El Gobierno de Colombia ha asegurado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que «no bajará la guardia» respecto a la seguridad de los exguerrilleros después de que el organismo expresara su alerta ante la violencia sufrida por los antiguos combatientes.

Así, las autoridades han descrito como «positivas» las ideas para proteger a los exguerrilleros y han declarado que se seguirá trabajando en este sentido.

El consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, ha señalado que el Ejecutivo recibe con «la mejor disposición» las iniciativas para proteger a los excombatientes y a sus familias de las amenazas de los narcotraficantes, disidencias y otros grupos ilegales.

«El Gobierno entiende que toda disposición de las autoridades de cualquiera de las ramas del poder público que apunte a reforzar ese contexto de seguridad debe ser visto positivamente y articularse con las acciones que adelanten otras entidades públicas» ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que «no se bajará la guardia en relación con la seguridad de los excombatientes y todas las medidas que sean pertinentes se adelantan». Además, ha destacado las medidas puestas en marcha para «prevenir la estigmatización de los excombatientes» e impulsar la «convivencia en los territorios».

«Se dispuso la aplicación de medidas para impulsar acciones relativas a contrarrestar situaciones de eventual estigmatización en contra de excombatientes y personas en reincorporación en general en el plan estratégico de seguridad y protección», ha dicho.

Archila ha recordado la presencia permanente e intervención de tropas y efectivos de la Policía para dar seguridad y protección en los territorios. La JEP ha dado la voz de alarma tras el asesinato de 286 exguerrilleros.

«Ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias», ha aseverado la JEP por su parte. «Con esa decisión se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por crímenes que sufrieron en el marco del conflicto armado», ha matizado.