Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Petrolera de Colombia (UTIPEC), en entrevista para Confidencial Colombia dando sus puntos de vista sobre algunos aspectos que se discuten en el marco del debate de la reforma laboral como las horas extras.
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República.
La iniciativa original tenía 98 artículos de los cuales se eliminaron 23, entre los más importantes se encuentran la Prohibición de contratos sindicales, fuero sindical, ajuste de planilla integrada de liquidación de aportes, prescripción, interrupción de la prescripción, el derecho a la huelga y reintegro de aportes estatales.
Entre los temas aprobados de gran relevancia se encuentran la regulación para los trabajadores que prestan sus servicios a través de plataformas digitales; la formalización laboral para el servicio de madres comunitarias; el contrato agropecuario y también de asuntos del cuidado para mujeres campesinas; la jornada laboral de no más de ocho horas diarias; la jornada laboral diurna irá hasta las 7 de la noche; el trabajo nocturno irá desde la 7 de la noche hasta las 6 de la mañana.
El trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta, se remunera con un recargo del ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.
A partir de julio de 2024 se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio de fiesta a 80%.; A partir de julio de 2025 se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio o día de fiesta a 90%.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, agradeció a los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la discusión y las horas dedicadas a analizar y estudiar el proyecto
«Me enorgullece mucho el trabajo que hicieron porque es la primera vez que tenemos una reforma estructural. Quiero decir que el Gobierno tiene las puertas abiertas al diálogo para avanzar en estas apuestas que ni son para ustedes, ni para nosotros, son apuestas para el país y para muchos colombianos y colombianas», afirmó la ministra.
El proyecto pasa a discusión a la Plenaria de la Cámara de Representantes.
No es urgente, pero si es importante, entender el acelerado envejecimiento que vive el país. Se estima un pico poblacional global en 2064 de 9.630 millones. En Colombia, esto ocurrirá antes, en 2060 tendremos 55,4 millones de habitantes. El bono demográfico donde la proporción de la fuerza laboral productiva supera la de menores de 18 años y mayores de 65, que empezó en 2002 se prevé acabe en 2047, según Naciones Unidas. Si se dice que los colombianos se vuelven dependientes cinco años antes, a los 60 años, se recorta el bono 20 años, a 2027, según USAID. Hay que aprovecharlo, de ahí en adelante es nadar contra la corriente, obligar a la gente a retirarse antes de que quiera hacerlo, no tiene sentido.
Con el ingreso de la mujer a la fuerza laboral, la tasa bruta de natalidad bajó de 46,35 entre 1950 y1955 a 15,03 entre 2015 y 2020, según investigadores de la U. de Antioquia. Con este colapso de natalidad, de acuerdo con el DANE, en 2023 los adultos mayores de 60 años fueron 7.4 millones y sobrepasaron el 14,4% de la población. Más gente laborando hace más fácil el progreso económico, la lucha contra la pobreza y la prestación de servicios sociales. Si tomamos la decisión de decir que una persona se vuelve dependiente a los 60 años, el problema se vuelve urgente porque al bono demográfico le quedarían solo tres años. Debe haber un incentivo económico para que se siga trabajando, son personas que tienen mucho que contribuir a la sociedad para desecharlos.
Cuando el presidente Carlos Lleras fijó la edad de retiro forzoso en 65 años, en 1968, la expectativa de vida en Colombia era 60.87 años. Pero las mejoras en salud, hacen que los 70s de hoy sean hasta más saludables que los 60s de la época. Aún con un ajuste en 2016 que subió la edad de retiro a 70 años, dada la expectativa de vida publicada por el DANE en 2024 de 74 años, el ajuste es insuficiente. Tendría más sentido, si fuéramos consistentes con la lógica de Lleras, un retiro forzoso a los 75 u 80 años para garantizar que se mantenga por encima de la expectativa de vida.
Nuestro sistema pensional causa una mayor desigualdad en el país, donde después de pagar pensiones, somos más desiguales. El quintil más próspero en Colpensiones recibe el 50,8% de los subsidios, mientras el quintil más pobre solo logra el 4,3%. La reforma pensional que cursa en el Congreso, busca corregir esta injusticia con un sistema de pilares donde los subsidios cubran un mínimo vital para que después los cotizantes pasen a los fondos de pensiones. Entre más bajo sea el mínimo vital, de manera más positiva, la reforma va a impactar la equidad. El Congreso debe reflexionar en cómo la reforma pensional impacta las decisiones laborales, el trabajo voluntario es algo para incentivar.
El envejecimiento de la sociedad es un hecho cultural, así como económico. Si en los últimos 55 años los colombianos tienen una esperanza de vida de 14 años más, solo ese logro habla de una sociedad más próspera, más justa y menos violenta. Si aquellos nacidos en la década de los 60s siguen contribuyendo al país, será un largo periodo de creciente riqueza, si no les damos su importancia, el bono demográfico se nos acabará pronto. Los que queden produciendo serán menos que los que tienen que sostener.
El presidente Gustavo Petro en su última alocución del año 2023 insistió en la necesidad de una reforma laboral que otorgue mejores salarios, más descanso y mayor estabilidad laboral.
“La reforma laboral propone que, si usted es un asalariado, se le pague el doble si trabaja en festivos y dominicales, o si trabaja en horarios nocturnos. Se trata de recuperar no solo un mejor salario y recuperar el descanso, sino mejorar la estabilidad laboral”, indicó.
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Subrayó que es necesario que el empresariado colombiano entienda que la ganancia crece con una fuerza laboral más estable, educada y productiva.
“No es el látigo, sino la inteligencia y la máquina lo que hace más productivo al trabajador”, enfatizó.
El mandatario manifestó que “la ganancia no se extrae por extender la jornada laboral al máximo, transformar a la trabajadora en un objeto desechable, sin ninguna estabilidad, o sobrexplotar al máximo la fuerza laboral”.
Invitó al Congreso de la República para que en el año 2024 debate el proyecto y dar la aprobación pensando en el trabajador colombiano.
En la era de la cuarta revolución industrial, nos enfrentamos a un cambio drástico en el concepto del trabajo. Las innovaciones como la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas no solo amenazan con reemplazar ciertas labores, sino que también nos ofrecen una oportunidad única de redefinir el trabajo más allá de una actividad física de 8 horas. Es imperativo adaptar nuestro enfoque laboral a esta evolución tecnológica.
Históricamente, las normas laborales han tenido el propósito de lograr un trabajo digno, pero en Colombia, estas condiciones siguen siendo un privilegio para una minoría. A pesar de argumentos a favor de la reducción de costos laborales como motor de empleo, la realidad es otra: el 57% de los trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad, privados de derechos laborales y seguridad social.
El gobierno actual busca dignificar el trabajo, lo cual implica restaurar los derechos perdidos y fomentar la ciencia, tecnología e innovación para generar empleos formales. Contrario a la creencia popular, reducir garantías laborales no necesariamente conduce a más empleo. Por el contrario, asegurar mejores ingresos para la base poblacional puede crear un ciclo virtuoso de mayor consumo, mayor circulación de dinero y creación de empleo.
La reforma laboral en discusión en el congreso aborda varios puntos clave. Restaura el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, como era antes de la reforma de Álvaro Uribe. También incrementa el recargo del 100% por trabajo en días festivos, plantea estrategias contra la tercerización laboral y favorece la creación de empleos. Impone medidas para prevenir el despido injusto y limita el uso de contratos a término fijo repetitivos. Además, obliga a los empleadores a vincular indefinidamente a los empleados necesarios para el funcionamiento ordinario de la empresa.
La reforma introduce alternativas modernas como el trabajo a distancia y el teletrabajo, adaptándose al mercado laboral futuro sin vulnerar el derecho a desconectarse del trabajo. Mejora las condiciones de los contratos de aprendizaje, facilitando a los jóvenes el acceso a primeros empleos dignos.
