Se le atribuye a un dictador africano decir que las elecciones son un referendo sobre el precio de los combustibles y la comida. Este gobierno ha hecho once alzas consecutivas del precio de la gasolina, casi $4,500, que equivalen a un incremento del 47% frente al año anterior.  La irresponsabilidad de dejar crecer la brecha entre precio internacional y nacional, le costó al país $37 billones el año pasado. El control de precio a la gasolina es fiscalmente irresponsable, aumenta la desigualdad y daña el medio ambiente. Así como la nación dejó de fijar precios agrícolas hace décadas, es hora de acabar la dañina práctica que el gobierno fije el precio de la gasolina.

Facultado por decretos entre 1974-1975, el gobierno creó la fórmula del precio de la gasolina. Puede que, en los 70s, cuando existía un monopolio estatal, tuviera lógica una metodología para definir precios. Al final del día, la posición dominante, aunque sea estatal, se presta para abusos. También existía la necesidad de fijar planes de abastecimiento que no contaban con la ayuda de la mano invisible del mercado.

En siete modificaciones sustanciales e innumerables reglamentaciones, en todos los casos se generó un desequilibrio, usualmente fiscal. A través del tiempo, el precio de la gasolina tuvo una multiplicidad de propósitos: fondos viales, IVA, financiación municipal, almacenamiento, márgenes en la cadena, subsidios, evaporación, sistemas de transporte masivo, etc. Sobra decir que todo este proceso es altamente subjetivo, poco transparente y político. No hay un mandato claro con tantos propósitos, nunca sale bien.

Con el tiempo, diferentes coyunturas crearon incentivos para utilizar el precio de la gasolina como oportunidad fiscal. Especialmente, en la época donde Ecopetrol estaba vinculado al ejercicio, con precios altos se podían llenar de ingresos los gobiernos, recibiendo su dividendo, sin pasar por el congreso. También está el riesgo fiscal de esconder populismo previo elecciones con la excusa de bajar la inflación o “lo social” con precios bajos, como ocurrió recientemente.

El debate se empezó a mejorar parcialmente al transparentar los costos implícitos a través del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. A pesar de esto, la verdad es que los gobiernos no se aguantan las ganas de meterle sus prioridades, así como no tenemos control de precios ni para el pan ni el café, no tiene sentido tenerlo para la gasolina.

En la actual coyuntura, el costo de $37 billones en subsidio de gasolina no es defensable. Sobra decir que, en materia de política social, los que tienen carro tienden a ser más prósperos que los que van a pie o están en transporte público. La plata puede ser invertida en alimentación infantil o en educación. Adicionalmente, en momento de lucha contra el cambio climático, fomentar el consumo de hidrocarburos va en contra vía de nuestras metas de emisiones.

Es verdad que al inicio del diseño de un esquema de control de precios existían intenciones virtuosas y la esperanza de un comportamiento técnico de los gobiernos. Desafortunadamente, las tentaciones son grandes, lo mejor es que las cosas valgan lo que tienen que valer por oferta y demanda. Si hay externalidades, estas pueden ser resueltas por regulación e impuestos.

Simón Gaviria