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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Rafael Fonseca

La no prosperidad en las tierras de la coca

La realidad en las tierras cocaleras y sus habitantes va mucho más allá de la erradicación del cultivo de la coca. Aun cuando pudiésemos en un instante desaparecer los cultivos ilícitos y la violencia de los grupos armados que los acompañan, los déficits acumulados de valores sociales y de prosperidad son tan protuberantes que el resultado probable sería de total pobreza y decadencia para unos colombianos que paradójicamente se encuentran fincados sobre una tierra rica.

Hace unas cinco décadas, en tierras como las de La Planada, una vereda de Balboa, municipio del departamento del Cauca, la vida transcurría sin alteraciones superiores a las de la naturaleza misma. Campesinos pobres pero con la comida que les brindaba la prodigiosa tierra donde se asentaban. De cuando en cuando los hechos de la violencia política se manifestaban y dada la ausencia de seguridad estaban a su merced, más cuando el mismo Estado era fuente de hechos de muerte.

 

Una década después sus habitantes vivían una ebullición que traían la amapola y la coca. Todos tenían que ver con sus cultivos. Y todos también tenían que ver con su transformación a pasta. Y tenían dinero para comprar el mercado que ya prácticamente no producían. El orgullo familiar era que hasta los más jóvenes tuvieran su cultivo así fuera pequeño. Al lado de las casas tenían su laboratorio: una caneca grande de plástico azul en donde mezclaban gasolina y demás químicos y en la otra esquina un montón de hojas que “raspaban” cada tres meses (desprendían de las matas). Después del proceso colaban lo que quedaba en unas sábanas que permitían extraer el líquido y con ese colado hacían los bloquecitos de pasta de coca que una vez secos vendían a la guerrilla (según se acuerda la fuente). Los niños y la familia participaban en la actividad. Las mujeres tenían la obligación de alimentar a toda la familia sin recibir una paga por ello. Pero algunas lograban tener su cultivo también, aunque no por ello perdían su responsabilidad de alimentar a toda la familia.

Eran épocas de éxito y jolgorio; a todos les iba bien y tenían dinero en sus bolsillos. Había la sensación de seguridad por el orden y justicia que ejercía la guerrilla que no permitía ladrones, riñas ni consumo de drogas. Hasta dirimía las infidelidades con su forma drástica de hacerlo.
Balboa y sus veredas quedan al sur de Popayán, a las que se llega por un desvío que queda a unos 120 kilómetros por la carretera que va hacia Pasto en un lugar llamado Estrecho Patía y de ahí otros 18 kilómetros. Por aquellos tiempos la carretera desde el desvío no estaba pavimentada y el viaje se hacía largo hasta Balboa. Y peor hasta La Planada: desde el casco urbano hasta la vereda, otros 12 kilómetros interminables de vía llena de recovecos, también destapada, de penetración. Era un lugar lejano, muy lejano, desconectado del mundo.

Para la primera década del siglo empezó a desplazarse la coca, y de la amapola ya no quedaba ni rastro. Se fueron los cultivos más al occidente, hacia La Bermeja (alta y baja) a donde empezaron también a ir los jóvenes a raspar allí para conseguir dinero cuando se les acababa. Algunos otros empezaron a moverse hacia el negocio, al de traficar, en alguno de sus eslabones locales. Las tierras se volcaron a café pero con poca productividad por las necesidades de cuidar y laborar el cultivo, asunto al cual ya no había quien estuviera acostumbrado. Ni la comida se cultivaba ya bien allí. Lo que sí era usual era recibir algunos subsidios del Estado, por la tierra o por la condición social, que se empleaban en comprar los tenis de moda. Cuando la guerrilla dejó de ejercer su justicia, empezó a verse el consumo de droga complementando al trago, ya endémico en los hombres. La violencia de los diferentes grupos armados se volvió pan de cada día.

La bonanza ilegal les pasó por encima y ni siquiera la usaron para amasar algo de prosperidad. Los jóvenes no fueron a la universidad, las casas no fueron remodeladas o mejoradas, no se construyó un buen puesto de salud siquiera que asegurara a profesionales atendiendo, ni la escuela dejó de ser lo que era sin poder acceder a buenos profesores.

Ahora las jóvenes permanecen más metidas en el celular y entre los jóvenes pocos piensan en trabajar porque la cultura de la ganancia fácil se arraigó del todo. Algunos más emprendedores que lograron tener éxito y no fueron llevados a la cárcel o muertos en el intento, tienen negocio en Popayán y conservan cultivos ilícitos en las tierras más al occidente. A su manera, todos siguieron conectados al narcotráfico.

Esta pequeña reseña sobre un minúsculo lugar de nuestro territorio y sus habitantes es tan solo una luz roja que hay que mantener encendida para no dejar que la comprensión de nuestra realidad, tan difícil, sea incompleta. ¿Cómo salir de ese estado tan degenerado de las cosas? Degenerado con respecto a lo que debiera estar sucediendo en una tierra hermosa y rica de la que estuviera brotando prosperidad para su gente. Además de producir su propia comida, sus excedentes tendrían que estar alimentando a una gran cantidad de más colombianos, pero sin desmedro de grandes cantidades de productos agrícolas que estuvieran siendo exportados al mundo, con una juventud pujante participando, cada vez más educada y pendiente de cómo mejorar la calidad y la productividad, del manejo sostenible de plagas, o de cómo llegar aún mas lejos en los mercados del mundo.

¡Qué brecha tan grande, tan difícil de cerrar y tan dura! Esta es una invitación a los investigadores, sociólogos y de la economía del campo, a que ilustremos bien esta realidad y le busquemos salidas sentados en un butaco de una tienda en La Planada y no en un escritorio de Planeación Nacional o de algún Ministerio, a ver si encontramos los caminos de la prosperidad para una tierra que conserva una potencialidad enorme de ser próspera pero habitada por una gente no próspera, perdida en las marañas de las guerras en las que les ha tocado poner el pellejo, de la ausencia del Estado, de falta de educación y de buena información y que, aunque se merezcan cambiar de vida, tampoco lo van a entender.

 

@refonsecaz

 

 

Subsidio VIS para clases altas

El programa VIS, Vivienda de Interés Social, promovido como Mi casa ya para ayudar a que las clases de bajos ingresos (menos de 4 SMMLV salarios mínimos mensuales legales vigentes) pudiera tener casa, es de redistribución pura, ya que hablamos tanto de ello en estos días de reforma tributaria. Pero se han ido propagando proyectos en zonas socioeconómicas (los odiosos estratos) altas (de 4 en adelante) proyectos con susidios VIS a expensas de una variante llamada VIS de renovación urbana en que no son propiamente personas pobres las que se benefician de los subsidios. Similar a aquellas altas pensiones que son alimentadas por los subsidios que debían llegar a gente pobre.

En plena avenida Suba con carrera 68a en Bogotá, en el muy conocido barrio Morato, se empieza a promocionar un proyecto enorme de renovación urbana llamado Bosque Central Los Robles.

 

Renovación urbana se refiere a recuperar sectores subutilizados de las ciudades que hagan parte de programas o proyectos ubicados en zonas destinadas a ello. No necesariamente se diría que se requiera una ayuda como la de VIS de renovación urbana para “recuperar” semejante buena zona de Bogotá, con todos los servicios y privilegios del norte de la ciudad, muy bien conectada y cerca de muchos sitios de interés muy importantes (centros comerciales incluidos) y que aunque se encuentra en estrato 4, perfectamente podría tener vivienda por lo menos estrato 5.

Allí se ofrecen apartamentos de 36 m2 a 239.1 millones de pesos entregados en obra gris. No obra negra. Incluso tienen un mostrario de qué significa obra gris, con algunos elementos sanitarios pero sin acabados ni artefactos domésticos.

