La plenaria de la Cámara de Representantes a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que comparezca a un debate de control político, con el fin de que despeje algunas dudas que tienen congresistas como Edward Rodríguez por ejemplo.

Según Rodríguez, el Fondo Financiero del Distrito de Salud contrató con un laboratorio la compra de unos reactivos para la realización de pruebas de COVID-19 con costos elevados. El representante del Centro Democrático asegura además que, «el IDIGER contrató con Inversiones de alimentos CRC unos kits alimenticios que usualmente cuestan en el mercado 2.892 pesos y fueron adquiridos por 3.024 pesos. Refrigerios sencillos empacados que cuestan 2.892 pesos los contrataron por 4.968 pesos cada uno; botellones de agua que cuestan 5.255 pesos los contrataron a 11.340 pesos».

La alcaldesa López no asistió a la citación que hizo la plenaria de la Cámara de Representantes, tras el concepto de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá, quien aseguró que la corporación no es la indicada para hacerle el control político a la mandataria distrital, desatando un debate entre quienes consideran que el Congreso puede realizar debates a la burgomaestre y quienes dicen que no.

Al respecto la Corte Constitucional confirmó en noviembre de 2016, que los alcaldes y gobernadores están obligados a comparecer ante el Congreso de la República, cuando se trata de responder por temas que se consideren de interés nacional, para lo cual la citación se debe hacer a través de alguna de las comisiones de la cámara o del senado.

No es la primer vez que las citaciones del congreso al alcalde de Bogotá generan polémica. En 2016 el representante de la Alianza Verde Inti Asprilla, citó al entonces alcalde Enrique Peñalosa para que respondiera por los proyectos que quería ejecutar en la Reserva Thomas Van Der Hammen, generando la respuesta negativa del exmandatario capitalino, lo que derivó en la consulta ante la Corte Constitucional.

La entonces representantes Angélica Lozano junto a su colega Germán Navas Talero manifestaron su molestia cuando Gustavo Petro, quien para ese momento era el alcalde de Bogotá, incumplió varias de las citaciones que le hizo la Cámara de Representantes para que respondiera por la seguridad en la capital del país. Navas Talero afirmó en ese momento que, “si el alcalde Gustavo Petro no cumple las citaciones que le hace el Congreso, se le debe aplicar acción de desacato y que la autoridad lo traiga, tal como se le aplicó en el pasado el alcalde Mockus y Lucho Garzón”.

El representante Edward Rodríguez, aseguró estar dispuesto a acudir a la acción de desacato en el caso de que la alcaldesa Claudia López continúe en su negativa a las citaciones que le hace el Congreso de la República.