La Guardia Civil investiga a tres vecinos de Vigo, entre 35 y 80 años de edad (uno de ellos de nacionalidad venezolana), por hacerse pasar por policías para que les entregaran una joyas vendidas en un establecimiento de Portugal por 4.000 euros.
Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, este operativo, bautizado con el nombre de ‘Polilusos’, fue llevado a cabo por el grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, y las investigaciones se iniciaron a principios de marzo pasado.
La Guardia Civil recibió un informe policial del Núcleo de Investigación Criminal de la Guardia Nacional Republicana de Valença do Minho (Portugal). El informe señalaba que tres personas se habían presentado en un establecimiento de compraventa de oro y joyas en Valença y que, tras identificarse dos de ellos como policías, exhibiendo dos carteras con sendas placas aparentemente oficiales, pidieron a una empleada que les entregase unas joyas que, la tercera persona que iba con ellos, había vendido allí.
Esa venta se había producido días atrás, y por las joyas se habían pagado 4.000 euros. Los falsos policías explicaron a la empleada que querían llevarse las joyas porque procedían de una investigación judicial que se estaba llevando a cabo en España por un robo.
Cuando la empleada del establecimiento decidió llamar a la Policía de Segurança Pública (PSP), los tres varones abandonaron el local dando evasivas.
Tras estudiar las imágenes de las cámaras del negocio, la Guardia Civil ha podido identificar a los sospechosos, tres vecinos de Vigo: uno de 38 años y de nacionalidad venezolana con antecedentes penales, y los otros dos, de 45 y 80 años de edad.
Los tres fueron citados a principios de junio en dependencias de la Guardia Civil en Vigo, y se les comunicó que están investigados por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y tentativa de estafa. Las diligencias fueron entregadas en el juzgado de Vigo, donde tendrán que comparecer los investigados cuando sean requeridos.
La dificultad de esta investigación ha estado en el hecho de que los supuestos delitos se produjeron en el extranjero, aunque se pudo considerar competente a la Justicia española en aplicación de la Ley Orgánica del poder judicial, que determina que la jurisdicción española conocerá de los hechos cometidos por españoles fuera del territorio nacional cuando sean delitos de falsificación de los sellos públicos u oficiales, o cualquier falsificación que perjudique directamente al crédito o a los intereses del Estado.
