El alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero Calle,  visitó este lunes 23 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar que le indique al Estado Colombiano que debe reintegrarlo a sus funciones como máxima autoridad municipal.

Durante su visita a la CIDH, el alcalde sostuvo una reunión con Joel Hernández, relator de la CIDH para Colombia; Tania Renom, secretaria ejecutiva, María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta; y Fernanda Dos Anjos, coordinadora de medidas cautelares.

El alcalde manifestó que hay expectativas “…sobre las decisiones que tome la CIDH, pero ya el día viernes hicieron observaciones al gobierno colombiano porque observan con preocupación lo que viene pasando en el país. En Colombia hay un riesgo gigante de que se rompa la democracia, un gobierno al que se le ha agotado el camino democrático hoy está recurriendo a todas las estrategias inconstitucionales y violatorias del derecho internacional para atornillarse en el poder”.

Allí, recordando las advertencias que ya había hecho ante el mismo organismo internacional el 24 de febrero de este año relacionadas con las amenazas existentes contra sus derechos políticos, el mandatario local reiteró que el Estado Colombiano debe garantizar el equilibrio en sus decisiones en procesos administrativos o judiciales y que en cuemplimiento de la sentencia de la CIDH en el caso Petro, no se puede permitir que una autoridad administrativa intervenga para sancionar a un funcionario elegido por voto popular.

“Hay que entender que no se trata de un alcalde, se trata de la democracia. Mañana llega otro Presidente, nombra un Procurador y saca el 30% o 40% de los alcaldes porque no les cae bien. Si nosotros permitimos eso hoy, dejamos una puerta abierta que nos va a costar un tiempo cerrar“, dijo el alcalde Quintero.

En esta ocasión, el mandatario expuso los hechos que demostrarían lo inconstitucional de la suspensión que se le impuso hace casi dos semanas cuando la procuradora Cabello, ex ministra del gobierno del presidente Iván Duque, lo apartó de su cargo como alcalde de Medellín de forma sesgada y sin un debido proceso. Además, alertó sobre la afectación en los últimos días de los frenos del carro en el que se transporta a su esposa y gestora social de Medellín, Diana Osorio, luego de una revisión técnico mecánica.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitó una medida cautelar contra la suspensión y una posible destitución y otra para la protección de la vida de su familia con la conservación del esquema de seguridad. Adicionalmente, pidió especial atención sobre las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia y entregó a la CIDH información sobre amenazas contra la vida de los candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez.

Luego de ser escuchado en la CIDH, el alcalde señaló que también buscarán ser escuchados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, para que conozca la situación particular y general del caso.