Es crucial enfocarnos en una economía industrial que genere nuevos empleos y en una regulación laboral que reduzca el tiempo de trabajo sin sacrificar la calidad de vida. La tecnología y el nuevo mercado laboral pueden ser una utopía o una distopía: depende de nosotros aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la vida de todos. Esta reforma laboral es un paso fundamental hacia un futuro donde el mercado laboral ofrezca mejores condiciones de vida para todos los colombianos.
Dentro del primer bloque de artículos de la reforma laboral que hace trámite en La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se aprobó el número 15, que establece que la jornada de trabajo nocturno inicie a las 7:00 p.m. y termine 6:00 a.m. Actualmente la jornada nocturna inicia a las 9 p.m.
También se aprobó el artículo 19 que establece que, «el trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta, se remunerará con un recargo del 100%» que tendrá un incremento gradual hasta el 2026 cuando llegará al 100%.
Se definió además que el Gobierno Nacional implementará programas dirigidos a la generación y protección de los empleos, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.
Se aprobaron también medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, seguridad social y riesgos laborales en plataformas digitales de reparto, participación para el trabajo decente en comunidades étnicas e Incentivos al empleo verde y azul.
El “contrato de prestación de servicios permanente” es ese que se repite todos los años entre una entidad del Estado y una persona particular, que típicamente se acaba en diciembre y vuelve a empezar en enero, después de 30 días para saltarse efectivamente el contrato laboral establecido en la ley laboral.
Esto lo padecen una enorme cantidad de los funcionarios públicos desde hace años. Incluso conozco casos de personas que llevan 18 años siendo “contratista” de un ministerio, cumpliendo funciones, en las que incluso, ha ascendido.
Es una vergüenza que el Estado que debe velar por los empleos de buena calidad “se haga el de la vista gorda” y tenga tal cantidad de funcionarios en esta condición de empleo precario. Las razones son varias, pero de mal origen todas. Entre otras: la flexibilidad para sacar al funcionario, pues solo toca esperar hasta que se termine el contrato y adiós; muy propicio para cambios de Gobiernos. La contratación de “asesores” que no cumplen una misión específica, salvo la de pagar un favor político o mantener una tropa básica que ayuda en las siguientes elecciones. Y desde tiempos de Santofimio, conocido por quitarles un porcentaje de los ingresos a sus “favorecidos” con puestos en las entidades estatales, para financiar sus campañas o enriquecerse a costillas de todos sus “seguidores”.
En todas estas relaciones no son solo culpables los directivos que contratan, porque pueden hacerlo, porque están en la cadena de pagos de favores políticos o porque se los ordenan sus jefes y hay que hacer caso, sino también quienes se dejan contratar así. Pero no los voy a condenar en ningún sentido, ya que no son quienes tienen algún poder de negociación y muchas veces, ninguna otra opción de ingresos. Aquí, claramente el poder comparado de la relación, y en forma descomunal está del lado del que ordena la contratación. En esas condiciones, cómo se puede esperar que el funcionario sea leal a su país, y todos los días luche la forma de mejorar su misión, incluso hasta llegar a discutirle a su jefe lo que está haciendo mal, o la ingenua idea que lo denuncie cuando esté corrompiéndose.
Es curioso porque hablando de la comparación entre los dos sistemas (laboral y prestación de servicios), sobre la subordinación, los abogados expertos laborales dicen que en este tipo de contratación que: “En el caso de la prestación de servicios será aquel que preste el servicio quien imponga la mayoría de los puntos del acuerdo. Por otra parte, en el contrato laboral es el empleador quien definirá la gran mayoría de las cláusulas, existiendo un nivel de jerarquía entre este y el trabajador”. (D&E Abogados, 2023). Risible cuando menos. Al “contratista” se le asignan rangos, funciones, responsabilidades y demás características que obviamente son simétricos sino iguales a los del contrato laboral, tratando de disfrazar que el resultado de su gestión es la que cuenta.
