Un Frente Amplio para ahogar las violencias
Colombia atraviesa un momento decisivo en el que la unidad de las fuerzas democráticas del país se vuelve indispensable para fortalecer el cambio iniciado. La izquierda, el liberalismo progresista, la socialdemocracia y el socialismo democrático comparten hoy una responsabilidad histórica que ya no admite aplazamientos. La unidad abre la puerta para profundizar el cambio progresista, dignificar la vida, defender la soberanía y ampliar la democracia. Esa unidad compromete asumir de manera consciente la responsabilidad de trabajar por un presente y un futuro de nación colectiva e incluyente, en el que todas las personas y todos los territorios se sientan parte de un mismo proyecto compartido.
El país necesita un Frente Amplio que confronte de manera decidida la violencia y las políticas que debilitan el Estado, mercantilizan los derechos, precarizan el trabajo y destruyen la cohesión social. Este modelo que convierte la tierra, el agua, el aire, la educación, la salud y los bienes comunes en mercancías y condena a millones a la pobreza y la exclusión. Frente a este panorama, se requiere un proyecto que defienda las tesis redistributivas, recupere lo público como bien común y reorganice la economía en función de la vida y de la justicia social. Dar continuidad al cambio progresista implica transformar desde la raíz la estructura económica que sostiene la desigualdad y hacerlo con una visión de nación que incluya a las mayorías y no solo a unos pocos.
La unidad tiene que convertirse en una estrategia política y organizativa de largo plazo. Es preciso que el Frente Amplio se consolide a partir de la unidad para las elecciones presidenciales, pero no puede limitarse a un acuerdo temporal. Las fuerzas que lo integren deben continuar su proceso más allá de los calendarios electorales, con el fin de construir un programa político, pedagógico y cultural estratégico, capaz de ganar la voluntad de las mayorías, disputar el sentido común, dialogar con la sociedad y demostrar con claridad que la justicia social, la paz y la democracia intensa son el camino para un país con dignidad. Este esfuerzo ha de concebirse como un compromiso generacional con la construcción de un proyecto de nación colectiva, incluyente y solidaria, que convoque a las nuevas generaciones.
Uno de los pilares de este proyecto consiste en reconstruir o generar la presencia del Estado desde y en los territorios históricamente excluidos. Numerosas regiones de Colombia han vivido bajo el abandono institucional o bajo la autoridad de poderes ilegítimos. En esos vacíos surgió y se fortaleció la violencia armada. Por eso, hay que promover que el Estado y la democracia emerjan desde los territorios, incluidos los territorios de los pueblos étnicos, sus gobiernos propios y sus espiritualidades ancestrales. La nación no estará completa mientras los pueblos étnicos no sean reconocidos plenamente como actores fundamentales en la construcción de la paz, la defensa de la naturaleza, la armonía territorial y la soberanía cultural.
La paz se repara o construye con la diversidad cultural y espiritual del país. La superación de la violencia armada exige combinar seguridad humana, igualdad social, desarrollo sostenible y participación efectiva. La violencia se derrota cuando la democracia se expande y cuando el Estado se fortalece con justicia, bienestar, cultura, educación, salud, vías y alternativas económicas. Allí donde la ciudadanía participa y decide, la confrontación violenta alimentada por el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico de armas pierde sentido y la sociedad recupera su horizonte de futuro.
Es imprescindible que la planeación nacional recupere su papel central en la definición de los grandes rumbos del país. Colombia alcanzará la paz y la soberanía si avanza hacia un modelo de desarrollo sostenible que ordene el territorio alrededor del agua, proteja la biodiversidad, enfrente el cambio climático y garantice la soberanía alimentaria. La transición energética justa, la restauración ambiental y el fortalecimiento de las economías populares, comunitarias y solidarias deben convertirse en objetivos permanentes del proyecto nacional.
Una sociedad democrática de nuevo tipo exige una descentralización real acompañada de recursos suficientes. Los territorios requieren poder decisorio y mecanismos de participación directa capaces de vincular sus decisiones a las políticas públicas. La democracia necesita dejar de ser un ritual y transformarse en una práctica cotidiana que incida de manera efectiva en la vida de las mayorías. Un presente y un futuro de nación colectiva e incluyente implican que las decisiones no permanezcan concentradas en las capitales, sino que se construyan con las voces de los territorios y con las comunidades que han sido históricamente silenciadas.
Para ganar las elecciones y avanzar en un proyecto nacional transformador, la unidad requiere grandeza, coherencia programática y visión estratégica. La izquierda y las fuerzas progresistas necesitan superar los personalismos y los cálculos inmediatos, reconociendo que las coincidencias tienen un peso mucho mayor que las diferencias. La patria reclama madurez, liderazgo y claridad de propósito. Cuando hay división, el país retrocede. Cuando hay unidad, la democracia avanza. La responsabilidad de construir un presente y un futuro incluyente también recae en la ciudadanía organizada, en los movimientos sociales y en todas las personas convencidas de que otra Colombia es posible.
Esta es la hora del Frente Amplio. La hora de ahogar el neoliberalismo, la corrupción y la violencia armada con más democracia. La hora de construir Estado desde las regiones excluidas y con los pueblos étnicos como protagonistas. La hora de enfrentar el cambio climático y defender la naturaleza como fundamento de la vida. La hora de profundizar el cambio progresista y abrir el camino hacia una sociedad justa, soberana, colectiva e incluyente, en paz consigo misma y con su diversidad. El país lo necesita y la historia lo exige.