Ya la Corte Constitucional había advertido que los programas VIS no se podían entregar en obra negra basados en el concepto de la vivienda digna en condiciones mínimas (sentencia C-191/21). Claro, lo que hacían los constructores era “interpretar” a su favor el marco legal para lograr el mejor negocio posible dentro de los límites establecidos para contar con los subsidios disponibles para los pobres. Menos producto por la misma plata.

En este programa VIS se hace algo parecido, más grueso incluso. La Ley 1955 de 2019 dice que se pueden adelantar programas VIS de renovación urbana para viviendas de hasta de 175 SMMLV, es decir, hasta $ 175 millones de pesos al valor actual. La diferencia al precio ofrecido de $239.1 se tiene que pactar en otro documento que acompaña al de la venta principal por el límite de los $175 millones para hacer que parezca calificar para el subsidio. Eso sí, advierten que no hay subsidio a la cuota inicial como en los programas VIS normales.

Entonces ¿en qué consiste el subsidio? En que los constructores reciben el reintegro del IVA de los materiales empleados en la construcción, de tal forma que no son un costo para ellos, ya que no pueden cruzarlo con el IVA de venta (no hay) y podrían hacer más producto (vivienda) por los $175 millones. Como se ve, no es así. Al apartamento de $239.1 millones hay que meterle (invertirle) unos $30 millones más para dejarlo del estrato alto (4 para arriba) que realmente se está comprando. Es decir, son realmente apartamentos de unos $270 millones que pasan por vivienda de $175 millones para poder acceder a la devolución del IVA en la construcción de obra negra. ¡Apartamentos VIS de $7’500,000 por metro cuadrado!

Desafortunadamente ya sabemos que en Colombia no se puede contar con la ética. Por lo cual, ninguno de los actores en este proceso de desviar subsidios para quienes no están destinados pensará que está haciendo algo malo. El año anterior se estimaba que solo el 30% de todos los subsidios estaba siendo usado para adquirir vivienda por los hogares con menores ingresos (Portafolio, 2021).

¿Está mal que compremos vivienda que usa subsidios que debían dirigirse a las clases más pobres? Pero si el mismo Estado fue el que así lo permitió, dirán quienes se hacen acreedores a ese regalo. ¿Está mal que aprovechemos las leyes o reglas para sacar el máximo provecho a nuestro negocio? No es nuestra culpa que estén mal definidas las leyes las políticas y sus reglas, y dejen rendijas por donde colar las interpretaciones legales, dirán los constructores; no estamos cometiendo ningún delito.

La pregunta clave es ¿qué dirán quienes establecieron mal esta política pública para que pudiera interpretarse mal y quedara mal la ley que la sustenta? O qué podrá explicar Camacol, el gremio de los constructores, que con su permanente e incisivo cabildeo ante el Ministerio de Vivienda ha logrado dejar estas rendijas para que quepan las interpretaciones con las que sus miembros podrán sacar ventaja a dineros que deberían usarse en las clases de bajos recursos y que sirven para hacer negocio con clases altas.

Aunque se hace muy necesaria un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, en la actualidad no está prohibido y por lo tanto resulte lícito para los privados involucrados (constructoras y compradores de vivienda) aunque no sea justo y equitativo con la sociedad en que vivimos, específicamente con los esfuerzos de redistribución en que se basaba el espíritu del programa de subsidios VIS.

Lo muy grave es que así somos con todo. Solo pocos aprovechan los recursos del Estado, que son de todos y aportados por la mayoría, a través de lograr que los legisladores y los formuladores de políticas públicas dejen mal establecidas las leyes y reglas, o con defectos, para que se puedan interpretar de forma en que les puedan sacar provecho esos pequeños grupos de interés que tienen cómo hacer el cabildeo efectivo, así sea en contravía de lo que necesita el país. Cuando no es esto, lícito pero malo, entonces es corrupción franca y de frente. ¿Así cómo vamos a sacar al país de la pobreza?

@refonsecaz

Por fin la ley Anti-Corrupción

En días pasados el senador Rodolfo Hernández radicó el proyecto de ley # 207 Senado que busca reformar la famosa Ley 80 de 1993. La importancia de esta reforma se puede medir en los recursos que intenta proteger para que no se los roben los corruptos en la contratación estatal: 50 billones de pesos, ¡más de 2 reformas tributarias! (la cifra de 50 billones fue citada años atrás por la Contraloría General de la República, pero es un estimado; algunos expertos piensan que puede ser muy superior). Por supuesto, no deja de tener razón su autor cuando afirma que este proyecto de ley es más importante que la reforma tributaria.

También dice el senador Hernández que es una reforma política, específicamente electoral. Tampoco se equivoca en esto si se tiene en cuenta que semejante cantidad de recursos económicos se pierde entre la maraña de trucos que se le hacen a la ley en la contratación estatal por parte de mafias conformadas entre algunos congresistas, gobernadores, alcaldes, directores de entidades, contratistas, etcétera, que han encontrado la forma de no cumplir con lo que establece la Ley 80 y hacerse a los sagrados dineros públicos desviándolos para su enriquecimiento personal ilícito y compra de votos, lo cual crea un mecanismo para su reelección permanente basado en varios actos ilícitos (corrupción en la contratación del Estado y compra de votos). Unos verdaderos traidores al país y a los colombianos. Lo peor es que sucede “a plena luz del día” y al frente de las entidades de control, cuya eficacia es reconocidamente baja. Con esta reforma a la ley 80 se estaría depurando el congreso, las asambleas y los concejos, ipso facto. Una verdadera reforma política, ¡sí!

 

¿En qué consiste el proyecto de ley radicado?

Reformar la Ley 80 de 1993 es el objetivo del proyecto, porque ese Estatuto de Contratación de la Administración Pública fue concebido con buenas intenciones pero dejó rendijas por las cuales los actores de la contratación en todos los niveles del Estado han ido implementando malas prácticas para saltarse sus prohibiciones y limitaciones, y hoy ya son verdaderas troneras por la que se pierden los enormes recursos de los colombianos.

En resumen, esas malas prácticas consisten en el “direccionamiento” en los procesos de selección de contratistas a través de reglas “amañadas” en los criterios de experiencia y capacidad financiera, la adjudicación de puntos con criterios subjetivos como el plan de obra o el sistema de calidad y la celebración de contratos interadministrativos a entidades que tienen régimen privado, para eludir no solo el proceso de selección por licitación pública, sino la aplicación de pliegos tipo (lo que ya se conoce con el nombre de “contrataderos”).

A continuación la lista de puntos a reformar, elaborado por los propios miembros del equipo asesor del senador, Rodrigo Fernández y Ernesto Matallana:

Eliminar los incentivos para acceder a los recursos públicos por parte de servidores públicos y contratistas corruptos

Se obliga a las entidades estatales que tienen régimen privado en su contratación, que cuando ejecuten recursos que provengan de una entidad sometida a la ley de contratación, también apliquen el Estatuto de Contratación, tanto en el trámite de selección del contratista como en los pliegos tipo (art. 1º del proyecto)

Se prohíbe a las entidades estatales que ejecuten recursos públicos a través de convenios de cooperación con organismos de cooperación o ayuda internacional  (art. 5º del proyecto)

Se incluye una nueva causal de inhabilidad para aquellos proponentes que se cartelizan colusionándose con otros proponentes para direccionar el proceso de selección a favor de alguno de ellos, en contra de los otros proponentes en fraude a las normas de competencia (art. 2º del proyecto).

