En momentos en que la violencia se vuelve a recrudecer en varias regiones colombianas, esta llega acompañada de otros graves fenómenos sociales como el desplazamiento, que no sólo afecta a grandes poblaciones de personas, sino que de por medio están nuestros niños, quienes son los que más sufren los rigores del conflicto.

Comunidades confinadas, a merced de los violentos, es el pan de cada día en Colombia. Las confrontaciones bélicas entre uno y otros actores armados, dejan como saldo, no sólo muertos, sangre y desolación, sino que deja una estela de miedo y zozobra que termina finalmente en el desplazamiento masivo de sus pobladores.

Ese desplazamiento los arroja a una dimensión desconocida, a explorar una nueva vida en lugares distintos a los de su origen, bajo unas condiciones absolutamente deplorables, que en la mayoría de los casos raya en la pobreza absoluta.

Y quienes pagan los platos rotos de ese conflicto absurdo, son tristemente nuestros niños, niñas y adolescentes que son los más vulnerables dentro de sus núcleos familiares. Es sin duda, una situación que genera mucha impotencia, pues es evidente que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados y ¡de qué forma!

El desplazamiento no es un juego, a veces, como sociedad somos indiferentes, este no sólo es un delito de lesa humanidad que afecta a las poblaciones más vulnerables como campesinos, indígenas, afros, sino que de paso marca para siempre a nuestros niños, que son el futuro del país. El desplazamiento forzado es un fenómeno masivo, sistemático y de larga duración que se origina por la confrontación armada entre grupos criminales al margen de la ley que se disputan a sangre y fuego territorios estratégicos para el control de las rutas del narcotráfico, afectando en esas circunstancias de guerra a la población civil.

Nuestro país, según ACNUR, ocupó el primer lugar en el mundo en desplazamiento interno con más de ocho millones de personas en esa penosa condición. Cifras más recientes como las que indica la Defensoría del Pueblo, aseguran que durante el primer bimestre del año pasado, se registraron 18 eventos que afectaron a dos mil 426 familias, y en todo el 2020 se registraron un total de 28 mil 509 víctimas de este flagelo, lo que representa, en promedio 78 personas desplazadas al día, mientras que en igual fecha de 2021, la cifra alcanzó los 31 casos con un impacto de 4 mil 157 hogares, asimismo, ese Ministerio Público, confirma que diariamente son desplazadas 168 personas en promedio y ocurren cuatro eventos de desplazamientos masivos por semana.

Departamentos como el Cauca, Nariño, Antioquia, Valle, Norte de Santander, Chocó y regiones como el Bajo Cauca, el Urabá y el Catatumbo son las más críticas.

Es por esto, que, para garantizar los derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes, hemos radicado un PROYECTO DE LEY de nuestra autoría, el cual cuenta con el respaldo de varios congresistas, para proteger a nuestros menores en condición de desplazamiento en Colombia.

La idea de la iniciativa es que haya una protección y un reconocimiento jurídico diferencial de interés superior, haciendo un énfasis en los menores de cero a seis años no acompañados.

Además del enfoque diferencial, el proyecto busca establecer otros factores complementarios al desplazamiento que puedan afectar el sano crecimiento y desarrollo de los menores, como problemas de hambre, desnutrición, deficiencias en el acceso a salud, adaptabilidad al sistema de educación, entre otros. Pretendemos también garantizar el acceso obligatorio sin limitantes, a las ayudas, programas y subsidios que establece el Estado para los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento. Ellos, nuestros menores en condición de desplazamiento forzado tendrán derecho a acceder a verdad, justicia y reparación y el Estado deberá combatir la impunidad de estas graves violaciones contra nuestros niños.

No es justo que sean nuestros niños quienes lleven la peor parte de la guerra, no hay derecho a que sean revictimizados usándolos en trata de personas, o en trabajos de cultivos ilícitos, explotación sexual, mendicidad y en el peor de los casos en reclutamiento forzado.