Por: Juan Camilo Castellanos M.

La C.P.I. desde su creación con el estatuto de Roma en 1998, ha sido y es una respuesta esperanzadora para miles de ciudadanos del mundo de que exista un ente supranacional capaz de hacer justicia, aun cuando sea una jurisdicción con competencia subsidiaria y/o complementaria, sigue siendo una herramienta poderosa de poner límites a la impunidad campante en escenarios de violación de derechos humanos fundamentales.

Pero entonces por que vino el Fiscal Karim Kham, se preguntan muchos, sobre todo cuando en nuestro país algunos intentan hacer ver que vino por invitación del Fiscal o del presidente Petro, pues bien, no vino por invitación de nadie, sino en atención a las facultades que le da el tratado de Roma.

En virtud de esto, tiene la facultad de verificar y hacer seguimiento a que el tratado en materia de protección y cumplimiento de los derechos humanos fundamentales se cumplan y por ello había iniciado, ya en tiempos del gobierno de Duque, una verificación preliminar.

Esta verificación preliminar, consiste básicamente en que el despacho del Fiscal, indaga de manera previa si hay merito o pudiere existir merito para abrir casos como tal, en especial aquellos que son de competencia de este ente, como son  los casos que tengan que ver con Genocidio del articulo 6, crímenes de lesa humanidad del articulo 7, de guerra del articulo 8, e incluso de agresión según el art. 8 bis, planteado en la Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma.

Por lo que se puede ver entonces, según este limitado menú, nuestro país tristemente puede tener toda la variedad y peor aún, tenerlos todos a la vez, sin embargo hay algo que nos ha mantenido exentos de ocupar un lugar en el rincón de la vergüenza, lo que significa en el contexto de las naciones civilizadas, tener que ser un país donde asuma competencia la C.P.I., porque ello significaría que somos un Estado inoperante, ya que al no poder investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva el ramillete de delitos antes enunciados, seriamos como tal un Estado fallido.

Ese algo es la J.E.P., esa jurisdicción novedosa que tanto vituperan algunos sectores radicales de este país, la que según muchos, en sus vociferantes expresiones cargadas de amarillismo politiquero y populista, sería un tribunal de impunidad para ciertos sectores y actores del conflicto, o bueno, de una parte del conflicto que hemos vivido los Colombianos durante los últimos 60 años.

En buena hora, la J.E.P. viene avanzando, pese a los ataques políticos, pese a los recortes presupuestales y la inquina de sectores reaccionarios, su triunfo es incuestionable, pues si tan solo hubiese un indicio de impunidad, de falta de entereza, imparcialidad o connivencia con algún actor sometido a su jurisdicción, la Fiscalía Internacional podría haber asumido la competencia.

De manera tal que nos alegra que la reforma constitucional que se realizó producto del acuerdo de paz del Colón impulsado por el Gobierno Santos, nos entregó esta nueva jurisdicción que viene trabajando bien según los estándares internacionales, y al ser un tribunal para consolidar la Paz, significa ello que vamos avanzando hacia ese anhelo, ojala el ELN y las disidencias lo entendieran, pues son estas el obstáculo real hacia ese propósito nacional.