En el proceso de selección por licitación pública se regula un plazo para preparar y presentar propuesta que no puede ser inferior a diez (10) días hábiles. (art. 6º del proyecto)

Adicionalmente se regula que si la adjudicación se obtuvo por medios ilegales y ya se perfeccionó el contrato se debe dar por terminado anticipadamente el contrato y adjudicarse al segundo en orden de elegibilidad, siempre que la ejecución del contrato no haya superado el cincuenta por ciento (50%) del mismo. (art. 6º del proyecto)

En las licitaciones públicas de obra cuando se presenten ofertas artificialmente bajas, se determinará su habilitación antes de la determinación de la formula aleatoria para adjudicar los puntos de la oferta económica (art. 6º del proyecto)

Se regula la naturaleza jurídica del anticipo y el pago anticipado, y en todos los contratos de obra se pactará como mínimo un veinticinco por ciento de anticipo (art. 7º del proyecto)

Se prohíbe a las entidades estatales autorizar la cesión del contrato si hay procedimientos sancionatorios en curso (art. 8º del proyecto)

Se limitan las causales para declarar la urgencia manifiesta a situaciones relacionadas con los estados de excepción y para conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas. (art. 9º del proyecto)

Se pasa el control de legalidad de los organismos de control fiscal a la jurisdicción de contencioso administrativo, que debe resolver en diez días sobre la legalidad del acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta y ordenar la terminación anticipada de los contratos (art. 9º y 10º del proyecto)

Se establecen criterios uniformes para seleccionar al contratista en la experiencia general y especifica, en indicadores financieros, y un límite máximo de la inscripción en hasta cinco códigos de Naciones Unidas pudiéndose cumplir con alguno de los cinco.

Se implementan una prohibiciones relacionadas con exigir años en ejercicio profesional como persona natural o de existencia para la persona jurídica, de exigir acreditación de ítems específicos de obra, de exigir cupo de crédito; de calificar programa de trabajo, programa de obra, rendimiento en ejecución de contratos de obra, factor de calidad, flujo de inversión, plan de calidad, agregar demanda cuando se trate de contratos de obra o de consultoría, y la adjudicación de puntos por mejoramientos técnicos.

Para los contratos de PAE, no se pueden utilizar procesos de subasta o bolsa mercantil.

Para la contratación de consultoría en régimen excepcional tampoco deber calificar el precio como factor de selección.

Para el proceso de selección abreviada de menor cuantía la manifestación de interés debe ser documentada y evaluada.

Frente al recurso humano solo será habilitante, y para obra solo será válida la exigencia de especialización, para consultoría máximo maestría. (art. 11º del proyecto)

Se disminuyen puntos por sanciones contractuales de multa y cláusula penal pecuniaria hasta el veinte por ciento (20%) del total de puntos. (art. 11º del proyecto)

Y la visita a la obra no genera puntos ni se considera requisitos habilitantes, ni la no petición de anticipo tampoco debe generar puntos (art. 11º del proyecto)

Fortalecer la maduración de proyectos para garantizar el principio de planeación

Se modifica el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 incluyendo la obligación para la selección de contratos de obra, consultoría y concesión de aplicar metodologías de trabajo colaborativo, tales como el modelaje digital de información de la construcción (BIM) e incorporación de metodologías de gestión de proyectos siguiendo el estándar PMI; y finalmente para proyectos de alta complejidad y de mas de cinco mil salarios mínimos legales vigentes, la solicitud de validación del proyecto por parte de entidades técnicas idóneas y expertas sin ánimo de lucro (art. 3º del proyecto).

Fortalecer los medios de control y vigilancia de las entidades estatales frente a sus contratistas

Modificar el artículo 14 de la ley 80 para establecer que todos los contratos estatales salvo donde se encuentre prohibido, la aplicación de las cláusulas excepcionales al derecho común como la terminación, modificación e interpretación unilaterales, caducidad del contrato, multas y hacer efectiva la cláusula penal; y la cesión unilateral del contrato (art. 4º del proyecto).

Con este proyecto de ley se le cerraría el paso a una gran parte de la corrupción, con sus efectos importantísimos en la depuración de la política y el impacto enorme y positivo sobre las finanzas del Estado. Pero sus enemigos en el mismo proceso son muchos de quienes estamos hablando de depurar de la política, por lo que se debe esperar que sea muy difícil de lograr su aprobación. Es necesario que el gobierno se la juegue toda para este propósito. Fue una promesa de campaña. Debe ser cumplida presidente Petro. Si hay un legado importante que dejar, si hay un cambio definitivo por hacer, si hay una mejora radical para el país, ¡este es, no hay nada más importante!

*@RafaelFonseca

Artículos precedentes recomendados para quien esté interesado en el tema #AntiCorrupción que explican detalles de la trascendencia de este proyecto de ley.

¿Cualquier reducción de la corrupción pasa por la reducción del Estado? (ConfidencialColombia, 2022)

8 reformas estructurales que deberíamos estar viendo en los debates presidenciales (ConfidencialColombia, 2022)

El cuento con el Gobernador del Chocó y otros cuentos de corrupción enorme (ConfidencialColombia, 2022)

Estrategias Anti-Corrupción compiladas por Fedesarrollo, luces de esperanza (ConfidencialColombia, 2021)

Politiquería y corrupción, ahora en versión naranja (ConfidencialColombia,2021)

Cómo impacta la corrupción a su bolsillo (ConfidencialColombia, 2021)

¿Priorizando la corrupción? Caso: Centro de Eventos Histórico y Cultural de la Música (ConfidencialColombia, 2021)

La lucha contra la corrupción, en solitario (ConfidencialColombia, 2021)

La crisis de la verdad. Nuevo episodio: licitación MinTIC (ConfidencialColombia, 2021)

¿Elefantes blancos o proyectos turbios? (ConfidencialColombia, 2021)

De la politiquería a la política ética (ConfidencialColombia, 2021)

¿Cómo poder explicar la crisis estructural colombiana? (ConfidencialColombia, 2021)

¿Por qué somos corruptos? (ConfidencialColombia, 2021)

El arsenal de reformas en la legislación de la contratación pública para enfrentar la corrupción. (ConfidencialColombia, 2021)

La apropiación de los diseños, ¿buena o mala práctica en la construcción de obras públicas? (ConfidencialColombia, 2021)

¿Qué fue primero, la pobreza o la corrupción? Y por qué importa tanto (ConfidencialColombia, 2021)

La pequeña y mediana ingeniería está muriendo por la endemia de la corrupción en la contratación pública (ConfidencialColombia, 2021)

Corrupción tipo (ConfidencialColombia, 2020)

La ética reinante engendra la corrupción, (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

Antes de hablar sobre competitividad, ¡erradique la corrupción! (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

¿Es la corrupción la causa raíz de todos nuestros males? (ElMundoEsNuestraMeta, 2013)

 

Lecciones de responsabilidad profesional: sentencia por el Space

Se conoció esta semana la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por el caso de la caída del edificio Space en 2013. Un acto judicial que para la ingeniería materializa el sentido de la responsabilidad profesional. De este tema he escrito varias veces por su gran, pero triste, importancia (1). Y ahora, corresponde terminar la saga con la sanción emitida.

La sentencia decide en segunda instancia los recursos de apelación de una Acción de Grupo y hace referencia a dos aspectos principales: “Obligaciones de las Entidades territoriales en relación con las construcciones civiles particulares y Responsabilidad de los Administradores de la sociedad por los daños causados a terceros”.

 

Debería resultar obligado el estudio de esta sentencia para quienes están en el oficio de promover, diseñar, construir y controlar las construcciones, sectores privado y público, y para enseñar responsabilidad profesional en las universidades y los gremios de ingeniería y construcción.

Aquí un resumen el alcance de la sentencia:

A los administradores (promotor y constructor, Lérida Constructora de Obras CDO) los declaró solidariamente responsables y deben pagar el 75% de la millonaria suma ($30.891 millones) en conjunto con el Curador. A dos miembros de su junta directiva, uno de ellos el gerente, les advierte que  “pudieron actuar con culpa en la contratación del ingeniero estructural y en la vigilancia de sus actuaciones” y a los otros dos porque “incumplieron deberes propios, de acuerdo con la Ley y los estatutos sociales” al no ejercer sus debidas funciones de control. Muy recomendable que quienes han sido “invitados” a juntas directivas entiendan la responsabilidad que les corresponde y sobre todo, que la ejerzan en beneficio de la empresa y de los ciudadanos.

