El Gobierno  ha exigido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) la suspensión definitiva del paro armado decretado hace una semana en Chocó.

A pesar de que el pasado lunes la guerrilla anunció la suspensión temporal de los enfrentamientos, desatados tras la muerte de un hombre por la incursión del grupo armado Clan del Golfo (heredero de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia), la oficina del Alto Comisionado para La Paz ha denunciado la continuación de disparos.

«El día de ayer, con ocasión del anuncio por parte del ELN de la habilitación de un corredor humanitario temporal, una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá(…). Al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que había sido planeada», ha asegurado el organismo.

«Asimismo, una lancha de la Alcaldía de Istmina que transportaba a los personeros de Istmina y Sipí, y ayudas para las comunidades fue detenida con un disparo de advertencia y requisada», ha añadido la oficina.

Además, el organismo ha asegurado que el hecho de impedir acceso a ayuda humanitaria a los civiles afectados por los enfrentamientos es una violación del Derecho Internacional y que «profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación» de la región.

El paro armado ha afectado a unas 9.000 personas de 52 comunidades en los municipios de Nóvita, Sipí, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan’.