Pero la connotación horrible es que es dentro del Estado, generalizado y contrario a lo que supuestamente el mismo Estado debe hacer para proteger empleos justos. Dice un artículo que son 910,000 contratos de este tipo firmados con las entidades de todo orden el Estado (Portafolio, 2023). Imagínese la cantidad de gente: todo Cartagena, según las proyecciones del DANE para 2023. Aunque otras fuentes dedicadas al tema hablan de 2´500,000 (ElEmpleo.com, 2023).
En la última fuente, se citan las tres reglas que impuso el Consejo de Estado para la debida clasificación como contratos de prestación de servicios: uno, “El contrato por prestación de servicios, debe estar plenamente justificado y no puede ser permanente”; dos, “Entre un contrato y el siguiente deben pasar treinta días, de lo contrario se entenderá que hay una relación laboral formal, por nómina y con prestaciones”; y tres, “Si se evidencia la existencia de un contrato por prestación de servicios, que en realidad es un contrato formal, no hay lugar a la devolución de las prestaciones pagadas por el trabajador, ya que esto hace parte de los parafiscales que sostienen el sistema de salud”.
La condición dos la cumplen todos saltándose la ley laboral y quedándose en la Ley 80 de 1993, que lo define en el artículo 32, numeral 3, como aquel que “celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. Claro que en funciones que se contratan año tras año, implica que las puede hacer un empleado de planta y que los conocimientos especializados se necesitan dentro de la entidad. Y lo del “término estrictamente necesario” se burla abiertamente ya que son permanentes.
En la reforma laboral que pretende aprobar este Gobierno en el Congreso, uno de los artículos, el que se dedica a este tema, decía en febrero así “No se podrán vincular mediante contrato de prestación de servicios ni ninguna otra modalidad de contratación no laboral a las personas que realizan actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas” (ElTiempo, 2023). Y aunque los anunciados procesos de meritocracia por la ministra del ramo, quedaran mal en el sentido de evitar que se usen las contrataciones de personal como parte del XXXXXX de los politiqueros de siempre, al menos no se estaría abusando de las personas, como hoy sucede. Vendrían otros problemas, como el mayor costo al Estado cuando haya cambios de Gobierno, y los entrantes directivos quieran sacar a media entidad y haya que hacer indemnizaciones a granel. Esto nos induce a advertir a la Función Pública que no solo se trata de procesos de meritocracia para la selección, sino al mismo tiempo de revisar y fortalecer los procesos de carrera para el mejoramiento y permanencia de los funcionarios, a la manera de muchos países en el mundo de donde se pueden tomar buenos ejemplos.
Sería un cambio significativo, ya que no hemos observado los demás cambios ofrecidos en campaña, al menos con respecto a la corrupción. Y este también pasa por quitar “beneficios” personales que obtienen los políticos en su diario proceder. Difícil. Ojalá la ministra y el Gobierno logren este cambio.
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Bruce Mac Master, escribió en su cuenta de X que la radicación por parte de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, del nuevo proyecto de reforma laboral, los tomó por sorpresa.
“Como miembros de la Comisión Tripartita de Políticas Laborales le habíamos solicitado formalmente al Ministerio que citara a una reunión para debatir un nuevo proyecto. Esto no sucedió. Le pedimos adjuntar al proyecto la evaluación de impacto sobre el empleo hechos por el gobierno. Todos necesitamos saber si se crean o destruyen empleos”, aseguró.
El dirigente gremial solicitó al Gobierno Nacional tener en cuenta sus puntos de vista en esta discusión y también la de los diferentes centros académicos.
El nuevo proyecto de reforma laboral contempla la posibilidad de reforzar las condiciones para que se formalice el empleo a través del contrato por términos indefinidos y propone nuevas formas de contratación para el trabajo doméstico, trabajo agropecuario; laboral de aprendizaje y vinculación de trabajadores y trabajadoras a plataformas digitales tecnológicas de reparto.
Propone además una jornada diurna comprendida entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., mientras que la jornada nocturna abarcará el período comprendido entre las 7:00 p.m. y 6:00 a.m.