Especialmente al Gerentelo hacen responsable a título personal de todas las irregularidades en que incurrió la compañía al realizar una construcción con unos diseños defectuosos, con total desatención de las normas constructivas, sin supervisión técnica y sin el establecimiento de un programa de calidad mediante una estructura organizacional para el seguimiento de los procesos y actividades cuyo resultado fueran unas edificaciones seguras con el total cumplimiento de las normas de sismo resistencia vigentes. Siendo … un ingeniero experto en construcciones civiles, desatendió totalmente sus obligaciones como gerente de la Sociedad … contrató al ingeniero calculista … y no volvió a ocuparse del asunto, incumpliendo como ya se expresó sus funciones y las normas legales”. Revisión obligada para quienes ostentan el privilegio de ser Gerentes de empresas constructoras frente al alcance real de su responsabilidad.

El diseñador no está incluido porque la responsabilidad integral del edificio, incluyendo la contratación idónea y control del diseño corresponde al Promotor, a la Junta Directiva y al Gerente.

Al curador (que había sido destituido por la Procuraduría en 2017 (PGN, 2017), “por cuanto no cumplió sus funciones de verificación y control en el trámite de expedición de la licencia de construcción, ni realizó una revisión del proyecto desde el punto de vista técnico, estructural, urbanístico y arquitectónico, conforme a las normas urbanísticas, de edificación y estructurales vigentes”.

A la ciudad: “el Municipio de omitió la vigilancia y control sobre las actuaciones desplegadas por el Curador Urbano. Que no adoptó las medidas policivas necesarias para lograr que el constructor garantizara la estabilidad de la obra. Que tampoco ejerció las medidas de verificación y control frente a las amenazas de ruina que se presentaron el día 11 de octubre de 2013 al permitir el ingreso de diferentes personas al conjunto lo que a la postre causó la muerte de varias de ellas y lesiones graves a otras”.

Nada de esto es agradable. Desde el hecho, que en sí mismo es terrible que ocasionó la muerte de 11 personas, y que no debía haber sucedido de ninguna manera. Para la ingeniería es importante que haya consecuencias para castigar los errores que señaló en su momento la investigación de la Universidad de los Andes, dado que se trataba de una construcción convencional que no estaba en la frontera de la ciencia y que lo que originó la tragedia fue la transgresión de las normas mínimas existentes además de la traición a la fe pública motivadas por la búsqueda de un beneficio adicional económico asumiendo un riesgo que a nadie corresponde asumir: la vida de otros.

En los anteriores análisis sostuve que la codicia no explicaba bien la causa de este desastre (como tampoco el del puente Chirajara ni el evento tremendo en Hidroituango), sino que más allá se trataba del mal entendimiento o un inexistente análisis de los riesgos que se asumen. Cuando no se visualizan y estudian bien los riesgos es como si no existieran, propiciando que quienes están al frente de las decisiones entran en un trance de optimismo ingenuo.

La razón para buscar más allá de la codicia como causa raíz es que ninguno de los dolientes económicos de estos casos tomaría una mala decisión si hubiera entendido bien que el riesgo asumido los podría llevar a la quiebra, a la pérdida enorme de dinero en sanciones y a extinguir su reputación en sus respectivos negocios y actividades. Por lo cual y hacia delante, el riesgo debería ser una materia obligada para los ingenieros.

El límite de las hiper-optimizaciones, como llamaron pomposa y erróneamente a lo que pasó en el Space, y que probablemente también en el Chirajara, sumado a los errores de construcción y demás que componen la situación de falla, no debe ser el solamente el cumplimiento del código como se cree a primera vista.

En el caso del Space, el código vigente para el momento de su construcción, la Norma Sismo Resistente 10 -NSR10- era de obligatorio cumplimiento y por lo tanto su transgresión era un delito. Y por eso tiene consecuencias como estamos viendo. Pero esto solo debería ser el último anillo de control que se podría tener en estos casos; los demás han debido evitar la desgracia.

El primero y más sagrado es el de la responsabilidad profesional, el de la ética del ingeniero calculista que de ninguna manera podría ceder ante un apetito monetario por fuera de lo normal, en un ataque de codicia. Ni siquiera por no cumplir el código, que es simplemente un límite inferior, sino porque su criterio profesional siempre debe privilegiar la preservación de la vida, lo cual puede llevar a diseños que superen ese límite. Igual aplica a lo que corresponde al alcance de los ingenieros constructores y controladores (en cualquiera de sus formas: interventores, revisores, supervisores).

El segundo anillo de control es del Estado, primero a través de la curaduría que ha debido estudiar, detectar y objetar el diseño errado, y posteriormente y muy importante, el control de las obras para verificar que lo construido corresponde a lo diseñado y que existen las condiciones de seguridad esperadas. Me temo que vamos a tener que trabajar mucho en nuestro país para que esta garantía empiece a ser una realidad. Esta sentencia es un campanazo de alerta sobre la responsabilidad de nuestros alcaldes y sus administraciones.

El tercer anillo es del doliente económico del proyecto, el promotor o dueño del proyecto, que debió exigir los análisis de riesgo ante ofrecimientos de rebaja de costos tan provocativos que en forma natural causan dudas para cualquiera; o no propiciar la hiper-optimización, para decirlo más claro, y mucho más tratándose de unos ingenieros que entendían, o han debido entender, de qué se trataba.

Ninguno funcionó como contención del desastre como lo explica muy bien el Tribunal.

Posterior al desastre, el cuarto anillo de control para prevenir futuros errores es la sanción profesional a los implicados a través del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura -COPNIA- que produjo la cancelación de la licencia profesional del diseñador.

Y el quinto y último anillo, es el del castigo a través del sistema de justicia de la nación, que busca la reparación para todos los afectados como el que estamos asistiendo. Que debe tomarse como una lección para el trabajo futuro de los ingenieros. La justicia finalmente hace su dura presencia y no hay garantía de impunidad, como desgraciadamente se cree que existe en Colombia.

Con la llamada Ley anti-Space, se introdujo un sexto y nuevo anillo de control tanto con el Revisor Estructural como con el Supervisor de las obras. En el caso del Space, la norma de entonces permitía que se exonerara de la supervisión técnica si el constructor tenía una certificación de aseguramiento de calidad. Y sí la tenía, pero como en todas esas certificaciones lo que se certifica es la repetibilidad del proceso de producción del producto y no realmente la calidad del producto que se requiere. Y el proceso era deficiente, hecho que se ha manifestado con la revisión de las demás construcciones del mismo promotor y diseños del mismo calculista.

Con el Seguro Decenal se supone que ahora hay un nuevo anillo de seguridad al entrar un nuevo actor, que también es doliente económico, que supervisa todo el proceso para asegurar que todos los pasos y actividades se hagan correctamente. Lamentablemente es equivocado en varios aspectos: 1) parte de la divisibilidad de los efectos de las cargas verticales (que sí asegura) con las horizontales (de sismo, que no asegura) lo cual es un imposible físico tanto en el diseño como en la construcción, por lo que sus indemnizaciones podrían no ser efectivas nunca; y 2) para ahorrar costos, no justificadamente, las aseguradoras han aprovechado al Supervisor que exige la Ley para que sea su mismo Controlador, con lo cual anula su propio anillo de control y se hace parte del otro anillo, disminuyendo su imparcialidad, implicándose en una indebida relación juez y parte puesto que la contratación y el pago del Supervisor es del mismo Promotor, y haciendo que tal actor se distraiga en otras funciones por fuera de lo establecido en esa ley con todos los elementos diferentes a los estructurales. No por hacer una lista de Supervisores clasificados por la Aseguradora se evitan estos conflictos. Es como hacerle el quite al espíritu de la ley.

Aun así, como se ve, sí se ha avanzado en el control de las edificaciones formales y esta sentencia es un respaldo. Solo a las formales. No debe perderse de vista que al menos el 60% de todas las edificaciones en Colombia son informales, y de ellas, al menos en el 95% de los casos no interviene un profesional de ingeniería civil (1). Esto es gravísimo y por eso hay que recordarle al Estado (los municipios) que deben avanzar en este frente para poder cumplir con su función social de proveer seguridad a sus ciudadanos.

Volviendo a la esencia de esta etapa concluyente, quienes pensaban en forma muy equivocada lo que se resume en la expresión muy colombiana de “eso no pasa nada” para evitar hacer los debidos análisis de riesgos y jugarse la vida ajena en forma más criminal que simplemente irresponsable, ahora saben que sí pasa y pasa con fuerza. La sentencia es un fuerte llamado a la responsabilidad profesional y a la ética de todos los actores. Con la vida ajena no se apuesta. Y la comprensión de que andar ciegos ante el riesgo es una práctica peligrosa.

@refonsecaz

(1) Recomendación de lecturas antecedentes.

3 lecciones aprendidas del edificio desplomado y 3 medidas que debieran aplicarse, incluso antes del diagnóstico técnico (lamentable caso del edificio Space en Medellín, Colombia) (Blog El mundo es nuestra meta, 2013)

Riesgo: ¿percepción o análisis? (Blog El mundo es nuestra meta, 2016)

La responsabilidad profesional (Blog El mundo es nuestra meta, 2016)

¿Quién le responde al dueño de una vivienda que amenaza con caerse?  (ConfidencialColombia, 2021)

 

 

Racionalizar antes que decrecer

Una expresión muy usada últimamente por varios economistas es que “sin crecimiento económico no se puede reducir la pobreza” dando como absolutamente cierta la teoría neoclásica y para defender a ultranza la teoría neoliberal ante el polémico asunto del decrecimiento económico y olvidando una debida concepción holística del mundo. La experiencia indica que ahora esa teoría es solo parcialmente cierta. Mucho más importante que esa discusión ideológica es encontrar estrategias en las que al mismo tiempo aumentemos el bienestar de nuestros conciudadanos y al mismo tiempo no contribuir a la degradación ambiental del mundo. La racionalización es una de ellas.

En el transporte de pasajeros en una ciudad como Bogotá se encuentra un magnífico ejemplo para explicar el concepto. Todos los ciudadanos estamos preocupados y sufrimos la muy mala movilidad que se vive. Y se le exige a las autoridades que actúen. Las actuaciones apuntan a que crezcan la oferta: más vías, más buses, más estaciones, metro y más metro, más oferta, más crecimiento. Todas son actuaciones de mediano y largo plazo y sus resultados en el largo plazo son inciertos por el crecimiento que pueda seguir teniendo la demanda. Pero si se actúa sobre la demanda los resultados serían de corto y mediano plazo, con vigencia en el largo plazo: alternar los horarios de entrada en las fábricas, oficinas, colegios y universidades “diluiría” el pico de una o dos horas en tres o cuatro, y como todos los sistemas de movilidad son dimensionados para ese  pico horario, el resultado sería un decrecimiento real en la demanda horaria en el pico, y por ende un decrecimiento en la necesidad de hacer vías, de comprar y operar nuevos buses, de construir y operar más metro, construir más estaciones, etc. Habría decrecimiento económico neto en estos frentes pero aumento del bienestar, disminución de la contaminación y uso de energía. Una verdadera racionalización que apunta positivamente a todo lo que sí debe ser.

 

Así hay que pensar en todos los frentes y no perder tiempo en las discusiones sesgadas que solo llevan a más polarización política de origen ideológico que no le sirven sino a los que quieren preservar el statu quo o a quienes solo visualizan soluciones tipo “patear el tablero”. Y hay frentes más profundos que todos los demás.

La desigualdad es una racionalización pendiente. Cuando crece el producto pero la desigualdad es enorme, como en Colombia, la capacidad que tiene el crecimiento económico para sacar ciudadanos de la pobreza es limitado en su misma proporción. Por este detalle, no es totalmente cierto que el crecimiento asegure la superación de la pobreza y menos con una tendencia consistente hacia más concentración de la riqueza. Es necesario racionalizar estos dos fenómenos que se producen en forma inercial dentro del capitalismo, y sobre todo, que se ven muy favorecidos en la ideología neoliberal que no tiene en cuenta la degradación ambiental.

La corrupción es otra racionalización pendiente. Y este caso es incluso más emblemático: no aporta nada en bienestar para la gente, suma a la desigualdad, pero si contabiliza como crecimiento económico. Ahí es donde los economistas (que actúan dogmáticamente en este tema) se equivocan.

Corresponde a las naciones del sur (el llamado tercer mundo) hacer una racionalización en el uso de sus consumos antes de emprender un decrecimiento económico, de tal forma que pueda seguir actuando sobre la pobreza, acompañado de programas para bajar la desigualdad y sobre todo la reducción de la corrupción. Pero esto no se debe entender como no hacer nada y privilegiar el statu quo como quieren algunos que ya tienen riqueza. Mientras que a los países del norte les corresponde reducir el exceso de sus consumos y acabar con el desperdicio, y encontrar sus propias estrategias para mantener el bienestar de sus nacionales bajando el impacto sobre la degradación de la tierra. Una urgente y respetada corresponsabilidad mundial.

 

 

 

La caverna: Un cuento sobre el decrecimiento económico y la asfixia de la humanidad

Vivían en la caverna desde tiempos desconocidos.

Unos pocos habían logrado acumular mucha madera y podían hacer unas enormes fogatas que no solo les daba el calor que requerían sino que los iluminaba y los hacía sentir felices de semejantes hogueras. Otro grupo pequeño pero más numeroso que el anterior había podido también acumular más madera de la que requería y también hacían hogueras más grandes que las necesarias y también se sentían contentos de parecerse a los anteriores. Y la gran mayoría pasaba todo el día recogiendo lo que necesitaba ese día sin normalmente encontrar la necesaria pero lograban producir algo de fuego para calentarse y alcanzar a no morir de frío.

 

Últimamente se decía que debido al crecimiento de la población empezaba a sentirse enrarecido el aire en la caverna. Durante toda su incontable historia nadie se había preocupado por este aspecto vital, pero ahora se hacía difícil respirar. Por eso se hablaba de hacer una reducción de las fogatas para disminuir el humo en la caverna. Había quienes señalaban que el problema era esa gran mayoría que estaba logrando tener un poco más de madera, acercándose a lo suficiente, y que como era el grupo más numeroso eran los causantes del aire lleno de humo, y los estaban conminando a que tenían que volver a su precaria situación.

No había consenso por supuesto. Unos más estudiosos habían recorrido toda la caverna y verificaban que el asunto se estaba poniendo grave en todos sus rincones y que pronto la vida de todos estaría amenazada. Decían que todos producían humo pero que los que más lo hacían eran quienes más habían acumulado madera y que hacían enormes fogatas innecesarias para calentarse y sobrevivir. Estos, a su vez, estaban de acuerdo con que todos los demás debían volver a condiciones más precarias para que no produjeran tanto humo, y argumentaban que en cambio ellos eran poquitos y por lo tanto no eran ellos el problema, y no estaban dispuestos a dejar de calentarse e iluminarse y festejar como lo hacían.

Y así siguieron discutiendo por años hasta que empezaron a morir asfixiados, de todos los grupos. Aunque algunos de los que más acumularon madera pudieron comprar bocanadas de aire que lograban aspirar en una pequeña chimenea de la caverna a la cual solo se podría acceder montando una pirámide de hombres a quienes pagaban con madera. Solo quienes más tenían podían hacerlo. Finalmente ya no hubo hombres para pagarles con madera y poder subir. Hasta los que más acumularon madera murieron.

Hay finales diferentes a los que corresponden a la naturaleza observada de los humanos como la anterior. Contaré unas posibilidades:

Algunos de los que más acumularon madera, temerosos de que la nueva situación provocara una revuelta de los más numerosos que se tornara difícil para ellos y perdieran su madera acumulada, decidieron proponer una gran reunión para buscar posibles soluciones.

