México, Colombia y Guatemala encabezan la petición latinoamericana a la ONU para que lidere la búsqueda de nuevas políticas en la lucha contra las drogas. Los países manifiestan que los métodos actuales no resuelven el problema.

Los presidentes de los tres países, en sus respectivas intervenciones ante la Asamblea General de Naciones Unidas, pidieron un debate global ante la amenaza y los problemas de violencia y corrupción que el narcotráfico produce en las sociedades, y que no han tenido solución con la actual vía de la prohibición y la justicia penal.

El primero en intervenir fue el presidente mexicano, Felipe Calderón, quien pronunció su último discurso ante la ONU al llegar casi al final de su mandato, que precisamente ha estado marcado por la explosión de la violencia en su país relacionada con los carteles de la droga.

Calderón apuntó directamente a los países consumidores, que además originan los «multimillonarios» recursos económicos que reciben las mafias de las drogas, y advirtió de que, mientras no se detenga esa «montaña de dinero», la delincuencia organizada seguirá «comprometiendo» la paz y «acechando» a gobiernos y sociedades.

«Ha llegado el momento de que los países consumidores evalúen con sinceridad si pueden reducir el consumo de manera significativa, y de no ser así, es urgente que tomen acciones contundentes para al menos frenar el extraordinario flujo de dinero a los criminales», afirmó.

Por ello, dijo que, si los países consumidores «no pueden o no quieren» asumir su responsabilidad, habrá llegado el momento de abrir un «profundo» debate internacional para hacer balance del actual «enfoque prohibicionista».

Calderón también recordó el flujo de armas (en otras ocasiones ha señalado sobre todo a las procedentes de EE.UU.) que acaban en manos de las mafias de las drogas, dejando una estela de miles de muertos en los países de producción y tránsito, así como al enorme poder de corrupción que genera la riqueza de la droga.

Y también pidió que Naciones Unidas se implique directamente en esta idea: «Ya que la ONU aporta soluciones para vencer problemas globales, se ocupa de las hambrunas en el mundo o del cambio climático, es hora de que entre en acción para detener esta ola de muerte», dijo.

Para el colombiano Juan Manuel Santos, este debate sobre las drogas «debe ser franco y sin duda también global».

Recordó, igual que sus otros dos homólogos, que en la última Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena (Colombia) en abril pasado, los Gobiernos del continente acordaron hacer un análisis «sobre la efectividad y perspectivas de la llamada guerra contra las drogas y sobre las posibles alternativas».

«Es nuestro deber determinar si lo estamos haciendo lo mejor que podemos o si de pronto existen mejores opciones para combatir con más eficacia este flagelo», declaró Santos.

También lamentó que «el mundo ha evadido por muchísimos años» una discusión sobre la eficacia de las políticas antidrogas, por lo que la petición de hoy constituye un primer paso «de gran importancia» y «esperamos que al final produzca resultados concretos», expresó.

El guatemalteco Otto Pérez Molina dejó claro, por su parte, el punto de vista de numerosos países al señalar que se trata de «un problema principalmente de salud pública antes que un problema de justicia penal».

Por ello, consideró que es mejor ofrecer «tratamiento, prevención, protección social, oportunidades económicas y desarrollo» a las familias y comunidades afectadas por las drogas, en lugar de llenar las cárceles con «miles de jóvenes» a los que se puede ofrecer «un proyecto de vida distinto».

Pérez Molina formuló un llamamiento a los países de Naciones Unida para que «revisemos la normativa internacional» sobre un flagelo que tiene un alcance «trasnacional», ante la constatación de que cincuenta años después de la Convención Única de 1961 sobre las drogas «no obtenemos los resultados que esperamos».

Los líderes latinoamericanos ya han llevado su clamor contra el narcotráfico a la Asamblea General en otras ocasiones, pero este año sus discursos fueron más contundentes al contar con el impulso del acuerdo alcanzado en Cartagena que persigue evaluar «nuevas alternativas» para combatir el problema.