Esta semana varias organizaciones ambientalistas que vienen defendiendo el río Bogotá, expidieron un comunicado en apoyo a la decisión que tomó la ex secretaria de planeación distrital, Adriana Córdoba, dirigida a derogar las resoluciones (1060 y 1631 de 2018) que se aprobaron durante el gobierno de Enrique Peñalosa y que estaban al parecer dirigidas a cambiar el mapa de riesgo de inundación del río para favorecer intereses inmobiliarios.

Ha sido un debate álgido desde el Concejo de Bogotá y las ciudadanías comprometidas en la defensa del ambiente y en el que participamos varios colegas que hicimos campaña y suscribimos un compromiso ambiental no sólo con la ciudadanía sino con con la ciudad para que se respete y promueva la defensa de la estructura ambiental, ecológica y diversa de Bogotá.

Tienen razón quienes desde Voces del Río, la Alianza por la Defensa de la Sabana y el Compromiso Ambiental nos llaman la atención y nos convocan a revisar las actuaciones que comprometen el futuro del río Bogotá. Nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles en el sentido de determinar cuál es la ciudad que nos soñamos y queremos construir: si es una ciudad que cuida la vida en sentido amplio, que cuida el agua, el aire, el ambiente… o por el contrario vamos a apostarle a una ciudad anclada en intereses inmobiliarios frente a los cuales nos dejó atados el gobierno de Enrique Peñalosa: Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción), Sarmiento Angulo y Amarilo, entre otras.

La ZMPA (Zona de Manejo y Protección Ambiental) que es el espacio que está entre el río y donde se puede construir la “acortaron”, (Peñalosa y su secretario de planeación) con una serie de irregularidades: se saltaron los trámites y la aprobación de instituciones competentes para revisar y aprobar un cambio de esa magnitud (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER-, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), para poder construir allí y favorecer los intereses de algunos contructores.

La actuación de Adriana Cordoba de derogar esas resoluciones que se hicieron de manera fraudulenta y atajista (mediante la expedición de la nueva resolución 1641 de 2020) es una decisión valiente para reinvidicar la vida, la legalidad y para que de alguna manera se eximiera al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que está en trámite, de ese dañino sesgo para la ciudad.

“La decisión de la Secretaría Distrital de Planeación corrige una serie de irregularidades en las que incurrió el gobierno de Peñalosa, en asocio con la CAR (Corporación Autónoma Regional), que dejan en evidencia que el objetivo final de las obras de adecuación hidráulica, con las que la CAR está destruyendo los ecosistemas acuáticos y riparios, no es otro que habilitar suelos para la urbanización, en contravía con la protección de la estructura ecológica regional y la adaptación al cambio climático”, afirman las organizaciones ambientalistas.

Y continúan: “En el gobierno de Peñalosa se cambió el plano de inundación sin que se cumplieran los requisitos legales, se desconocieron las normas sobre incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial y se eludió el cumplimiento de una medida judicial de suspensión provisional”.

Es urgente escuchar las voces que defienden el río Bogotá. No podemos permitir que se repita lo que sucedió en Bosa con el fenómeno de la niña donde el río dejó una cantidad de muertes y tampoco lo que ocurre cada invierno en la Sabana de Bogotá. La vida nuestra depende de la vida del río. Eso tenemos que entenderlo y respetarlo.

@cancinodiegoa | Concejal de Bogotá