  1. Se les impondría a los del grupo más numeroso un máximo de madera a calentar y los demás “prometerían procurar” no prender tan grandes fogatas.
  2. Todos deberían hacer fogatas que alcanzaran para calentarse suficientemente, únicamente. Reduciendo la cantidad de madera quemada reducirían la producción de nuevo humo. Los del grupo más numeroso probablemente deberían ser ayudados para alcanzar la cantidad mínima necesaria.
  3. Como los más estudiosos algún día encontrarían la forma de acceder a la pequeña chimenea que pudiera ingresar nuevo aire, todo se mantendría como estaba.
  4. Una combinación entre la primera y la tercera o entre la segunda y la tercera.

 

Dependiendo de su preferencia estará del lado de la asfixia general o del lado de su desescalamiento y de alguna esperanza de prolongar la vida en la caverna.

 

* @refonsecaz

 

Los caminos de la vereda campesina, de la paz y la prosperidad, a pico y pala

Con base en lo expuesto en el artículo anterior, ahora es el momento de reseñar la buena experiencia en la contratación de vías terciarias con las JAC, de reclamar que las vías terciarias no pueden seguir siendo la caja de los congresistas, de hablar sobre el esquema institucional requerido, y de declarar que las vías terciarias son un objetivo estratégico nacional. Todo a continuación.

Buena experiencia en la contratación de vías terciarias con las JAC pero falta la mayor parte

 

Actualmente el INVÍAS maneja alrededor de 250 contratos con Juntas de Acción Comunal -JAC– ocupando 2625 trabajadores para atender el mantenimiento rutinario de 8,840 kilómetros de vías terciarias. En los años 80 se crearon precooperativas de trabajo asociado para mantener entre 30 y 50 kilómetros cada una, que para la segunda parte de los años 90 llegó a tener 500 de estas cooperativas. Frente a los 325,000 kilómetros (estimados) de vías terciarias este cubrimiento es poco, y aún cuando se le sume toda la gestión de los entes territoriales la realidad que enfrentamos es que en este frente nos hace falta la mayor parte del trabajo. Es un tema en el cual existe buena experiencia y múltiples beneficios pero que inexplicablemente no le han parado bolas los gobiernos.

En una presentación reciente (Congreso Nacional de Ingeniería) el Invías explicó la situación actual: el año anterior invirtieron en construcción y mejoramiento, y en mantenimiento de la red terciaria 5.6 billones de pesos para atender 14,828 kilómetros (379 millones por kilómetro en promedio) de los cuales 5,037 en construcción y mejoramiento y 9,791 en mantenimiento. Dos realidades se muestran aquí: (1) que la intervención resulta muy poca respecto al total, pese al esfuerzo que haga el Gobierno y el Instituto (con recursos del Presupuesto General de la Nación PGN, Regalías, Obras por impuestos y Cooperación internacional), y (2) las intervenciones unitarias salen muy costosas por lo que es preciso encontrar alternativas a lo actual con otras tecnologías y formas de contratación.

Por ejemplo, la famosa “placa-huella” que tiene un costo actual de entre 1,000 a 1,250 millones de pesos por kilómetro, debe dejarse exclusivamente para pendientes altas en zonas lluviosas, mientras que para lo demás pueden encontrarse alternativas como: el uso de asfaltita que representa una buena solución de pavimento ya que dado el bajo tráfico de la vía puede incluso manejarse “a mano”, y es ampliamente disponible en el territorio nacional; o simplemente, el mantenimiento de la rasante se puede hacer manualmente siempre y cuando sea frecuente. Aquí es donde las JAC campesinas pueden jugar un papel muy importante para disminuir los costos de mantenimiento, y en combinación de otros actores, los de construcción y mejoramiento.

Lo anterior significa que el potencial es enorme. Para atender alrededor de 325,000 kilómetros se necesitarían unos 150,000 trabajadores permanentes; una persona puede atender entre 2 a 5 kilómetros de labores de limpieza y conformación de cunetas, rocería, limpieza de alcantarillas, limpieza y recolección de basuras, tapar baches, limpiar cauces en el cruce de puentes, sembrar vegetación para control erosión y demás requeridas para el mantenimiento de la vía.

Y con todos los beneficios asociados al programa, estamos hablando de un impacto superlativo para una gran parte de los 11 millones de personas de la Colombia rural.

Las vías terciarias no pueden seguir siendo la caja de los congresistas

Pero hay recomendaciones de fondo que hacer para cuidar desde su inicio un programa tan valioso para el país. De las múltiples discusiones al respecto en el seno de la Sociedad Colombiana de Ingenieros desde años atrás, he decantado algunas sugerencias para el nuevo Gobierno, con la esperanza que susciten reflexión y cuidado, y una mayor discusión para asegurar un planeamiento adecuado.

El primer problema en la inversión pública en el país está en la falta de priorización. Es normal ver grandes contratos de aceras en poblaciones que no tienen agua potable, hospital o colegios bien dotados. Este y otros defectos de planeación, como mala estructuración y falta de maduración, se producen por la injerencia nociva de la politiquería priorizando negocios personales corruptos de los dirigentes de turno. Contra ello, principalmente, es que hay que proteger esta iniciativa.

El esquema de fondos que maneja el Gobierno central a los cuales pueden acceder los municipios y departamentos es el camino perfecto para que los parlamentarios y el Ministerio del Interior establezcan “negociaciones” para intercambiar apoyo a las iniciativas gubernamentales por asignaciones de inversiones a alcaldes “amigos” de esos parlamentarios. Lo que se ha demostrado recientemente es que todos sacan tajada de esas “relaciones” evaporando la inversión pública (parques Sacúdete, las regalías para la paz, etcétera).

Por lo que es necesario que los dineros para las vías terciarias no tengan esa ruta y el nuevo gobierno gestione unos recursos de destinación específica en el Presupuesto General de la Nación, cuyo trámite lo puedan hacer los alcaldes sin intermediación de ningún político: sin requisitos adicionales en el caso de mantenimiento (conservación de las vías) para que sirvan para remunerar a las JAC campesinas, y para inversión en nuevas vías después de su aprobación de la autoridad ambiental (hay que revisar su impacto directo e indirecto: hay que tener un especial cuidado en que la penetración a regiones selváticas no se convierta en mayor deforestación).

El esquema institucional requerido

El esquema institucional para el mantenimiento podría ser el siguiente: los municipios y departamentos declaran sus vías terciarias en el Invías, en una oficina que se dedique a la gestión de esos recursos en el Presupuesto General de la Nación -PGN- con base en índices (kilómetros que puede atender una persona dependiendo del tipo de topografía e hidrología) que conocen ya en el Cauca (experiencia del ingeniero Fernández), en los Comités de Cafeteros y los petroleros. Los recursos se trasladan a municipios y departamentos a las Asociaciones Municipales de JACs para su gestión de contratación y pagos a las JAC, con dedicación específica al mantenimiento de un camino veredal (vía terciaria) y cuya interventoría le corresponderá a la secretaría de infraestructura de cada municipio o departamento en cabeza de ingenieros civiles que hagan un rol más integral, de verdaderos gestores, y sean los maestros que enseñan sobre toda la técnica y la tecnología a aplicar a todos los demás actores.

Para las nuevas vías o mejoramientos grandes es necesario conservar una función central que permita intercambiar las buenas experiencias entre las diversas regiones, departamentos y municipios. El Invías no solo está listo sino que tiene la experiencia, las normas, manuales de diseño, de interventoría y últimamente ha estado activo en tecnologías de construcción. Y tiene oficinas en las regiones a través de las cuales puede capacitar a los actores, recomendar tecnologías, verificar el desempeño de lo recomendado y así irrigar ese conocimiento al resto del país. Para participar en esto el instituto no tiene que ser el super contratador; en últimas terminaría siendo el firmador de convenios interadministrativos (como en parte lo es hoy) que contienen la ruta corrupta que expuse arriba, haciéndose los de la vista gorda para que municipios y departamentos contraten amañadamente.

