El representante a la cámara, Pedro José Suarez, presentó un proyecto de ley que modifica las funciones de la Procuraduría General de la Nación quitando las facultades sancionatorias que hoy tiene el órgano de control sobre los funcionarios públicos elegidos por voto popular.

De acuerdo con el congresista, la iniciativa pretende armonizar la constitución política con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

La modificación del artículo 40 se centran en asegurar los derechos políticos de los ciudadanos, los cuales sólo podrán ser limitados por un juez penal mediante sentencia judicial, preservando a la
Procuraduría tal como lo estipula el artículo 277 sobre la facultad de investigar a los funcionarios públicos atendiendo la modificación del artículo 40, y reiterando la facultad del Procurador de
desvincular del cargo a los funcionarios públicos salvo los elegidos por voto popular.

El proyecto busca garantizar que el proceso sancionatorio que implique suspensión, inhabilidad o destitución sea adelantado ante un juez quien goza de imparcialidad, independencia y objetividad en sus decisiones, alejado de intereses propios, tal como lo exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos.