La ONG colombiana Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha alertado de que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan reclutando de manera forzosa a menores de edad para engrosar sus filas en el departamento de Guaviare, una de las regiones amazónicas del país.

La FIP ha observado que si bien los acuerdos de paz firmados por la ya extinta guerrilla y el Gobierno de Colombia han generado «un cambio en las dinámicas» en la región, pues el conflicto disminuyó en intensidad, todavía continúan ciertos problemas que afectan de manera directa a la población, en especial aquella que reside en las zonas rurales.

El texto apunta a que pese haber disminuido «las acciones armadas y la violencia indiscriminada», la presión de los grupos armados continúa sobre las comunidades en forma de extorsión, amenazas, y desplazamientos impuestos, «muchos de ellos asociados al reclutamiento forzado y a la negativa para continuar con el cultivo de coca».

«El reclutamiento forzado sigue siendo un fenómeno generalizado en el departamento que afecta principalmente a las comunidades indígenas», ha señalado la FIP a través de un informe presentado este sábado.

«Los nuevos métodos de reclutamiento –el ofrecimiento de recursos económicos y ‘oportunidades de empleo’–, permiten la normalización o la percepción de voluntariedad del reclutamiento, práctica que normalizó la comunidad debido a su histórica convivencia con este flagelo», ha señalado el informe.

La FIP ha explicado que el reclutamiento forzoso de menores de edad está siendo ejercido por los frentes Primero y Séptimo de las FARC, disidencias de la extinta guerrilla, cuyas estructuras cuentan con liderazgos y divisiones territoriales independientes, así como mecanismos dispares.

Es el frente Séptimo, cuya presencia se da principalmente en las regiones fronterizas con el departamento de Meta, el grupo armado más beligerante y hostil al que tienen que hacer frente las comunidades rurales, según las entrevistas y declaraciones recopiladas por la FIP; mientras que el frente Primero enfoca sus actividades hacia la construcción de una base social que se canjee el beneplácito de campesinos e indígenas.

A su vez, el texto ha destacado que algunos de los planes presentes en los acuerdos de paz, como el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos cuentan con un desarrollo tardío por parte de las autoridades.

El acceso a la tierra y las indemnizaciones a las víctimas continúan también produciéndose de manera dispar y sin garantías y subraya el informe que una de las consecuencia indirectas de la desmovilización de las estructuras de las disueltas FARC ha sido el aumento en la deforestación de zonas protegidas.

De acuerdo con el gubernamental Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en 2019 se deforestaron 34.527 hectáreas en el departamento de Guaviare, cifras ligeramente inferiores a las de 2018, con 38.221 hectáreas de bosque talado.

No obstante, las conclusiones del texto eximen de responsabilidad a los campesinos de estas deforestaciones, pues actúan motivados por los desplazamientos forzosos hacia zonas protegidas a los que se ven avocados por la presión y amenazas de los grupos armados.

En ese sentido, la ONG explica que la tala masiva es uno de los principales medios de financiación de estas disidencias, pues negocian con «grandes inversores y acaparadores de tierras» para que puedan acceder a estos territorios y llevar a cabo la deforestación que facilita entre otras cosas, la ganadería extensiva.

Por todo ello, el informe califica de «atípico» el proceso de reinserción a la vida civil de aquellos antiguos guerrilleros que se agarraron a los acuerdos de paz, ya que pese a las presiones y a la fuerte presencia de las disidencias, los grupos armados «respetan el proceso de reincorporación», pese a las «propuestas económicas» para captar nuevos miembros.

Hasta la fecha, tan sólo cuatro antiguos guerrilleros han sido asesinados en este departamento, mientras que las cifras de agresiones registradas contra ellos son relativamente bajas en comparación con el resto de regiones del país donde se llevan a cabo estos procesos de reincorporación a la vida civil.

Con información de Europa Press