El pasado 2 de febrero, junto con la concejala Susana Muhamad y el ex referente de derechos humanos de la Alcaldía Local de Kennedy, Cristian Cabrera, denunciamos que el Portal Américas fue utilizado por la Policía Nacional para realizar detenciones ilegales y posibles torturas. Lo más grave del asunto es que esta práctica se dió el 29 de abril de 2021, un día después del inicio del Paro Nacional, y no el 3 de mayo, como lo aseguró la Policía Nacional y la empresa Transmilenio.

En la noche del 3 de mayo, el ciudadano Diego Luna se encontraba en el sector e inició una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, mostrando lo que ocurría. Este video evidencia que Diego Luna solamente estaba grabando lo ocurrido, cuando fue abordado por un agente de Policía y uno del ESMAD, quienes, según el video, golpean al joven. Posteriormente, el video registra cuando el joven es obligado a pasar por un torniquete del sistema de Transmilenio, él pregunta por qué le hacen esto si solamente estaba caminando y grabando. Estando dentro del Portal, el video registra a más miembros de la Policía y a otros jóvenes. En un momento, Diego Luna dice “¿por qué hay gas acá, por qué hay gas acá?”. A los pocos segundos, los policías le inician una requisa a Diego Luna. Cuando le piden que guarde el celular, la transmisión se corta. Tiempo después se reinicia la transmisión y se ve Diego Luna fuera del Portal y con la cabeza ensangrentada. Una persona que lo acompaña dice “lo entraron al Portal, en el Portal están gaseando a la gente, le rompieron la cabeza”.

El video de Diego Luna se viralizó en redes sociales, por lo cual la empresa Transmilenio, la Inspección General de la Policía y la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron que entre la noche del 3 de mayo y la madrugada del día siguiente hubo diez personas detenidas (nueve hombres y una mujer) dentro del Portal Américas ¿Cuántas denuncias de violaciones de derechos humanos han sido negadas por las instituciones al no contar con registros audiovisuales o fotográficos? De hecho, según el entonces Gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, este fue “un hecho único en la historia del sistema”.

Precisamente, esta duda se incrementa con el relato de Cristian Cabrera, ex referente de derechos humanos de la Alcaldía de Kennedy, y quien realizaba seguimiento en terreno durante el Paro. Según Cristian, lo ocurrido el 3 de mayo en el Portal Américas no fue “un hecho único en la historia”, sino que este ya había empezado, al menos, desde el 29 de abril. En la noche del 29 de abril, en un chat creado para atender los derechos humanos durante el Paro y en el que participaban varias entidades distritales, se registró que la Policía había detenido a nueve personas, incluyendo a un menor (quien fue liberado en poco tiempo, al conocerse su edad), y las condujeron al interior del Portal. Según los chats que muestra Cristian, esa situación fue informada al Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C4), del que hace parte la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana.

Por otra parte, la Personería de Bogotá ha confirmado que esta práctica contraria a los derechos humanos también ocurrió el 19 de mayo de 2021 en el Portal Suba; y hay indicios que indican que iniciaron en el Paro del 21N (21 de noviembre de 2019). Es urgente que la Policía Nacional asuma su responsabilidad institucional y tome medidas para que no se repitan estos hechos. De igual forma, Luis Ernesto Gómez, quien se desempeñó como secretario de Gobierno en aquella época, y Felipe Ramírez, otrora Gerente de Transmilenio, deben explicarle a la ciudad por qué no denunciaron estos hechos y cuál fue su actuación para evitar la repetición.

Este es un nuevo hecho que justifica realizar una reforma estructural a la Policía. Las violaciones a los derechos humanos, como esta, deben ser investigadas y juzgadas por la justicia ordinaria, no por la justicia penal militar. La formación en derechos humanos no debe limitarse a charlas impartidas en salones de clase, sino que estos conocimientos deben implementarse en terreno. Sin embargo, la reforma impulsada por el gobierno de Iván Duque, así como su ley de seguridad ciudadana, van por el camino contrario.