializadores de energía, ellos a su vez la compran a las generadoras en 2 modalidades: contratos a largo plazo representando el 80%, y compra en bolsa el 20%; este final, su precio depende de varios factores, uno de ellos y principal: el nivel de embalses.

Esperemos que, así como baja el precio, se vea reflejado en cada factura del consumidor final.

Posdata: Hay que ponerle el ojo a la inversión extranjera del petróleo y la minería, durante marzo cayeron 25,9% y se ubicó en US$692 millones según el Banco de la República… la salida de anglo-holandesa Shell preocupa sobre varios proyectos importantes offshore incluyendo Sirius.

Iván Santisteban

La Rolita: buenas intenciones con ilegalidades evidentes

Escrito por Andrés Barrios en Abr 27, 2025. Publicado en Opinión.

Al pensar en la situación actual de La Rolita, Operadora Distrital de Transporte, se me viene a la mente el caso de Epa Colombia. Ustedes se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver? Pues explico la analogía.

En el 2019, durante una protesta, Daneidy Barrera vandalizó una estación de Transmilenio y fue grabada en flagrancia. Incluso, ella misma hizo publicaciones en redes sociales mostrando su “osadía” y desafío al sistema. Años después, decidió reinventarse como empresaria de keratinas e influencer, generó empleo, pagó impuestos y aportó a la economía. Sin embargo, nada de eso le sirvió como atenuante para el delito cometido y fue condenada a cinco años de prisión. Se trató de una decisión judicial que dejó atónito a más de uno. Pero, el derecho es claro, la ley no absuelve por buena conducta posterior.

Así las cosas, contrasto el caso con La Rolita, ¿Por qué deberíamos omitir los vicios en su creación? ¿Porque presta un servicio necesario para la población? ¿Por qué tenemos que premiar el resultado y olvidar la forma? ¿Porque la intención era buena? Pues, en mi opinión, esa no puede ser la vara con la que se mide la legalidad en una democracia y, mucho menos, hacer incurrir a otros en el error.

En derecho, como en política, las buenas intenciones no eximen de responsabilidad. Esa es una lección que, al parecer, la exalcaldesa Claudia López omitió durante su mandato.

El caso de La Rolita no solo es un síntoma de improvisación institucional, sino un claro ejemplo de cómo el discurso progresista puede ser usado para encubrir decisiones que vulneran el marco legal.

Y aclaro, La Rolita genera empleo, beneficia a mujeres berracas y pujantes que allí trabajan, resuelve la movilidad de gran parte de Ciudad Bolívar, es una alternativa sostenible con buses eléctricos, todo esto lo pude evidenciar en un recorrido que realicé este año a sus instalaciones. Aquí el problema es que, quieran admitirlo o no, se creó por fuera de la ley, y buscan con una narrativa, hacer ver todo lo contrario y endilgar responsabilidades a otros. El tema es jurídico, no de conveniencia.

El artículo 69 de la Ley 489 de 1998 es clarísimo: toda empresa descentralizada debe nacer con autorización del Concejo y con un estudio técnico que sustente su viabilidad. La administración de la señora López hizo lo primero, a medias, y lo segundo, sencillamente no lo hizo. En su lugar, insertó el artículo 91 en el Plan de Desarrollo 2020–2024, sin el estudio requerido, y con eso le dio vida a una empresa pública. Importante que la ciudad y el país vean la inexperiencia de quien aspira entrar a la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Tiempo después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló ese artículo por no cumplir con la ley. ¿Qué significa esto? Que todo lo actuado con base en ese artículo, incluida la constitución de La Rolita, es nulo.

Pero el asunto se agrava. En 2022, la empresa Transmilenio, accionista mayoritario, permitió que ENEL adquiriera acciones de La Rolita, transformando su naturaleza de pública a mixta. Todo esto sin autorización del Concejo, como si la participación privada en una empresa distrital fuera un detalle administrativo y no una decisión de fondo.

Ahora desde la administración distrital, con Claudia López por fuera, y con el lío encima, se le presentó un nuevo Proyecto de Acuerdo al Concejo de Bogotá tratándolo de hacer ver como “solución”. Nos dicen que La Rolita “funciona” y que “necesita ser salvada”. Sin embargo, el derecho no premia buenas intenciones o pregúntenle a Epa Colombia.

La creación de La Rolita no fue un error técnico: fue una decisión política que, con la testarudez de Claudia López ignoró advertencias, evadió controles y burló la norma. Y lo peor es que ahora se busca que el Concejo de Bogotá se preste para “legalizar” ese acto, como si los fallos judiciales fueran sugerencias y no mandatos.

Lo que Claudia hizo con La Rolita no fue un acto heroico, fue una omisión consciente de las reglas del juego democrático que afecta de manera directa a mujeres y familias.

Andrés Barrios Bernal