Las licitaciones de diseño y construcción deben estar basadas en el municipio o en el departamento (según sea la propiedad de la vía), sin intermediarios ni para-entidades (asociaciones de municipios, entidades y “fondos” mixtos, entidades pro-desarrollo, etcétera) cuyo único objetivo es evitar los controles para la correcta inversión de los recursos públicos (saltarse la poco usada Ley 80 de contratación estatal). El municipio promedio nacional, que es débil en estos procesos, lo mismo que algunos departamentos, podrán apoyarse en la metodología que compilará el Invías para este fin, en conjunto con el gremio de la ingeniería nacional -SCI- que es órgano consultivo del Gobierno Nacional (Ley 46 de 1904) y que también tiene regionales en todo el país. Cada proyecto de una nueva vía debe ser bien madurado para pasar a la instancia de aprobación medioambiental, las CAR, para que la mayoría del trabajo y las aprobaciones se gestionen regionalmente. Lo ideal es que toda la contratación sea muy local o regional, como sería obligatorio en el caso de las JAC campesinas, de la propia vereda.

Las vías terciarias son un objetivo estratégico nacional

Por la importancia de los múltiples beneficios que emergen en torno a las vías terciarias, hay que declararlas proyectos multipropósito y en su conjunto un objetivo estratégico nacional.

Hasta hoy a alcaldes y gobernadores les ha tocado mendigar (cabildear) los recursos para las vías terciarias a congresistas que son los que mueven a los funcionarios del Ministerio del Interior en la trama de corrupción extensa que ya se conoce (ver caso ilustrativo de senador Castaño). Por el contrario, al ser un objetivo estratégico nacional, las vías terciarias deben tener sus recursos asignados, de destinación específica, desde el Presupuesto General de la Nación.

Y al ser contratadas en gran parte con las JAC campesinas, por fin el Estado tendrá una forma masiva de estar vinculado al campo, haciendo presencia y llevando valor a su gente.

 

* @refonsecaz

Fotografía: una minga campesina e indígena haciendo mejoramiento en una vía terciaria en el departamento del Cauca, 2014.

El asesinato de la ecuanimidad

La que vivimos en las pasadas elecciones (junio 2022) no es la mayor polarización en nuestra historia. Solo basta oír los testimonios terribles de la violencia política que azotó al país antes del Frente Nacional, que logró calmar semejante situación pero que introdujo nuevos problemas estructurales que hoy sufrimos. En esa época oscura se mataba regularmente por no ser del mismo partido. A los niños se les enseñaba a odiar al contrario, y así, cuando grandes habían acumulado tanto odio que podrían matar por su convicción. El imperio de la brutalidad.

Una época muy oscura de nuestra historia, que no ha pasado del todo. Cada día registramos muertes de defensores del medio ambiente, de líderes sociales y matanzas de grupos de personas, vinculadas con el poder sobre la tierra, con fines que van desde narcotráfico hasta ganadería. A algunas de esas muertes las relacionan a la fuerza con ideología política, vendiendo que los cuidadores de la naturaleza o los que ejercen liderazgo en las comunidades son comunistas.

 

La polarización

En la segunda vuelta de elecciones a la presidencia se presentó la máxima exacerbación de las diferencias entre derecha e izquierda, así los candidatos no fueran exactamente de lo uno o de lo otro. Rodolfo, por ejemplo, que se presentaba como anti-sistema, terminó siendo el salvador de la derecha con todo el apoyo indeseable del uribismo (que se sabía que restaba). Y un Petro tirado al centro fue regresado por la polarización a la izquierda extrema, a la de los guerrilleros. Aunque Rodolfo insistió e insistió en que los apoyos no significaban negociaciones burocráticas ni de principios, los petristas lo enmarcaron en una derecha desprestigiada, después de años de gobiernos impopulares y en parte vilipendiada por fracciones de la misma derecha. Y aunque Petro insistió en desdibujarse de su pasado de lucha extrema, los uribistas dictaron las consignas que finalmente debieron adoptar los rodolfistas para señalarlo de guerrillero, chavista, comunista y peligroso.

Las propuestas, aunque fueron madurando a lo largo de las mismas campañas, no eran el eje central para cautivar votos sino el desprestigio del oponente independientemente de que sus argumentos fueran ciertos, medio ciertos, medio falsos o francamente falsos. Cualquier detalle en la vida, cualquier episodio dudoso o malo por pequeño que fuera, fue elevado a escándalo por los de la campaña contraria.

Una mirada práctica de la política en nuestra sociedad descubre el enfrentamiento estructural de dos realidades: unos luchando por mejorar su mal estatus y otros luchando para que todo permanezca igual para que su buen estatus se mantenga y se mejore aún más. Y en medio de un conflicto así, unos pocos intermediando esas tensiones tan fáciles de canalizar en odios y miedos para obtener beneficios propios, de estatus también. Esa combinación de poder económico y político que podemos significar con estatus.

Esos intermediadores son quienes, relativizando los principios y valores, logran adaptar cualquier mensaje conveniente a la causa en que están interesados para manipular a todos los demás que simpatizan o son susceptibles de simpatizar con esa misma causa. En nuestra época, llena de información, esos intermediadores son principalmente los políticos, los periodistas y los economistas. Bueno, no en el sentido noble de esas profesiones. Los opinadores que construyen opinión desde su propio interés y no del interés común, son capaces de crear tendencias de opinión a partir de mentiras. Nada que la humanidad no conociera hasta nuestros días, pero ahora fuertemente amplificado por las comunicaciones tan fáciles como son las de las redes sociales sobre internet, movidas por influenciadores y “bodegas” de “troles” acosadores.

El asesinato de la ecuanimidad

Las estrategias así concebidas conducen a mensajes inmorales de campaña, como la destrucción de los oponentes flexibilizando el concepto de ética a través de las “bodegas” que se encargan de ridiculizar al oponente y burlarse desquiciantemente de él, con mensajes emitidos para reforzar las “tribus digitales” en las que millares de personas en proceso de volverse fanáticas terminan efectivamente siendo fanáticas.

Así manipulados es fácil que se construya una enorme mayor indignación al observar pruebas en que estas sucias estrategias fueran compartidas desde las directivas de la campaña incluyendo al candidato correspondiente, pero simultáneamente ignorar a propósito que del lado oponente el mismo tipo de estrategias no pudieron haber provenido de una generación espontánea sino también de unos directivos que organizaron a las huestes de troles para que hicieran su acoso, o para idear artículos de opinión disfrazados de periodismo y hasta carátulas impactantes de revista para echar el mayor ácido posible sobre una herida e infringir el máximo dolor concebible (ver carátula de la revista Semana antes de elecciones). Construyendo el desprestigio general cruzado entre todos.

Resulta obvio que alguien que cae en fanatismo no tenga pensamiento crítico y por ende, su ecuanimidad haya desaparecido completamente, lo cual les permite seguir órdenes que se disfrazan en consignas que siguen juiciosos. De todos los demás generadores de esa sucia opinión o influenciadores no se podría esperar algo diferente, dado que sus móviles de manipulación no son los mismos que el de los fanáticos que fabrican sino la eficiencia de su trabajo sin responsabilidad política alguna. Y no se diga de los politiqueros que cayeron en sucesivas incoherencias, desprestigiando a un candidato que después apoyaron, mostrando que a ellos tampoco les preocupa la responsabilidad política sino solo su conveniencia.

Pero verificar que mentes notables, conocidas por su pensamiento crítico, se hayan dejado llevar por el vórtice de los desprestigios sólo para forzar una explicación para su decisión de apoyar a tal o cual candidato que les resultaba muy difícil argumentar, fue francamente triste. Estos notables generaron un desconcierto incalculable al invitarnos a ver en primera fila al asesinato de la ecuanimidad.