La duración máxima de la jornada de trabajo al día es de ocho horas, y de 42 horas semanales. La jornada máxima semanal podrá ser distribuida, de común acuerdo entre empleador y trabajador, en cinco o seis días a la semana, garantizando siempre el día de descanso y sin afectar el salario.
El senador Juan Pablo Gallo dio a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer un documento donde el Partido Liberal pone en conocimiento de lo que serían sus cinco condiciones para apoyar la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional.
En el primer punto se habla de la jornada nocturna, en la que propone una transición, es decir, que desde el 2024 la jornada empiece a las 8:00 pm, y en caso de que la tasa de desempleo sea menor al 9% se podrá establecer desde la 6:00 pm.
El liberalismo considera que la jornada máxima de trabajo semanal debe pasar de 48 a 42 horas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2101 de 2021 sobre la aplicación gradual. Dicha jornada que ser distribuida en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso para los trabajadores.
En cuanto a las personas trabajadoras de las plataformas que realizan intermediación digital del trabajo o de servicios, dice que estas podrían ser contratados de forma independiente, garantizando así una protección de sus datos personales, su seguridad social, el derecho a la desconexión laboral, dignidad y salubridad en el trabajo.
En lo que tiene que ver con las huelgas de empleados en sectores públicos esenciales, considera que estas comprometen la seguridad, la salud o la vida de los ciudadanos. «Es necesario que estas se restrinjan en sectores como los servicios públicos domiciliarios, establecimientos de asistencia social, salud, servicios de higiene y aseo en materia de salud pública y saneamiento, entre otras».
La reforma laboral iniciará sus primeros debates en las próximas semanas según lo ha dicho la ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez.
Fue radicada la ponencia al proyecto de reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional a través de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
El texto establece que los trabajadores sean vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido y establece unas excepciones para celebrar contratos de trabajo.
Determina además que la remuneración del trabajo en días de fiesta con un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.
Otro punto importante que contiene la ponencia es que establece que las personas que presten sus servicios a través de plataformas digitales tipo RAPPI, son sujetos de todas las garantías individuales y colectivas, derechos y prestaciones del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas laborales.
Prohíbe la celebración de contratos sindicales o cualquier tipo de acuerdo civil o mercantil que tenga por objeto o efecto encomendar a las organizaciones de trabajadores la ejecución de obras, trabajos o la prestación de servicios en favor de terceros a cambio de un precio.
De ser aprobada la reforma laboral, los recargos nocturnos y horas extras iniciarán a partir de las 7 de la noche.
El texto de ponencia radicada no cuenta con el apoyo de la bancada del Partido Conservador, quien desautorizó la la firma del representante Quevedo y anunciaron que la próxima semana se reunirán para estudiar en bancada la reforma laboral.
El Partido de la U por su parte anunció a través del representante Víctor Salcedo, una ponencia alternativa de la reforma laboral
La ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, asegura que hay sectores económicos que poco y nada les interesa que Colombia tramite una reforma laboral que proteja al trabajador.
Algunos gremios económicos se sostienen en sus críticas a la reforma laboral, ¿Qué decir de eso?
Gloria Inés Ramírez: No son críticas nuevas, son críticas que han venido haciendo desde el año pasado cuando nos sentamos en las mesas y en los foros temáticos. A mí me parece que eso es muy importante pero lo que tenemos que tener claro, es que a estos sectores no les interesa la reforma laboral a estos sectores les interesa que todo siga como está porque aquí se han venido acostumbrando a que, a través de los derechos sociales, se sigan acumulando capitales y haciendo ganancias, no se han dado cuenta que hay que hacer un equilibrio.
El Banco de la Republica también asegura que se pueden perder más de cien mil empleos.
Gloria Inés Ramírez: Todo esto son teorías, son supuestos, ellos consideran que Colombia va a estar estática; que no va a haber un desarrollo económico.
El presidente de la república ha dicho que desea que Colombia avance a un sistema de industrialización y de una reindustrialización, del desarrollo del campo y acompañado de factores tan importantes como la asociatividad, la economía solidaria y popular y todo esto con un apalancamiento financiero que tiene que ver con los microcréditos y con los acompañamientos técnicos.
