El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo un llamado de urgencia para que se den las medidas que permitan fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento del Chocó, y se brinden garantías de protección efectiva e integral de autoridades étnicas, líderes sociales y de quienes participen y defiendan la implementación del Acuerdo de Paz en el departamento.

El jefe del órgano de control instó al Gobierno nacional a activar las rutas y desplegar las acciones necesarias para la prevención y protección de la vida, integridad personal y ejercicio de derechos de todos los habitantes, en especial, de las autoridades étnicas, líderes y lideresas sociales, miembros de las juntas de acción comunal, consejos comunitarios, resguardos indígenas, organizaciones étnico-territoriales y personas defensoras de derechos humanos.

Así mismo, exhortó al Ministerio de Defensa Nacional para que las acciones de judicialización, investigación y acusación que realiza la fuerza pública en contra de los grupos armados y grupos delincuenciales organizados estén siempre acompañadas de la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que pidió iniciar los procesos de extinción de domino de los bienes muebles e inmuebles destinados o utilizados para el desarrollo de actividades delincuenciales.

Reclamó de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal las medidas preventivas necesarias en favor los líderes sociales en riesgo inminente, y demandó de la UNP (Unidad Nacional de Protección) la adopción de medidas de protección urgentes y necesarias para esta población.

Hizo un llamado a los servidores públicos a cumplir con el deber de informar a la UNP y/o a las entidades competentes, las situaciones de riesgo o amenaza contra autoridades étnicas.

Así mismo exigió a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales adoptar planes, medidas y programas de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes exclusivos para el departamento de Chocó, teniendo en cuenta que, pese a las alertas de la Procuraduría, denunciadas ante las autoridades, persisten.