Sin estos faros de claridad y ecuanimidad un país va, pero no sabe bien para dónde va. En la pasada campaña se apagaron muchos de esos faros. Un costo altísimo, con el agravante que no se nota en el presente. Es necesario que reflexionen con la humildad de conocimiento que caracteriza a los sabios para que retomen su misión de faros intelectuales para los demás colombianos.

Y finalmente ¿en qué quedó toda esa rabiosa polarización?

Salvo el uribismo, todos los demás partidos políticos no quisieron alinearse en la oposición a la propuesta del presidente electo. ¿Cómo entender que después de toda esa hiel desplegada, conservadores, liberales, de la U y demás, terminaron anunciando que estarían como máximo en independencia? ¿Cómo explicar sus volteretas (propias de trapecistas) sin ningún recato? Los colombianos debemos aprender esta lección de realidad: todo fanático de politiqueros termina siendo idiota útil; ellos van por sus intereses y difícilmente priorizan el interés común. La única vía es cultivar siempre el pensamiento crítico y mantener la ecuanimidad.

 

* @refonsecaz

Los desastres naturales no existen

Los fenómenos naturales como avenidas de ríos (crecidas) e inundaciones, avalanchas, remociones en masa (derrumbes), hasta terremotos y tsunamis, se tornan en desastres cuando a su paso encuentran seres humanos y animales viviendo en condiciones de vulnerabilidad frente a su fuerza destructora natural. Pero se insiste en decirles desastres “naturales” de tal forma que se le saque el quite a la responsabilidad humana al respecto. Y esto no es posible.

¿Quiénes son responsables? Son múltiples y concurrentes. Aquí una síntesis.

 

Responsabilidad de las personas y sus decisiones. Son los principales responsables puesto que se asientan en zonas de alto riesgo, puede ser por desconocimiento o porque habiendo sido advertidos no creen que vaya a pasar nada malo o porque no teniendo para dónde ir toman el riesgo de vivir bajo un riesgo.

Responsabilidad de los profesionales que no lleven a cabo sus labores teniendo en cuenta: el conocimiento detallado que implica un asentamiento de personas en zonas de riesgo y, la última frontera de la ciencia en su materia, por ejemplo en evaluaciones y diseños (estabilidad de taludes, cálculo estructural, hidrología).

Responsabilidad de los dirigentes políticos (alcaldes, gobernadores, ministros, presidente, funcionarios de alto rango) que tienen una tarea permanente en prevenir que sucedan desastres por fenómenos naturales, tomando todas las medidas necesarias para evitarlos. En el caso doloroso del desastre de Dosquebradas de la semana pasada, las declaraciones del director de la CARDER son realmente alarmantes, porque dejan ver su total falta de comprensión técnica del evento. Y él es quien estaba a cargo de la prevención desastres. Es un síntoma recurrente: la politización de estas delicadas entidades que tienen unas responsabilidades superiores.

Pero también los politiqueros en campaña que “ofrecen” terrenos en zona de riesgo y ayudan para que algunas poblaciones los invadan, generando así el origen de un desastre.

Responsabilidad cultural y que termina siendo de todos: nos apabulla la idea de ser pesimistas porque en esta tierra en la que todos somos alegrones está mal visto ser pesimista. Principalmente porque confundimos el significado de la palabra.

Haciendo uso del diccionario, pesimista es aquel “que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable”. Para ser preventivos tenemos que pasar por la pregunta ¿qué puede salir mal? en la búsqueda de situaciones que tendrían efectos malos, para ver cómo, si se presentan, no tienen impactos negativos sobre la vida de personas, animales y ojalá, la naturaleza como un todo. Es decir, todo lo contrario a ser pesimistas: un intento de que no pase nada malo es más bien ser optimista. En nuestra cultura reinante, llena de costumbres de gente que ha vivido en la pobreza y de poca responsabilidad colectiva, subdesarrollada, es mejor “jugársela”; no deja de oírse expresiones como “… eso no pasa nada”, a pesar de que los hechos muestran que sí pasa.

Este escrito es de buen recibo después de un desastre como el de Dosquebradas. Probablemente estemos de acuerdo fácilmente. No así, si hubiera sido escrito antes de la tragedia por el efecto cultural fuerte que tenemos. En este sentido, una cultura nociva. Es tiempo de actuar como lo haría un país desarrollado: preventivamente ante los riesgos estudiados y detectados que haya.

Me temo que los organismos del Estado que tienen que ver con prevención de riesgos y manejo de desastres tienen más trabajo en manejo de desastres que en prevención de los mismos, pero no necesariamente porque no quieran hacer su trabajo y sean malos funcionarios. Es que para hacer prevención se requiere la voluntad política de los dirigentes políticos. Y ahí siempre tenemos problemas.

Un ejemplo de renombre nacional para ilustrar nuestra reacción cultural y nuestras falencias en el actuar de los dirigentes políticos. Ahora que se conoce el informe de los expertos de Pöyry sobre HidroItuango deberíamos actuar no solamente en las acciones preventivas que resultan en línea con que el proyecto opere lo antes posible, como lo reclaman todas las fuerzas vivas del departamento. Esas nuevas recomendaciones (al parecer estaban desde noviembre pero no se conocían por los medios) incluyen asuntos como que se logre operar lo antes posible, liberar el vertedero aunque fuera en forma parcial para reparar lo que se presume debe estar muy deteriorado y en congruencia a ello no se piense en cambiar a los contratistas, puesto que a pesar de que pueda haber diferencias contractuales entre las partes, esto es de mucha más jerarquía.

También el informe deja claro que el riesgo de un desastre, nada natural, subsiste. Tanto así que propone que se construya un túnel de descarga intermedia para poder bajar el nivel del agua en la represa en caso de eventos graves, y poder manejar mejor la contingencia sobreviniente. Es decir, una obra mayor que ayude en caso de un evento que pueda generar un desastre. Esta recomendación hay que atenderla. Pero también es claro que deberíamos estar pensando en qué pasaría si se materializara el riesgo que subsiste a través de un evento fatal. Nos corresponde actuar en forma preventiva: ¿Cómo sería la avalancha provocada? ¿Qué poblaciones afectaría? ¿Quiénes están amenazados mortalmente? ¿Cómo se podría prevenir su muerte? ¿Cómo son las señales de emergencia para que deban evacuar y cuánto tiempo tienen para hacerlo y salvar sus vidas? ¿Cuáles son las rutas de evacuación y cómo es el entrenamiento de las poblaciones para la evacuación rápida y masiva? ¿Qué se debería tener previsto para que puedan subsistir después del evento? ¿Cuánto tiempo durarían las condiciones de emergencia? Y prepararnos.

En 2018, después del evento del colapso del túnel de desviación (la Galería Auxiliar de Desviación o tercer túnel de desviación), hubo voces que advirtieron de este tipo de riesgos en medio de la angustia generalizada por retomar el control del proyecto. Se habló de una población total amenazada de 130,000 personas. No hemos salido de ese mismo riesgo y por lo tanto es el momento de actuar en consecuencia y hacer planes y ejecuciones urgentes para mantener fuera del riesgo de muerte a toda esta población.

A quienes piensen que es mucho dinero que habría que invertir para algo que puede no ocurrir y que se puede perder, hay que exigirles que respondan al cuestionamiento ¿cómo pensarían si fueran habitantes de Puerto Valdivia? (los habitantes de Puerto Valdivia son quizás, los más directa y gravemente amenazados, y tendrían muy poco tiempo para salvarse). ¿Serán menos colombianos y se merecerán correr ese riesgo por ello?

A los dirigentes políticos (alcaldes, gobernador, directivos EPM e HI, y funcionarios directamente involucrados) que tienen en sus manos esta misión preventiva, recordarles que ya no habrá ninguna forma de decir que fueron eventos desafortunados que se presentaron en forma natural y que no les correspondería culpa alguna. Todo lo contrario: serían responsables de no haber actuado preventivamente, para lo cual solo se requiere comprender el riesgo y tener la voluntad política para emprender las acciones. Ambas son parte innegable de sus obligaciones.