¿Cómo queda el sector agrario en la reforma laboral?
Gloria Inés Ramírez: Vamos a trabajar para que en el sector agropecuario haya más de 1.600,000 campesinos que puedan cotizar a la seguridad social y tener derechos; de igual manera los del trabajo doméstico hemos extendido lo que es el contrato de tiempo parcial, pero con derechos para más de 600 mil trabajadoras que van a poder vincularse a la seguridad social, pero también estamos hablando de las plataformas digitales, que es la nueva tecnología.
¿Qué cambios se podrían hacer en lo que tiene que ver con los fondos privados? o ¿el Gobierno se mantiene con su propuesta inicial?
Gloria Inés Ramírez: Hay puntos importantes, el primero es ajustar el régimen contributivo y el semicontributivo. Nos proponen ajustarlo y yo pienso que ahí hay algunas precisiones que podemos ahondarlas, porque se tratan de que se beneficie a la mayoría de colombianos y colombianas que cotizan y no pueden tener una pensión en el Régimen Contributivo.
Hay varias apuestas, pero hay una apuesta que tiene el Gobierno claramente que es el fortalecimiento del sistema público de pensiones, entonces nosotros consideramos que Colpensiones se debe fortalecer.
Consideramos que el sistema de protección integral, tiene que ser solidario y y compensatorio hoy lo estamos trabajando y esto implica que el salario base o el pilar base tiene que ser de tres salarios mínimos porque si no, no vale la pena.
Quiere decir que el Gobierno se mantiene en la idea de pasar a quienes devengan menos de tres salarios mínimos a Colpensiones y no un salario mínimo como lo proponen algunos gremios como ANIF.
Gloria Inés Ramírez: Partimos de un principio: no estamos haciendo ni vamos a hacer una regulación económica, esta es una reforma de seguridad social y en una reforma de seguridad social se necesita un trípode que son los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Es la única manera de hacerla posible y a eso le apostamos.
El gremio de la seguridad privada dice que esta reforma se debe aplazar para el año entrante y que este año se discuta y se socialice un poco más, ¿qué piensa eso?
Gloria Inés Ramírez: Para ellos ojalá que no hubiese reforma, que todo siga igual para que los negocios sigan fluyendo. Nosotros estamos diciendo que es necesaria y que el país la necesita, y queremos que no se mantengan dos regímenes en competencia. Yo quiero recordar que de cada seis adultos mayores sólo uno tiene pensión, el resto no tiene nada y esta propuesta que estamos haciendo tiene un encanto y es que hay para toda la población.
Mañana es la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, una fecha en la que se rememora la histórica huelga general de 1886 en Chicago, Estados Unidos, donde los trabajadores protestaron por mejorar sus condiciones laborales. En aquel entonces las personas estaban tras la dignificación de sus jornadas y por la lucha de sus derechos.
Ahora, más de 150 años después, en Colombia la historia no es muy diferente. Es el único país del mundo en el que anochece para los trabajadores a las 10 de la noche porque la ley 789 de 2002 estableció los recargos nocturnos a partir de esa hora. O donde los recargos dominicales y festivos no se pagan como corresponde. Y en donde el tema de la contratación se convirtió en un karma para la mayoría de las personas que están bajo la modalidad de prestación de servicios.
Las luchas obreras son parte de la premisa que estamos trabajando en las reformas que desde el legislativo estamos tramitando y que días como mañana nos recuerdan la importancia y necesidad de adelantarlas, máxime cuando la reforma laboral tiene el visto bueno de una institución tan importante como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE.
Es importante también hablar de que, según información del DANE, “para el mes de marzo de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,0%, lo que representó una reducción de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (12,1%)” lo que quiere decir que avanzamos en acciones y estrategias que permitan garantizar el acceso al empleo de los ciudadanos, y que al contrario de lo que dice la oposición el país va bien.
