Quién mueve los hilos, quién da las ordenes, quién fue extorsionado y quién daba con gusto aportes para financiar la guerra y sus grupos ilegales, aunque esas son preguntas claves para entender una parte del conflicto y sus promotores, esa verdad parece que no se sabrá, o no en la dimensión esperada, son pocas las voces que quieren hablar.

Uno de los pocos capítulos en los que se revela la participación de empresas privadas en la financiación de nuestro conflicto se dio en 1998, en el Parqueadero Padilla, un parqueadero que pasaba desapercibido en la ciudad de Medellín, un operativo del CTI y la Fiscalía descubrió que desde allí se llevaba la contabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, un grupo paramilitar liderado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño.

Entre los registros se encontraron cheques y demás operaciones monetarias que provenían de diferentes empresas, financiar estos grupos esta tipificado como un delito, concierto para delinquir.

Como bien explica Rutas del Conflicto: En el Parqueadero Padilla estaban las evidencias de por lo menos 495 cuentas bancarias que habían entregado o recibido dineros de las autodefensas, 40.000 transacciones y un amplio listado de empresas privadas y personas naturales que aportaron recursos a los paramilitares. También se encontraron bipers que demostraron la estrecha relación entre paramilitares y altos mandos militares de la región.

Después de interceptar un cargamento con camuflados destinados a las Accu, se obtuvo la dirección de lo que sería una fábrica de dichos uniformes, la Fiscalía y el CTI encontraron mucho más que eso, disquetes y documentos con mostraban de forma íntima las finanzas del grupo armado.

Lo que se anunció en esa época como una de las mayores victorias revelaciones en la lucha contra los grupos paramilitares y que revelaría sus fuentes de financiación fuera del negocio del narcotráfico, terminó en una gran decepción y duro golpe al CTI.

Una mala gestión de parte de la Fiscalía de la época hizo que la investigación quedará en el limbo, además de una ola de asesinatos y venganzas en contra de funcionaros del CTI, todos los integrantes del cuerpo técnico de investigación fueron asesinados.

El dinero sucio compraba información e informantes dentro del mismo CTI permitieron que los grupos paramilitares y demás estuvieran un paso delante de ellos.

Según Sergio Mesa, periodista, en conversación con el portal Cuestión Pública, entre las empresas que aparecían como posibles financiadoras estaban Inversiones Pedraza Carrilla, Coltejer, Lácteos el Paisa, Leonisa, Conavi y Comfenalco.

La historia es relevante porque a pesar de los años, este trágico ejemplo muestra el poder del dinero sucio y la influencia sobre funcionarios de entidades públicas. A pesar de las décadas de conflicto en las que hemos estado inmersos, se sabe poco de las órdenes y financiamiento de parte del sector privado.

La JEP parece ser por ahora la única opción para conocer esa parte de la verdad, los terceros civiles son un secreto que pocos parecen querer revelar y otros intentan usar esa figura para colarse en ese tribunal.

A mi parecer, existen dos grandes secretos o asuntos que necesitan ser revelados, los financiadores y los despojadores de tierras. Conocer esto permite en verdad identificar otra parte de la historia que muchos tratan de enterrar, como si no tuviéramos muchos entierros generados por este maldito conflicto