El pasado 17 de mayo, el Concejo de Bogotá eligió a Julián Mauricio Ruiz como nuevo Contralor de la ciudad. El proceso estuvo caracterizado por irregularidades: la terna estuvo conformada por dos exfuncionarios de la Contraloría General de la República que participaron en la contratación de familiares de concejales de la ciudad. Finalmente, Julián Mauricio Ruiz obtuvo 29 de votos de 35 posibles.

Desde septiembre de 2021, cuando ya se conocía que el Concejo de Bogotá debía elegir un nuevo Contralor o Contralora para el periodo 2022-2025, la Contraloría General de la República contrató a familiares de varios familiares. En esta estrategia participó directamente el entonces Vice Contralor General, Julián Mauricio Ruiz, aprovechando los pocos días que ejerció como Contralor General encargado para vincular a familiares de sus electores. Así mismo, el señor Ruiz participó en la elaboración de la Resolución 728 de 2019, por la cual se establecieron las reglas de juego para las elecciones de los Contralores territoriales.

A todas luces, las actuaciones realizadas previamente a la candidatura de Julián Mauricio Ruiz rompieron los principios de igualdad y transparencia en los procesos electorales, obteniendo una ventaja jurídicamente censurable sobre el resto de los candidatos. Esto es grave, al haber un aprovechamiento de ilegitimo y clientelar de la función pública, protagonizada por quien hoy está encargado de vigilar los recursos públicos de la ciudad.

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Por estas razones, junto con la Corporación Justicia y Democracia demandamos la elección del hoy Contralor Ruiz. Esta demanda fue recientemente admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Esta demanda busca, principalmente, marcar un precedente: la función pública no puede ser utilizada para beneficio propio e impulsar aspiraciones futuras. El paso de Julián Mauricio Ruiz por la Contraloría General le permitió abrirse paso, de manera ilegitima, para ser elegido Contralor de Bogotá. Esto no puede seguir ocurriendo en una sociedad democrática.

Así mismo, los miembros de corporaciones públicas, como el Concejo de Bogotá, tampoco pueden sacar provecho personal o familiar del ejercicio de sus funciones. Es necesario erradicar las prácticas clientelistas del ejercicio de la política. Precisamente, las últimas elecciones (tanto regionales, como presidenciales) muestran un hastío de esas viejas prácticas.

El señor Julián Mauricio Ruiz no puede seguir en la Contraloría de Bogotá, como el clientelismo no puede seguir existiendo en la práctica política.