Nuestro compromiso es con las y los colombianos, con garantizarles mejores condiciones, y es en el trabajo donde radica la capacidad de adquisición de las familias, en los ingresos es donde se impacta verdaderamente la calidad de vida de estas, de nada sirve la retórica cuando las personas no pueden suplir las necesidades del diario vivir, es por ello que vamos con toda por la reforma laboral y en honor a aquel, 1 de mayo de 1886, por la dignificación laboral.
Trabajadores y trabajadoras de Colombia: cuenten conmigo por la lucha de sus derechos desde el legislativo.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en entrevista para Confidencial Colombia dice que la reforma laboral que presentó el gobierno nacional a consideración del Congreso busca mayor equidad y asegura que el pago de las horas extras es un tema de derechos.
¿Hay ambiente favorable en el Congreso para aprobar la reforma laboral y pensional?
Gloria Inés Ramírez: Esta es una reforma que necesita el país, Colombia no puede seguir permitiendo que los adultos lleguen a su vejez para vivir de la caridad. Esta reforma lo que hace es establecer un sistema unificado y equitativo, no competitivo, complementario, que nos va permitir que efectivamente fortaleciendo el sistema público avancemos. Este pilar solidario va a ayudar a que todos estos adultos mayores que hoy están en vulnerabilidad, puedan tener este derecho.
¿Pero hay ambiente para aprobarlo?
Gloria Inés Ramírez: Esta una razón suficiente para que el Congreso de la República lo estudie y sobre todo, que hagamos posible que esta sea una ley de la República que nosotros desde el ministerio estamos prestos para hacerle acompañamiento técnico que necesite.
¡Está causando mucha polémica la idea de regresar a las horas extras a las 6 de la tarde, ¿Cómo Gobierno estarían dispuestos a ceder un poquito?
Gloría Inés Ramírez: Este no es un problema de polémica, es un tema de derechos. A Colombia le raponearon estos derechos en el año 2003, el empresariado colombiano les recortó los derechos a los trabajadores con el objetivo de generar empleó y productividad. Pues no hubo empleo y tampoco hubo productividad, pero sí se quedaron con los derechos de la gente.
Los dueños de las empresas de entrega de domicilios urbanos no están muy de acuerdo y ponen el ejemplo de España…
Gloria Inés Ramírez: A mí no me pueden decir que una empresa que tiene un capital de 1000 millones de dólares no puede pagar a sus trabajadores una seguridad social a quienes les están generando la ganancia, unas condiciones dignas laborales es lo que se está proponiendo
¿Cómo quedaría el sector agropecuario donde hay muchísima informalidad tanto en hombres como en mujeres?
Gloria Inés Ramírez: El 86% de la informalidad en Colombia se da en el sector agrario, por eso estamos reconociéndolo en la reforma laboral un contrato agropecuario, donde paguen una jornada agropecuaria para justamente permitirles a estas personas que trabajan por cosechas, por siembras, etcétera, que puedan acceder al tema de la formalización laboral, es una oportunidad que nadie se las había dado.
Desde la Procuraduría, Margarita Cabello ha sido una de las críticas más visibles al proyecto de reforma laboral. Este fin de semana, Gloria Inés Ramírez -ministra de Trabajo- le respondió.
«Creo que esas expresiones simplemente lo que reflejan es un desconocimiento de la normatividad y de los compromisos de nuestro país tanto a nivel nacional como internacional, con la Constitución y las leyes de Colombia», aclaró Ramírez en entrevista con El Tiempo. La ministra recalcó que la reforma busca la fomentar la formalización y las garantías de seguridad social.
Entre las críticas que Margarita Cabello le hizo a la reforma se destaca la ausencia del impacto fiscal. «La Reforma Laboral no tiene en cuenta el impacto fiscal, podría golpear fuertemente la economía, fomentar la informalidad laboral y dejar en riesgo miles de empleos», expresó.
Además de las críticas a la Reforma Laboral, desdela Procuraduría también se criticó fuertemente el Plan Nacional de Desarrollo, otro de los proyectos de ley importantes para el gobierno de Gustavo Petro.
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