El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y el expresidente Horacio Cartes, en una medida que implica el bloqueo de todos los activos y propiedades que puedan tener bajo soberanía estadounidense y que vuelve a poner en tela de junio a la cúpula política del país sudamericano.

Ambos dirigentes ya habían sido catalogados en 2022 como «significativamente corruptos», si bien estos señalamientos no han impedido que Velázquez siga siendo el ‘número dos’ de Mario Abdo Benítez.

En el caso de Velázquez, lleva meses en el punto de mira de Washington, acusado de «interfererir en procesos legales» y de maniobrar para protegerse de potenciales investigaciones, dando pie a sobornos o amenazas «a quienes pudiesen exponer su actividad criminal», según el Tesoro estadounidense.

El Gobierno estadounidense considera que, por su parte, Cartes incurrió en actividades corruptas «antes, durante y después» de su mandato (2013-2018). «La carrera política arrancó y continua dependiendo de medios corruptos», ha dicho sin ambages el Departamento del Tesoro, que da cuenta de sobornos de hasta 10.000 dólares para lograr su designación como candidato presidencial del Partido Colorado.

En 2017, destinó 1 millón de dólares de su fortuna para «comprar» los votos de diputados e intentar una reforma constitucional que le abriese la puerta a un segundo mandato. Fracasada esta reforma, y ya fuera d la Presidencia, habría intentado mantener su influencia con pagos continuados que en algunos casos alcanzan los 50.000 dólares al mes.

Además, la Administración de Joe Biden vincula tanto a Cartes como a Velázquez con una empresa, Hizbollah, responsable de organizar actos durante los que presuntamente se gestan prácticas corruptas y que, a ojos de Estados Unidos, es una «organización terrorista».

El secretario del Tesoro adjunto para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, ha afirmado que, con las medidas de este jueves, Washington pretende penalizar «la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas», con vistas también a que el Gobierno tome medidas pensando en el interés de los ciudadanos y no «en los bolsillos de las élites políticas».

En esta línea, el secretadio de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha asegurado que «Estados Unidos está con el pueblo de Paraguay» y seguirá apoyando a sus «socios» en las instituciones locales para «combatir la corrupción y defender el Estado de Derecho».