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El hecho de que exista hoy el Estado Mayor Central es una muestra de que los colombianos podemos alcanzar un acuerdo de paz, pero somos incapaces de mantenerlo. Durante los últimos siete años, hemos sido testigos de cómo emerge un nuevo ciclo de guerra y de la capacidad de la violencia organizada para perdurar. Las analistas hemos presentado una hipótesis tras otra, y no hay una sola estrategia contra la violencia que Colombia no haya intentado. ¿Por qué seguimos fallando una y otra vez?

Repasemos lo sucedido. En primer lugar, el frente primero de las FARC se negó a ingresar al acuerdo de paz de 2016. El actual líder del EMC, Iván Mordisco, fue uno de los primeros disidentes, pero también estuvieron Gentil Duarte y otros mandos medios de algunos frentes que desconfiaban del pacto o nunca lo quisieron. Sin embargo, en general, casi toda la guerrillerada se desmovilizó. Las primeras disidencias comenzaron a llevar a cabo lo que sabían. Se ubicaban en lugares estratégicos para la movilidad, retenían y decidían quién podía pasar. Realizaban patrullajes y se hacían presentes. Amenazaban a los líderes sociales que no se sometían a su disciplina. En algunos casos, reclutaban jóvenes con la promesa de obtener poder y respeto a través de las armas, y en otros casos, en contra de su voluntad.

Entre el Huila y el Caquetá, las organizaciones sociales que tenían esperanzas en el cumplimiento del pacto advirtieron lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pocas personas les prestaron atención. Durante la época en que el frente Carolina Ramírez se estaba formando y los Comandos de la Frontera se fortalecían en el Putumayo, apenas se podía discutir el tema. Incluso los informes de verificación eran minuciosamente revisados por Mauricio Archila, quien además vetaba a cualquiera que hablara sobre la implementación del acuerdo de paz. «Paz con legalidad» se convirtió en un conjunto de programas de emprendimiento rural, de los cuales pocos sobreviven. Cada uno de los grupos que conforman el EMC comenzó a buscar mantenerse y crecer, que es el primer y más importante propósito de cualquier grupo armado.

Para alcanzar su objetivo, retomaron los contactos en Putumayo y Cauca para la venta de pasta base de coca, y cuando aumentaron su número, comenzaron a regular los precios del mercado. Sin embargo, mientras que las organizaciones campesinas cocaleras tradicionales tenían como objetivo la sustitución de cultivos, estos grupos optaron por establecer como estándar político la legalización de la totalidad del negocio. Al no contar con una base social propia, empezaron a reprimir la autonomía de las ya existentes. Lo impactante es que, en esa fase inicial, cuando se podría haber controlado su expansión (entre 2017 y 2022), no se hizo nada más que un puñado de detenciones y persecuciones a los campesinos cocaleros.

En el Catatumbo, el frente 33 se estaba consolidando, y en Arauca, el frente 10. La guerra entre el frente 10, el ELN y la Segunda Marquetalia -otro grupo rearmado- dejó a miles desplazados y un ambiente desesperanzador, donde se perdió el esfuerzo financiero y de desarrollo para la paz, que ya era frágil y embrionario. Tanto la Marquetalia como Gentil Duarte intentaron unir a los diversos grupos para fortalecer su capacidad de control y respuesta. Finalmente, quien tuvo éxito fue Iván Mordisco, al prometer una nueva negociación: La Paz Total. Esto los posicionó como el grupo posiblemente más exitoso, ya que tenían el paquete «premium» de la oferta, mientras que la Marquetalia y el Clan del Golfo tenían el «básico». Un incentivo pernicioso que llevó a unos y otros a intentar alcanzar el anhelado estatus político a través de la presión sobre las comunidades.

Hoy en día, los medios me cuestionan sobre los ataques del EMC a la fuerza pública en el Cauca y su repetición de tácticas conocidas en el país: atentados a estaciones de policía, secuestros, minas antipersona, retenes y homicidios selectivos. Su respuesta radica en imitar lo que consideran exitoso para las FARC, sin percibir que están socavando la oportunidad de paz y que no hallarán una oferta tan generosa. Inmersos en la obsesión por crecer, cruzan límites y, quieran o no, pierden respaldo de la masa crítica en Colombia que aboga por la paz. Al estigmatizar el valioso trabajo de Indepaz, un destacado think tank en defensa de líderes sociales, realizan una acción grave contra la sociedad civil que aleja de la paz. Con ellos, nuestra solidaridad. Con el EMC nuestro firme llamado a que muestren voluntad de paz. La sociedad civil no estará en silencio.

Laura Bonilla

heckika@gmail.com
Gerente para América Latina, Fundación Paz y Reconciliación

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