En el mes de abril, en una columna que pueden leer aquí, afirmé que las estrategias que adoptamos para contraer la propagación del Coronavirus, en lugar de disminuirla solo la pospuso.

Si bien se logró detener momentáneamente el crecimiento en el número de los contagios, tal reducción no fue fruto de poner en marcha una estrategia para el fortalecimiento del sistema de salud y mucho menos una preparación real y eficiente para la reanudación de las actividades económicas. Todo lo contrario, el número que leímos por esos días era el reflejo de que el país en su totalidad, incluido el presidente, se encerró a esperar el milagro de la desaparición de la pandemia.

Durante la semana que ya termina fuimos testigos del nuevo episodio de esta gran discusión, un enfrentamiento más entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá sobre la forma en la que debemos tratar el estado actual de la pandemia, cuyos números dan cuenta del crecimiento vertiginoso de los contagios y decesos. De ahí que a diario haya nuevas cifras récord.

Lejos de querer unirme a un bando o al otro en esta discusión, quiero compartir el mismo ejercicio de evaluación que como salubrista público propuse hace aproximadamente 4 meses, con el fin de aportar un insumo más en el análisis del panorama.

Encuentro razón en la preocupación del Gobierno por los efectos trágicos que el detenimiento de las actividades ha ocasionado a la economía del país, sin dudarlo el empleo de los ciudadanos de a pie y el bolsillo de los microempresarios han sufrido daños, en algunos casos, irreparables. Es una inquietud que comparto y sobre la que he insistido en la implementación de planes que lleguen al mayor número de colombianos posible, como la renta básica.

Sin embargo, esta preocupación es al mismo tiempo el reconocimiento del estruendoso fracaso de la política dispuesta para enfrentar este inusual escenario. Mientras que, a pasos de bebé, se busca ampliar la cobertura de los programas de apoyo, hemos visto en los titulares de los medios cómo ha crecido la deuda de la nación y se sigue anunciando el giro de recursos que a ciencia cierta no se pueden rastrear.

Si la zozobra hoy es aún mayor que al inicio, en el entendido de que ya conocemos de primera mano los estragos económicos con los que estamos lidiando ¿A dónde ha ido todo ese dinero? ¿Quién responde?

Lamentablemente el fracaso no fue solo económico. Recordemos que en el periodo de aislamiento estricto poco se hizo para establecer una política masiva de aprovisionamiento de elementos de protección en los hogares, por otra parte, el talento humano en salud aún enfrenta un serio problema de suficiencia y distribución de elementos de bioseguridad y, sumado a lo anterior, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en todo el país está alcanzando niveles alarmantes.

En Bogotá 77,4%, Medellín 60%, Cali 82%, Barranquilla 85%, Norte de Santander 75%, Santander 67%, por nombrar algunas.

Con tal panorama, en la que posiblemente ha sido una de las semanas más escandalosas y políticamente activas del ente investigador, el Fiscal General dejo la siguiente frase: “aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja, salga y trabaje” y está casi en lo cierto. La protección, por medio del aprovisionamiento de toda la población, es determinante para salvar vidas y luego encontrar la manera de fortalecer la misma economía que sin las vidas no tendría sentido alguno. Lamentablemente es justamente en la protección masiva en lo que no se ha trabajado.

Espero que, si el Fiscal Barbosa lee este espacio y, aprovechando la manifestación pública que ha hecho de su compromiso por entregarle mensajes a su amigo el presidente, lo invite a poner marcha una política pública de aprovisionamiento de elementos de protección y estrategias que se prolonguen en el tiempo para disminuir la necesidad de volver al aislamiento total.

El país tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en este sentido proveer masivamente por lo menos tapabocas, lo cual trae consigo una disminución en la trasmisión de un 50%, debería ser una prioridad y hasta el momento no lo ha sido.

Como ya he dicho antes, Colombia no se puede dar el lujo de acabar con su aparato económico a punta de cuarentenas intermitentes prolongadas hasta la aparición de una vacuna, por esta razón urge la implementación de una política pública real, con énfasis en la prevención del contagio, la protección de toda la población y el fortalecimiento del sistema de salud para que a largo plazo no sean necesarias nuevas cuarentenas.

Por lo anterior, con las condiciones dadas a corte del 3 de julio, más pronto que tarde tendremos que volver a una cuarentena estricta.