La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la impunidad de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en Colombia ante las protestas y la detención arbitraria de personas a las que luego no se les concede la libertad provisional.

La CIDH ha presentado un informe de seguimiento a 28 de las 41 medidas que recomendó implantar a las autoridades colombianas tras su visita a Colombia de 2021, durante los graves disturbios en el marco del paro nacional contra el Gobierno del entonces presidente Iván Duque. De éstas, tres tienen un cumplimiento parcial avanzado; 14, un cumplimiento parcial y 11 aún no tienen ningún nivel de cumplimiento.

Así, reconoce avances en la reforma de la Policía y la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), pero destaca que pese a la intención declarada del Gobierno estos cuerpos siguen dependiendo en la práctica del Ministerio de Defensa.

La CIDH expresa además su inquietud por que las investigaciones por abuso policial se mantienen en un considerable escenario de impunidad a pesar de la apertura de numerosos expedientes.

«La gran mayoría de casos abiertos continúan en etapas previas de indagación de los hechos. Asimismo, la CIDH nota que el Estado no ha adoptado medidas para proveer y coordinar programas de reparación integral y oportuna a las víctimas en los términos de las recomendaciones», señala el informe.

Asimismo, expresaron su preocupación por información recibida sobre la «persistencia» de situaciones de violencia durante las manifestaciones posteriores al paro de 2021.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, la CIDH advierte de que se puede utilizar para «reprimir actos de protesta y desincentivar la participación ciudadana a través del poder punitivo» por lo que solicitaron prevenir la «aplicación arbitraria» de dicha norma.

La CIDH resalta además el nulo avance en la aprobación de una ley estatutaria que regule y fije los límites frente a la protesta, tal como también lo ordenó la Corte Suprema de Justicia colombiana, y en la recomendación de armamento no letal en el control de manifestaciones.

El organismo panamericano pide además revisar la situación de las personas que fueron «detenidas arbitrariamente» en el marco de las protestas y revisar la posibilidad de que puedan obtener libertad condicional durante sus procesos judiciales.

El texto destaca que han pactado con el  presidente, Gustavo Petro, implantar un mecanismo de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones.