Hugo Chávez justificó su renuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos. Diversas organizaciones hacen un llamado para que reconsidere una decisión que puede hacer a los venezolanos «más vulnerables a los abusos».

«Tenemos bastantes argumentos para justificar nuestra actuación, nuestro principio ético y nuestra conducta moral, allá ellos con sus actitudes», subrayó hoy Chávez en una rueda de prensa.

Aunque no especificó cuales son esos argumentos, el presidente venezolano y candidato a la reelección el próximo 7 de octubre sí criticó tanto a la Comisión Interamericana (CIDH) como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

De la primera dijo que no es «seria» y de la segunda que dio apoyo a un venezolano «terrorista» y «prófugo de la justicia» con una «aberrante» sentencia.

Al igual que hizo este lunes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó hoy a Venezuela a reconsiderar su decisión.

En un comunicado difundido en Ginebra, Pillay defendió la labor de la CIDH y la CorteIDH y advirtió de que la denuncia de la CADH puede suponer un serio revés para la protección de las libertades fundamentales en Venezuela y la región.

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo han tenido un impacto extraordinariamente positivo sobre los derechos humanos en la región, sino que también han servido como ejemplo, puesto que han demostrado al resto del mundo lo vital y eficaz que los órganos regionales de derechos humanos pueden llegar a ser», indicó Pillay.

«Sin embargo, mi preocupación es menos por los organismos como tales, sino por las personas cuyos derechos humanos se verán afectados», agregó.

«Me temo que una instancia vital de la protección de los derechos humanos de los venezolanos, y potencialmente para otros latinoamericanos, se perderá si esta decisión se lleva a cabo, quedando mucho más vulnerables a los abusos, con menos recursos jurídicos disponibles», subrayó Pillay.

El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, recibió «con pesar» la noticia de que Venezuela denunció la Convención Americana, que lo sujeta a la jurisdicción de la Corte continental.

En Costa Rica, donde participa en un foro, el mexicano Orozco dijo a Efe que confía en que el «preaviso de un año» que rige a partir de ahora de tiempo a Venezuela de repensar su decisión.

«La denuncia a la Convención es una facultad que la propia Convención establece para los Estados miembros. Durante este año aspiramos, de la manera más respetuosa, a que Venezuela pueda reconsiderar su posición con el objeto de seguir avanzando en el proceso de universalización del Sistema Interamericano», expresó.

De concretarse la salida de Venezuela, este sería el único país latinoamericano continental en quedar apartado del mandato de la CorteIDH, que en los últimos años ha dictado una serie de condenas en contra de ese país.

Orozco resaltó que en las últimas asambleas de la OEA los países «pusieron mucho énfasis en un llamado a la universalización del Sistema Interamericano para los 35 Estados miembros, por lo que esta decisión (de Venezuela) riñe con ese llamado».

Orozco aclaró que aunque Venezuela denuncie la Convención, no quedará alejada del trabajo de la CIDH, que mantiene su «competencia para salvaguardar los derechos de los habitantes de Venezuela».

La Comisión, con sede en Washington, podrá seguir recibiendo denuncias de los ciudadanos venezolanos, así como emitiendo dictámenes sobre la situación de derechos humanos en el país suramericano, aunque estos no lleguen a la Corte.

En Venezuela, organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazaron también la decisión del Gobierno venezolano, colofón de los diversos anuncios hechos en ese sentido desde abril pasado.

«Con esta decisión lo que se quedan es desnudos. El rey está desnudo y faltando 20 y pico días para unas elecciones, no se qué beneficio te pueda traer porque quienes acuden al sistema son los más pobres», dijo a Efe el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.

Prado consideró que el sistema de justicia interamericano es «un espacio neutral e imparcial» usado cuando se agotan las instancias nacionales que ha ayudado a reconocer asuntos como la crisis carcelaria venezolana, con 5.370 reos muertos y 15.131 heridos desde 1999, el año en que Chávez llegó al poder.

«Es una situación ante tus demás colegas de Latinoamérica y Europa (…) yo creo que deja mucho que desear del Estado venezolano y esto trae más inconvenientes para que tu entres, incluso, en Mercosur», señaló el director del OVP.

Por su parte, Carlos Correa, director de Espacio Público, organización centrada en la libertad de expresión, consideró que la salida de Venezuela de la CIDH es «inconstitucional», ya que se «coloca de espaldas a la progresividad de los derechos» y genera una «mayor indefensión de las víctimas de agresiones o ataques de sus derechos».

«Creo que no es un momento oportuno ni adecuado porque en el concepto de la campaña electoral el mensaje que se está enviando es un mensaje en el que se reducen las garantías de los venezolanos», afirmó Correa.