La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder el suficiente material probatorio y evidencia física que advierte la presunta participación de la exgobernadora del Magdalena, Rosa María Cotes de Zúñiga, en un entramado de corrupción que causó grave afectación a los recursos públicos de ese departamento.  

El material probatorio da cuenta que la hoy acusada usando su cargo habría direccionado a través de distintos funcionarios de la gobernación la adjudicación de manera directa de tres contratos a una empresa de la cual era representante legal, una mujer que hizo parte de su campaña política en el 2015 en calidad de contadora. 

De acuerdo con la investigación, «la adjudicación de los contratos se hizo de manera directa, eliminando cualquier proceso licitatorio público que brindara garantías de transparencia, selección objetiva, planeación y la participación de distintas propuestas económicas y técnicas que permitieran seleccionar al mejor oferente».

Se advierte además que la exmandataria local habría contratado con personas de círculo más cercano, sin  cumplir con los principios de selección objetiva, transparencia, además de no controlar ni supervisar la contratación.

Los contratos investigados por la Fiscalía son el 798 de 2016, 822 de 2017 y 566 de 2018. Estos documentos alcanzaron un valor de 1.023 millones de pesos y tenían por objeto implementar las normas internacionales de contabilidad en los procesos de la gobernación.